La cuestión de las autonomías. Los casos de Cantabria, La Rioja y Segovia (Anselmo Carretero y Jiménez, El País 18-9-1981)

LA CUESTION DE LAS AUTONOMIAS.

LOS CASOS DE CANTABRIA, LA RIOJA Y SEGOVIA

El irreflexivo y torpe planteamiento gubernamental de las autonomías del País Leonés, de Castilla y del País Toledano (regiones provenientes de los antiguos reinos de León, Castilla y Toledo) ha producido, según hemos visto, muchas y muy graves anomalías y contradicciones.  Ante todo, es de notar que mientras, por un lado, se borra del mapa español a Castilla y se crean dos entes preautonómicos mixtos con el nombre castellano por delante (Castilla-León y CastillaLa Mancha), quedan, por otra parte, fuera de esta denominación tres provincias de radical castellana que, por no perder su propia identidad, se han negado a ingresar en el híbrido conjunto castellano-leonés: Santander, Logroño y Segovia.

No son insolidarias tendencias secesionistas, como a veces se dice, lo que mueve a estas tres castellanísimas comarcas de vieja y muy arraigada tradición a no ingresar en el heterogéneo conglomerado de Castilla-León, sino una vigorosa reacción defensiva ante el peligro de su forzada inclusión en una entidad geopolítica a la que se sienten ajenas y donde su personalidad se desvanecería en aras de un nuevo unitarismo centralista que se barrunta más intenso y omnipresente que el ayer impuesto por el Gobierno central.

La provincia de Santander -con el nombre de Cantabria- y la de Logroño -con el de la Rioja- han tramitado sus respectivas autonomías por considerar que cada una tiene personalidad (histórica, geográfica y cultural) muy distinta de la que confusamente presenta el invento de Castilla-León, cuyo nombre las ha llevado a este desorientador razonamiento: si «eso» es Castilla, claro está que nosotras no somos castellanas.  Y así, aceptada la errónea premisa de la castellanidad del conglomerado castellanoleonés, Cantabria y la Rioja demandan sus correspondientes autonomías como singulares regiones uniprovinciales, dejando por su parte el monopolio de lo «castellano» a las dos nuevas y heterogéneas entidades castellano-leonesa y castellano-manchega.

EL «PEQUEÑO RINCON»

Castilla nace en el «pequeño rincón» situado entre el alto Ebro y el mar Cantábrico, donde varios pueblos vascocántabros, que antes habían luchado contra romanos y visigodos, rechazan a los musulmanes al mismo tiempo que mantienen su independencia frente al reino neogótico de León.  Aquí, sobre un sustrato lingüístico eusquérico, nació también el romance castellano, que se habló -y escribió - en la Rioja y Alava antes que en las tierras castellanas del alto Duero, y mucho antes de llegar a la planicie de Valladolid y Palencia, de donde hubo de desplazar al bable propio de la región.  La Montaña santanderina es, pues, la comarca más castellana de España.

Una Castilla sin la antigua «Montaña Baja de Burgos» sería tanto o más inconcebible que una Cataluña sin la Cerdaña y Pallars, o que un Aragón sin los Pirineos de Huesca.  Y al contrario: cualquier región que incluya la provincia de Santander debe llevar como atributo consustancial el nombre castellano.  Tampoco es imaginable una Castilla sin la Rioja; tierra de conjunción histórico-geográfica de cántabros, vascos y celtíberos, las tres estirpes de la España prerromana que, en mayor o menor proporción, constituyen el primitivo sustrato étnico de los pueblos castellanos, y patria de los más viejos símbolos y las más auténticas creaciones de la cultura castellana: San Millán de la Cogolla, patrón de Castilla; las Glosas emilianenses, primeras líneas escritas en romance castellano; Gonzalo de Berceo, primer poeta de nombre conocido de la literatura castellana; Santo Domingo de Silos, la figura más destacada de la cultura medieval de Castilla; el Fuero de Nájera...

Si Cantabria y la Rioja rechazan el complejo castellanoleonés por defender la propia autonomía, el caso de Segovia presenta, además y en primer lugar, un valor de afirmación castellana.  La provincia de Segovia rechazó, por abrumadora mayoría de sus municipios, la incorporación al artificioso ente castellano-leonés porque los segovianos vieron en él un peligro para el porvenir regional de la verdadera Castilla, de la cual Segovia se siente parte intrínseca.  La ciudad de Segovia, las «tierras» de su provincia se oponen a los confusos conglomerados de Castilla-León y Castilla-La Mancha porque propugnan la autonomía de una Castilla netamente castellana, con lo cual defienden a la vez, indirectamente, las autonomías del País Leonés y el País Toledano propiamente dichos.

Segovia ha propugnado, en primer lugar, la autonomía de Castilla, y sólo cuando la decisión gubernamental niega de hecho la posibilidad de una Castilla autónoma, Segovia, ante el dilema de la incorporación forzosa al ente preautonómico castellano-leonés o la autonomía uniprovincial que la Constitución ofrece, recurre a esta última.

EL CASO DE SEGOVIA

De la maraña autonómica en tomo a Castilla en que con increíble ligereza nos metieron en mala hora algunos políticos y cierta clase intelectual ducha en el uso del mimetismo y la demagogia, y del caso singular de la autonomía de Segovia, se ha ocupado recientemente en estas mismas columnas Pedro Altares, en un artículo rebosante de inteligencia, de noble sensibilidad y de respeto por el pueblo segoviano que hoy está dando una lección de cordura, firmeza y dignidad a quienes, en teoría, deberían ser sus informadores y guías en estas difíciles cuestiones.  Artículo que merece ser releído con atención.

El caso de Segovia pone dolorosamente de manifiesto algunos de los gravísimos peligros que indefectiblemente acompañan a «procesos tan delicados -y a veces sumamente complejos- como los autonómicos»: las precipitaciones y la demagogia, sobre los cuales llamó reiteradamente la atención -en los años 1978 a 1980- el secretario general del PSOE con advertencias no escuchadas ni siquiera en las filas del propio partido.

