Enviado por José Antonio Sierra
La Idus de Septiembre en Cataluña
José Antonio de Yturriaga
LAS IDUS DE SEPTIEMBRE EN CATALUÑA (7-IX-2015)
Como vengo haciendo desde 1974,
he pasado las vacaciones veraniegas con la familia en la deliciosa. Playa de
los Eucaliptus en el Delta del Ebro y he observado más banderas estrelladas en
los balcones y percibido un difuso ambiente de exaltación secesionista y de animadversión
hacia España, alentado por la “Brunete mediática” de la Generalidad –liderada
por TV-3- y por los medios autonómicos de comunicación privados. He seguido de cerca
el absurdo proceso hacia la independencia de Cataluña protagonizado por Artur
Mas, que –pese a no haber sido nunca independentista, ni incluido Convergencia Democrática de
Cataluña (CDC) la secesión de España en
su programa- se ha visto, como el aprendiz de brujo, arrastrado por la fuerza
que él mismo desencadenó tras haberle negado el Gobierno de Mariano Rajoy el
Pacto Fiscal a la vasca que exigía. Ni siquiera es un converso de última hora
al estilo paulino, sino que se ha visto obligado a envolverse en la bandera
estrellada en una fuga hacia delante para tapar la labor de su ineficiente
Gobierno y las acusaciones de corrupción de CDC y de su persona, en cuanto hereu de Jordi Pujol. Ha entrado en la
dinámica de una fuga-saga en la que ha
engañado a todos y de la que ha sido incapaz
de liberarse a medida que aumentaba su envite. He reflejado esta evolución en mis
artículos en las páginas digitales de “Voz
Pópuli”, desde “Deslealtad institucional de Artur Mas” en 2012, a “A la
búsqueda de la negociación perdida” en el presente año.
Continuada deslealtad
institucional de la Generalitat y de su
Presidente
Según Arcadi Espada, el único
hecho diferencial que ni la
Constitución ni la realidad reconocen es la escalada de deslealtad
a la democracia y a sus instituciones emprendida por el Gobierno de la Generalitat.
Nila Constitución , son
responsables -ni por activa ni por pasiva- del secesionismo. La principal
responsabilidad corresponde obviamente a los desleales, entre los que figura
por antonomasia Artur Mas, que navega a todo trapo hacia la soñada
independencia desde su mullida poltrona del poder autonómico otorgado por una
Constitución que trata de sabotear desde dentro con flagrante deslealtad
institucional.
Como ha señalado Alfonso Guerra en un artículo en “Tiempo”, la responsabilidad del proceso
de desnaturalización de la democracia recae en los nacionalistas y sus
adláteres, pero la izquierda también tiene su parte de responsabilidad, pues no
se ha atrevido a parar un programa que representa el viejo proyecto de la
burguesía catalana, lo que hubiera hecho aún más evidente la ilegitimidad del
mismo. Mas ha desafiado abiertamente al Estado al negarse a acatar y a cumplir
las leyes nacionales y las sentencias de los Tribunales Supremo y Constitucional (TC), y ha iniciado un camino
sin retorno hacia la independencia, jalonado por la Declaración del
Parlamento de 23 de Enero de 2013 sobre la Soberanía y el Derecho a
Decidir del Pueblo de Cataluña , la concentración masiva de partidarios de
dicho derecho en la Diada
de ese año y el adelanto de las elecciones autonómicas –en las que CDC sufrió
un varapalo-, el anuncio de la celebración de un referéndum de
autodeterminación –transformado en un “proceso participativo” tras las desautorizaciones
del TC-, la celebración de un “paripé” de referéndum ilegal el 9 de Noviembre
de 2014, la nueva disolución del
Parlamento y la convocatoria para el 27 de Septiembre de 2015 de elecciones
autonómicas de carácter plebiscitario, la imposición de una coalición CDC-ERC con
una lista única, en la que Artur Mas –candidato una vez más a la Presidencia- aparece
emboscado en el 4º lugar de dicha lista y Oriol Junqueras en el 5º-, y el compromiso
de proceder a una Declaración Unilateral de Independencia si la coalición y sus
aliados secesionistas de la CUP obtuvieran el mayor
número de diputados. Como ha destacado Guerra, Mas evita así rendir cuentas de
su pésima gestión como gobernante. Rotas las leyes con el “caso Pujol” y
embargadas todas las sedes de su partido por corrupción, ha dado un salto en el
vacío, con la imperdonable consecuencia de lanzar al precipicio a todo el
pueblo catalán. Estamos –ha escrito- ante el anuncio de un verdadero “golpe de
Estado a cámara lenta” para desgajar una parte de la Nación , con la complicidad
de los partidos políticos, los medios de comunicación, los sindicatos y la
patronal, y hasta alguna entidad deportiva, un “verdadero monumento a la
cobardía”. No obstante, políticos e intelectuales se muestran más preocupados
por la posible reacción del Gobierno central que por la violación
constitucional, llegando en su despropósito a “negar, como acto impropio, que
se pueda aplicar los preceptos de la Constitución a quien pretende romperla”. En el
culmen del absurdo, el prontuario de la coalición secesionista “Juntos por el
SÍ”, afirma que Mas es la máxima garantía para la lucha contra la corrupción en
Cataluña. No parece, sin embargo, que el gallinero catalán esté excesivamente
alborotado ante la perspectiva de ver encomendada su custodia al viejo zorro.
