lunes, 18 de abril de 2011

Otra lección suiza. (¿Como favorecer el empleo juvenil?. Gaudencio Hernández, Diarío de Ávila 27 mayo 2006)

TRIBUNA LIBRE
 ¿Cómo favorecer el empleo juvenil?
GAUDENCIO HERNÁNDEZ

(El Diario de Ávila 27 mayo 2006)

Francia ha vivido una de sus conmociones so­ciales, entre las más dramáticas, desde el mayo del 68. ¿Cuáles han sido las causas? En los meses del otoño último los jóvenes desocupados de los ba­rrios periféricos desencadenaron una verdadera re­belión: miles de coches fueron quemados, comer­cios y almacenes saqueados; una guerra campal contra la policía.

La lucha juvenil perdió virulencia en Navidad y el Gobierno aprovechó para elaborar un plan de empleo para los desocupados jóvenes, factores de los desórdenes y habitantes dé verdaderos ghettos. ¿En qué consistía dicho plan? Creación de una nue­va manera de empleo juvenil, estos, desocupados,; podían ser empleados bajo un contrato libre que los firmantes podían rescindir sin compensación algu­na. El Gobierno de Villepin pensó en crear un buen sistema para hacer salir del círculo vicioso del de­sempleo a los jóvenes (no conseguían un empleo porque no tenían experiencia). No lo pensaron así jóvenes y estudiantes: Era la puerta abierta para el despido libre, en un país donde el trabajo fijo es el más protegido del mundo.'

Comenzó la lucha. El Gobierno de Villepin, con mayoría en el Parlamento, presentó su proyecto de ley para la correspondiente aprobación. Pero la ca­lle, los jóvenes desocupados, los estudiantes, los sin­dicatos, en manifestaciones sin fin durante meses, paralizaron los centros educativos superiores; las huelgas en distintos sectores afectaron á la econo­mía El Gobierno cedió y retiró la ley del Parlamento. Hoy propone una ayuda a los patronos que contra­ten a jóvenes en su primer empleo.¿Qué pensar? Los demócratas dirán que en de­mocracia los problemas deben solucionarse en el Parlamento. Los que organizan las manifestaciones masivas dirán que el sentir del pueblo es lo que cuenta.
Un suizo diría que un conflicto así se resuelve por votación popular, es decir, por un referéndum.

Tal vez el silencioso, el neutro suizo tenga razón, pues ha encontrado una solución al empleo juvenil hace ya años. Hablo con conocimiento de causa; consejero social en los colegios de Ginebra, en su sección de «fin de escolaridad obligatoria». Mi rol consistía, entre otros, prever que ningún joven que terminaba la escuela, quedara en la calle sin ocupa­ción alguna. Todo joven debía o pasar al grado supe­rior o hacer un «aprendizaje en empleo» o repetir curso. Cada caso era sometido a estudio.

El
«aprendizaje en empleo» es una fórmula típi­camente suiza (fórmulas parecidas existen en Ale­mania). El joven que no puede o no quiere seguir el colegio o escuela superior técnica puede hacer un aprendizaje de dos, tres o cuatro años (según la difi­cultad) en una empresa, por ejemplo, de mecánica, electricidad, informática, construcción... El patrón se compromete a poner a disposición del aprendiz sus talleres, una persona competente que le guíe en las prácticas y a pagarle un salario (reducido al prin­cipio); por el contrario, el aprendiz seguirá uno o dos días los cursos que el Estado organizará y el res­to de la semana trabajará en la empresa unos exá­menes intermediarios y finales le permitirán obte­ner el diploma correspondiente ;Terminado el con­trato, patrón y aprendiz quedan libres de obligaciones. El aprendiz habrá roto el círculo vicio­so del primer empleo, como ocurre en Francia

La experiencia dice que la mayoría dé los apren­dices encontrarán un empleo. El 70% de los oficios técnicos y comerciales siguen este camino. Con fre­cuencia vemos aun ministro federal en economía, un responsable de un banco, un director de fábrica que ha comenzado en un «aprendizaje en empleo». Tienen fama de ser los más seguros.

Claro, me dirán algunos, Suiza puede permitirse esta fórmula por ser un país rico. (¡Ah, los bancos no nos dejan ver lo bueno que la sociedad suiza puede tener!). No está ahí el problema; el sistema se im­plantó cuando Suiza era aún pobre y
este tipo de formación cuesta menos al Estado que una escuela técnica a tiempo completo El gran reto está en con­cienciar al Estado, a los patronos y aprendices en la lucha por el bien común del país.

La adopción de esté sistema
evitaría los ghettos de jóvenes desocupados en Francia y las dificulta­des (que se ven venir) para encontrar trabajo y falta de formación técnica de la juventud española.

LAS LEYES SOBRE INMIGRACiÓN EN SUIZA (Gaudencio Hernández, Diario de Ávila 4-11-2006)

Diario de Ávila
4- noviembre -2006


TRIBUNA LIBRE


Las leyes sobre inmigración en Suiza

GAUDENCIO HERNÁNDEZ

Suiza tiene el porcentaje de población extranjera más alto de Europa (20%). Se cree que existe una masa clandestina de unas 100.000 personas (en pro­porción, España debería tener unas 700.000 ).Cum­pliendo con las normas del país (democracia direc­ta)-, el pasado 27 de septiembre el gobierno ha so­metido a referéndum, para que el pueblo decida, una Ley de Extranjería y otra de Refugiados Políti­cos. Leyes para unos restrictivas (el vaso está lleno), xenófobas y racistas para otros (como curiosidad, el ciudadano suizo para informarse sobre los seis suje­tos sometidos a votación, ha tenido que leerse más de 150 páginas). El pueblo las ha aprobado con un 70% de los votos.

Dado que el problema está candente en España, - los españoles podrán valorar esta votación. Veamos qué dice la Ley Federal sobre-los Extranjeros:

1. La admisión de los extranjeros debe servir a los intereses económicos de Suiza (Ch. 2, 3;1). Se consideran «extranjeros» a efectos de trabajo a aque­llos que no pertenecen a la UE o a la AELE (Ch5, 21, 1). ( ¿ Se desean obreros trabajadores como los españoles, los italianos o los portugueses?).
El extranjero debe poseer un carnet de identidad válido.
2. Orden de preferencia en el trabajo:

a)
Los suizos.
b) Los que poseen un título de residencia.
c) Los que proceden de un país con el que Suiza posee un contrato de libre circulación (UE yAELE).

3-. Los «extranjeros», los que desean trabajar en Suiza, deben gozar dedos siguientes requisitos:
a) Un título académico o profesional para el puesto libre que postulan.,
b) Que un patrón les firme un contrato.

4. Reagrupación familiar: .

a)
Siempre que tenga una casa y medios, suficientes para el sustento tanto de los hijos cmo de los padres.
b)
Una vez en Suiza “ legalmente” , todos gozarán de los mismos derechos sociales que los de dadanos.
5. El extranjero debe hacer
un esfuerzo de inte­gración, por ejemplo, aprender la lengua (Ch. 2, 4, 2). (¿Piensan los redactores en los coches quemados en Francia o en las bandas de delincuentes en Espa­ña?)

Dejo de lado las cincuenta páginas más en las - cuales se precisa, como en toda ley, la procedencia, casos particulares. . ¿Qué pensar de esta ley? Los di­putados en su mayoría dicen que es una buena ley, pues beneficia al país y da seguridad al extranjero. Los opositores gritan contra una ley racista y discri­minatoria…¿Y tú, amigo lector?

Vengamos ahora a la Normativa para los Refu­giados Políticos. Suiza ha tenido siempre la aureola de refugio parados perseguidos y revolucionarios del mundo. Pensemos en la Cruz Roja, en el refugio que encontraron en todas las guerras de Europa los elementos revolucionarios y marginales. Lenin salió de Ginebra para encabezar la- revolución rusa; Musolini pasó varios años refugiado en Suiza... El pro­blema hoy día es la movilidad; gentes pidiendo refu­gio del mundo entero. ¿Cómo saber si son refugia­dos políticos? Probablemente sean refugiados económicos, pues en su país se mueren de hambre. Veamos las condiciones que las normas preveen:

1.
Tener un carnet de identidad o pruebas de sus orígenes, persecuciones y torturas.

2. Que el país del que viene sea considerado en­tre aquellos que no respetan los derechos humanos.

3.
El postulante debe aceptar ser examinado en el aeropuerto de manera minuciosa (¿traficante de droga, terroristas. (Ch:2,1).