Lamentable resulta -al decir de diarios y revistas - observar la pobre conciencia política que, en general, manifiestan los españoles en una etapa de la historia nacional de tan gran trascendencia como la que hoy atraviesa España.  La decepción, el pesimismo, la apatía y el desinterés por el bien común dominan por doquier a donde el observador dirija la mirada.  Prueba espectacular de ello dio en diciembre un acontecimiento de tanta significación política como el referéndum sobre la autonomía de Galicia, aprobada sólo por un 19% del electorado, con el agravante de que la proporción de «noes» llegó al 80%, lo que sociológicamente -comentan las mismas fuentes informativas - expresa un altísimo grado de escepticismo y displicencia populares.  Y es importante no olvidar que tan pobres resultados en pro del estatuto gallego fueron obtenidos con todo el apoyo de la propaganda desarrollada tanto por el Gobierno como por los principales partidos políticos.

Pero -y esto parece más alarmante- cuando la provincia de Segovia, consciente de su castellanía y de los derechos que la Constitución le reconoce para la defensa de su identidad, se opone -por abrumadora mayoría de los ayuntamientos y de la Diputación Provincial, de la opinión publica y de los grupos intelectuales más conscientes y conocedores del país- a formar parte de una heterogéneo entidad castellano-leonesa de reciente y arbitraria invención, dando muestra de mejor conocimiento del problema que el Gobierno y los dirigentes políticos, de viva conciencia ciudadana y de lealtad a la patria chica, entonces.. el Gobierno y los dirigentes políticos se disgustan, y en vez' de apoyar. la en sus derechos y legítimas aspiraciones a un estatuto de autonomía análogo a los de Cantabria o la Rioja, reaccionan negativamente pretendiendo forzar su incorporación a ese híbrido ente regional que el pueblo rechaza.

En estos momentos el Gobierno y la dirección central de la UCD están empeñados en meter a toda costa la provincia de Segovia en el saco autonómico castellano-leonés contra la voluntad de los segovianos, retorciendo incluso el espíritu de la Constitución para negar derechos y aspiraciones colectivas que ella misma protege.

LOS COMPLEJOS «ENTES PREAUTONOMICOS»

Se    acusa a los segovianos de fomentar el cantonalismo, lo que -ya lo hemos visto- es absolutamente falso, y de dejarse    manipular por caciques locales, porque entre los muchos ciudadanos que en Segovia propugnan la autonomía de Castilla propiamente dicha -y dentro de ella el respeto a la personalidad de su provincia- figuran la mayor parte de los Parlamentario segovianos de la UCD, bien sea por su cariño a la tierra, -que en principio no hay razones para negar-, bien porque han encontrado en este asunto una bella bandera que enarbolar.

Martín Villa, que el año pasado ultimó el ingreso de la provincia de León, hasta entonces defensora de la autonomía regional leonesa, en el discutido ente preautonómico castellano-leonés -lo que provocó una espontánea manifestaci6n de protesta de miles de leoneses-, no parece dispuesto a aceptar la «rebeldía» de Segovia.  En cuanto a los dirigentes de los partidos políticos de la oposición que hasta ahora, con más o menos agrado, han apoyado la política autonómica castellano-leonesa, convendría recordarles las prudentes y oportunas advertencias de Felipe González sobre los peligros de proceder a la ligera en asuntos tan graves y de tan delicada naturaleza como las autonomías regionales.

El mayor y más inminente peligro que hoy amenaza a Castilla como pueblo con personalidad propia en el conjunto nacional de España está, sin duda, en los complejos entes preautonómicos de Castilla-León y Castilla-La Mancha.  La consolidación de estas confusas nuevas regiones implicaría, con el tiempo, la pérdida de la propia condición de las provincias castellanas en ellas integradas, ante el predominio demográfico, económico y político de los territorios leoneses y toledano-manchegos, respectivamente.  Y, al contrario: la persistencia de Cantabria, la Rioja y Segovia como entidades con autonomía uniprovincial, haría de ellas -consciente o inconscientemente- reservas y baluartes castellanos necesarios para emprender, en momento y condiciones oportunas, el rescate conjunto de una nueva y verdadera Castilla, sin la cual no es concebible un auténtico y cabal todo español.

ANSELMO CARRETERO

«El País», 18 septiembre 1981

La cuestión de las autonomías. Embrollos en torno a Castilla (Anselmo Carretero Jiménez, El País 17-9-1981)

LA CUESTION DE LAS AUTONOMIAS.

          EMBROLLOS EN TORNO A CASTILLA

Conocidas con claridad las razones fundamentales de los estatutos de autonomía (gobierno y administración del país más democráticos y eficientes; respeto a la personalidad y a la cultura de los diversos pueblos de España), procede ver cómo, en función de ellas, se están desarrollando los procesos autonómicos.

En doce de los quince pueblos, nacionalidades o regiones históricas (use el lector el término que más le agrade, pues el nombre resulta indiferente) que componen España (Galicia, Asturias, el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, las Islas Baleares, Valencia, Extremadura, Murcia, Andalucía y las Islas Canarias) se ha tomado, en principio, como base indiscutida el respeto a las entidades históricas, cuyos límites territoriales - con algunas rectificaciones menores- corresponden a las actuales provincias.

En ningún caso este principio básico ha creado dificultades o problemas intrínsecamente nacionales o regionales.  En el País Vasco, al contrario: el estatuto de autonomía ha servido para dar carta de naturaleza constitucional a una nueva entidad política que nunca antes (hasta el estatuto republicano de 1936) tuvo realidad histórica.  Esta correspondió separadamente a Guipúzcoa, Vizcaya y Alava, pequeños estados independientes, generalmente aliados a Castilla, que, por separado y en diferentes fechas, se unieron pacíficamente a la corona castellana.  Nunca existió un estado o entidad histórico-política que abarcara todo el País Vasco.  La idea general de que los reyes castellanos juraban en Guernica los fueros del País Vasco es errónea.  Nunca hubo tales fueros, y los que allí se juraban eran los propios de Vizcaya.  El estatuto de 1936 y ahora el derivado de la Constitución de 1978, son los verdaderos creadores legales de esta nueva entidad, de viejísimas raíces, llamada País Vasco o Euscadi, de la que el siglo XVIII fueron precursores los Caballeritos de Azcoitia, fundadores de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, cuyo mote era Irurak-Bat, que quiere decir: las tres hacen una (Guipúzcoa, Vizcaya y Alava).