¿Deben ser
sancionadas a las autoridades que no cumplan las sentencias del TC?
Salvo la querella en trámite ante
el TSJ de Cataluña por su participación en el seudo-referéndum del 9-N, Mas ha
salido hasta ahora indemne de sus numerosas tropelías, ante la permisividad del
Gobierno de Rajoy, que –al no atreverse a convertirlo en mártir- le ha
permitido que se erija en confesor y fundador de una nueva Iglesia. Tarde y a
destiempo -como es habitual en su actuación política-, el Gobierno ha
presentado una propuesta de reforma de la
Ley Orgánica1978” , el PNV de “chapuza” y de
“disparate”, y Podemos de “aumento de la confrontación para tapar la
corrupción”. No lo es tanto que el PSOE haya acusado a Rajoy de
“unilateralidad” y de “legislar para la extrema derecha”, y Ciudadanos de
“falta de credibilidad”. A ellos se ha sumado
Felipe González, que la ha calificado de “auténtica barbaridad”. Cuando
el dedo del PP señala a la luna, los partidos sólo miran al dedo, que, desde
luego, podía haberse movido jurídicamente de manera más adecuada. La reforma resulta
conveniente, aunque sea innecesaria, pues el Gobierno ya cuenta con suficientes
medios para impedir la impunidad en caso de incumplimiento por las autoridades
de las decisiones judiciales. Según el Código Penal, incurre en desobediencia
la autoridad que se niegue abiertamente al debido cumplimiento de las
resoluciones judiciales (artículo 410), en obstrucción a la justicia quien
impida la ejecución de una resolución dictada por la autoridad judicial
(artículo 508) y en usurpación de competencias quien, careciendo de ellas,
dicte una disposición general (artículo 506), y prevarica la autoridad que, a
sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria (artículo 404). Todos
estos delitos conllevan sanciones de prisión, pecuniarias y de inhabilitación. No
es, por tanto, de recibo que las autoridades que incurran en estos delitos
sigan ejerciendo normalmente sus funciones, pero hace falta voluntad política y
coraje cívico para aplicar las sanciones previstas en el Código. El PSOE no parece querer contar con los medios
necesarios para hacer frente a las violaciones de la ley por las autoridades
autonómicas. En 1985 derogó el recurso previo de anticonstitucionalidad de los
Estatutos de Autonomía, lo que permitió que en 2006 se aprobara en referéndum
el nuevo Estatuto Catalán de Autonomía, pese a estar impugnado su texto ante el
TC, que posteriormente declaró inconstitucionales algunas de sus disposiciones.
En 2005 suprimió del Código Penal los artículos que sancionaban a quienes
convocaran referendums sin tener competencia para ello, por estimar que “no
estaba en juego la protección del Estado de Derecho frente a amenazas
secesionistas”. ¡Que Santa Lucía les conserve la vista!. La actitud del
PSOE/PSC está desprovista de sentido de Estado y resulta incomprensible. Lo mismo
se alía con la extrema izquierda nacionalista de ERC, “Compromís”, “Mes” o las
“mareas galaicas” con tal de impedir que gobierne el PP como partido más
votado, que apoya el “derecho a decidir” o la adhesión de los Ayuntamiento a
las Asociación de Municipios por la Independencia.
Pedrola Generalitat , y Felipe González le ha reprochado por
ello al afirmar que “no se puede adoptar una actitud de equidistancia entre los
que se atienen a la ley y los que tratan de romperla”.