4. Será confinado en un centro especial para refugiados mientras dure el examen de su petición, donde gozará de ayuda jurídica y social (Ch.22, 4).

5. Si la petición es denegada, el postulante debe
salir de Suiza. La detención en vistas a la expulsión no debe durar más de 8 meses.

¿Que piensa el comité de oposición a dichas nor­mas? Que es una ley inhumana. ¿Cómo exigir a una persona perseguida pruebas, papeles, documen­tos... que confirmen su persecución y tortura? La ley no tiene compasión con los hijos y allegados del de­mandarte. Alguno me preguntará ¿cuál es tu parecer? No lo sé. En Suiza, cómo en todas partes, el voto es secreto..:


Trabajo y Empleo



                                   TRABAJO Y  EMPLEO

La administración local solo puede en muy escasa medida favorecer la creación de empleo y mantenerlo. Vivimos épocas en que se empiezan a recoger las consecuencias de muchos años de renovación en informática, robótica, telemática, automatización y otras muchas innovaciones técnicas que han disminuido la necesidad de  mano de obra, por lo que lo que antaño   llamaban los economistas pleno empleo es prácticamente imposible alcanzarlo. El antiguo consejero presidencial americano Jeremy Rifkin denominó la etapa actual que vivimos como la época del fin del trabajo. La expresión hay que interpretarla en un sentido relativo, es obvio que no se va acabar del todo el castigo del  trabajo, ya nos advirtió la Biblia que se trataba de una maldición de la que no nos liberaremos hasta que alcancemos la Jerusalén Celeste.

Aún quedan una serie de trabajos duros difícilmente mecanizables tales como: faenas agrícolas, albañilería, construcción, minería, reparación mecánica, pesca, hostelería y otras  que precisan una utilización de mano de obra en general poco cualificada y relativamente abundante que se encuentra no obstante hoy día bajo una fuerte  demanda debido a la marea migratoria; los patronos, en aplicación de la ley de la oferta y la demanda, la cubren con una retribución claramente a la baja de manera unas veces legal y otras ilegalmente, y esto último no pequeña medida. Aunque la inspección laboral no es competencia de la administración local si puede colaborar con ella.

La ciudad de Ávila cuenta hoy día no con una sino con dos universidades, aunque una de ellas sea solo una parte de la Universidad de Salamanca. Conviene recordar que este estatus de ciudad universitaria no es una especie de insólita situación debida al progreso y la modernidad; Ávila tuvo  universidad desde hace varios siglos en el convento dominico de Santo Tomás hasta su desaparición con la Desamortización. Pero incisos aparte, la situación actual es la de una producción anual de hornadas de titulados que obviamente el mercado laboral abulense no puede absorber ni remotamente, lo que alimenta una espiral de decepciones  y paro primero, subempleo después y finalmente emigración con  la  consiguiente despoblación de  autóctonos. Eso sin entrar en ciertas consecuencias de botellón, drogas y otras disipaciones  que puede alentar el paro.

Los jóvenes se encuentran ante un círculo vicioso difícil de romper: se busca empleo por primera vez  pero el requisito habitual es la experiencia, es decir haber tenido ya empleo; por lo que  para tener un primer empleo es menester haber tenido antes un empleo, dilema irresoluble. Y  además la acumulación de pergaminos académicos, títulos y masteres no necesariamente rompe este círculo vicioso.

Una solución aplicada en algunos países centroeuropeos (Alemania y Suiza) para evitar que cuando se acabe o se abandone por otros motivos  el instituto, el colegio, o la escuela superior  el joven quede en la calle  sin ninguna ocupación, consiste en lo que llama contrato de “aprendizaje en empleo” en una empresa de cualquier sector – electricidad, mecánica, informática, construcción, química, artes gráficas, alimentación, comercio, etc.-. Este pacto singular, de duración variable según la dificultad, compromete el patrón a poner a disposición del aprendiz los talleres y una persona competente que guíe sus prácticas y una pequeña retribución más o menos discrecional -no sometida  en principio a la reglamentación laboral-, a cambio el aprendiz se compromete a seguir uno o dos días cursos organizados por el estado y a trabajar en la empresa el resto de la semana; acabado el aprendizaje se realiza un examen y se puede obtener el  título correspondiente.  Terminado el contrato –no exactamente laboral sino de aprendizaje- , patrón y aprendiz quedan libres de obligaciones. Los datos suizos confirman que los aprendices encuentran bastante pronto empleo (evidentemente ya no el primero).

No es del todo desconocido este tipo de prácticas de aprendizaje en España, pero está restringido a ciertas profesiones, como médicos, farmacéuticos y biólogos que en principio tienen la posibilidad de acceder a número limitado de plazas de residentes en los hospitales públicos. 

En cualquier caso esta posible solución solo se puede introducir y extender mediante la práctica, el pacto y la negociación con los patrones; solo después de afianzado el procedimiento se puede plantear la eficacia de una regulación por el B.O.E.

Aquí la administración local si puede jugar un papel esencial como pionera para introducir este tipo de contratos. Por número de personal, y dinero en circulación el ayuntamiento de Ávila es de las primeras sino la primera corporación – para no usar la denominación de empresa- de la ciudad; sus tareas administrativas abracan tareas propias del, derecho, la economía, la fiscalidad, contabilidad e intervención de cuentas, la organización de trabajo, recursos humanos, la arquitectura, la ingeniería civil, el turismo, la cultura, las finanzas, el mundo editorial, la mecánica de su parque móvil, la hidrología, la química, el comercio etc. Ninguna  empresa de la ciudad puede ofrecer ni remotamente tan amplia gama de actividades,

Cualquiera que conozca el mundo de las covachuelas de la administración pública, se puede hacer una ligera idea del terremoto que supondría aceptar contratos de aprendizaje en la administración: delimitar, concretar y normalizar  tareas, regular como un reloj los circuitos burocráticos, agilizar y fluidificar los canales jerárquicos, planificar por objetivos,  delimitar funciones, programas y proyectos y un sin fin de cosas que no es que no se hagan sino que al tener que ser posible objeto de enseñanza y disertación magistral para un aprendiz a su vez ciudadano, convertirían al ayuntamiento en la más ejemplar institución humana que se recuerde en los fastos de la historia.

Predicar con el ejemplo siempre ha sido un buen antecedente para negociar cosas de amplio alcance

Otra cuestión a no olvidar es la denominada educación en casa  que a poco que alcance alguna extensión, probablemente no mucha puesto que lo bueno no abunda, necesitará de ayudas y consejos de personas con adecuada especialización que aunque dentro del ámbito del pacto privado, pueden ser alentadas por la administración local  facilitando entre otras cosas  información y orientación.












Inmigración

INMIGRACIÓN


Inevitablemente hay que pronunciarse sobre el tema de la inmigración masiva, no es posible mirar hacia otra parte con el temor de que el horrible dicterio de xenófobo o acaso racista recaiga a manera de herejía fulminante y descalificadora. Las encuestas manifiestan con reiteración que es el primero o de los primeros problemas que preocupan a la población en general y a los municipios en particular.

La llegada masiva de cinco millones de inmigrantes como poco ha generado tensiones y fenómenos imprevistos en todos los órdenes; y en vista de fenómenos como la desertización, avance de enfermedades incurables, aumento de la red de mafias que trafican con los modernos esclavos, y la expansión de los medios de telecomunicación que dan una imagen desvirtuada del mundo occidental –aunque bastante exacta de la tolerancia y laxitud de la seguridad ciudadana-, probablemente esa cifra sea muy pequeña con la relación a la que habrá presumiblemente dentro de no más de cinco años.

