ALGO HUELE A PODRIDO EN EL REINO DE AL-ANDALUS
Nada más
cruzar Despeñaperros se percibe el hedor de los fraudes de los Expedientes de
Regulación de Empleo (ERE) y de los cursos de formación profesional que afecta
a las instituciones políticas –especialmente la Junta de Andalucía- y
sociales –incluidos Sindicatos, Asociaciones empresariales, empresas diversas y
bufetes de Abogados- e incluso a instituciones judiciales, y ha trascendido los
límites de la
Comunidad Autónoma andaluza.
Antecedentes del caso
del fraude de los ERE
La denuncia en 2009 de los
propietarios del restaurante “La
Raza ” contra Mercasevilla por su exigencia de coimas permitió
a la juez titular del Juzgado nº 6 de Sevilla,
Mercedes Alaya, descubrir el putrefacto entramado de los ERE en el que estaba
implicada la Junta
de Andalucía. Ésta negó relevancia penal a la conducta de los responsables de
los ERE y la consideró, a lo sumo, como falta administrativa, y el Presidente
Manuel Chaves la calificó de “trama de cuatro golfos”. Sin embargo -como ha ido
demostrando Alaya-, esta chapucera trama derivaba no tanto de la actuación
incorrecta de unos funcionarios desaprensivos, como de un sistema perfectamente
planificado para distribuir “fondos de reptiles” sin control alguno, de una red
de corrupción institucionalizada, inspirada o –cuando menos tolerada- por los
altos cargos de la Junta.
Ésta se personó en el proceso abierto en el citado Juzgado nº 6 como presunta
perjudicada para tener acceso al sumario y –desde dentro- obstaculizar la labor
de la juez instructora e inició una campaña descalificadora de la misma para
intimidarla, pero ésta siguió valientemente con su investigación e inculpó a
altos cargos de la Junta :
Directores Generales, Consejeros e incluso a los antiguos Presidentes Manuel
Chaves y José Antonio Griñán. En el auto por el que procesó al ex-Consejero de Trabajo,
Antonio Fernández, la juez acusó a la
Junta de haber ideado un “fondo de reptiles” para
“institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas
públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los
fondos públicos y poder regalar fraudulentamente ayudas a un extensísimo grupo
d personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o
entidades próximas a los cargos de la
Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”. El personado PSOE
criticó el encarcelamiento y procesamiento de Fernández y asumió su defensa
jurídica, y el Consejero de Justicia, el fiscal Emilio de Llera, arremetió con inusitada
estridencia contra la decisión de Alaya. En el curso de la instrucción del
caso, la juez ha ido imputando a Consejeros y ex- Consejeros de la Junta –como Magdalena
Álvarez, Antonio Ojeda, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco
Vallejo, Manuel Recio, Gaspar Zarrías o José Antonio Vieira- y a los ex-Presidentes
Chaves y Griñán. Como la mayoría de ellos eran aforados, el examen de los casos
pasaron a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA)
o al Tribunal Supremo (TS). Cuando estaban a punto de ser imputados, los
aforados renunciaron a sus escaños y la jurisdicción volvió a los tribunales
ordinarios. Tras percibir signos inequívocos para imputar a Chaves, Griñán y
varios ex-Consejeros, el instructor designado por el TS, Alberto Jorge Barreiro,
señaló en un auto que sólo ganaban tiempo para escapar a la jurisdicción de la
juez Alaya. Como ha observado Francisco Rosell, cuando se veían con la soga del
TS al cuello, renunciaban al escaño para retornar a la casilla inicial, con la pugnaz instructora
fuera si la labor de zapa daba fruto. Para el Presidente de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia de Sevilla,
Antonio Moreno, que los aforados vuelvan al juzgado de origen da cierto tufo.
“Supongo que lo hacen porque creen que muchas cosas prescribirán”. Según Carlos
Mármol, causa rubor ver que quienes reclamaban que el sumario pasara a
instancias superiores, huir del Alto Tribunal para regresar a la jurisdicción
ordinaria ahora que los vientos parecen más favorables. Es la señal evidente de
quién mece la cuna del Juzgado nº 6. Más asombroso es que el TSJA consuma el dislate incurriendo en la
contradicción de decir que Alaya debería seguir, pero apartándola por completo
del caso. No parece una decisión salomónica sino interesada. La culminación de
la investigación ha pesado menos que la máxima de la tribu: cualquier cosa
antes de que revienten las costuras del sistema. Estamos ante la “peronización”
definitiva de la justicia en Andalucía. La independencia judicial se basa en
tres elementos: que los jueces trabajen sin presiones, que tengan estabilidad
en el juzgado y que ninguna instancia superior interfiera sus investigaciones,
y ninguno de ellos está en pie: Ayala ha recibido presiones, el PSOE ha
cuestionado su figura y el Sanedrín gremial la ha sacado del tablero el mismo
día que rubricaba el pacto para seguir amordazando al Parlamento, “cuya
composición no casa con los deseos de su Peronísima
Majestad”. La soberanía popular queda bajo la tutela de su vicario y el
TSJA renueva los obstáculos judiciales pendientes. “Lo peor de este episodio
–concluye Mármol- no es asesinar a la justicia por la espalda, sino
justificarlo a la siciliana, diciendo
que la juez no quería colaborar”.
