Manifiesto pro referéndum PGOOU de Ávila

Manifiesto pro referéndum PGOU de Ávila

El  Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ávila se quiera o no es una cuestión que incide de forma importante sobre la vida de sus ciudadanos, los cuales son los verdaderos propietarios de los terrenos de titularidad municipal que las autoridades legales administran en su nombre, con un consentimiento meramente tácito pero no explícitamente expreso. Probablemente los diseñadores del plan arguyan que han tratado de hacer los que suponen ellos que es mejor para la ciudadanía, pero sin consultar ni sondear su voluntad, quizá arguyendo que son temas complejos que intentan armonizar intereses contrapuestos; por lo que en base a una actitud pretendidamente avanzada e ilustrada ponen en práctica una lema de la ilustración dieciochesca “todo para el pueblo pero sin el pueblo”.  Que desde un punto de vista más pedestre y con lenguaje callejero se puede expresar así: esto es tuyo y mío pero lo guardo yo.

Así el ciudadano verdadero titular de la propiedad pública no se le considera responsable del uso de esa propiedad, sino una especie de menor de edad al que sus representantes  se cuidan de escamotearle sus derechos en nombre de una asistencia paternal supuestamente beneficiosa para él. Nunca se dice cuando el ciudadano va a alcanzar la mayoría de edad que le haga verdaderamente responsable, y desde luego el actual sistema de elección de representantes, no resuelve la cuestión, por más que se realice con la periodicidad reglamentaria, tanto más cuando el actual sistema electoral  excluye el mandato explícito del ciudadano en orden al uso de la propiedad de la cual es titular. Es decir se prolonga sine die la minoridad infantiloide e irresponsable del ciudadano   en provecho de sus representantes supuestamente más sabios.

Es conveniente recordar que el espacio jurídico europeo en el que nos movemos, consagra el principio de subsidiariedad como norma básica de funcionamiento de la sociedad europea, que enuncia que no se delega el poder hacia la autoridad superior más que en terrenos que escapan a su competencia.  La idea general es que los problemas estén regulados al nivel mas local posible, es decir los ciudadanos tengan la posibilidad de decidir concretamente de lo que les concierne, solo remontando a un nivel superior las decisiones que interesan a colectividades más extensas o que los niveles inferiores no tienen la posibilidad material de tomar. Así pues la propiedad pública concierne ante todo y en primer lugar al ciudadano, que es principio capaz de pronunciarse acerca de su uso y acaso, aunque no sea deseable, de su abuso; el apriorismo de que el ciudadano es menor de edad e irresponsable con relación a su  propiedad y menesteroso de la tutela de la autoridad, no acaba de demostrarse de manera rigurosa y convincente.

Ciertamente la propiedad pública municipal no se refiere solo a los terrenos; todas las instalaciones públicas, con su mobiliario, utensilios y menaje diverso si bien pertenecen a personas jurídicas públicas son en última instancia propiedad del ciudadano. Desde el bolígrafo del último administrativo hasta la pluma que el ayuntamiento facilita al alcalde son de titularidad pública y no privada, y en última instancia propiedad de la ciudadanía. Cosa bien distinta es que esta sea consciente de ello, más bien su idea subyacente  es que poderosas fuerzas y personas le han amputado sus propiedades y sus derechos. 

¿Cabe en estas circunstancias de hablar de sociedad? no hay más “societas” verdaderas cuando los “socii” cesan de sentirse tales. . Solo les encuadran entonces la ideología y la policía, sin unirlos ni organizarlo verdaderamente. Es posible incluso que una mansedumbre consuetudinaria no haga necesaria apenas a la policía. Y  asunto es tanto más sorprendente cuando se habla de una comunidad como la abulense que antaño se caracterizó  por la libertad y participación de sus vecinos en consejos públicos abiertos, donde la voz de cada familia contaba en toda actividad pública. Cosa bien distinta a poner una papeleta en una urna cada 4 años, sin ningún mandato explícito de actuación concreta, único que podría dar contenido y verdadera significación a la noción de representación. En habla corriente ha quedado la palabra representante pero no su contenido profundo, la vida política y social es en buena medida un nominalismo de palabras vacuas.