En la actual España se decide de las alturas ministeriales y gubernativas centrales la posibilidad de empadronar inmigrantes. Lo normal –caso suizo- es que cualquier persona sea vecino de un municipio antes que ciudadano de un estado, condición sine qua non, por lo que son en principio los municipios los que deben tener la prerrogativa de admitir o rechazar el asentamiento de nuevos inmigrantes en función de sus necesidades y no Madrid. Lógicamente en la admisión deben ser prioritarios los criterios de afinidad cultural, lengua y ¿porque no? religión; numerosos países practican esa selección, tanto más necesaria cuanto la vecindad al África islámica amenaza con una aluvión poco apetecible de tan tierna, misericordiosa y amantísima religión. Por tanto es el municipio el que debe decidir acerca de la expulsión del término municipal de los inmigrantes ilegales no inscritos en el padrón municipal; establecer el límite máximo de presencia inmigrante en cada municipio; evitar la formación de guetos o la presencia de inmigrantes en un barrio más allá de un porcentaje inquietante.

A este respecto se deben dotar o aumentar las competencias de las policías municipales en materia de extranjería.

Una cosa tan elemental como la preferencia nacional parece que hay que recordarla una vez más La vecindad municipal junto con la nacionalidad española –autóctonos-deben ser prioritarias a la hora de concederse ayudas sociales, becas y gratuidad en los libros de texto, evitándose la situación actual en la que este tipo de ayudas van a parar casi en un 100% a población inmigrante –alógenos-.

En lo que se refiere a las posibles ofertas de trabajo o viviendas municipales vale la misma prioridad de que los beneficiarios de estas ofertas deben ser, inicialmente, los ciudadanos españoles empadronados en ese municipio.

La cautividad hacendística y fiscal de los municipios puede estar tentada con el puro aumento cuantitativo de la población, que hoy por hoy no se puede hacer más que a expensas de la población inmigrante; que cada vez tendrá menos las características de una población iberoamericana con más o menos afinidades, para ser mayoritariamente africana e islámica con su proverbial predilección por el derecho civil, el humanismo cristiano y su antipatía manifiesta por el tierno Corán.

A su vez algunos partidos quizá puedan sucumbir al espejismo de que algún día las masas islámicas inmigrantes se laicizarán por arte de magia al estilo descreído y occidental y votarán partidos progresistas y casquivanos de todo pelaje; en consecuencia no dudan en alentar legalizaciones masivas que a manera de boomerang generan un efecto llamada que vuelve a poner el problema de la inmigración a un nivel aumentado y corregido a peor. La ambición de poder es capaz de imaginar escenarios de Antoñita la Fantástica. Las cosas no son exactamente como se desea, el caso de la vecina Francia o de Gran Bretaña es muy ilustrativo a este respecto, y ya Giovanni Satori, premio Príncipe de Asturias, ha advertido que un verdadero musulmán por principio no es y no será nunca un ciudadano al estilo occidental, y su posible integración es más bien una quimera bientencionada para tranquilizar conciencias blanditas, tiernas y políticamente correctas. El que tenga oídos para oir…

Una sociedad intermedia: el municipioo abulense

1. COMUNIDAD SOCIAL INTERMEDIA

Para empezar de una manera impresionante vamos a partir de que el hombre es un animal social, político incluso, cuya naturaleza esencial se realiza del modo más pleno en una sociedad democrática en cuya vida política se dé una amplia y vigorosa participación. La sociedad humana está creada para la plenitud, para la felicidad de todos los miembros y no para el consenso de unos pocos.

De una manera más concreta nos referiremos a una sociedad de carácter intermedio como es la sociedad municipal abulense de la que evidentemente podemos afirmar no realiza, ni de lejos, de modo pleno la naturaleza esencial del hombre, ni está creada para la plenitud y felicidad de los abulenses aunque si efectivamente para el consenso de unos pocos; además de que solo se podría adjuntar el calificativo de sociedad democrática de una manera muy dudosa y sin embargo se podría afirmar con toda seguridad que se da  en ella  una débil y anémica participación. 

Si las cosas son de esta forma ¿Cuales serían las condiciones para un correcto  funcionamiento de una sociedad intermedia como es la sociedad municipal?

Las condiciones esenciales son:

a) Que, dentro de su ámbito social, gocen de la máxima libertad para el logro de sus fines espe­cíficos, evitando «la intrusión de una institución como es el Estado político en zonas de influencia que corresponden a otras instituciones».

Se podría pensar que lo local, el ayuntamiento, el cabildo, la diputación y otros organismos locales, son algo diferente de ese monstruo frío y total que es el estado, pero no es así exactamente, la regulación local viene impuesta hoy día desde arriba, con ligeros recuerdos de prácticas de antaño pero nada más. Resumiendo con brevedad el ayuntamiento actual  es el último y despreciado apéndice del omnipresente estado, delegado hoy día en ese moderno aspirante a estado que es la autonomía.

b)  Autarquía, precisa para que el gobierno de las asociaciones inter­medias se quede en manos de sus propios representantes, no en las de tecnó­cratas, ni de teóricos, ni tampoco «en manos políticas, abstractas y despersonalizadas».
Hoy día la sociedad municipal en sus gobernantes y representantes está en manos de partidos políticos, cuyos ediles impuestos en cónclaves secretos  son unas veces autóctonos y otras foráneos.

Municipio de Ávila  está regulado por  una ley de bases que apenas permite su autonomía, con una praxis administrativa, jurídica y económica llena de condicionamientos por el estado y la Junta de Castilla y León,   que  apenas da de si una autogestión anémica tamizada por  una ideología partidaria  imperante, que independiente de su tendencia es casi siempre estatalista y dependiente de las cúpulas madrileñas, que  apenas ve en el municipio  algo más que el último apéndice de la administración central,  compromete seriamente su autodefensa como organismo autónomo autogestionado.



c) En la cos­tumbre, en los usos tradicionales de un pueblo y en los innumerables medios de adaptación con que los seres humanos demuestran ser due­ños de su destino de forma que los gobiernos no pueden ni siquiera comprender. La libertad se mantiene «en la medida en que es po­sible proteger de la interferencia del gobierno y de la legislatura, a un sector de la sociedad que se gobierna por medio de lo espontáneo, de lo sancionado por la costumbre y sancionado por la tradición»; pues costumbres y tradición «constituyen la verdadera esencia de la moralidad y, por lo tanto, de la resistencia a la opresión y a la co­rrupción».

Se refiere claro a costumbres y tradiciones de hombres libres, puesto que ha imperado por estos pagos malas costumbres de caciquismo, cooptaciones, dedocracias, padrinazgos y corrupciones varias que han formado una negra tradición

Es ciertamente muy divertido que manden los de siempre, el partido de siempre, durante largas décadas, con su extenso cortejo de prebendas clientelares, enchufes y prepotencias, tan independientes que la cúpula partidil  envía incluso a foráneos para ser alcaldes de la colonia abulense, ¿ se acuerdan de Agustín Díaz de Mera?. Y más divertido aún, y más grave, una oposición contenta solo de tener unos carguitos y unas prebendas, y que duren, que por otra parte la cháchara de quejarse de los eternos carcas es muy sencilla y da lustre

Entre las condiciones externas para el buen funcionamiento de una sociedad intermedia como la municipal y para la consecuente defensa de las libertades figura en primer lugar el mandato imperativo, «El concejal no irá a disputar al Ayuntamiento, sino a pedir y votar lo que le manden los que le hayan designado. Y ha de jurar no recibir honores ni merced alguna durante el cargo.»

En la práctica el mandato imperativo constituye un elemento de contención del poder, sobre todo en el terreno económico, pero no tanto por esas funciones limitativas como por los contrapoderes que representa, esto es el conjunto de vecinos independientes del poder público».

