EL
ANTIHISTORICISMO Y LOS PROFETAS DE LA MODERNIDAD
Si las nacionalidades son fundamentalmente productos de la
historia, la ignorancia y la deformación de ésta han de acarrear
inevitablemente el desconocimiento y mal enfoque de las cuestiones nacionales. El empeño de presentar como una historia
lineal y unitaria lo que en España es un pasado nacional complejo y lleno de
bifurcaciones ha sido en gran parte responsable no ya de graves conflictos,
sino de tremendas guerras civiles.
Se desarrolla actualmente en algunos sectores de la sociedad española
lo que Julián Marías califica de «notoria ofensiva contra la historia, incluso
por parte de algunos historiadores que la están reduciendo a otras cosas:
estadística, economía, materiales para una historia que no se hace».
«Esta labor tiene la finalidad de "deshistorizar" al hombre,
desposeerlo de su memoria colectiva, de su capacidad de imaginar y proyectar,
de su posibilidad de sentirse "alguien" único e irreductible,
perteneciente a un pueblo también únicos..» En este mismo sentido actúa la
tendencia a eliminar la historia de la formación intelectual. «Es un paso más
-seguimos al mismo autor- hacia la despersonalización, hacia la atenuación de
la identidad de cada país como realidad histórica» (86).
Esta tendencia antihistórica, muy del gusto de los tecnócratas,
pretende borrar las personalidades nacionales de los distintos pueblos de
España y poner en su lugar en el mapa de la Península nuevas regiones que
respondan a «las necesidades económicas y sociales de las naciones
modernas». Todo menos considerar las
auténticas nacionalidades y regiones históricas que han creado la nación.
Las concepciones descentralizadoras y «regionalizadoras» de base
tecnocrática al servicio de regímenes estatales y políticos unitarios y
centralistas fueron favorecidas oficialmente por el franquismo, con el fin de
desviar de sus cauces naturales las auténticas corrientes regionalistas y
federales. Así surgieron múltiples
proyectos de «regionalización» en todos los cuales se respetaban las actuales
provincias, pero agrupadas de diferentes maneras. En un interesante trabajo sobre la
regionalización en España, José Miguel Azaola reproduce más de veinte mapas
esquemáticos de otros tantos proyectos «regionalizadores» (87).
El aniquilamiento de la memoria histórica, la eliminación del recuerdo
del pasado nacional, ha sido siempre objetivo inmediato de quienes se han
propuesto establecer perdurable dominio sobre pueblos conquistados; y el
mantenimiento de la conciencia comunitaria apoyado en la memoria histórica, la
respuesta defensiva de los pueblos dominados a los propósitos de sus
conquistadores.
«Para liquidar a los pueblos se
comienza por despojarles de su memoria; se destruyen sus libros, su cultura y
su historia. Y alguien les escribe otros
libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Luego el pueblo empieza a olvidar lentamente
lo que es y lo que era. El mundo a su
alrededor lo olvida más rápidamente» (88).
La creación oficial del conglomerado castellano-leonés como nueva
región autónoma tras la supresión de las nacionalidades históricas de León y
Castilla, obligó a retirar los libros escolares en los que desde muchas
generaciones atrás se venían estudiando las quince regiones tradicionales de
España y a escribir una historia de «Castilla y León» ahormada a las nuevas
divisiones administrativas.
Los pueblos que actualmente luchan de alguna manera por la defensa de
su autonomía esgrimen como primer argumento el de su personalidad histórica.
«La legitimidad histórica -dice Tomás y Valiente- vale más como título para
justificar el hecho diferencial que para determinar su contenido. De ahí la necesidad de articular el respeto
al historicismo con la legitimidad democrática constitucional.» «A ello tiende
nuestra Constitución -añade el mismo autor- en cuanto instrumento de paz y de
convivencia democrática para proteger a todos los españoles y pueblos de
España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones,
lenguas e instituciones (Preámbulo de la Constitución española de
1978). Que lo consiga depende en buena
medida de la adecuación del Estado autonómico a nuestra realidad histórica
pasada y presente» (89).
Ante el error que en la cuestión de las nacionalidades españolas
implica la eliminación de los antiguos reinos de León, Castilla y Toledo, el
despedazamiento de Castilla en cinco trozos y la creación de los conglomerados
castellano-leonés y castellano-manchego, los partidarios de estas nuevas
entidades se enfrentan a los defensores de las nacionalidades tradicionales
calificándolos de «historicistas» anclados en el pasado, incapaces de adaptarse
a los cambios que el progreso económico y el avance general de la época hacia
la «modemidad» exigen. Tales «progresistas»
manifiestan que la historia debe ser superada, por lo que no oponen reparos a
descartarla, en cuanto les resulte estorbosa, ni a su conveniente manipulación.
En los casos de los antiguos
reinos de León y Castilla, los nuevos regionalistas castellano-leoneses
contemplan ambas entidades como vieja historia que los actuales habitantes de
la cuenca del Duero deben dejar atrás para hacer de su país una gran región,
con el pensamiento puesto en el futuro sin nostalgia de un pasado para siempre
ido. La historia como testimonio, como
conocimiento del desarrollo de la humanidad, como experiencia asumida, como
maestra y aliciente para empresas futuras, y como herencia de una comunidad que
se sabe y siente continuadora de una gran obra inconclusa, no cuenta para estos
regionalistas sin pasado ni tradición.
