Que un Presidente de una Comunidad Autónoma sea un
delincuente y no acate la Constitución ni legislación vigente alguna, poniendo
en peligro el Estado, no es problema que obligue al Gobierno de la Nación a
tomar medidas. Que unos sindicatos y políticos roben el dinero de los parados,
sean imputados por ello y la tomen con la magistrada encargada del caso,
tampoco es punto de grave preocupación. Que una Infanta de España sea imputada
por posible robo o malversación de fondos públicos, tampoco es algo que desestabilice
la Monarquía. Que la política tenga prostituido al poder judicial, rompiendo
con las leyes fundamentales de toda democracia, tampoco es objeto de tomar
medida alguna al respecto. Que miles de personas se manifiesten en el País
Vasco a favor e los terroristas, y de la independencia de este trozo de España,
tampoco mueve al Gobierno a tomar medida alguna. Que se quemen banderas de
España y retratos del jefe del estado, no mueve al Gobierno a tomar medida
alguna. Que de los más de 900 asesinatos de ETA, más de trescientos sigan sin
investigarse ni esclarecerse, sin que el Gobierno de la Nación ni nadie inste a
las autoridades judiciales a proceder, tampoco es motivo para que el Gobierno
actúe. Y así un larguísimo etcétera.
Pero que un
Teniente Coronel de la Guardia Civil tome una paella en su cuartel con su
padre, un octogenario ex Coronel del mismo Cuerpo, convicto y confeso por un
delito cometido hace más de 30 años y por el que cumplió más de 20 en prisión,
eso sí, esa paella desestabiliza al país, hace cundir el pánico entre los
"demócratas de toda la vida", profundiza la crisis económica en la
que nos han metido unos y no nos quieren/saben sacar otros, y entonces, solo
entonces, se toman medidas fulminantes: se cesa al Teniente Coronel de la Guardia
Civil.
Ya no hay
peligro. Ya pasó todo. El Gobierno ha cumplido con su deber. En España no pasa
ya nada grave.
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