El Estado de las Autonomías y las incesantes concesiones de los diferentes gobiernos centrales a los nacionalistas han desembocado en una significativa desigualdad entre los ciudadanos españoles. ¿No se lo creen? Veámoslo con un sencillo ejemplo.
Un ciudadano murciano decide trasladarse a vivir a Cataluña y opositar al cuerpo de funcionarios…. pero el catalán es un requisito imprescindible para acceder al puesto. A la inversa, un ciudadano de Tarragona decide prepararse para obtener una plaza pública en Cartagena, donde no existe la obligación de conocer ninguna lengua cooficial. ¿Adivinan quién parte con desventaja en la carrera por la plaza pública?

¿Es esto igualdad?

Y esto ocurre en Cataluña, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia,
comunidades todas ellas que aplican un requisito lingüístico para acceder a las plazas que oferta el ejecutivo autonómico.
En Cataluña, si se quiere acceder a un puesto de la Administración regional o de las entidades locales, es obligatorio saber catalán según la Normativa de Función Pública,
aunque, eso sí, pueden quedar eximidos tanto el personal interino como el laboral temporal.
Vamos ahora a Baleares: gracias al giro nacionalista del PSOE, los médicos se están viendo obligados a abandonar las islas a cuenta de la imposición del catalán. El último caso conocido es el de la anestesista pedriática del hospital Mateu Orfila de Menorca, que se ha visto obligada a dejar su puesto desde que la llegada de Francina Armengol al poder ha convertido el idioma cooficial de mérito a requisito para obtener un puesto en la administración autonómica.
En la Comunidad Valenciana la situación es similar, aunque fue el Partido Popular el encargado de comenzar la cruzada contra el castellano: en 2002 introdujo la obligatoriedad del valenciano para los puestos de enseñanza en primaria, y en 2013 lo amplió a los niveles educativos superiores. Ahora la izquierda de Ximo Puig y Mónica Oltra extenderán este requisito a toda la función pública.
En País Vasco, el euskera se exige en función de la realidad sociolingüística del municipio, provincia o la región en general, estableciendo cuotas. Se fija un perfil lingüístico con distintos niveles que se adecúa a los conocimientos de la población. La policía autonómica, la Educación y la Sanidad se rige por planes específicos.
En Galicia también hay distintos grados de conocimiento y el idioma es preceptivo para acceder a un puesto en la administración territorial, sea cual sea el nivel. Y la cruzada idiomática podría extenderse en los próximo años a Asturias, donde la izquierda ha abogado por dotar de cooficialidad al bable.

El fracaso de la inmersión lingüística

Volvamos al ejemplo anterior de Tarragona y Cartagena, pero ahora es un niño el que tiene que estudiar en catalán. Ese alumno, según un reciente informe de Convivencia Civil Catalana, tendrá menos oportunidades: ‘’Las élites serán catalanoparlantes de base, las mejores oportunidades serán para ellos porque la inmersión lingüística les facilita el éxito académico y un mejor aprendizaje’’, denunció a El Mundo el responsable de Estudios de esta entidad, Jesús Sanz.
Y es que la inmersión lingüística ha sido una cruz para los estudiantes castellanohablantes. Según el informe PISA de 2015, estos alumnos suspenden más que los catalanohablantes: “No es arriesgado decir que la desigualdad educativa entre castellanohablantes y catalanes introducida por la inmersión lingüística en Cataluña se plasma también en una desigualdad profesional y social entre la población, quizás deseada de forma voluntaria por algunos ingenieros sociales del nacionalismo
catalán’’, explicó Sanz.
A la luz de los datos, un español parte en desventaja dependiendo de la región en la que haya nacido. Si los ciudadanos no parten desde una situación de igualdad para temas tan importantes como la Educación o el acceso a una plaza pública, ¿no sería oportuno devolver al Estado ciertas competencias para garantizar los mismos derechos al español de Cartagena y al de Tarragona?