Jueves, 26
de Junio de 2014
El 12% de los montes no tiene dueño
Casi un 12 por ciento de la superficie forestal del
país pertenece a gente que lleva muerta un siglo, lo que hace imposible
gestionarla y aprovecharla. Buscar a los herederos y volver a poner esas
tierras en valor, la mayoría abandonadas, es toda una aventura..., que da
buenos frutos.
El Catastro todavía recoge un gran número de parcelas
forestales con titularidad confusa. Por eso, un 12,72 por ciento del toda
la superficie boscosa del país se considera propiedad desconocida, porcentaje
que aumenta hasta el 17,63 por ciento de los montes de titularidad privada.
Algunos de esos montes son de libre disposición de las
entidades locales, pero la gran mayoría -hasta dos millones de hectáreas, el
5 por ciento de toda la superficie nacional-, sí tiene titulares; el
problema es que están muertos desde hace 100 años y los registros no se
actualizaron en su momento para inscribir a sus herederos.
Como el Código Civil exige la unanimidad de los
propietarios del suelo para disponer de él, es imposible actuar en esos terrenos:
no se pueden desbrozar ni reforestar; no se puede organizar la entrada de
ganado; no se puede aprovechar la madera; no se pueden extraer minerales; no se
puede instalar un parque eólico... Lo más frecuente es que estén en una
situación de abandono que aumenta el daño causado por los incendios o las
plagas.
Las desamortizaciones
del siglo XIX
El origen de estos montes en situación anómala,
conocidos como Montes del Común, Montes de la Sociedad de Vecinos, Sociedad de
Baldíos y fórmulas parecidas, está en las desamortizaciones del siglo XIX,
durante el que se enajenaron unos siete millones de hectáreas forestales.
En aquella convulsa centuria, el Estado necesitaba
fondos y se expropiaron tierras para sacarlas en pública subasta; el
grueso pertenecía a la Iglesia, que las había acumulado siglo tras siglo, pero
también las había de ayuntamientos y corporaciones locales, órdenes militares,
universidades, cofradías... La desamortización que más afectó a la estructura
de propiedad de los bosques fue la impulsada por Pascual Madoz, aprobada en
mayo de 1855.
Pujar colectivamente
para comprar el monte
Para los vecinos de los pueblos que vivían
de las florestas fue un pésimo acontecimiento. El monte era básico
para aquellas familias de la España rural que todos hemos visto en viejas
fotos; les aportaba pastos, materiales de construcción, leña, caza... De
repente, su acceso a las tierras que usaban con libertad desde hacía
generaciones iba a quedar supeditado a la voluntad de los nuevos propietarios.
Y reaccionaron, hipotecando sus modestas haciendas
para pujar colectivamente y adquirir los terrenos. Fue costumbre que se
juntaran 30 ó 40 personas y compraran las parcelas en régimen de pro indiviso,
es decir, ninguna poseía un terreno concreto, sino una participación del total.
En el Catastro deberían figurar como tales y pertenecer a los actuales
herederos, pero no ocurrió así.
Muchos de estos montes colectivos se
inscribieron en el título genérico de montes privados, sin aclarar su auténtica
condición, y algunos se dividieron según coeficientes de propiedad, probablemente
derivados de antiguos repartos internos para aprovechar los recursos
forestales.
Se abandona el medio
rural y llega el olvido
Avanzó el siglo XX y llegó el éxodo rural: la
población abandonó los campos en busca de una vida mejor en las ciudades y la
situación cayó en el olvido. En la actualidad, los descendientes de los
compradores originales se cuentan por decenas de miles y muchos de ellos
desconocen que son copropietarios del monte.
Sólo en Soria se han localizado 400 montes
de socios -con una superficie equivalente a la provincia de Guipúzcoa- que
deben pertenecer a unos 120.000 herederos.
La actualización de los registros
oficiales es prácticamente imposible, porque se ha roto el tracto sucesorio y,
en el mejor de los casos, exige un proceso complejo y largo que no se justifica
por el valor del suelo. Además, muchos títulos de propiedad se han perdido y
otros papeles acreditativos, como las actas de las reuniones en las que se
repartían los usos, no se ajustaban a los documentos legales de la época.