Reacciones ante la
aceleración del proceso hacia la independencia de Cataluña
Ante la irreversibilidad de la
conducta “kamikaze” de Mas, han crecido la preocupación general y las
admoniciones hechas fuera y dentro de Cataluña. El Ex-Presidente Felipe
González envió el día 30 de Agosto, a través de “El País”, una Epístola a los
Catalanes para aconsejarles que “no se dejen arrastrar a una aventura ilegal e
irresponsable que pone en peligro la convivencia entre los catalanes, y entre
éstos y los demás españoles”. Ha puesto de manifiesto las consecuencias
funestas de la propuesta de “desconectar”
a Cataluña de España hecha por Mas, que sabe que “desde el momento mismo que
incumple su obligación como Presidente de la Generalitat
y como primer representante del Estado en Cataluña, está violando su promesa de
cumplir y hacer cumplir la ley, se coloca fuera de la legalidad, renuncia a
representar a todos los catalanes y pierde la legitimidad democrática en el
ejercicio de sus funciones”. Ha señalado que “cuando el Presidente de la Generalitat
va de número cuatro de una lista cuyo objetivo fundamental es romper con el
Estado, no pierde legitimidad como ciudadano, pero no cumple su misión de
Presidente de todos los catalanes”. Mas ha incumplido sus promesas y se ha
saltado la legalidad y ello es sumamente grave. González ha subrayado que lo
que se necesita son “reformas pactadas que garanticen los hechos diferenciales,
sin romper ni la igualdad básica de los ciudadanos, ni la soberanía de todos
para decidir nuestro futuro común. También a través de “El País” le ha contestado
Josep Antoni Durán, que ha destacado que la independencia sería negativa
para Cataluña, para España y para la
UE , y que había que llegar a formas pactadas que garanticen
los hechos diferenciales, para lo que se requiere diálogo, pacto y transacción.
El Secretario General del PSC, Miquel Iceta, ha mostrado su acuerdo con
González y afirmado que la independencia es un proyecto perjudicial para
Cataluña y “un riesgo que no nos podemos permitir”.
En su deseo de congraciarse con
los catalanes, Felipe González ha hecho unas declaraciones a “La
Vanguardia ” en las que creo que ha metido el cuezo y
hecho un flaco servicio a la unidad nacional que pretende preservar. A la
pregunta de si estaba dispuesto a aceptar que la Constitución
reconociera a Cataluña como nación, ha contestado: “Categóricamente Sí”. Ha afirmado
que no tenía ningún problema en reconocer la identidad nacional catalana a
través de una disposición adicional y añadido:
“La cuestión de la identidad está fundamentalmente ligada a la lengua y
a la cultura. Eso es inexorable. Deberían ser realidades intocables, pero hay
que ir más allá”. Ha mostrado su apoyo a la propuesta hecha en 2014 por el
antiguo ponente constitucional Miguel Herrero de incluir en la Constitución una
cláusula adicional que reconozca a Cataluña como “realidad nacional”. Aunque
este término sea un tanto ambiguo, supone un eufemismo que encubre el concepto
de “nación”, que los nacionalistas catalanes exigen que se reconozca a su
Comunidad. Este término, sin embargo, no es inocuo y tiene un sentido jurídico
que va más allá de su carácter simbólico, como puse de manifiesto en mi
artículo sobre “Las patas del separatismo
catalán”. Como señaló el TC en su sentencia de 2010, la Constitución ya
reconoce suficientemente la singularidad de Cataluña en relación con el derecho
civil, la lengua, la cultura y la proyección de éstas en el ámbito de la
educación. El empleo de dicho término conlleva unas consecuencias jurídicas
específicas. El Estatuto elaborado en 2006 por el Parlament afirmaba que Cataluña era una nación, que ejercía su
derecho inalienable al auto-gobierno por medio de instituciones propias y que su
soberanía emanaba del pueblo catalán. El TC destacó que –aunque el término
tuviera diversas acepciones- lo relevante era su sentido
jurídico-constitucional, ya que la Carta
Magnala
Constitución reconozca a Cataluña como nación, de ello se
derivará su derecho a decidir y a declararse independiente. La declaración de
González ha sido acogida con reticencia por algunos dirigentes socialistas.
Así, el Presidente de Castilla/La
Mancha , Emiliano García Page, ha comentado que “si es
necesarios que la
Constitución actualice las relaciones entre Cataluña y
España, de acuerdo, pero creo que la gran nación que tenemos es la española, en
la que cabe incluso toda la gente que considera que su región pueda
considerarse nación o nacionalidad”. A su vez, el Secretario de Organización
del PSOE andaluz, Juan Cornejo –en ausencia de la Presidenta de la Comunidad , Susana Díaz-
ha declarado que no es prioritario en este momento abordar si Cataluña debe considerarse o no una nación
y que, mientras no se modifique, la posición del Partido se encuentra recogida
en la Declaración
de Granada.
Exclusión de la UE de Cataluña en el caso de
que se declarara independiente.
También tarde –aunque aún a
tiempo- la Patronal
catalana Fomento del Trabajo ha expresado su “máxima preocupación” por el
enfoque secesionista de diversas candidaturas a las elecciones catalanas, y
alertado de que “es obvia la incertidumbre empresarial ante este debate
político que pone en cuestión la pertenencia a la UE ”. Es precisamente en el tema europeo donde la
capacidad fabuladora de Mas ha sido más flagrante, engañando a conciencia a la
opinión pública y a los votantes de Cataluña.