Sería ocioso decir que el derecho político moderno no contempla desde la Revolución Francesa más que un etéreo y vaporoso mandato representativo que no compromete prácticamente en nada a los representantes elegidos; lo que permite como práctica normal el incumplimiento de las promesas electorales, en las que nadie cree ya seriamente. No existe el mandato imperativo es decir que el concejal no tiene que pedir y votar lo que le manden; reconociendo por otra parte que los votantes no le piden nada puesto que lo único que han hecho es votar por un partido, que ha colocado el orden de sus candidatos sin contar para nada con el votante, es decir ni siquiera listas abiertas. Maravillas del individualismo moderno


2 EL DERECHO A PARTICIPAR  Y SISTEMAS REPRESENTATIVOS

Los actuales ayuntamientos como sociedades intermedias que son adolecen, de insuficiencias gravísimas tanto esenciales como externas para un funcionamiento acorde con la defensa de las libertades. En tales condiciones se debe abordar en que queda el derecho a participar y en que consiste la representación del ciudadano vecino

De una manera muy somera se pueden reducirse a uno el sistema de democracia liberal  moderna que invoca la soberanía popular: la elección de represen­tantes, entre los propuestos por los diversos partidos políticos, que compiten entre sí para ostentar temporalmente la representación po­pular.

Hoy, consolidada la partitocracia, «la soberanía popular se ejerce optando entre oligarquías»

En el caso abulense para más inri los partidos ni siquiera son autóctonos sino más bien obedientes a la voz de su amo situada en Madrid .


A  los ciudadanos en los pueblos democráticos, «se les hace alterna­tivamente los juguetes del soberano y sus amos, más que reyes y menos que hombres». O, según dijo Costa de los liberales españoles de su tiempo: «Piensan que el pueblo ya es rey y soberano porque han puesto en sus manos la papeleta electoral: no lo creáis, mientras no se reconozca además al individuo y a la familia la liber­tad civil y al conjunto de individuos y de familias el derecho com­plementario de esa libertad, el derecho de estatuir en forma de cos­tumbres, aquella soberanía es un sarcasmo, representa el derecho de darse periódicamente un amo que le dicte la ley, que le imponga su voluntad.

Para ser candidato y así elegido, la mejor cualidad es per­tenecer a la cofradía de quienes gobiernan, y sobre todo poseer la habilidad de saber hacer las elecciones, o sea asegurar al gobierno un diputado que se avenga a entrar dócilmente en el servum pecus de la mayoría parlamentaria».

Las redes clientelares , enchufísticas y favorísticas asfixian literalmente la ciudad de Ávila y su provincia, y la sola idea de encabezar una lista verdaderamente independiente da terror, horror y pavor a los ciudadanos del común, por pequeña y ridícula que sea su fuerza electoral;


El poder representa a la sociedad política en cuanto ésta constituye una unidad; la sociedad se representa ante el poder en cuanto multiplicidad, es decir, en la pluralidad de los grupos y ciudadanos que la componen y las diversas aspiraciones de sus miembros, con sus di­versos intereses y opiniones: reales en la representación corporativa, predominantemente ideológicas en el régimen de partidos. Cuando el poder es asumido por la asamblea representativa, se confunden la representación por el poder y la representación ante el poder, lo que implica a su vez la confusión entre representación y poder po­lítico.
La representación de la sociedad en el poder, conduce al go­bierno representativo, característico de las sociedades organizadas, cuyos órganos representativos colaboran con el poder en el gobierno. Esa colaboración tiene diversos módulos y se efectúa de diversos modos, que oscilan de lo meramente consultivo hasta la participación en el poder.
La sociedad vecinal abulense no es consultada para nada, aunque no deja de haber todo un conjunto de disposiciones que en teoría se lo permiten tanto en la Constitución Española:

Art 9.2 facilitar participación ciudadana
Art 23.1 participación directa ciudadana en asuntos públicos
Art 93.2 Competencia Autonomías sobre consultas populares
140CE (elección y revocación alcalde-recall-)
149.1.1 derecho participación
149.1.32 consultas populares (estatales, municipales autonómicas, comarcas, mancomunidades de municipios, juntas municipales de distrito…)

Como  la Ley de Bases de Régimen Local ( Art 71 Referéndum municipal). Ciertamente que todas estas posibilidades, lejos de la libre disposición de los vecinos, están controladas por el gobierno de la nación; pero el estado de indiferencia y sumisión es tal que nunca se han usado las virtualidades contenidas en tales disposiciones. Demasiadas veces se atribuye un abuso de autoridad al partido o coalición de partidos gobernante, pero pocas veces se recuerda las posibilidades de voz que tiene reconocido el pueblo, y también de la responsabilidad que tiene el o los partidos de la oposición de instigar la expresión de la voz popular. La culpa hay que dividirla en varias partes

Y desde luego Don Juan pueblo después del día de las elecciones no participa en el poder ni poco ni mucho. 
El gobierno representativo se esfuma cuando la representación se apoya abstractamente en el pueblo soberano, confundiéndose la representación y el ejercicio del poder en el órgano representativo. Así, ocurre, a partir de la Revolución francesa, casi sin excepción en los regímenes denominados democráticos. «Una representación abstracta, que concretamente no representa nada, y en que la amplitud del mandato o delegación recibida por cada diputado desvanece la relación entre su propia vo­luntad y la voluntad del cuerpo electoral.

El diputado «no repre­senta a los electores, como ocurría en tiempos del mandato impera­tivo, sino a la propia nación, y la voluntad nacional se corporifica en la voluntad de sus presentantes». Cuyos miembros no quedan ligados bajo mandato imperativo con los sec­tores naturales del pueblo dotados de vitalidad propia. En esos casos, esta mínima participación por el sufragio se agota con la emisión del voto.

Básicamente el pueblo sabe muy bien en el fondo que con la democracia de diez minutos cada cuatro años, el poder no está en sus manos; lo demás es irse por las ramas. Y eso justamente no lo va decir ningún partido convencional.


 La verdadera participación, es una interacción entre lo múltiple y lo uno. Una inte­racción que confiere a la multiplicidad un cierto sentido de unidad funcional superior. No hay, si lo múltiple desaparece absorbido en la uni­dad superior.

En palabras más claras la vecindad abulense desaparece en su multiplicidad de asociaciones y necesidades varias en el reducido juego de intereses, pactos, enjuagues y componendas de los partidos políticos que acuden a los plenos.

 La participación real desaparece sustituida por una pseudo-participación que se limita a discutir en una asamblea y, al final, a emi­tir, un voto para afirmar una pretendida «voluntad colectiva», o sim­plemente para desginar uno o varios representantes comunes, ya sea con mandato imperativo o bien sin él.

Es preciso concluir que  en la actual sistema parlamentario –lo de democrático es una injustificada extensión- la participación no es más una ceremonia para testimoniar la adhesión momentánea a un partido; breve ceremonia de escasos minutos a realizar cada cuatro años probablemente para elegir  “a los de siempre”.

De hecho apenas le queda al ciudadano vecino más que un vago derecho a informarse, que regoje el título VII del REAL DECRETO 28-11-1986, núm. 2568/1986, Aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico; veránse aquí las amplios derechos reconocidos a los vecinos que hasta para obtener información dependen de la discrecionalidad del alcalde.    

La verdadera participación, como armonía de lo múltiple con lo uno, requiere diversidad de competencias en la unidad superior y de cada elemento de la pluralidad. Competencia que de modo natural es determinada dinámicamente por el llamado principio de subsidia­riedad, que va fijando la competencia que corresponda a cada asociación más amplia para suplir o complementar lo que sus elementos integrantes no puedan realizar.

El mayor error consiste, confundiendo los términos, en querer que participen todos en todo, en lugar de participar actuando cada cual en su propia esfera de competencia.  
Finalmente, se llega a la fase de confusión de gobierno y representación, con el for­talecimiento del ejecutivo y el caos parlamentario, vuelve a intentar aquél que la autoridad repela la representación; o, tal vez, más aún, trata de que una manipulada representación facilite la mayoría par­lamentaria al partido que detenta las palancas de mando del mismo ejecutivo.