Es de señalar que este criterio, que fundarnenta la región
castellanoleonesa en la unidad geográfica de la cuenca del Duero, a nadie se le
ha ocurrido aplicarlo a la cuenca del Ebro (para crear una nueva región
castellano-vasco-navarro-aragonés-catalana), ni a la del Tajo (para formar otra
castellano-toledano-extremeña); ni menos a las grandes cuencas del Rin o del
Danubio. Al parecer, sólo es válida para
separar a los castellanos de Burgos, Soria, Segovia y Ávila de los de
Santander, Logroño, Madrid, Cuenca y Guadalajara.
Las anomalías que en su carencia de fundamentos históricos llevan
consigo las regiones españolas de nueva creación se reflejan en sus respectivos
estatutos de autonomía. El Estatuto del
conglomerado denominado Castilla-La Mancha, al carecer de toda
justificación histórica, tiene que pasar por alto el asunto y en su artículo
1.2 dice que «Las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y
Toledo -las menciona por orden alfabético- se constituyen en Comunidad Autónoma
bajo el nombre de Castilla-La Mancha (... ) dentro de la indisoluble unidad de
España». Los orígenes históricos de esta
nueva región se basa, pues, según su Estatuto, en las provincias creadas
provisionalmente en 1833.
El Estatuto del complejo Castilla y León, en su artículo 1.',
declara que «Castilla y León, de acuerdo con la vinculación histórica y
cultural de las Provincias que la integran, se constituye en Comunidad Autónoma
(... ) dentro de la indisoluble unidad de España». Este Estatuto elude y falsea todo lo que se
refiere a la historia nacional del territorio de su demarcación. Comienza por declarar que son dos conocidas
entidades histórico-geográficas las que se constituyen en una sola Comunidad
Autónoma; y en esta declaración inicial oculta por un lado y mistifica por otro
el pasado histórico y la realidad geográfica de este heterogéneo conjunto. Oculta -falseando- que las provincias
castellanas incluidas en el Estatuto (Burgos, Soria, Segovia y Ávila) no son
todas las que integran Castilla, sino sólo parte minoritaria de ésta. Oculta y falsea también el pasado histórico
de ambas regiones al silenciar que las vinculaciones históricas del antiguo
reino de León lo fueron principalmente con Asturias y Galicia (y aun con
Portugal), países de su misma corona; mientras que Castilla estuvo siempre
estrechamente vinculada con el País Vasco.
Afirmar que el Estatuto de Autonomía de la impropiamente llamada región
de Castilla y León se funda en la vinculación histórica entre los países que la
componen es falsear gravemente la historia de España desde los comienzos de la
Reconquista.
El Estatuto de Cantabria presenta en el artículo 1.2 a la provincia de
Santander -creada en 1833 por segregación de la Montaña de Burgos- «como
entidad regional histórica dentro del Estado español ... ». Y el de La Rioja,
también en el artículo 1.2, se limita a
decir lo mismo: «La Rioja, entidad regional histórica del estado español ... »
Verdad es que tanto la Montaña cantábrica como La Rioja son dos entidades
regionales con vieja personalidad; pero, en un estudio serio de las historias
regionales, tanto una como otra son comarcas históricas de Castilla, no del
Estado español. Cantabria puede
definirse como el solar fundacional y la más antigua de las diversas comarcas
que componen Castilla; y de La Rioja se puede afirmar que constituye una de las
comarcas más antiguas y más ricas en símbolos regionales del país castellano.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid elude, sin más, la
cuestión regional, al extremo de que ni siquiera menciona esta palabra. «El
pueblo de la provincia de Madrid -dice el art. 1.º de su Estatuto de
Autonomía-, de acuerdo con la voluntad manifestada por sus legítimos
representantes en el ejercicio del derecho de autogobiemo, se constituye en Comunidad
Autónoma en el marco del Estado español.»
Tan improvisadas son las nuevas regiones de Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja y Madrid que ha sido preciso asignarles
nuevos símbolos oficiales, banderas, escudos y colores, por no tenerlos
tradicionales. La enseña acuartelada de
los dos castillos altemados con los dos leones no corresponde históricamente a
las nueve provincias de la actual entidad castellano-leonesa, sino a todo el
conjunto de reinos y países de las coronas unidas de Castilla y de León.
Es tal el
embrollo creado en tomo al nombre de Castilla y tan grande la ocultación
histórica del reino de León que algún autor (90) llega a afirmar que Castilla,
así como León, son invenciones del siglo xix, productos de una tradición
erudita y de la cartografía dieciochesca, artificiosa obra de autores historicistas
(91). Para este profesor, los que no
percibimos la actual entidad político-administrativa denominada Castilla y León
como una sola unidad basada en su elemento fisionómico más impresionante, la
llanura, somos seguidores de una tradición erudita que ha servido de
encuadramiento a las falsamente consideradas regiones históricas, historicistas
incapaces de una profunda concepción de lo castellano (y lo leonés) como un
solo espacio geográfico (92).
(86) Julián
Marías, La España real, Madrid, 1976, pp. 237-238.
(87) José
Miguel Azaola, Vasconia y su destino. 1. La regionalización de España, Madrid,
1972.
(88) PascuaIRuizFemández,LosdosMéxicos.ElDía,México,D.F.,29-XII-1986.
(89) F. Tomás
y Valiente, El reparto competencias.... pp. 42-43.
(90) Jesús
García Femnández, Castilla. Entre la
percepción del espacio y la tradición erudita, Madrid,
1985, pp. 27, 30-33.
(91)
ídem,ibíd.,pp.38-39,42-44.
(92) ídem, ibíd., texto de la contratapa.
(Anselmo Carretero
y Jiménez. .El Antiguo Reino de León (País Leonés).Sus raíces históricas, su
presente, su porvenir nacional. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid
1994, pp 908-913)