En el caso de Navarra, el respeto a la entidad histórica (antiguo reino) ha sido absoluto; y se ha reconocido al pueblo navarro el indiscutible derecho de decidir su incorporación al País Vasco.

PAISES LEONES Y TOLEDANO

Muy diferente ha sido, por desgracia, lo ocurrido en Castilla, el País Leonés -antiguo reino de León- y el País Toledanos -tierras no castellanas del antiguo o reino de Toledo-.  En una maniobra de prestidigitación política, tendente a esquivar en la confusión los aspectos más difíciles del problema general de las autonomías, el Gobierno (entonces presidido por Adolfo Suárez) creó precipitadamente en el papel nuevos entes preautonómicos (dominados por la UCD), ocasionando con ello «problemas ficticios» cuya gravedad se ha ido manifestando después.

Así (a espaldas de los pueblos, sumidos en el desconocimiento de su propio ser y en enervante apatía política tras cuarenta años de oscurantismo dictatorial) se decidió eliminar a Castilla (!) del mapa nacional de España, dividiéndola en dos pedazos: uno, que sería incorporado al antiguo reino de León para formar el híbrido llamado Castilla-León, y otro, que quedaría unido al País Toledano para componer Castilla-La Mancha.  La sola denominación de estas nuevas entidades pone de manifiesto que Castilla ha sido partida en dos, y sus trozos, unidos a sus vecinas leonesa y toledana.

Pero el patriotismo, aunque sea regional o comarcal, no se impone ni se suprime por decreto ni por la fuerza bruta. (Esta es una de las tremendas lecciones históricas que a todos los españoles nos ha enseñado el franquismo).  Ni es posible jugar impunemente desde el gobierno a suprimir, trocear, componer o inventar regiones como si se tratara de un puzzle geográfico.

Si el respeto a los límites tradicionales de todas las demás nacionalidades o regiones históricas encontró general. asentimiento, la arbitraria eliminación de Castilla del mapa de los pueblos de España, y la atribución de sus restos a países vecinos, ha producido disgusto y honda amargura en muchos ciudadanos de las comarcas afectadas.

El hecho resulta moralmente más reprobable si se tiene en cuenta que se está procediendo sin la consciente aprobación de los pueblos de estas regiones y con abuso del estado de ignorancia y confusión sobre tan graves cuestiones en que la prolongada dictadura les ha dejado.

Los que en principio debieron haber sido normales procesos autonómicos de tres viejas e insignes entidades histórico-geográficas (antiguos reinos de León, Castilla y Toledo), y trascurrido --como en el resto de España- por sus cauces naturales, fueron manipulados con tal irresponsabilidad y torpeza que todo se salió de madre, provocando la caótica proliferación de nuevas regiones: unas, por artificiosa creación gubernamental, y otras, como reacción defensiva de auténticas comunidades históricas que, ante el peligro de forzosa inclusión en ficticios entes regionales, que no son ni sientes suyos, prefieren acogerse a las autonomías uniprovinciales previstas en la Constitución.

REGIONES A CONTRAPELO

Lejos, pues, de facilitar la solución del problema general de las autonomías, estas desafortunadas fusiones, a contrapelo de la geografía y la historia, han provocado indirectamente el brote de nuevos anhelos autonómicos, en apariencia insolidarios (la Montaña Cantábrica, la Rioja, Segovia, la provincia de León ... ), que no hubieran surgido si las auténticas regiones históricas de León, Castilla y Toledo hubiesen recibido sus propios estatutos y, dentro de ellas, respetando la identidad de sus comarcas tradicionales.  Tal es la verdadera causa de lo que, con excesiva ligereza, suele tildarse de loco afán cantonalista de los castellanos.

Se declara una y otra vez que las autonomás contribuirán eficazmente a preservar la identidad de todas las nacionalidades o regiones de España y al desarrollo de sus respectivas culturas, pero la realidad es, en este caso, que tales híbridos conglomerados llevarían a la aniquilación de Castilla y al profundo deterioro de la personalidad de los países leonés y toledano.

Tampoco reforzaría la democracia por acercamiento del gobierno a la base popular.  La vasta entidad castellanoleonesa que se pretende establecer no dejaría los gobiernos de León y de Castilla, respectivamente, en manos de los leoneses y de los castellanos, y aun amenaza resultar en un nuevo centralismo (económico, político y cultural), con sede en Valladolid, menos soportable, por más concentrado, para las provincias auténticamente castellanas, que el hasta ahora ejercido sobre toda España desde Madrid.  En realidad, este gran conglomerado es triste hijuela de la idea de la gran Castilla imperial impuesta doctrinalmente por la Falange vallisoletana e imbuida en la mente de millones de españoles por la enseñanza y la propaganda del aparato dictatorial.

Concepción histórica que se abrió camino a través de las mistificaciones en torno a Castilla, fraguadas a mediados del siglo XIX por las oligarquías reaccionarias y magnificadas después por la generación del 98, que llegaron a identificar a Castilla con León (aquélla nació precisamente de la oposición de castellanos y vascos al trono neogótico) y a otorgar carta de nobleza literaria al falso tópico de «la inmensa llanura de Castilla la Vieja», disparate histórico y geográfico e incongruencia racional, pues la vieja Castilla tuvo necesariamente su cuna en un baluarte montañoso, que hizo posible la defensa de su independencia frente a los ejércitos musulmanes y a las no menos aguerridas tropas de la corona de León: la Montaña cantábrica, cuna de Castilla y del romance castellano.