El proyecto Montes de
Socios
En el año 2003, la Asociación Forestal de Soria
(Asfoso), cansada del bloqueo al que les abocaba la condición jurídica del
legado de sus antepasados, se dirigió al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y le expuso el problema.
El Magrama decidió implicarse y la Asociación obtuvo
en 2010 una subvención de 732.000 euros con la que comenzó el proyecto
Montes de Socios -cuyo presupuesto total fue de 813.254,45 euros-, para
investigar la situación y encontrar una salida.
Así, se ha rastreado en archivos de sociedades,
ayuntamientos, parroquias, álbumes familiares y cualquier lugar con documentos
que permitieran identificar catastralmente los terrenos en régimen de pro
indiviso. También, dentro de las posibilidades, se ha trazado un árbol
genealógico desde los primeros compradores hasta sus descendientes actuales,
al objeto de identificar a los legítimos propietarios.
Paralelamente, para acabar con la parálisis y el
abandono obligado de los montes, se planteó que los herederos identificados
pudieran constituir juntas que los gestionasen para recuperar su valor.
Reforma de la Ley de
Montes
Estas juntas se convirtireron en una realidad al
plasmarse en la Disposición adicional décima de la Ley 43/2003, de Montes;
desde su promulgación, una Junta Gestora puede formarse con más de 10 descendientes
de los condueños originales, y los beneficios que correspondan a la parte de la
propiedad no esclarecida deben invertirse en la mejora del monte. Hoy hay
casi 50 juntas gestoras en Soria, Asturias, Guadalajara, Zaragoza y Cáceres,
que vinculan a más de 10.000 personas.
El proyecto Montes de Socios concluyó en
noviembre del año pasado, tras haber recibido el Premio de Buenas Prácticas
de Naciones Unidas en 2012. Sin embargo, su labor de recuperación prosigue,
con menos recursos, pero aprovechando la retroalimentación obtenida con el
impulso inicial.
La formación de nuevas juntas gestoras no cesa y
aparecen nuevas oportunidades. Como indica Pedro Agustín Medrano, gerente de
Asfoso y director del proyecto: "Nuestra idea siempre ha sido devolver
la actividad a esas tierras, y si ya no hay forma de que vivan de ellas
cuarenta personas, igual tres sí pueden hacerlo". Por eso se están
impartiendo cursos de apicultura, turismo micológico y ornitológico, decoración
natural...
Ahora hay un frente mayor en la reforma de la Ley
de Montes, porque legalmente faltan cosas importantes que solucionar. Por
ejemplo, hay que arbitrar un procedimiento para actualizar la titularidad de
los registros y hay que establecer el régimen jurídico de las juntas gestoras.
La propuesta de reforma normativa que Asfoso ha
remitido al Magrama incluye la elaboración de una Ley de Montes de Socios en
dos años.
La formación de juntas
gestoras es un festivo reencuentro familiar
La formación de una Junta Gestora para el monte de
propiedad colectiva de un pueblo -una aldea con un puñado de habitantes
permanentes- es motivo de fiesta. Significa que se ha conseguido reunir a
los descendientes de los compradores originales.
En el proceso se han abierto baúles, se ha recuperado
la tradición oral de los ancianos y se ha recordado a muchos seres queridos. El
día de la constitución de la Junta, por lo tanto, hay que sentarse a la mesa;
además, es un reencuentro familiar extenso, porque indagando en el pasado se
han descubierto parentescos desconocidos.
Y cada vez que la Junta debe reunirse para decidir
sobre el usufructo del bien común ocurre más o menos lo mismo, a menor escala.
Así lo refleja el documental El monte, nuestro
más viejo amigo, del proyecto Montes de Socios. La participación en un
proyecto común fortalece a la comunidad y abre puertas económicas a partir de
la tierra que compró el tatarabuelo.