No deja de llamar la atención de que cuando una simple comunidad de vecinos trata acerca de espacios comunes se necesite unanimidad o mayoría manifiesta para llevar a cabo cualquier proyecto; mientras que cuando se trata del municipio no solo hace falta unanimidad ni mayoría sino que  ni siquiera se consulta a los ciudadanos. Estas cosas nos son precisamente casuales, sino que son el resultado de la absoluta fragmentación del cuerpo social en miríadas de individuos reagrupados en intereses antagonistas y que defienden sus intereses a corto plazo.  Un caso particular de este antagonismo es el de los ciudadanos aislados e inermes frente a los intereses de agrupaciones y partidos, es por decirlo más claro el antagonismo no siempre consciente entre los ciudadanos y sus representantes, inevitable en el actual derecho político que entre otras muchas cortapisas y restricciones ha anulado el mandato explícito del ciudadano.

Así resulta sorprendente para confeccionar el Plan General de ordenación Urbana como se piden numerosos informes y opiniones a diversos organismos  pero no a la ciudadanía. Se contemplan también la posibilidad de alegaciones atomizadas o fragmentarias pero no la alegación global de la ciudadanía. Es el modelo territorial base de al planificación urbana  el que se impone unilateralmente, la ciudadanía no tiene voz para decir que tipo de ciudad desea.  Bien podría concebirse una ciudad lineal sin áreas de acumulación de actividades en el centro que preservaría y delimitaría mucho mejor el casco histórica, frente a la ciudad circular con centro y periferias cada vez más alejadas y faltas de equipamiento. O tal vez extender la ciudad por donde no haya tierras susceptibles de dedicarse a la agricultura o donde esta cualidad sea menor. Se podría enfocar, sobre todo por su cualidad de ciudad todavía pequeña, la posibilidad de aumentar considerablemente los transportes públicos y disminuir el uso de los coches y todo el acompañamiento de aparcamientos individuales que lleva parejo, o en todo caso el aumento de parking disuasorio en lugares   estratégicos conectados con el transporte público. Pudiera preferirse una ciudad de casa bajas unifamiliares o adosadas de a lo sumo tres pisos y con pequeña parcela  a la proliferación infinita de bloques. Sería deseable que la  superficie total habitable de los proyectos urbanísticos aprobados no fuera superior al de viviendas sociales impulsadas, y estas a precios populares para familias de la localidad, previendo espacio suficiente para los futuros hijos. Además de valores ambientales no estaría mal considera valores humanos del tipo viviendas subvencionadas para familias jóvenes que deberían ser la primera de una serie de medidas sociales par favorecer la paternidad y revitalización de la demografía autóctona abulense. En cuanto a infraestructuras seguro que se hubiera preferido un abastecimiento de aguas diferente al reciclado de cloacas. Y no menos importante, ya que   por número de personal, y dinero en circulación el ayuntamiento de Ávila es de las primeras sino la primera  empresa de la ciudad, sería importante que el PGOU contemplara la obligación de contratar una importante proporción de mano de obra local en primer lugar y española de forma secundaria en los obras de construcción inmobiliaria.

  A todo esto conviene añadir las consideraciones del Tribunal Supremo, con motivo de un referendum de un PGOU en la provincia de Granada, en el sentido de que: la denegación de la autorización de la consulta popular local "menoscaba el principio de legalidad y democrático que favorece la participación de los vecinos en los asuntos que atañen a la colectividad local”.

Es por ello que al ser el referéndum popular un derecho gracias al cual el pueblo abulense puede afirmar  el derecho prioritario a ejercer un derecho  que a sus representantes elegidos le escamotean, se propone, en orden a consultar la voluntad de la ciudadanía, un referéndum con la siguiente pregunta: "¿Respalda usted el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha……. aprobando inicialmente el Plan General de Ordenación Urbanística de Ávila?".