LA ELIMINACION DE CASTILLA

Las decepciones, amarguras y protestas por la eliminación de Castilla del mapa político de España, así como las demandas por la autonomía propia del País Leonés, de Castilla y del País Toledano, iniciadas hoy en grupos minoritarios conocedores de su región y su pasado, y entregados generosamente a la causa comunitaria, irán probablemente en aumento a medida que estos pueblos, mejor informados y libres de tutelas dictatoriales, recobren la memoria histórica, base de la conciencia colectiva que mantiene la voluntad nacional.

Mientras la mayoría de los pueblos de España preparan, con más o menos bríos, un renacer de su personalidad al amparo de los estatutos de autonomía, tres regiones de brillante historia atraviesan una difícil etapa de trascendencia decisiva para su porvenir.  En el caso de Castilla está en juego la existencia misma de esta vieja nacionalidad de tan traído y llevado nombre, hasta ayer mismo exaltada hiperbólicamente por los escritores de la generación del 98 y sus continuadores, y hoy a punto de ser eliminada, sin pena ni gloria, entre confusos arreglos políticos de menguada concepción.

En León se necesita mantener la personalidad regional del famoso antiguo reino que tan relevante papel desempeñó en los siglos fundacionales de la nación española y que hoy se pretende disolver en un heterogéneo conjunto de improvisada creación.  Con Castilla y con León es menester preservar también la identidad y la autonomía del antiguo reino de Toledo, cuya vasta llanura manchega hizo famosa nuestro inmortal hidalgo y loco justiciero.

TIEMPO PARA RECTIFICAR

El desastre aún no ha sido consumado, y todavía es tiempo de rectificar y tomar el buen camino: el seguido por los demás pueblos de España en sus procesos autonómicos; el mismo que (sin fusiones, secesiones ni confusiones) debe llevar a la autonomía regional del País Leonés, de Castilla y del país Toledano.  Y dentro de Castilla será preciso fortalecer el autogobierno de sus diversas provincias, que generalmente se han formado en torno a comarcas de vieja tradición (la Montaña cantábrica, las tierras de Burgos, la Rioja, las tierras de Soria, Segovia y Avila, Madrid, Guadalajara y Cuenca).  Si Cataluña y Galicia consideran conveniente establecer una nueva división comarcal de su territorio de arriba abajo, Castilla, al contrario, debe concebirse de abajo arriba, como una mancomunación de todas sus provincias, de manera análoga a como el País Vasco se ha constituido por la unión de los viejos estados de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava. «Parecía Castilla en la Edad Media», dice un historiador gallego, «una confederación de repúblicas trabadas por medio de un superior común».  Idea que, adaptada al siglo XXI y a la complejidad del moderno estado democrático, puede resultar hoy aún más válida de lo que lo fue para las comunidades de ciudad (o villa) y tierra de la vieja tradición castellana.

Castilla -y con ella el claro porvenir de España- requiere sobre todo, antes de que el error resulte difícilmente reparable, rescatar su personalidad y ocupar el lugar que en el mapa de las regiones autónomas le corresponde como miembro perfectamente definido del conjunto nacional de los pueblos hispanos.

ANSELMO CARRETERO

El País, 17 septiembre 1981

La cuestión de las autonomías. Razón de los estatutos (Anselmo carretero y Jiménez, El País 16- 9- 1981 )

LA CUESTION DE LAS AUTONOMIAS.

            RAZON DE LOS ESTATUTOS

Desde los años cincuenta, dijimos y repetimos con insistencia que la peor herencia que Franco dejaría a España sería el problema de las nacionalidades, porque las cuatro décadas de su dictadura lo habían enconado gravemente.  Lo ocurrido después, es cosa de todos los españoles sabida por vivida.  Hoy resulta lugar común en nuestro país lamentar el embrollo de las autonomías, con justificada razón, pues las improvisaciones y los trapicheos políticos, de que algunas de nuestras más viejas e ilustres regiones han sido víctimas, a partir de 1978 han enmarañado el asunto con manifiesta torpeza.

Aunque sea brevísimamente, trataremos aquí de examinar la cuestión desde su misma base. ¿Por qué y para qué son en España necesarias las autonomías de sus diversas regiones históricas?  Un rápido análisis nos muestra que dos grandes razones lo exigen ineludiblemente: una, de validez general y naturaleza política; otra, específicamente española y radicalmente nacional.

El estado descentralizado y las autonomías regionales son formas de gobierno y administración pública en principio más democráticas y eficaces que el centralismo estatal, porque acercan el poder al pueblo y hacen la gestión del interés común más asequible a los ciudadanos.  El regionalismo - y más aún el federalismo- implica una concepción del estado superior al unitarismo centralista que tantos daños ha causado a España.  La concentración de los poderes públicos en un solo gobierno, con sede en la capital, ejercido con rígido criterio unitario e insaciable afán de absorción, llegó en el Estado español durante el franquismo a extremos nunca antes alcanzados, causando todo género de estragos (políticos, económicos, culturales ... ), especialmente en las regiones menos atendidas (el caso de la provincia de Soria es uno de los más impresionantes).  Nada tiene, pues, de extraño que se ha a extendido entre los españoles un amplio sentimiento anticentralista y que en 1978 se considerara necesario introducir en la nueva Constitución las bases de una España de las autonomías.

Otra, profundísima razón - concretamente española y más que de índole política de condición nacional- que en España impone, dentro del marco constitucional vigente, la necesidad de las autonomías regionales es la naturaleza misma de la nación española.  Porque España no es una nación homogénea, como lo son otras muchas naciones, sino una entidad nacional muy compleja y varia, una comunidad o familia de pueblos a ninguno de los cuales conviene el gentilicio español más ni menos que a cualquiera de los restantes: conjunto que ya en la Edad Media recibió el nombre plural de las Españas, y que hace tiempo definimos como una nación de naciones, concepto al que se acerca el art. 2 de la Constitución, según el cual la nación española está integrada por diversas nacionalidades y regiones.