El simulacro teatral es total, electores que no ejercen su función de mandar, representantes de ninguna función mandada, y espejismo ilusorio de realización de ambas vacuidades a la vez. Acabada la representación teatral el cuerpo electoral no tiene ya nada más que elegir, en realidad no ha elegido nada relativo a sus verdaderos intereses, sino una especie señuelo electoral en general fantasiosos más o menos atractivo por sus etiquetas y rótulos que venden con mayor o peor fortuna a la masa electoral; invento o fábula, según los casos, que ni siquiera hacen los partidos sino más bien sus cúpulas., y si obedecer sin rechistar a sus denominados representantes que con un truco consentido pretenden llevar a cabo sus manejos diciendo que eso es lo que ha elegido el pueblo, en torpe confusión de elección con sugestión. 


 3 LIBERTAD Y PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

De una sociedad intermedia con escasísimas condiciones para preservar la libertad, con un sistema electoral que anula la participación efectiva, cabe aun preguntarse que residuo de libertad le queda .

 "La ignorancia y consiguiente no aplicación del principio de subsidiariedad y en menor medida su imperfecta apli­cación, son sinónimos de modo proporcional al aplastamiento del hombre y de la sociedad por parte de la autoridad, sea ésta el padre de familia o la autoridad civil. Si lo anterior acontece y en la medida en que acontezca, significa que una tal sociedad esta regida por la fuerza física impuesta a los hombres como norma ordinaria de gobierno antes que por normas de razón, pues la violencia es la única fuerza que puede, aunque no indefinidamente, aplastar a la razón que brota con potencia irresistible de la natu­raleza humana para gobernar a los hombres y a los pueblos, la que reclama libertad para actuar y lograr su plenitud."

Naturalmente hay toda una corriente de opinión, con abundantes medios a su disposición que limita el dicterio de democracia, a depositar un voto cada cuatro años en una urna en listas cerradas en las que no ha intervenido en absoluto en su confección. Se hablará incluso del gran avance que supone eso con relación a la anterior dictadura, cuya diferencia básica es que antes había un solo partido y ahora dos partidos del mismo sistema. Obviamente poco o nada tiene de democracia tal sistema, si atendemos al significado etimológico de la palabra: poder del pueblo. El pueblo manda poco o nada, el parlamento o asamblea si decide; por tanto se debería hablar de un régimen parlamentario, no de una democracia. Claro que al ser los partidos parlamentarios quienes parten el bacalao, sería mucho más correcta la denominación de partitocracia.    

Destruir esa participación y violar así el principio de sub­sidiariedad, implicaría la muerte de la libertad de pensar, base del uso de todas las demás libertades, que asumirían unas pocas men­tes, que con "cultura de confección" mal alimentarían a una masa maleable y manipulable.
Así se realiza el fenómeno que se ha denominado "masificación dirigida".

De una manera más se podía hablar de rebaño de borregos sumisos o borreguez sumisa.
 Un dato bastante conocido en los medios de comunicación es que el 93 % del personal dirije sus reacciones marcados claramente por las informaciones y sugestiones de los medios, y ahí no hay nada que rascar. Ahora bien queda un 7% que se  informa y decide en función de criterios distintos: boca a oído, conferencias, Internet, cartas personales, aperitivos de caña y vermut, y otras que no necesariamente coinciden con  la propagante asfixiante y brutalizante de una campaña electoral habitual.


 "En todas las democracias, las elecciones llamadas por sufragio directo, salvo excepciones sin importancia, son siempre elecciones de segundo grado; el primer grado lo constituye la elección secreta de los par­tidos, y el segundo, la elección pública de los diputados por los electores. Pero, los electores no eligen a quien quieren, sino a quien pueden, y su elección tiene que limitarse al reducido margen de se­lección que da la lista de los candidatos", siendo así que "el pri­mer grado de la elección se hace por gente parcial e irresponsa­ble". "Todos sabemos a qué descrédito ha llevado este sistema a los Parlamentos. En lugar de estas prácticas espúreas e insinceras —pro­pone—, el Estado moderno limitará la función del elector al área de su observación directa, es decir, al distrito municipal." Así: "Los concejales formarían el cuerpo electoral para la diputación regional, y los diputados regionales eligirían el Parlamento, que, a su vez, elegiría el Gobierno."

Lo cierto es que, tanto con dictaduras como con democracias de sufragio directo ocurre que la libertad política y la libertad ci­vil, y con ellas, la misma libertad de pensar, han ido mutilándose a medida que han ido siendo asumidas por el Estado aquellas fun­ciones y atribuciones que orgánicamente competen a la pluralidad de asociaciones humanas.
Lo que parece estar en juego siempre en las elecciones, es un programa optimista bien repleto de cifras y declaraciones altisonantes, muy importantes para el que tiene serias probabilidades de ganar; a la oposición le basta corregir al alza ligeramente las cifras. Todos los puntos de un programa – con cifras o sin ellas- son en buena medida subjetivos, de ahí las tendencias y orientaciones; no hay ningún programa que no las tenga. Lo curioso es que estas cifras que la final se traducen en cifras monetarias no salen de los arcas de los partidos, sino que  se la van a sacar al sumiso pueblo que vota. Ante surge la pregunta ¿y no sabrá la ciudadanía, el vecindario o cada Juan particular mejor que nadie lo que quiero hacer con el  dinero de su bolsillo ? Otra cosa distinta es que el gobierno subsidie en la medida que se pueda  los cometidos que los superan.

En fin, el principio de subsidiariedad debe mostrar lo que con el esfuerzo personal o asociado, a través de las asociaciones intermedias, sean asociaciones sociales básicas o asociaciones voluntarias, debemos realizar personalmente o en común o asociadamente, en lugar de pedírselo todo al Estado, que —repetimos una vez más— nada puede dar a la sociedad si previamente no se lo ha detraído; ya que cuanto más le pedimos más promovemos e impulsamos su om­nipotencia. Y pidiéndoselo todo nos sometemos a soportar su tota­litarismo.

Ahora bien, queda en pie otra pregunta: ¿Qué podemos hacer para que se convierta en realidad esa propuesta u otras semejan­tes? ¿Cómo podemos lograr algo quienes pensamos así? ¿Tenemos en frente todos los regímenes del mundo, y no contamos con cola­boración alguna de los mass media, dominados por las corrientes actuales?

 Podemos luchar para suscitar y formar una opinión que, poco a poco, vaya adquiriendo peso, hasta llegar a ser decisiva, si es posible.

Desgraciadamente identificada la política moderna con los partidos, el ciudadano o vecino de a pie desconoce que la antigua Comunidad de Villa y Tierra de Ávila se regía por una asamblea en la participaban todas las familias, es decir por una democracia directa. Cosa hoy probablemente imposible debido al tamaño de la ciudad. Igualmente desconoce que existen unos procedimientos, llamados en Suiza “democracia semidirecta”, que entre otros comprende el referéndum popular en diversas modalidades, la iniciativa legislativa popular y el derecho de revocación, rotación de cargos en las asambleas; además de otros que fueron antaño típicamente españoles, tales como el juicio de residencia. Mediante estos procedimientos es posible recuperar la representación real del pueblo en el poder, el sentido del mandato imperativo y el principio de subsidiariedad. 

El pueblo y no los partidos  deben ser el primero y el último en tomar decisiones a través de esa dos medidas de “democracia semidirecta” que son la iniciativa legislativa popular y el referéndum popular.¿ Que es difícil o imposible?, también se pensaba antiguamente que la esclavitad era una condición natural  inamovible, y locuras extravagantes y revolucionarias las pretensiones abolicionistas.

El referéndum popular es un derecho gracias al cual el pueblo suizo tiene mucho  menos que otros pueblos  la impresión de que los poderes delegados a sus representantes elegidos se le escapan.  Habida cuenta de que la representación es la mayor parte de los casos no es tal  sino  un enrarecido sofisma con el que se trata de encubrir un teatro de suplantación, no es nada raro que entre los españoles  la sensación de que el poder, no ya es que se escape de las manos, sino que les es absolutamente ajeno es rotunda y  total.

