El coste total de esta Administración paralela en Andalucía se estima en 5.000 millones de euros únicamente en personal.
Hoy en España 13.700.000 ciudadanos viven del Estado, es decir, su nómina, su pensión, su subsidio de desempleo, su renta de supervivencia o cualquier otra ayuda pública que les libre de la indigencia, procede de las arcas públicas. Otros 13.000.000 se desenvuelven en el sector privado, asalariados, autónomos, pequeños, medianos o grandes empresarios, profesionales liberales, operan en el mercado y compiten, se esfuerzan, innovan y ofrecen productos y servicios para ganarse el sustento. El hecho de que haya más españoles, 700.000 para ser precisos, que perciben su dinero del presupuesto, o sea del contribuyente, que los que reciben su pan de su trabajo fuera de su amparo, resulta inquietante y arroja dudas sobre la viabilidad a medio y largo plazo de nuestro sistema económico y de nuestra red de protección social.
La población de nuestro país no se divide tanto entre los de abajo y los de arriba, que también, como les gusta recordar a los dirigentes de Podemos, sino principalmente entre los que pagan y los que cobran. La riqueza nacional es creada básicamente por unos y es consumida en un volumen significativo por otros. Esto no quiere decir que policías, guardias civiles, bomberos, jueces, fiscales, militares, médicos, personal de enfermería, profesores de enseñanza primaria, media o superior, inspectores tributarios y demás clases y tipos de funcionarios, no contribuyan al PIB. Lo hacen y de manera esencial en muchos casos. Lo que ofrece, en cambio, fundadas dudas, ciñéndonos al ámbito estrictamente andaluz después de las recientes elecciones autonómicas en esa Comunidad, es que entes como La Fundación Idea, La Fundación Andaluza Fondo para la Formación y el Empleo o Invercaria, por citar tres ejemplos tristemente célebres, con sus miles de empleados, sus centenares o miles de millones de dotación, sus tarjetas opacas para sufragar comilonas, viajes de lujo u orgías en prostíbulos, todo ello a nuestras expensas, nos proporcionen algún valor añadido.
Estas consideraciones vienen a cuento porque ha llamado mucho la atención estos días que en su pacto de gobierno para Andalucía, PP y C´s han anunciado que se proponen suprimir por lo menos la mitad de las 326 fundaciones, empresas públicas, consorcios y otras zarandajas que componen la llamada “Administración paralela” de la Junta tras treinta y seis años de socialismo. Su intención es someter este denso tinglado de entidades variopintas situadas fuera de la estructura ordinaria de la gestión pública y cuyos trabajadores no pasan por ningún filtro de mérito, capacidad o experiencia, abundando por consiguiente en amigos, parientes y correligionarios de dirigentes del PSOE, a una auditoría con estrictos criterios coste-beneficio para eliminar a continuación las que no justifiquen su existencia.
Si esta hazaña se llevase a cabo y sus resultados se hiciesen públicos, el efecto contagio para las restantes Autonomías y para los Ayuntamientos de población media o elevada sería espectacular ya que la ciudadanía, alertada por la evidencia de la aplicación de esta saludable poda al abuso consolidado en la Junta andaluza, exigiría un proceder semejante en el conjunto de la Nación. Baste recordar que el coste total de esta Administración paralela en Andalucía se estima en 5.000 millones de euros únicamente en personal. Extendiendo el cálculo a las restantes dieciséis Comunidades y a los municipios de más de 25.000 habitantes, por poner un umbral razonable, no es aventurado afirmar que quedaría resuelto el problema de las pensiones y de paso el de nuestro impenitente déficit. Cataluña, sin ir más lejos, cuenta con un fardo de esta naturaleza incluso superior al andaluz a pesar de su menor censo.
El precario simulacro de Gobierno presidido por un holograma que nos conduce impávido al abismo político y económico se dispone a implantar nuevos impuestos a las transacciones financieras, a las multinacionales digitales, a los combustibles y a las rentas “altas”, medidas que no sólo no incrementarán la recaudación, sino que probablemente la contraerán a medio plazo y que, además, generarán paro y recesión. No le hemos oído una palabra al Gran Dialogante que transita eufórico por los salones de La Moncloa sobre reducir el gasto “político” inútil.
Se ha destacado la trascendencia del cambio que las urnas han producido en Andalucía y su posible reproducción a escala nacional. Sin embargo, más allá de las anécdotas referidas a cuestiones internas de las distintas siglas, el verdadero impacto de lo que suceda en las próximas semanas Despeñaperros abajo radica en esta operación extraordinaria de ajuste del tamaño de la Administración a sus proporciones idóneas para que deje de estar al servicio de los partidos y se ponga al servicio de la sociedad. Si Albert Rivera, Pablo Casado, Juan Manuel Moreno y Juan Antonio Marín entienden el alcance de esta iniciativa y Vox presta su indispensable apoyo a la investidura del nuevo Ejecutivo, se puede abrir una etapa de éxito para nuestro país al transformar nuestro sector público de un Leviatán insaciable para ganar votos y saquear el erario en una máquina ágil y eficiente de bienestar sostenible y de progreso estable. Pronto lo sabremos.