NACIONALIDADES O REGIONES HISTORICAS

Galicia, Asturias, León, Castilla la Vieja, el País Vasco (Alava, Vizcaya y Guipúzcoa como unidades histórico-políticas independientes), Navarra, Aragón, Cataluña, Extremadura, Castilla la Nueva (antiguo reino de Toledo), las islas Baleares, Valencia*, Murcia, Andalucía y las Islas Canarias –a parte de Portugal, desprendida del antiguo reino de León en el siglo XII y hoy estado independiente- son las quince nacionalidades o regiones históricas que, a partir de la llamada Reconquista y con mayor o menor relevancia, ocupan el territorio y la escena histórica de España.  Todas ellas auténticas creaciones de la historia nacional - la más antigua del siglo VIII, la más reciente del XV-, no artificiosos inventos del Estado español, como de algunas a la ligera se ha dicho, y todas igualmente españolas, cualesquiera que sean su asiento geográfico y su particular cultura.

Tan manifiesta es la personalidad propia de cada uno de estos diversos pueblos, que fácilmente se perciben en ellos mayores diferencias que las a primera vista observables entre otros que hoy constituyen naciones independientes (entre un gallego y un valenciano. o entre un vasco y un andaluz, por ejemplo, se advierte de inmediato mayor contraste que entre un sueco y un noruego, o entre un argentino y un uruguayo).  Diversidad tal que, no obstante todas las presiones uniformizadoras (políticas, administrativas y culturales) ejercidas sobre los españoles por el centralismo estatal, éstos se mantienen fieles, a través de los siglos, a sus respectivos gentilicios regionales (asturianos, vascos, andaluces, catalanes, extremeños ... ), firme y entrañablemente arraigados en la conciencia nacional.  Esta pluralidad histórica y natural, considerada por algunos como grave mal de la nación que es preciso extirpar, constituye para quienes concebimos a España en su cabal integridad uno de sus más ricos tesoros espirituales, digno del mayor respeto y de amorosa protección.

Por otra parte, la permanente convivencia en el suelo de la Península; la multimilenaria historia conjunta; la lucha por la independencia frente a invasores extranjeros, frecuentemente integrados a la larga en el conjunto español; la participación en empresas comunes, venturosas unas, infaustas otras.... han creado al correr de los siglos una conciencia, unos sentimientos y una voluntad comunitaria entre todos los pueblos de España que, por encima de sus diferencias, constituyen la base histórica y el principal fundamento humano de la nación española.  Porque las naciones son criaturas que la historia pare tras lenta y complicada gestación.  Y su base y su razón última están en la conciencia que de pertenecer a ellas tienen los individuos que las componen; conciencia colectiva que se mantiene sobre todo de la memoria histórica.

TRADICIONES OPUESTAS

Desde la Edad Media se han encontrado en España dos tradiciones opuestas.  Una pluralista y federativo. con tres ramas diferentes: la vieja Castílla, propiamente dicha, y sus vecinas y aliadas, las comunidades vascongadas (Alava, Vizcaya y Guipúzcoa), a ella voluntariamente unidas; los países de la corona catalano-aragonesa (Cataluña, Aragón, Valencia y las islas Baleares), y Navarra, que se unió a la corona de León y Castílla en el siglo XV, conservando su condición de reino por si.  Esta tradición, de muy viejas raíces, se manifiesta en el siglo XIX en dos campos políticos opuestos: el carlismo foral y el republicanismo federal.

.Otra concepción de España, unitarista y centralizadora, es la heredada del imperio visigodo, que, a través de la monarquía neogótica nacida en Covadonga, se extiende ampliamente por el suelo peninsular, pasa al imperio español, y tiene una anacrónico y fugaz rebrote seudoimperial en la primera etapa del fracofalangismo.  La nación española viene así enredada, desde hace siglos, en una permanente contradicción entre la naturaleza plural y varia del país y sus comunidades históricas, y el régimen centralista y homogeneizador que las oligarquías dominantes han tratado de imponerle.

Grave daño a nuestra tradición pluralista autóctono fue la introducción en España de la idea francesa del Estado nacional, originada en el absolutismo borbónico y desarrollada, con otra filosofía política, por el jacobinismo republicano y el imperio napoleónico.  Una nación: un estado, una lengua, una sola ley, una sola bandera, un Gobierno centralizado.  Deslumbrados por el brillo de la Revolución Francesa, nuestros progresistas del siglo XIX creyeron, en general, que todos los pueblos del mundo debían seguir el modelo nacional parisino.  Error que muy caro hemos pagado.  La división de España en provincias, a imitación de los departamentos franceses, establecida por un simple real decreto de 1833, alteró arbitrariamente en algunas regiones los límites tradicionales de las viejas comunidades, para crear nuevas entidades administrativas, sembrando así el germen de conflictos que hoy vienen a complicar más la confusión provocada por nuevos proyectos regionales concebidos con excesiva ligereza.

VINCULACION A LA IDEA FEDERAL

España necesita una idea de la nación acorde con su propia naturaleza, imposible de hallar en modelos extranjeros incongruentes con nuestra historia y nuestra realidad nacional, que conciba la integración de la patria como unión de sus diversos pueblos en el respeto a la personalidad y el Gobierno interno de cada uno de ellos; y una concepción federal del Estado, porque el federalismo es el régimen político que mejor armoniza la unión con la diversidad; la solidaridad del conjunto con la particularidad de los elementos que lo componen.  Nuestro país está intrínsecamente vinculado a la idea federal por la naturaleza misma de la nación española.  Si hay alguna nación en el mundo - hemos dicho en otro lugar- que por su naturaleza, su geografía, su historia y su cultura, requiera un estado democrático de estructura federal firmemente trabada, ninguno más que España.

La Constitución de 1978, que define a España como integrada por diversas nacionalidades y regiones, y reconoce a todas ellas el derecho a la propia autonomía, aunque no esté basada en una concepción federal del estado, contiene los principios necesarios para una buena solución del gran problema de nuestra complejidad nacional.  De acuerdo con ella, los estatutos de autonomía son los instrumentos jurídicos que las nacionalidades o regiones históricas de España necesitan para la protección de su particular identidad.