El derecho de participación popular denominado “democracia semidirecta”, en cuanto instrumento de oposición es lo menos que desean los partidos mayoritarios; precisamente  la instauración de ese mecanismo de “democracia semidirecta” que es el referéndum popular, en principio bastante más incontrolable por los poderes establecidos que el raro referéndum reglamentario. En la Confederación Helvética es tan importante el refrendo popular en cualquiera de sus niveles que condiciona de manera decisiva el funcionamiento del ejecutivo; la posibilidad de que la oposición tenga capacidad de movilizar la opinión ciudadana con vistas a un referéndum en un tema concreto – muy diferente de los juegos de prestidigitación de una campaña electoral ordinaria-  implica la necesidad de hacer y rehacer constantemente pactos de gobernación, lo que a menudo redunda en favor de don Juan pueblo. Porque, esa es otra, a todos los niveles los gobiernos helvéticos son colegiados, es decir que participan proporcionalmente a las organizaciones políticas en liza, y no solo eso sino que los cargos son rotativos, nada estridente desde el momento en que la responsabilidad es colegial, y la presidencia de los consejos también, habitualmente rotan anualmente por orden de antigüedad.

El poder político  por principio no se controla a si mismo, sino que pretende más poder todavía; quien fuera un cándido Montesquieu. Por tanto se impone con evidencia una conclusión meridiana: solo la soberanía social puede poner un dique  y una limitación al poder electo, el hecho de su elección por un procedimiento democrático no es ninguna garantía de su honradez. Y no esta mal que cada cargo electo tenga en cuenta   que al final de su mandato le espera un cotilleo minucioso de su peculio, el antaño llamado juicio de residencia.

Pero podemos y debemos hacer más: actividades de acción familiar, empresarial, sindical, municipal, En esta obra de promoción auxiliar, de asistencia, de información, de concertación, de coordina­ción. Para, en el ni­vel más en contacto de la realidad, volver a restaurar las colec­tividades locales, las funciones profesionales, mostrando, a la vez, su razón de ser y los resultados que pueden obtenerse en ese nivel. Hay que organizar redes de sostén, de protección, de información y de orientación en todas las escalas de la sociedad.
No estaría nada mal que la administración local ayudara y alentara a los que se han decidido por este estilo de enseñanza libre y de excelencia llamada educación en casa, que además no cuesta un duro al contribuyente. Tal vez podría ayudar a crear preceptores –que no profesores- que ayudaran en el sentido deseado por esas pocas familias pioneras que han optado por la libertad de enseñanza –libertad frente al frío monstruo estatal-; de paso eso podría ser una nueva aunque pequeña ocasión de empleo para aquellos con vocación más de enseñanza libre y creadora  que de funcionatas de la máquina del vacío estatal. Es posible que algunas mujeres prefieran educar a sus hijos a un mediocre trabajo por cuenta ajena. 

En lo que se refiere a trabajo instaurar el contrato de “aprendizaje en empleo” en una empresa de cualquier sector – electricidad, mecánica, informática, construcción, química, artes gráficas, alimentación, comercio, etc., a la manera de Suiza y Alemania. Este pacto singular, de duración variable según la dificultad, compromete el patrón a poner a disposición del aprendiz los talleres y una persona competente que guíe sus prácticas y una pequeña retribución más o menos discrecional -no sometida  en principio a la reglamentación laboral-, a cambio el aprendiz se compromete a seguir uno o dos días cursos organizados por el estado y a trabajar en la empresa el resto de la semana.

Aquí la administración local si puede jugar un papel esencial como pionera para introducir este tipo de contratos. Por número de personal, y dinero en circulación el ayuntamiento de Ávila es de las primeras sino la primera corporación – para no usar la denominación de empresa- de la ciudad; sus tareas administrativas abracan tareas propias del, derecho, la economía, la fiscalidad, contabilidad e intervención de cuentas, la organización de trabajo, recursos humanos, la arquitectura, la ingeniería civil, el turismo, la cultura, las finanzas, el mundo editorial, la mecánica de su parque móvil, la hidrología, la química, el comercio etc. Ninguna  empresa de la ciudad puede ofrecer ni remotamente tan amplia gama de actividades,

Dado la magnitud progresivamente creciente el actual desempleo, conviene ir abandonando el discurso oficial de que aquí a unos meses se empezará a resolver el problema del paro; discurso reiteradamente desmentido por la tozuda realidad. El número de parados sin subsidio alguno va a aumentar de manera fatal y trágica, y  las posibilidades de subsidio estatal cada vez menores debido a los problemas insalvables de la deuda pública. Y va ser entonces el momento de remover recursos, capacidades y talentos  inutilizados, a través de dos procedimientos que han demostrado efectividad: Bancos de tiempo y las Redes de trueque con dinero alternativo, que ponen en contacto directo al productor y al consumidor, sin intermediarios y sin recurrir a préstamos bancarios. Esta unión de la función de productor y consumidor es la única que en situaciones desastrosas como la actual puede dar respuesta al problema de la ocupación, en el sentido de la ayuda mutua que debería sustituir a la competencia estéril, al lucro y a la especulación. Naturalmente que al poder no le conviene que este sistema prospere y se conozca cabalmente.

 La diferencia esencial entre las monedas alternativas y el dinero oficial es que con las primeras no se puede especular y, por tanto, no tiene sentido acumularlas; al mismo tiempo que cuestionan la cruda mercantilización de las relaciones sociales; un ejemplo a seguir a este respecto es el proyecto SCEC Solidarietà Che cammina implantada en todas las regiones de Italia, de acuerdo con las pautas de  crítica monetaria del profesor Giacinto Auriti.


Otra modesta propuesta sería ayudar a los jubilados que voluntariamente lo quieran a montar circuitos par enseñar los rincones más inéditos y más alejados de circuitos turísticos habituales de la ciudad a los foráneos, de manera gratuita, amigable y distendida. 

La transmisión de la experiencia de los jubilados a niños y adolescentes, de oficios y  trabajos que han sido arrinconados por la mecanización e informatización de la sociedad y que probablemente desaparecerán con los actuales jubilados. Organizar periodos de exposición de estas actividades, coordinarse con escuelas e institutos si es una tarea que cae de pleno en el ámbito de la administración local.

La vivienda de protección municipal para las familias jóvenes debe estar subvencionada y ser la primera de una serie de medidas sociales para favorecer la paternidad y la revitalización de nuestra demografía.

Una cosa tan elemental como la preferencia nacional parece que hay que recordarla una vez más La vecindad municipal junto con la nacionalidad española –autóctonos-deben ser prioritarias a la hora de concederse ayudas sociales, becas y gratuidad en los libros de texto,
En lo que se refiere a las posibles ofertas de trabajo o viviendas municipales vale la misma prioridad de que los beneficiarios de estas ofertas deben ser de preferencia nacional.


Y, en todo caso, hay que tratar de hacer oír la voz de las sociedades intermedios, para imponer su respeto y defender su autono­mía, ya sea directamente o, al menos a través de la trama de los partidos políticos. E, incluso, se puede intentar la organización de partidos no ídolos sino defensores de realidades concretas.

Esta es justamente la situación en que se presenta esta candidatura, independiente pero dentro de las siglas de un partido que propugna realidades concretas, más fácil que la siempre ardua tarea de cosechar firmas para una agrupación electoral, solo posible si estuviera previamente sembrada y esparcida una opinión sobre la auténtica democracia participativa muy distinta de la democracia formal electiva, pero ampliamente descocida por el personal.  


No debía tenerse miedo a la liber­tad en esa empresa restauradora de devolver a la sociedad su pro­pia espontaneidad asociativa. Esa restauración no habrá de ser obra del Estado -o sus sucedáneos autonómicos-, sino que éste solamente debería crear las necesarias condiciones de vida para que la sociedad misma vol­viera a realizar sus fines naturales y readquiriera el dinamismo pro­pio que cristalizara en instituciones adecuadas y eficaces.
Refiriéndose la libertad a la plenitud de realización del hombre en la sociedad como se decía al principio, y no a esa libertad en sentido negativo de ausencia de restricciones, que es la única que se vocea cuando se le añade sistemáticamente otro vocablo: democracia; equívoco malévolo puesto que de lo que se trata realmente es de la partitocracia de los regímenes parlamentarios.






