Una ley o norma de grado inferior no prevalece frente a otra de grado superior y, en cuanto
contradictoria, se anula.
Los derechos naturales son los propios de la especie humana que se derivan de su vivir,
convivir y sobrevivir, dominando los básicos sobre los complementarios y los colectivos sobre los
individuales.
Desde el momento en que se activa un ser humano, como parte de un grupo, parte a su vez de
la humanidad, requiere el cuidado de su entorno para desarrollarse y formar, sobre su estructura
funcional, su concienciación social, como persona responsable. A los muertos o descerebrados les
sobran todos los derechos que se les quieran reconocer o conceder, porque sin cuerpo o sin mente ni
los ejercen ni nadie les puede obligar a cumplirlos.
Los derechos naturales del hombre, partiendo del de vivir, que abre camino a los demás, son
independientes y superiores a los que se dan los hombres entre sí, a los que se contienen en los
ordenamientos jurídicos positivos y a los que se fundan en las costumbres y las circunstancias. Ningún
Estado puede crearlos ni suprimirlos.
Las leyes que se promulguen por autoridades competentes, cumpliendo con los requisitos
formales exigibles no son legítimas, si se oponen a la vida y a la integridad física y moral del género
humano, de sus pueblos o de sus individuos concordantes, a la disponibilidad de los recursos
necesarios para su subsistencia, a su movilidad o a su autonomía decisoria. .
Contando con disposiciones acordes con el Derecho Natural, los Estados y sus ciudadanos van
en armonía. La inmensa mayoría de las agresiones contra la vida, la integridad y la supervivencia,
sustento, luz, calor y cobijo, de los seres humanos se provocan por gentes malvadas, como las que de
tal forma consiguen fuerza, dinero y agentes que infiltran o captan en los poderes legislativos,
ejecutivos y judiciales nacionales, obteniendo ventajas y facultades operativas, creando desórdenes con
la puesta en marcha de normativas a su gusto, marginando superiores (Arts. 3º de la D.U.D.H. 15º y 43º
de la C. E. an nuestro país).
El 30 de agosto de 1937 el Tribunal Supremo de Chile, a instancia del abogado don Manuel
Lezaeta Acharán, hizo reconocimiento modélico de la siguiente realidad universal: “Todo ser viviente
tiene el derecho inalienable de aprovechar los beneficios de los agentes naturales sin intervenciones
extrañas ni de titulados. El uso de los medios de vida en la alimentación, la salud y el bienestar, como
las plantas y los animales, el agua y el aire, el sol y las energías, la tierra y sus elementos, no está sujeto
a la tuición científica ni a patentes. De lo que se obliga a hacer o padecer responde el forzador”,
Quienes aportan su concurso profesional a sus congéneres no están obligados a saber más de
lo que saben, salvo que lo deban saber por ser elemental o de dominio publico, pero, tampoco pueden
imponer el límite de sus conocimientos y métodos empleados, como barrera que impida la cooperación
de otros.
Respecto a la salud, cuando se cae en el sostenimiento sintomático de patologías estancadas o
en evidente agravación, con fondos privados y/o caudales públicos, en lucro de negocios industriales, el
personal que se presta a ello no puede impedir, sin incurrir en delito de denegación de asistencia, que
los afectados busquen alternativas de trato y diagnóstico. No hay excepciones en el aprovechamiento
de los elementos naturales. El más potente veneno de la serpiente más peligrosa puede ser un excelente
remedio curativo a dosis adecuadas. La Magistratura del Trabajo nº 2 de Burgos, 122/88, condenó al
Instituto Nacional de la Salud, entre otros gastos, tanto al pago de las fórmulas magistrales del Dr. Prada
Pascual empleadas en la recuperación de una asegurada dada por irrecuperable, aunque carecían de
permisos administrativos, como al de los exámenes bio-hematológicos de reconsideración diagnóstica
interna.
Las prohibiciones de sustancias orgánicas, inorgánicas o químicas, como el arsénico y otros
elementos, por decisiones gubernamentales contrarias a los principios legítimos superiores del Estado,
son abusos de continuidad insostenible y rechazable, arbitrariedades paraestatales que se derivan de
corruptelas incitadas por redes de mercaderes dadivosos, adulteradores nutricionales, agencias de
medicamentos, distribuidores, lobbys, colegios profesionales antidemocráticos y otros negociantes con
la desgracia ajena.
Los perjudicados desorientados se dirigen contra su propio Estado, también perjudicado, sin
darse cuenta de que los financieros que los enfrentan como consumidores y permisores de sus
mercadeos se quedan al margen de sus contiendas y riéndose de ambos.
Se hace preciso que los ciudadanos, de escasa relevancia como entes aislados, granos de
graneros, aprovechen su poder de suma como conjuntos y orienten sus reclamaciones, por violación de
sus derechos naturales, en concordancia con sus colectivos y, judicialmente, con la Fiscalía del Estado,
atrapando los flecos de las redes perniciosas de los colosales traficantes que se expanden con premios,
corretajes, sobornos y desviaciones legales subrepticias, para ascender a sus tramas.
Madrid, 9 de marzo de 2015.
Juan Prada Bécares
juan@prada.jazztel.es
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