Extender y consolidar el Gobierno democrático en todos los ámbitos del país.  Respetar la personalidad de todos los pueblos hispanos y ayudar al desarrollo de sus respectivas culturas afirmando, a la vez, la integridad del conjunto español.  Tales son las razones fundamentales de los estatutos que la Constitución de 1978 acertadamente establece.  La primera se articula en torno a elementos objetivos (geográficos, económicos, legales ... ); la segunda, se basa en valores humanos no mensurables (memoria histórica, conciencia y voluntad colectiva de muchedumbres humanas ... ). En la apreciación de aquélla, conviene tener en cuenta la opinión de los expertos; en el enfoque de ésta, puede ser desastroso el consejo de tecnócratas carentes de adecuada sensibilidad.

*Para evitar confusiones entre la ciudad, la provincia y la región pluriprovincial del mismo nombre, los valencianos han decidido llamar a ésta País Valenciano, ejemplo válido para el antiguo reino de León y para el territorio no castellano del antiguo reino de Toledo, confusamente llamado Castilla la Nueva.

ANSELMO CARRETERO

«El País», 16 septiembre 1981

Anselmo Carretero, autor, entre otros libros, de Las nacionalidades españolas y La Personalida de Castilla en el conjunto de los pueblos hispánicos, es tal vez el único tratadista que ha estudiado el fenómeno regional español en su conjunto con rigor desde una cuidadosa investigación histórica, sustrato imprescindible para toda construcción autonómica consistente.  Anselmo Carretero ha vivido largos años de exilio en Méjico.  Sus obras, editadas por primera vez en España en estos últimos años, han suscitado enorme interés.

(Nota redactada por «El País»).

La disolución de dos insignes regiones (Anselmo Carretero y Jiménez, Diario16, abril 1979)

LA DISOLUCION DE DOS INSIGNES REGIONES

Se dice tópicamente que en Castilla surgió Ia rebelión de las comunidades y, a la vez, que de todos los reinos de España, Castilla era la más susceptible de adaptación a las concepciones de la monarquía absoluta e imperial que Carlos V importaba de Alemania.  También es lugar común la afirmación de que a partir de Villalar la defensa del Imperialismo español y las luchas contra la Reforma impusieron a España y "especialmente a Castilla", una sucesión de guerras agotadoras y que "la mentalidad imperial de los castellanos" sería muy útil a Carlos y a su hijo Felipe en estas luchas.

De nuevo el error y la mistificación envuelven el conocimiento y el análisis de los hechos históricos; porque todos los países de los reinos de León y de Castilla, ésta y el País Vasco fueron siempre, por origen y desarrollo, los más reacios a la idea del absolutismo imperial, con la que también eran incompatibles, por su régimen constitucional y su historia, los pueblos de la corona catalano-aragonesa..

Contra la opinión interesada en presentar aquella vasta rebelión como una lucha por mantener la tradición medieval a favor de los privilegios feudales y opuesta a la idea del Estado moderno propugnada por Carlos v - opinión ampliamente divulgada durante la larga etapa dictatorial recién clausurado -, los modernos investigadores han puesto de manifiesto las tendencias progresistas de los comuneros, contrarias al poder absoluto del emperador, La mayoría de los alzados no trataba de regresar al medievo, sino de establecer un Gobierno constitucional.  Eran pues, los "populares” o "comuneros" quienes aspiraban a un Estado moderno, adelantándose a los ingleses en el camino hacia un régimen de gobierno por el pueblo..

Por un Estado Moderno

En aquella revolución se pone ya claramente de manifiesto por parte de los "comuneros" más consecuentes un sentimiento nacional español, que lejos de caracterizarlos de "retrógrados", como han tratado de hacerlo la historiografía franco-falangista, era un paso precursor hacia el moderno Estado nacional.

En cuanto a la sucesión de guerras agotadoras que la defensa del Imperio español y las luchas contra la Reforma impusieron a España, no recayeron más sobre las espaldas, la sangre y las haciendas de los castellanos que sobre los restantes pueblos de las coronas unidas de León y de Castilla (gallegos, andaluces, leoneses, murcianos... ).

Es, pues, causa de graves errores atribuir confusamente a las "comunidades de Castilla" acontecimientos históricos que se desarrollaron en todo el ámbito geográfico de los países de los reinos de León y de Castilla.  El toledano Juan de Padilla, el segoviano Juan bravo y el salmantino Francisco Maldonado, ejecutados en Villalar, figuran justamente en los anales de nuestra historia como mártires de una causa que los pueblos todos de España siempre recordarán; pero no es justo olvidar aquellos otros comuneros que, en diversos lugares de la Península, dieron también sus vidas en la misma lucha, ni los muchos que, excluídos rencorosamente del "perdón del emperador", sufrieron cruel prisión, salieron al destierro o quedaron en la miseria por haberse incautado de todos sus bienes el fisco real.  Recordemos, por ejemplo, que poco antes de Villalar cayó en Vitoria la cabeza de Gonzalo de Barahona, y que en 1524 murió en la prisión de Burgos y fue enterrado con los grilletes que llevaba en los pies, Pedro López de Ayala, capitanes ambos de los "comuneros" alaveses.

Solidaridad

El recuerdo de la revolución de las "comunidades de Castilla" ha servido de pretexto para torpes comentarios, que nada favorecen la solidaridad nacional entre los pueblos de España. Así se habla del "egoísmo" de Navarra y de los países de la corona catalano-aragonesa al dejar solos a los "castellanos" en su lucha contra el emperador; olvidando que la conciencia de una gran Nación española estaba aún lejos de ser general (13).  Navarra y los países de la corona de Aragón no consideraban como asuntos propios los pleitos que los otros reinos de España  tuvieran con el monarca; como estos reinos tampoco se solidarizaron con los aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines cuando en los dos siglos siguientes lucharon en defensa de sus libertades.  Los autores de tales comentarios pasan además por alto que los súbditos de las coronas de Navarra y Aragón mal podían sentirse obligados a solidaridad con los alzados de los reinos de León y de Castilla cuando muchas partes de estos se mantenían en el campo del emperador. Olvidan a la vez acontecimientos como las "germanías" de Valencia y Mallorca, contemporáneas de las "comunidades" y no menos dignas de recordación que éstas; e ignoran tal vez los alborotos que se produjeron en Zaragoza cuando el pueblo impidió que los nobles aragoneses enviaran tropas en ayuda de los imperiales, proclamando que Aragón no debía ayudar a quienes querían quitar sus libertades a Castilla.