El azar deparó que coincidiera un
par de veces en la Playa
de los Eucaliptus con el antiguo Presidente del Consejo Europeo, Herman van
Rompuy, a quien el Rey de los Belgas ha concedido el título de Conde por los
servicios prestados a su país y a Europa. Conversamos distendidamente sobre la
situación en Cataluña y sobre sus relaciones con la UE en el caso eventual de una
declaración unilateral de independencia, y reiteró lo que en su momento declaró
públicamente de que, en tal caso, dejaría automáticamente de ser miembro de la Unión y tendría que solicitar
su admisión en la Organización. Dela
Comisión EuropeaLa Vanguardia ” el pasado mes de Mayo: una
declaración unilateral de independencia no sería válida para el Derecho
Internacional y, en caso de producirse, Cataluña sería considerada por la UE como un país tercero y quedaría
al margen de sus tratados e instituciones. El tema ha sido abordado por el
ex-Director General del Servicio Jurídico de la UE , Jean-Claude Piris, en un artículo sobre “Cataluña y la Unión Europea ”, publicado
el 28 de Agosto en “El País”, en el
que ha afirmado que quienes “mantienen que la UE incorporaría a una supuesta Cataluña
independiente demuestran desconocimiento tanto del derecho aplicable, como de
las realidades políticas en los Estados miembros de la Unión ”. Si se declarara
independiente, Cataluña necesitaría -para estar en condiciones de solicitar el
ingreso en la UE-
ser un Estado europeo, respetar los valores de la Unión y cumplir los
criterios de elegibilidad acordados-“criterios
de Copenhague”-. Debería ser reconocida como Estado por la totalidad de los 28
Estados miembros, ya que se requiere la unanimidad. La
UE “respetará la
identidad nacional inherente a las estructuras fundamentales políticas y
constitucionales de los Estados, y también en lo referente a la autonomía local
y regional”. Asimismo “respetará las funciones esenciales del Estado,
especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial”
(artículo 4-2 del Tratado de la UE ).
Los Estados miembros no podrán reconocer
como Estado a una entidad que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro y
se declare independiente unilateralmente, infringiendo la Constitución del
Estado en cuestión. El supuesto “derecho a decidir” de las entidades infra-estatales
no está reconocido por el Derecho Internacional, y el derecho de los pueblos a
disponer de sí mismos responde a criterios y situaciones que no son en ningún
caso los de la España
actual. Según Araceli Mangas, este derecho sólo está reconocido en los casos de
dominación colonial, de explotación o de discriminación racial de los
ciudadanos de un Estado, y es evidente que tal no es el caso de Cataluña. Ya
desde una perspectiva política, Piris ha observado que la ampliación de la UE por la fragmentación de uno
de sus Estados miembros supone un riesgo de inestabilidad, cuyas eventuales
ventajas nunca podrían compensar el precio que habrían que pagar las instituciones
por la modificación de su composición. Políticamente es totalmente ilusorio
esperar apoyos de la UE
y de sus Estados miembros a una evolución en ese sentido, que sólo
representaría para ellos aspectos negativos. En este mismo sentido se han pronunciado
recientemente Angela Merkel y David Cameron al responder a preguntas sobre Cataluña. La primera ha
dicho: “Tenemos tratados europeos que nos obligan a todos y que garantizan la
integridad territorial y la soberanía de los países miembros. Es muy importante
que se respete la legalidad, tanto nacional como internacional”. El segundo ha
afirmado:”Cuando una parte de un Estado se separa de él dejará de formar parte
de la UE y deberá
ocupar su puesto a la cola de otros países que han solicitado ser miembros de la Unión. Estala Comisión
y los principios constitucionales de la
UE ”. Al preguntársele sobre la similitud de los procesos
catalán y escocés, Cameron contestó que –aparte de que las situaciones en
Escocia y en Cataluña son diferentes- “los independentistas escoceses nunca se
saltaron la ley vigente en el Reino Unido”, y que, cualquiera que sean las
circunstancias, es muy importante que los países y los Gobiernos se sometan al
imperio de la ley. Pese a la contundencia de estas afirmaciones, Mas mantiene
que Cataluña continuará, en cualquier caso, siendo miembro de la UE , porque no hay ninguna
disposición en sus tratados que prevea la expulsión de uno de sus miembros. Mas
y los separatistas deberían tener la decencia de decir la verdad a los
catalanes sobre las consecuencias de una eventual declaración unilateral de
independencia. Una Cataluña independiente, en vez de parecerse a Dinamarca o Suecia como
pretende el President, estaría más
bien al nivel de Kosovo o de Albania. Confiemos en que la cesárea España no sea
apuñalada por la espalda por Bruto-Mas y sus compinches secesionistas en las
Idus de Septiembre.
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