Representación


                                  REPRESENTACIÓN


Otra vez elecciones, otra vez elección de representantes; pero ¿representantes de quien? la respuesta tópica y lábil es: representantes del pueblo, cosa que según las muy diferentes nociones de pueblo, de las que no es cuestión profundizar ahora, puede ser completamente incorrecta, por lo que es preferible decidirse por representantes de los electores.

Ahora bien lo más general que se puede hablar de la representación es que la representación es siempre una función, en otras palabras la representación es siempre funcional, no cabe en ese sentido representar en abstracto a un ser humano, que es justamente el significado implícito de los medios, con cargas emocionales de diversa intensidad según el lugar y el tiempo.  Retrotrayéndose pues a la noción de función, cabe pues hablar de la función ciudadana del hombre más o menos reconocida potencialmente en su condición de elector, cuyo dominio de definición no contiene la humanidad total. Pero el estado democrático liberal cree en la posible la reducción total del ser humano a su condición de ciudadano y de elector, henos pues reducidos a la obviedad y trivialidad de una función identidad, el ciudadano elector   es el ser humano en su totalidad, no quedan resquicios relevantes fuera de esa identidad trivial y reductora. Esa totalidad potencial atribuida al ciudadano es por otra parte un nulidad factual como bien decía Hegel: el todo es la nada. Esa totalidad del estado cuyo fundamento es el ciudadano, es nada para el ciudadano en cuestión, en otras palabras al ciudadano le importa un rábano esa imponente totalidad del estado. Es tan ajena a él que no duda en proyectar sus males sobre ese extraño y atribuirle  cuando así lo crea toda clases de perversidades; en España cuna inveterada de toda clase de anarquismos se sabe un poco de eso.

Se podría pensar que lo local, el ayuntamiento, el cabildo, la diputación y otros organismos locales, son algo diferente de ese monstruo frío y total, pero no es así exactamente, la regulación local viene impuesta hoy día desde arriba, con ligeros recuerdos de prácticas de antaño pero nada más. Resumiendo con brevedad el ayuntamiento actual  es el último y despreciado apéndice del omnipresente estado.

Una buena ilustración de esta situación la proporcionó en su día Salvador de Madariaga :

«No considero que el sufragio universal directo sea condición esencial ni del liberalismo ni de la democracia.  Estimo que el sufragio universal directo no pasa de ser un mecanismo sociológico-político que cabe adoptar o rechazar sin tocar para nada a los principios.  A mi ver, el sufragio universal directo sólo puede funcionar bien en comunidades pequeñas, y, por tanto, hay que limitarlo al Municipio Pero en cambio, este Municipio, hoy privado de vitalidad política por la centralización, debe asumir amplios poderes que hoy usurpa el Estado central y, en particular, la iniciativa en cuanto a los impuestos, de modo que los organismos más vastos, como la provincia, la región o el Estado federal, recibieran sus fondos del Municipio, y no como hoy, al revés.  Los Municipios serían, pues, Estados casi soberanos, lo que sitúa la limitación del sufragio directo al Municipio en su verdadera perspectiva, ya que el ciudadano gana en poder de gestión inmediata casi todo lo que pierde en amplitud de ese voto teórico y más bien vacío que ejerce cada cinco años, y que apenas si consiste en otra cosa que el meter el boletín en una urna.  Estimo también que la nación no es la suma aritmética de sus habitantes, sino la integración de sus instituciones y que, por consiguiente, los Municipios, una vez constituidos, no deben quedarse - como hoy sucede- al margen de la corriente vital que va del ciudadano al Estado federal.  Porque hoy esta corriente los rodea y aísla de la vida nacional, reduciéndolos a la administración de tranvías y alcantarillas.  Los individuos sueltos eligen hoy el Parlamento y el Gobierno sin consideración alguna para con el parecer municipal, parecer que en el plano de las instituciones políticas se me antoja más importante y más competente que el del individuo.  Mi crítica apunta a la usurpación por los partidos de una función que en realidad incumbe a los Municipios.  Los partidos son abstractos e ideológicos, mientras que los Municipios son concretos y empíricos.  El ciudadano que viera limitado su sufragio al Municipio, puesto que éste quedaría elevado a una cuasi soberanía, tendría que aplicarse mucho más de lo que hoy hace para seguir de cerca la vida municipal.  Si, para concretar, aplicásemos este sistema a España, los ciudadanos elegirían los concejos; éstos, los concejos de comarca; éstos, los doce Parlamentos' uno por cada región o país, y los doce Parlamentos elegirían un Senado nacional que se ocuparía tan sólo de los asuntos cuyo interés abarcase a la nación entera.  No alcanzo a comprender por qué ha de escandalizar este esquema a los liberales demócratas.  Por tanto, eliminaría los dos males más graves de que adolece el sistema actual: los «slogans» y el alto costo de las elecciones, que supeditan la vida política al dinero.

(diario “Excelsior” de Méjico 1958):

Así pues la antigua participación concejil castellana, foro singular de libertades forales, de dignidad y de orgullo se ha convertido en virtud del progreso de los tiempos en administrar unas migajas de lo que el estado se ha dignado dejar, que en lenguaje madariaguil se puede denominar : alcantarillas y tranvías –en Ávila de los Caballeros ni siquiera hay tranvías-, de caballeros a basureros y tranviarios-, que diría Don Diego de Bracamonte o el Rey Nalvillos de los modernos abulenses.

Ese apéndice burocrático que poco tiene que ver con los vecinos, salvo el inconveniente de pagar, contribuciones, ibis y desagradables multas resulta bastante incordiante. Aún recuerdo una conversación con un taxista que me trasladaba de la estación a casa, hablando de un genial anexo a los alcantarillas y tranvías, se trataba en aquella ocasión del monumental aparcamiento de debajo del paseo del Rastro, entonces sin los accesos peatonales previstos, sin facilidades para el acceso de autobuses, y sin el espacio de servicios previsto inicialmente en la terraza; decía el taxista : un alcalde lo hace mal, otro alcalde corrige peor, y el tercero remata en desastre había que colgarles a todos en las almenas de las murallas. La pataleta era fenomenal, pero no hay que engañarse seguro que ese taxista al final acababa votando a “los de siempre”, independientemente del disfraz de siglas de cada momento.

Llega un periodo de elecciones se supone que el ciudadano elector , fuente del poder soberano – la autoridad ya no se sabe hoy día en que consiste- , ejerce su función ciudadana y decide lo que quiere, eso al menos es la teoría. Pero la realidad es que el ciudadano no sabe que decidir, y no solo eso sino que de una forma general le importa bastante poco el monstruo estatal y no demasiado  ese su apéndice ínfimo denominado municipio –tranvía, alcantarillas y cementerios se la traen al pairo- . No queriendo y no sabiendo ejercer su función difícilmente  tiene sentido hablar de representar una función.

Entonces la realidad está preparada para una sesión teatral de gran calado, los partidos políticos –algunos autotitulándose incluso vanguardia del pueblo, otros partido de la libertad, otros partido de la justicia- deciden por su cuenta no representar una función exigida por los electores, que no existe,  sino más bien suplantar la abulia, indecisión o ignorancia del elector e inventarse o fabular una especie de cometidos funcionales más o menos atractivos por sus etiquetas y rótulos que venden con mayor o peor fortuna a la masa electoral; invento o fábula según los casos que ni siquiera hacen los partidos sino más bien sus cúpulas. Así el día de la votación los electores –reinas por un día-, se deciden no por ejercer su función, que no la ejercen, ni tampoco por elegir sus representantes que difícilmente pueden representar una función que no se ejerce, sencillamente eligen ilusiones y señuelos. El simulacro teatral es total, electores que no ejercen su función, representantes de ninguna función, y espejismo ilusorio de realización de ambas vacuidades a la vez. Acabada la representación teatral el cuerpo electoral no tiene ya nada más que elegir, en realidad no ha elegido nada por si mismo, y si obedecer sin rechistar a sus denominados representantes que con un truco consentido pretenden llevar a cabo sus manejos diciendo que eso es lo que ha elegido el pueblo, en torpe confusión de elección con sugestión. 