La genérica atribución del nombre castellano a la "guerra de las comunidades" y el hecho de que muchos de sus episodios ocurrieran en tierras leonesas; León, Zamora, Toro, Salamanca y especialmente la actual provincia de Valladolid (la misma ciudad, Medina, Tordesillas, Torrelobatón y Villalar) (14) Son dos de los apoyos histórico-geográficos de esa visión de Castilla, centrada en la Tierra de Campos, donde la "generación del 98" creyó encontrar las esencias de lo español.

Aceptada por la burguesía agraria de la cuenca media del Duero, potenciada políticamente por el falangismo y divulgada desde 1939 por la enseñanza y la propaganda oficial, esta distorsionada visión amenaza disolver en un híbrido conglomerado castellano-leonés dos de las más antiguas e insignes regiones históricas o nacionalidades de España en el Momento en que las restantes hermanas (15) inician un prometedor renacimiento de la propia personalidad,

(15)  Hay también en proyecto otra híbrida región casteuano-manchega, que aglomerar la la región de Toledo y La Mancha (antiguo reino de Toledo o Castilla, la Nueva) con tierras vecinas de Castilla y de Murcia.

(13)  En realidad se manifiesta por primera vez con todo vigor cuando la invasión napoleónica, en 1808.

(14)  No porque fueran más "comuneras" que el resto de las comarcas alzadas, sino porque precisamente allí estaban los poderes de la corona y los personajes que la representaban; la reina Juana, en Tordesillas, y los delegados del emperador en Valladolid.

Algunos comentaristas consideran grave error de los comuneros el haber llevado la lucha al campo enemigo, en lugar de haberse hecho fuertes en sus baluartes de Toledo.  Segovia y Madrid, política y militarmente más sólidos que la llanura de Campos.,

                                                         Ciudad de México 1979

                                                         Anselmo Carretero Jimenez

                                                         Diario16 abril 1979

Revolución antiseñorial (Ansemo Carretero JIménez, Diario16, abril 1979)

REVOLUCION ANTISEÑORIAL

El gran poder señorial era la característica socioeconómica predominante en la mayoría de los países de la corona castellano-leonesa, tanto en los del viejo tronco de León (Galicia, Asturias, León y Extremadura) como en los de La Mancha, Andalucía y Murcia; pero no en Castilla propiamente dicha, donde las viejas instituciones democráticas y comuneras luchaban a la defensiva contra los continuos ataques del poder real y de las grandes jerarquías de la Iglesia y las oligarquías cortesanas aliadas al trono; ataques que se habían intensificado durante el reinado de Isabel I. Los vascos defendían también celosamente sus instituciones forales.  En algunos lugares, como Burgos y Medina del Campo, trataba de afianzarse una incipiente burguesía mercantil.

Contra lo que suele afirmar la historiografía cortesana, los Reyes Católicos no "combatieron a la nobleza para proteger al pueblo".  Su propósito era, sobre toda otra cosa, afirmar y extender el poder de la Corona; ayudando a los nobles que a él se plegaban y combatiendo a los que se le oponían.  En Castilla, donde no había existido una poderosa aristocracia, los Reyes Católicos la fomentaron para contrarrestar el poder de las instituciones populares y medrar a costa del patrimonio comunero.  La secesión de los pueblos del sexmo de Valdemoro y parte del de Casarubios (Chinchón, Villaconejos, Valdelaguna, Seseña, Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Brunete, Quijorna... entre otros, todos ellos de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia, hoy de las provincias de Madrid y Toledo), con brutal ofensa de la justicia y quebrantamiento de lo jurado, para entregarlos en vasallaje a los marqueses de Moya, por ella ennoblecidos en pago de su decisiva participación en el golpe de Estado que la elevó al trono (7), puede señalar, como hito memorable, el comienzo del absolutismo real en Castilla (8).

Como remate de las Cortes de Santiago y antes de salir para el extranjero, el rey nombró regente durante el tiempo de su ausencia a Adriano de Utrecht, designación que colmó el disgusto popular., En muchos lugares estallaron motines contra los procuradores que, cediendo a la coacción o al soborno y contrariando el mandato recibido, habían aprobado el subsidio real.  En Segovia, el pueblo castigó con la muerte la traición del procurador Rodrigo de Tordesilla y linchó a dos recaudadores de impuestos.. Se produjeron levantamientos en otras ciudades.  A finales de julio quedó constituida en Avila la Junta General o Junta Santa (porque su causa era la del pueblo y la justicia y, por tanto, de Dios), que sería la máxima autoridad común de lo que ya se había convertido en un amplio alzamiento contra la autoridad real.

El movimiento de las comunidades comenzó a transformarse en una revolución antiseñorial cuando los representantes del pueblo llano impusieron su hegemonía en la Junta de Avila (9).  En agosto, Antonio de Fonseca, capitán general de los Ejércitos imperiales, ordena arrasar con fuego Medina del Campo, uno de los centros mercantiles más importantes de los reinos de León y de Castilla, cuyos habitantes se habían negado a entregarle la artillería allí guardada y que él requería para aplastar la sublevación de Segovia.  La noticia de este incendió provocó la solidaridad y la cólera de otras ciudades y villas, que acataron la autoridad de la Junta.  Sin embargo, muchas otras partes de estos reinos permanecieron leales al emperador. la mayoría de los nobles y los vasallos de los grandes señoríos se incorporaron a los Ejércitos imperiales.

Las discusiones y los choques de intereses encontrados que se produjeron en la Junta de Avila ponen de manifiesto la heterogeneidad política y social del movimiento comunero.

La lucha por la dirección de la Junta entre los moderados que representaban los intereses de la nobleza y de las oligarquías urbanas del país, que hasta entonces se habían opuesto al emperador y sus protegidos extranjeros, y los radicales procedentes de las bases populares provocaron vacilaciones, abandonos de bando que a la larga determinaron la derrota final de la revolución comunera en el campo de Villalar el 23 de abril de 1521 (10).

