Vivienda, hacienda y susidiaridad

 

 VIVIENDA, HACIENDA  y SUBSIDIARIDAD.

En lo que se refiere a vivienda, solo con recordar una especie de pequeño catecismo de comportamiento se tiene ya realizada una buena acción:

 1º  .El poder municipal es, en estos momentos, el más afectado por la corrupción, con la colaboración del poder autonómico. Esa corrupción tiene un nombre: recalificaciones. La posibilidad de lograr “pelotazos” obteniendo la recalificación de terrenos adquiridos a bajo coste, en su inmensa mayoría rurales, revenderlos y promover urbanizaciones y viviendas, se ha convertido en el motivo por el que hay navajazos para entrar en las listas municipales de los grandes partidos y por el que el transfuguismo es una práctica habitual.

2º El déficit municipal deben evitarse, pero sobre todo debe evitarse que sean cubiertos mediante la venta de suelo de titularidad pública. Paradójicamente, los ayuntamientos se sitúan en vanguardia del proceso que veda el acceso a la vivienda digna para jóvenes y capas más desfavorecidas. Los ayuntamientos estan obligados a construir viviendas sociales a precios populares para familias de la localidad, previendo espacio suficiente para los futuros hijos. La superficie total habitable de los proyectos urbanísticos aprobados en los municipios nunca podrá ser superior al de viviendas sociales impulsadas en ese mismo municipio. La vivienda para las familias jóvenes debe estar subvencionada y ser la primera de una serie de medidas sociales para favorecer la paternidad y la revitalización de nuestra demografía.

He hay todo un programa de vivienda, cúmplase.

La cuestión de la autogestión en el dominio económico-fiscal es clave para el mantenimiento de un municipio autónomo. La primera premisa para la desestatalización  es disminuir el dinero administrado por el Estado y sucedáneos autonómicos en la lejanía del ciudadano; actualmente en España el reparto para los recursos de la gestión pública son un 40% para el Estado, un 40% para las comunidades autónomas y entre un magro 12 a 15% para los ayuntamientos, que no se corresponde con  los problemas de gestión de transporte, urbanismo, servicios públicos de asistencia, seguridad  y otros. Solo como indicativo en la Confederación Helvética el 80% de los impuestos son para los cantones y las comunas y el  20% restante para la Confederación. En cualquier caso ya se empieza a reconocer sin ambages que el principal obstáculo para la descentralización municipal en España es hoy día no es el centralismo estatal sino el centralismo autonómico. Mientras el municipio tienda la mano para recibir numerario del estado central o del sucesor e imitador poder autonómico seguirá siendo la puerca cenicienta arrastrada y sometida.

Hay infinitas cuestiones que una recta compresión del principio de subsidiariedad debían estar atribuidas al municipio y no al estado o  poderes autonómicos herederos. Serían innumerables las cuestiones arrebatadas a la Diputación provincial de Ávila que han ido ha engrosar la máquina centralista y burocrática de Valladolid con la tácita aprobación de los partidos mayoritarios que manda o pretenden mandar en ambas.

Solo por si aún queda un ligero recuerdo de cuando era bastante común el pensamiento y la sensibilidad cristiana en Ávila se trae a colación la encíclica papal  Quadragesimo Anno , aún asumiendo el riesgo de caer de lleno en el dicterio oprobioso de carca y antediluviano:

"Como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyéndose un grave perjuicio y perturbación de recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero sin destruirlos y absorberlos" (Q.A.79; p.93).

El principio de subsidiariedad necesita para ser efectivamente aplicado la previa recomposición del cuerpo social alrededor de principios mutualistas. Esta recomposición al menos en intención, primer paso de la larga marcha,  ya está en curso, pero irá cada vez más contra las instituciones legales nacional-estatales y europeas, cosa que conviene tener en cuanta  a manera de aviso para navegantes. La legítima voluntad de los pueblos a hacerse cargo de su destino –incluido el abulense- a través de la aparición de estas nuevas comunidades generatrices de solidaridades concretas y de verdadera convivencia – entre ellas el municipio autónomo, autogestionado y autodefendido-, se nutrirá irremediablemente del sistema de partidos y de lobbys portadores de ideologías obsoletas, y que son hoy en día, los únicos beneficiarios del sistema oligárquico vigente, y podemos estar seguros de que no les hará mucha gracia.