No fueron así las cosas en el pasado, los municipios eran la célula de los diversos reinos medievales españoles, en el caso castellano fueron más bien las comunidades de villa y tierra que comprendía un sistema organizado de villa con sexmos que englobaban aldeas y lugares de la tierra con sus correspondientes concejos y jurisdicciones escalonados y autónomos por sus fueros.

Como no es una cuestión demasiado conocida es conveniente reflexionar acerca de aquella institución tan castellana de la comunidad de villa y tierra, de la que fue ejemplo Ávila:

·         Ocupaban un territorio, de extensión muy variable, sobre el que tenían soberanía libre de todo poder señorial.

·         El poder de la comunidad emanaba del pueblo.  Los órganos de gobierno, municipales y comuneros, eran en Castilla los concejos elegidos por todos los vecinos con casa puesta..

·         El territorio de la Comunidad -excluido el de la Ciudad o Villa cabecera- solía llamarse la Tierra.  Cuando ésta era muy grande se dividía en distritos que abarcaban varios pueblos, a los efectos de nombrar representantes en el Concejo de la Comunidad (en la de Ávila, estos distritos recibían el nombre de sexmos y sus representantes o procuradores el de sexmeros).

·         Las comunidades tenían leyes y jurisdicción única para todo su territorio. Las Comunidades de Ciudad y Tierra, verdaderas repúblicas populares que dentro del reino de Castilla poseían los atributos de los estados autónomos de una federación, constituían los núcleos fundamentales de la estructura política y económica del estado castellano. 

·         Los municipios de la tierra disfrutaban de autonomía local. Los alcaldes y los demás funcionarios de la comunidad y sus municipios eran de elección democrática.  Las asambleas populares solían celebrarse en los atrios exteriores de las iglesias, tan característicos de esta parte de España, que desempeñaban así una función civil, o en la plaza pública « estando ayuntados a campana repicada según lo habemos por uso e costumbre de nos ayuntar», dice textualmente un acta concejil.

·         El concejo de la comunidad ejercía la función de medianero o derecho de dirimir contiendas entre ellos o entre vecinos de diferentes municipios,

·         Los ciudadanos de las comunidades castellanas y aragonesas eran todos iguales ante la ley, sin distinciones por causa de linaje o riqueza ("el rico, como el alto, como el pobre, como el bajo, todos hayan un fuero e un coto", dice el Fuero de Sepúlveda).  Restricción frecuente era que para ocupar algunos cargos del concejo -como el de capitán de milicias- había que ser caballero; pero en las viejas comunidades castellanas se entendía sencillamente por tal al que mantenía caballo con armas para la guerra.

·         En los fueros de algunas comunidades aparece un señor -"Señor de la Villa"- funcionario que representaba al monarca en ejercicio de las facultades reales, en su origen muy limitadas, pues se reducían a estas cuatro: justicia (en grado supremo y con arreglo al fuero y las costumbres del lugar); moneda (común para todo el reino); fonsadera (o dirección de la guerra, a la que todas la comunidades contribuían economicamente y acudían con sus milicias, capitanes y pendones); y suos yantares (es decir, el mantenimiento por toda la federación de oficio y casa del rey).

·         Los bosques, las aguas y los pastos -principales fuentes de producción en la economía del país- eran patrimonio de la comunidad.  Con esta propiedad comunera coexistía la privada de las casas y tierras de labor.  También era propiedad de la comunidad el subsuelo .  Ciertas industrias de interés local (caleras, tejares, molinos, etcétera) eran con frecuencia propiedad de los municipios.

·         Las comunidades poseían ejércitos con capitanes designados por el concejo, que seguían el pendón concejil y en caso de guerra se ponían a las órdenes del rey o persona que lo representara.

·         Aspecto muy interesante de las comunidades castellanas era su laicismo, en el sentido de instituciones que apartan a la Iglesia de las actividades políticas, a la vez que la respetan en la esfera religiosa.  Los clérigos -por fuero o por costumbre- no podían ocupar cargos en los concejos castellanos, ni comprar ni recibir tierras de los vecinos, lo que contrasta con el enorme político, económico y militar que los obispos y abades tenían en otros países de España y en toda la Europa feudal.

·         Los concejos rechazaban los mandatos reales que estimaban contrarios a los fueros, de aquí la histórica frase castellana: «Las órdenes del rey son de acatar, pero no son de obedecer si son contra fuero» (pase foral)

·         La suprema autoridad del estado castellano residía en el rey, que debía ejercerla con sujeción a los fueros.  Era tal el prestigio popular de éstos, que todavía la palabra 'desafuero significa en el lenguaje llano acto contrario a la razón o a las buenas costumbres.  La justicia correspondía al monarca, pero en suprema instancia y con arreglo a «fuero de la tierra».  Los ciudadanos de las comunidades elegían sus autoridades judiciales y no se les podía obligar a comparecer ante los oficiales del rey sin haberlo hecho previamente ante sus propios alcaldes.

La verdad que eso de elegir anualmente el juez, alcalde y autoridades, -sin la mediación obligada de partidos-, disponer de la política exterior con otras comunidades, pase foral frente a la suprema autoridad real, jurisdicción propia, ejército propio, ser en definitiva una pequeña república era bastante más importante que las alcantarillas y tranvías actuales.

Parece todo demasiado bonito, si no fuera porque estas instituciones existieron en medio de una guerra plurisecular muy dura, nada raro pues que el absolutismo , invasor real o señorial , según los casos, liquidara poco a poco fueros y autonomías, fraccionando y reduciendo  progresivamente las comunidades a municipios, sustituyendo la legislación foral por la real y otras invasiones de modernidad reductora absolutista. La guinda final fue el régimen liberal del XIX,   que acabando con los residuos de antiguallas que aun subsistían  como municipio forales, comunidades de villa y tierra y las mínimas autonomías y libertades que aún quedaban, se ascendió a toda aquella batahola de reliquias a la superior condición de apéndice del estado soberano dedicada a alcantarillas, tranvías, cementerios y basuras, vamos lo que en la doctrina filosófica hegeliana se llama realización del espíritu objetivo.

Es curioso que en una extensa Historia de Ávila , publicada por la Institución Cultural Duque de Alba de la Diputación de Ávila se pasa rápidamente sobre el régimen foral concejil de los siglos XI, XII Y XIII   bajo la excusa de no disponer de documentos exhaustivos –entre ellos el fuero de Ávila-; trescientos años en blanco, justo los años de protagonismo popular; leyendo atentamente no es sencillo hacerse una idea de lo que fue la comunidad de Ávila. Se insiste mucho por el contrario sobre el final de ese régimen foral y comunitario, infinitas minucias sobre los posteriores linajes caballerescos de la nobleza local, los poderes del obispo y del cabildo con todos sus excesos y abusos.  Del pueblo ni antes ni ahora se ocupa mucho nadie.

Se trata ahora por tanto de volver sino de asumir lo mejor del pasado abulense olvidado, intentar restaurar la función ciudadana popular con su concreción modesta y su limitaciones patente, algo que desde luego no es ninguna prioridad para el propio pueblo, una auténtica democracia de participación, que comprometa en la gestión de la cosa pública, exige poner al servicio del interés general un tiempo, esfuerzo e ilusiones que la inmensa mayoría de la gente prefiere hoy día dedicar a sus propios intereses y complacencias individuales; casi es preferible no mencionar la serie infinita de enredos: fútbol, telebasura, botellón, etc. .  Los comienzos solo serán patrimonio de una minoría de resistentes.

En cualquier caso conviene protestar contra el intolerable espectáculo que se nos avecina con el pomposo título de campaña electoral; esa infame comedia bufa o pésimo esperpento que no llega ni a valleinclanesco en que partidos y partidillos pretenden suplantar, que no representar, la apatía e incuria del pueblo. Lo que entre otras cosas cada vez tiene menos justificación, los medios de comunicación y telecomunicación hacen cada día menos necesaria la función representativa convencional; si los partidos políticos pudieran hacer un pequeño resquicio – lo que es altamente dudoso – a sus ansias de poder y ventajas, tal vez   pudieren reencontrar una nueva representación funcional para los intereses más alejados del ciudadano común y desde luego no el ámbito local de una pequeña ciudad.

Resistamos.