«Una verdad incómoda»
por Juan Manuel de Prada para el
periódico ABC, artículo publicado el 5/I/2019.
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Quien verdaderamente quiera combatir las violencias
perpetradas contra las mujeres tiene que empezar por combatir las violencias que
la mentira perpetra en nuestra razón, oscurecida por pescadores en río
revuelto.
Cuando los medios de adoctrinamiento de masas y sus corifeos
repiten como discos rayados que sólo una parte infinitesimal de las denuncias
por «violencia de género» son falsas están mintiendo burdamente. Como sabe
cualquier persona que trabaje en la administración de justicia, las denuncias
falsas (por este o por cualquier otro delito) son tristemente numerosas; porque
también son numerosas las personas obcecadas o aviesas o pérfidamente
asesoradas que tratan de engañar a los jueces, para infligir un daño a otras
personas a las que odian. La Fiscalía General del Estado ha divulgado una
estadística en la que las denuncias falsas por «violencia de género» quedan
reducidas a un irrisorio porcentaje infinitesimal; pero tal porcentaje se
refiere a los casos obscenamente flagrantes en los que, después de probarse la
falsedad de la denuncia, la denunciante es acusada, juzgada y condenada en
firme. Y lo cierto es que la acusación pública sólo abre este tipo de procesos
penales en casos extremos y excepcionalísimos; habitualmente, lo que hace es
sobreseer o archivar discretamente tales denuncias, o bien concluir con
sentencias absolutorias, para evitarse problemas. Una actitud que, desde luego,
resultaría inaceptable en un país donde la acusación pública no estuviese
sometida a las directrices del poder político y donde el miedo no campase por
sus fueros.
Estas denuncias falsas por «violencia de género» se utilizan
torticeramente para agilizar los procesos de separación y divorcio, que así
abandonan los juzgados de familia y se derivan hacia juzgados especiales (que,
en puridad, son tribunales de excepción). Antes de que los denunciados hayan
sido juzgados, se les aplican medidas cautelares muy gravosas, se les obliga a
abandonar el domicilio familiar, se les imponen órdenes de alejamiento
familiar, pierden la custodia de sus hijos… Se conculca, en fin, su presunción
de inocencia y se invierte la carga de la prueba, a la vez que se arruinan
muchas vidas. Y estas ruinas vitales engendran más violencia; pues todos estos
expolios y oprobios que se arrojan sobre miles de hombres inocentes los
envilecen de odio y resentimiento. Pero de tales calamidades no se habla en los
medios de adoctrinamiento de masas.
Y todo esto ocurre porque, al cobijo de una ley abusiva,
muchos abogados alimañescos inducen a las mujeres que recurren a sus servicios
a interponer denuncias falsas, con el vil propósito de utilizarlas como espada
de Damocles contra la otra parte en la negociación de los divorcios. O con
propósitos aún más abyectos. Pues detrás de estos abogados alimañescos nos
encontramos a menudo con asociaciones protervas convertidas en maquinarias de
recolección de subvenciones. Y tales subvenciones, abastecidas por el Fondo
Social Europeo, se reparten con una serie de criterios entre los que se cuenta
el número de denuncias interpuestas. Como yo mismo he tenido ocasión de
comprobar el modus operandi de estas asociaciones protervas y abogados alimañescos,
no necesito que nadie me lo cuente.
Las mujeres sólo serán genuinamente protegidas de los
desalmados que las vejan, maltratan o asesinan cuando quienes trafican con su
dolor sean desenmascarados. Hay verdades muy incómodas, ciertamente. Pero sólo
la verdad nos hace libres.
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