INMIGRACIÓN
Inevitablemente hay que pronunciarse sobre el tema de la inmigración masiva, no es posible mirar hacia otra parte con el temor de que el horrible dicterio de xenófobo o acaso racista recaiga a manera de herejía fulminante y descalificadora. Las encuestas manifiestan con reiteración que es el primero o de los primeros problemas que preocupan a la población en general y a los municipios en particular.
La llegada masiva de cinco millones de inmigrantes como poco ha generado tensiones y fenómenos imprevistos en todos los órdenes; y en vista de fenómenos como la desertización, avance de enfermedades incurables, aumento de la red de mafias que trafican con los modernos esclavos, y la expansión de los medios de telecomunicación que dan una imagen desvirtuada del mundo occidental –aunque bastante exacta de la tolerancia y laxitud de la seguridad ciudadana-, probablemente esa cifra sea muy pequeña con la relación a la que habrá presumiblemente dentro de no más de cinco años.
En la actual España se decide de las alturas ministeriales y gubernativas centrales la posibilidad de empadronar inmigrantes. Lo normal –caso suizo- es que cualquier persona sea vecino de un municipio antes que ciudadano de un estado, condición sine qua non, por lo que son en principio los municipios los que deben tener la prerrogativa de admitir o rechazar el asentamiento de nuevos inmigrantes en función de sus necesidades y no Madrid. Lógicamente en la admisión deben ser prioritarios los criterios de afinidad cultural, lengua y ¿porque no? religión; numerosos países practican esa selección, tanto más necesaria cuanto la vecindad al África islámica amenaza con una aluvión poco apetecible de tan tierna, misericordiosa y amantísima religión. Por tanto es el municipio el que debe decidir acerca de la expulsión del término municipal de los inmigrantes ilegales no inscritos en el padrón municipal; establecer el límite máximo de presencia inmigrante en cada municipio; evitar la formación de guetos o la presencia de inmigrantes en un barrio más allá de un porcentaje inquietante.
A este respecto se deben dotar o aumentar las competencias de las policías municipales en materia de extranjería.
Una cosa tan elemental como la preferencia nacional parece que hay que recordarla una vez más La vecindad municipal junto con la nacionalidad española –autóctonos-deben ser prioritarias a la hora de concederse ayudas sociales, becas y gratuidad en los libros de texto, evitándose la situación actual en la que este tipo de ayudas van a parar casi en un 100% a población inmigrante –alógenos-.
En lo que se refiere a las posibles ofertas de trabajo o viviendas municipales vale la misma prioridad de que los beneficiarios de estas ofertas deben ser, inicialmente, los ciudadanos españoles empadronados en ese municipio.
La cautividad hacendística y fiscal de los municipios puede estar tentada con el puro aumento cuantitativo de la población, que hoy por hoy no se puede hacer más que a expensas de la población inmigrante; que cada vez tendrá menos las características de una población iberoamericana con más o menos afinidades, para ser mayoritariamente africana e islámica con su proverbial predilección por el derecho civil, el humanismo cristiano y su antipatía manifiesta por el tierno Corán.
A su vez algunos partidos quizá puedan sucumbir al espejismo de que algún día las masas islámicas inmigrantes se laicizarán por arte de magia al estilo descreído y occidental y votarán partidos progresistas y casquivanos de todo pelaje; en consecuencia no dudan en alentar legalizaciones masivas que a manera de boomerang generan un efecto llamada que vuelve a poner el problema de la inmigración a un nivel aumentado y corregido a peor. La ambición de poder es capaz de imaginar escenarios de Antoñitala Fantástica. Las cosas no son exactamente como se desea, el caso de la vecina Francia o de Gran Bretaña es muy ilustrativo a este respecto, y ya Giovanni Satori, premio Príncipe de Asturias, ha advertido que un verdadero musulmán por principio no es y no será nunca un ciudadano al estilo occidental, y su posible integración es más bien una quimera bientencionada para tranquilizar conciencias blanditas, tiernas y políticamente correctas. El que tenga oídos para oir…
Inevitablemente hay que pronunciarse sobre el tema de la inmigración masiva, no es posible mirar hacia otra parte con el temor de que el horrible dicterio de xenófobo o acaso racista recaiga a manera de herejía fulminante y descalificadora. Las encuestas manifiestan con reiteración que es el primero o de los primeros problemas que preocupan a la población en general y a los municipios en particular.
La llegada masiva de cinco millones de inmigrantes como poco ha generado tensiones y fenómenos imprevistos en todos los órdenes; y en vista de fenómenos como la desertización, avance de enfermedades incurables, aumento de la red de mafias que trafican con los modernos esclavos, y la expansión de los medios de telecomunicación que dan una imagen desvirtuada del mundo occidental –aunque bastante exacta de la tolerancia y laxitud de la seguridad ciudadana-, probablemente esa cifra sea muy pequeña con la relación a la que habrá presumiblemente dentro de no más de cinco años.
En la actual España se decide de las alturas ministeriales y gubernativas centrales la posibilidad de empadronar inmigrantes. Lo normal –caso suizo- es que cualquier persona sea vecino de un municipio antes que ciudadano de un estado, condición sine qua non, por lo que son en principio los municipios los que deben tener la prerrogativa de admitir o rechazar el asentamiento de nuevos inmigrantes en función de sus necesidades y no Madrid. Lógicamente en la admisión deben ser prioritarios los criterios de afinidad cultural, lengua y ¿porque no? religión; numerosos países practican esa selección, tanto más necesaria cuanto la vecindad al África islámica amenaza con una aluvión poco apetecible de tan tierna, misericordiosa y amantísima religión. Por tanto es el municipio el que debe decidir acerca de la expulsión del término municipal de los inmigrantes ilegales no inscritos en el padrón municipal; establecer el límite máximo de presencia inmigrante en cada municipio; evitar la formación de guetos o la presencia de inmigrantes en un barrio más allá de un porcentaje inquietante.
A este respecto se deben dotar o aumentar las competencias de las policías municipales en materia de extranjería.
Una cosa tan elemental como la preferencia nacional parece que hay que recordarla una vez más La vecindad municipal junto con la nacionalidad española –autóctonos-deben ser prioritarias a la hora de concederse ayudas sociales, becas y gratuidad en los libros de texto, evitándose la situación actual en la que este tipo de ayudas van a parar casi en un 100% a población inmigrante –alógenos-.
En lo que se refiere a las posibles ofertas de trabajo o viviendas municipales vale la misma prioridad de que los beneficiarios de estas ofertas deben ser, inicialmente, los ciudadanos españoles empadronados en ese municipio.
La cautividad hacendística y fiscal de los municipios puede estar tentada con el puro aumento cuantitativo de la población, que hoy por hoy no se puede hacer más que a expensas de la población inmigrante; que cada vez tendrá menos las características de una población iberoamericana con más o menos afinidades, para ser mayoritariamente africana e islámica con su proverbial predilección por el derecho civil, el humanismo cristiano y su antipatía manifiesta por el tierno Corán.
A su vez algunos partidos quizá puedan sucumbir al espejismo de que algún día las masas islámicas inmigrantes se laicizarán por arte de magia al estilo descreído y occidental y votarán partidos progresistas y casquivanos de todo pelaje; en consecuencia no dudan en alentar legalizaciones masivas que a manera de boomerang generan un efecto llamada que vuelve a poner el problema de la inmigración a un nivel aumentado y corregido a peor. La ambición de poder es capaz de imaginar escenarios de Antoñita
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