La revolución, generalmente llamada de "las Comunidades de Castilla", ha sido y sigue siendo causa de muchas confusiones en la historia castellana.  Según unos autores aquello fue una explosión nacionalista; según otros, un movimiento social; muchos la presentan como un estallido de contiendas entre señores feudales y de éstos con la corona.. Y de todo hubo realmente en aquellas hondas alteraciones.  El embrollo proviene en gran parte de confundir países, pueblos, instituciones y antecedentes históricos, como si Galicia, Asturias, León, Extremadura, Castilla, el País Vasco, Toledo, Andalucía y Murcia fueran un todo homogéneo.

Ferrer del Río ya percibió la complejidad de aquel levantamiento: "Sin que redundara en provecho de ellas -dice refiriéndose a las comunidades alzadas-, hubo además trastornos en Galicia.  Badajoz y Cádiz se agitaron también en aquel tiempo; más como el elemento popular estaba poco desarrollado en Extremadura, su levantamiento vino a ser una lucha entre nobles; lo mismo que en Andalucía, donde Ubeda, Jaén, Baeza y Sevilla fueron teatro de sangrientas escenas promovidas por los bandos de Carvajales y de Benavides, de Ponce de León y de Guzmanes (11l).  Ningún apoyo directo sacaron las ciudades castellanas de la convulsión de las poblaciones extremeñas y andaluzas; tampoco salió de ellas robustecido el poder del trono, porque en los disturbios de los magnates no se trataba de obedecer, sino de quien había de mandar.  Y es cierto que, predominando la independencia feudal entre los andaluces y extremeños, alzados los castellanos en defensa de sus fueros municipales, pudo decir exactamente un contemporáneo de aquellas turbaciones "que desde Guipúzcoa hasta Sevilla no se encontraba población donde fuese acatada la voz de Carlos V."

Párrafo escrito en 1850 que aún tiene gran interés y sobre el cual conviene hacer algunas precisiones.  Ferrer del Río -como en general todos los historiadores, con la excepción de algunos hijos de tierra comunera- confunde las comunidades de ciudad o villa y tierra con los municipios, instituciones que el preciso distinguir en la historia castellana.  Sus agudas observaciones sobre Andalucía y Extremadura son extensibles a todos los países de la corona de León, pues las estructuras sociopolíticas andaluzas y extremeñas son prolongación por el sur de la Península de las genéricamente leonesas; y lo mismo se puede decir de las toledanomanchegas y las murcianas.  Por ello, porque el elemento popular tenía poca fuerza en León, aunque más que en Andalucía, Extremadura, La Mancha y Murcia -y más también que en Asturias y Galicia-, los grandes señores fueron principales protagonistas en las tierras leonesas.  En León, la lucha fue en gran parte una contienda entre Guzmanes y Lunas; en Zamora, donde el obispo, por móviles personales tomó bando con ardor, se manifestaron las rencillas entre éste y la casa de Alba de Liste; en Valladolid, ciudad con abundante clase media funcionarios, comerciantes, renteros y artesanos- que participó muy activamente en la lucha, brotaron también rivalidades entre el conde de Benavente, Girón y el Almirante; en Palencia terminó imponiéndose el poder señorial del obispo (12). . . En Salamanca y Medina del Campo es donde, dentro del reino de León, el movimiento presentó carácter ampliamente democrático: En aquella probablemente por herencia de la vieja comunidad y por influjo intelectual de la Universidad; por su condición de importante centro mercantil en Medina, municipio sin comunidad con otros, que tuvo trato comercial con el extranjero y algunas semejanzas con las ciudades hanseáticas, lo que le dio un espíritu de independencia burguesa que se refleja en el lema de su escudo:  "Ni el rey oficio, ni el Papa beneficio".

En Toledo el alzamiento tuvo el carácter de una frontal rebelión contra el absolutismo imperial, que se manifiesta en una carta del cardenal Adriano de Utrecht a Carlos V en la que le informa que los de Toledo se afirman pertinazmente por gobernarse en libertad.  En Segovia, donde aún quedaban vivas muchas raíces democráticas auténticamente comuneras, la rebelión fue amplísimamente popular y la solidaridad alcanzó niveles no igualados en ningún otro lugar; en ella participaron tanto la Ciudad como los pueblos de la Tierra.  Otro tanto ocurrió en la Comunidad de la Villa de Madrid y su Tierra.  También secundaron el movimiento las merindades de Castilla Vieja, en las montañas de Burgos (hoy provincia de Santander).  Hubo luchas en Guipúzcoa, donde la mayor parte de las ciudades se enfrentaron al corregidor nombrado por el Consejo Real.  En Alava el conde de Salvatierra, jefe de los comuneros alaveses, fue nombrado por la Junta capitán general del Norte de España.

(7) A los "condes de Chinchón" pasó después la herencia de este presatorio atropello, famoso en la historia segoviana.

(8)    Manuel González Herrero: "Segovia: Pueblo, Ciudad y Tierra" (Segovia, 1971).  Esta interesante monografía es la mejor historia hasta la fecha publicada sobre una auténtica comunidad castellana.

(9)    Aunque fueron elegidos presidentes el caballero toledano Pedro de la Vega y el deán de Avila, existía en medio de la reunión un pequeño banco donde se sentaba un tal Peñuelas, pelaire de la ciudad, que con una vara en la mano indicaba al orador que podía usar la palabra, lo que muy a mal tomaron los señores principales allí presentes

(10)  Año de la conquista de México-Tenochtitlán por las tropas de Cortés y sus aliados tlaxceltecas.

(11) Es de notar la estirpe leonesa de todos estos apellidos

(1 2) El obispado de Palencia, como el abadengo de Sahagún de Campos, fue uno de los poderosos señoríos eclesiásticos de la región leonesa.  El obispo palentino ganó a la ciudad el pleito sobre la prerrogativa del voto en Cortes.

                                               Anselmo Carretero Jimenez

                                               Diario16 abril 1979