EL obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla. /EFE
EL obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla. /EFE
Erase una vez un país del extremo occidental de Europa en el que las leyes regionales conocidas 
como ‘leyes LGTBI mordaza’ obligaban a los menores, desde su más tierna infancia, a empaparse de
 la cultura ‘gay’ de la mano de activistas sin preparación científica ni cualificación pedagógica alguna. 
Las crónicas hablan de que, en no pocos centros escolares, como el Instituto de Enseñanza Secundaria 
Virgen de la Paz de Alcobendas, se adoctrinaba a las alumnas con talleres para conmemorar el ‘Día
 de la Visibilidad Lésbica’. Y todo ello en horario escolar, en el centro de enseñanza. Si, si. Ni 
Matemáticas ni Lengua.
En la capital de ese país extremo occidental de Europa -que es en realidad un reino- había una ley con
 insólitas prohibiciones y extraordinarios mandatos. Entre las primeras -no se alteren- se encontraba
la expresa prohibición de promover y realizar “terapias de aversión o conversión con la finalidad
 de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona” aún en el caso de 
que la persona voluntariamente acuda a ellas.
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Entre los mandatos también estaba la obligación impuesta a los centros educativos madrileños
 de incorporar “la realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en
 los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Madrid en aquellas materias 
en que sea procedente”.
Convertidos en jueces y parte, los omnipotentes ‘LGTBI’ lo decidían todo, todo lo inspeccionaban y todo era poco para ellos
Se establecía igualmente la censura de los materiales didácticos a fin de determinar si se adecuaban
 o no a los dogmas LGTBI, algo que deberían decidir -vaya- “asociaciones, organizaciones y 
colectivos LGTBI”. Convertidos en jueces y parte, los omnipotentes ‘LGTBI’ lo decidían todo, 
todo lo inspeccionaban y todo era poco para ellos.
Hay muchos más ejemplos de la compleja normativa que afectaba a la capital del mencionado reino.
 Como, por ejemplo, que los niños y adolescentes menores de edad tenían “derecho” a ser hormonados
 o intervenidos (amputados) quirúrgicamente para alterar -siquiera externamente- su identidad sexual.
En esas estábamos cuando en la histórica ciudad de Alcalá de Henares, en las proximidades de la 
capital del Reino de España -que así se denomina el país- un prelado llamado Juan Antonio Reig 
Pla puso en marcha un proyecto de orientación familiar destinado a personas, matrimonios y
 familias que acudían voluntariamente a hacerle consultas o a contarle sus problemas en busca 
de ayuda. Semejante atrevimiento no fue del agrado de algunos zorros revestidos de periodistas, 
que acusaron al eclesiástico de aplicar terapias para obligar a los homosexuales a dejar de serlo. 
Surgieron también las hienas ávidas de sangre episcopal deseosas de morder en la yugular al obispo 
complutense. Y no faltaron las raposas del Partido Popular -que gobierna la Comunidad de Madrid-
 que amenazan con sanción de 45.000 al eclesiástico.
Lo que aquí hemos fabulado, lamentablemente, no es un cuento sino una terrible realidad. Las ‘leyes
 LGTBI’ que invitan a los niños a cuestionarse su identidad sexual, adoctrinan a los menores en las
 aulas y decretan la hormonación de niños y adolescentes, van a servir para “castigar” a un obispo 
de la Iglesia católica que atiende consulta, proporciona criterio y acoge y acompaña a personas
 libres que acuden voluntariamente a él, sean o no homosexuales.
HazteOir.org lo ha explicado muy bien en una petición ciudadana dirigida al presidente de la 
Comunidad de Madrid, miembro del Partido Popular que concluye en estos términos y que, a día
 de hoy, ha sido suscrita por más de 23.000 personas: “Le pido que detenga la posible sanción a
 monseñor Reig Pla, a quien de lo único que se puede acusar es de acoger a quien llama a su puerta
 pidiendo ayuda mientras se le exige, nada menos, que renuncie al sentido de su vida, a su misión 
pastoral y al compromiso con su magisterio”.
¿Es una pesadilla? ¿Se trata de una broma? ¿No pueden acudir las personas a un servicio pastoral o
 a una institución civil a consultar libre y voluntariamente sobre su sexualidad? Pues parece que no. 
Porque si lo hacen, al que aconseja o da criterio, los zorros y raposas le someten a una 
persecución que puede conllevar sanción de elevada cuantía.
Eso sí, si Vd. lo que quiere es hormonarse o mutilarse quirúrgicamente -o quiere aplicar este mismo 
tratamiento y operación a su hijo/a -para soñar que cambia de sexo -aunque en realidad únicamente
 lo único que cambie es su apariencia genital- lo puede hacer. Es más, se lo pagamos. Vd. y yo, 
con nuestros impuestos.
Si quiere Vd. evitar este disparate, que no tiene más objetivo que linchar a un obispo, por favor
firme está petición.