Cambio de instructora
en el caso del fraude de los ERE
En Junio de 2015, Mercedes Alaya
–sin duda fatigada por el acoso del “establishment”
socialista- solicitó y obtuvo una plaza en la Audiencia sevillana, en la creencia inducida de que podría seguir
con su labor instructora como juez de
apoyo. Con ello perdió el control sobre la instrucción del caso de los ERE La Sala de Gobierno del TSJA
propuso, en efecto, la concesión de una comisión de servicio -junto con el juez
Álvaro Martín- para que continuara con la instrucción del caso, pese a las
reservas de su sucesora María Núñez, que había estado 11 años a cargo de un
Juzgado de Derecho de Familia y estaba apadrinada por el Consejero de Justicia De
Llera, notorio y desaforado crítico de Alaya. Los primeros pasos de la nueva
titular desde su llegada al puesto se dirigieron –en opinión de J.Caro Romero- a
“destejer una procelosa investigación, que ha sido avalada –incluso en sus
arriesgadas conclusiones- por el Instructor designado por el TS en el caso que
afecta a los ex–Presidentes Chaves y Griñán”. Nada más llegar-y sin esperar a
la decisión del TSJA sobre el recurso de la Fiscalía que había solicitado la división del
macro-proceso-, lo troceó, algo a lo que se había opuesto vehementemente Alaya
–apoyada por la propia Audiencia-, al estimar que se rompería la unidad del proceso.
El sumario se dividió en tres piezas: diseño ilegal del “fondo de reptiles”,
pagos abonados a las Aseguradoras y a los Sindicatos, y falsas ayudas
concedidas a las empresas, esta última dividida, a su vez, en más de 200
micro-piezas, lo que puede condicionar los resultados, ya que –al juzgarse por
separado- existe el riesgo de que algunos
de los delitos queden prescritos. Según Rosell, este troceo reduce los
numerosos y continuados delitos a asuntos de menor cuantía y –dado que las
leyes son como las telarañas- los insectos pequeños quedarán prendidos en
ellas, mientras que los grandes la romperán. Al final, será sancionada la
morralla de actores secundarios, mientras que los “peces gordos” se saldrán de
la red y eludirán las condenas o, a lo sumo, recibirán, sólo sanciones
administrativas. Según José Antonio Gómez Marín, en Sevilla crece la impresión
de que la “jibarización” de los sumarios instruidos por Alaya “va que se mata desde que se apareció a la Junta la juez Núñez”. Ésta
ha rechazado la solicitud del Fiscal de tomar declaración a los imputados que
dejaron de ser aforados a fin de evitar que puedan alegar prescripción de los
delitos o vulneración del derecho de defensa, con la consiguiente anulación del
proceso. También mantiene paralizadas las
investigaciones de los fraudes de los cursos de formación con la excusa de
presionar a la Junta
para que le facilite más funcionarios, al tiempo que prescinde de los que han
colaborado con Alaya, so pretexto de que serían sustituidos por los nuevos que
le proporcione la Junta.
¡Desviste a un Santo sin poder vestir a otro!.
Defenestración de la
juez Alaya
Harta
probablemente de tantas zancadillas, Mercedes Alaya envió el 25 de Junio de
2105 un duro e inapropiado escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
en el que arremetía contra su sucesora –a la que cuestionaba la competencia y la imparcialidad- y reclamaba la
exclusividad en la instrucción de los casos de los fraudes de los ERE y de los
cursos de formación. El tiro le salió por la culata y, el 13 de Octubre, el
TSJA decidió revocar la comisión de servicio que previamente le había concedido
y mantener sólo la de Martín como juez de apoyo a Núñez, decisión que fue
corroborada por el CGPJ. Como ha señalado Belmonte –en su “Tercio de Varas” en
“El Mundo” de Andalucia-, a leguas se
veía venir que a la Juez Alayala Junta y de su Partido. La
vista se hizo más patente cuando apareció
en escena la sustituta del brazo astuto del Consejero del ramo, cuya
animosidad hacia Alaya está requetebién probada. Y ahora a esperar pues nunca
se sabe, aunque “lo previsible es que el gran globo se desinfle y acabe en poco
o casi nada el que ha sido el mayor escándalo en la historia de la autonomía”.
Ayala ha sido víctima de sus propios errores. Su equivocación básica –si quería
seguir con la instrucción del sumario de los ERE- fue solicitar su traslado a la Audiencia , porque, “ipso facto,” dejó de ser la “juez
natural”. Su plaza salió a concurso y fue ocupada por otra magistrada, cuya
apreciación del caso lamentablemente difería de forma notable del criterio de
la su predecesora. Pretender –como hizo Alaya- llevar el caso desde la Audiencia colisionaba
con el principio básico del juez natural y podría acarrear la nulidad del
proceso. Es cierto que podía haber continuado
con la instrucción si el TSJA le concedía una comisión de servicio al efecto,
pero lo mismo que se la dio, se la quitó. Como destacó el Tribunal, no es
posible prescindir de la condición de juez natural y predeterminado por la ley
y adquirida por la actual titular, que ostenta la superior dirección y
responsabilidad del caso, y no puede ser desposeída de su conocimiento sin su
aquiescencia, pues dicho principio no puede ser saltado por nadie. Antes
existía la figura del “juez especial” –recuerdo, por ejemplo, cuando mi padre,
siendo magistrado de la Audiencia
Territorialla
Virgen de los Reyes-, que hubiera podido solucionar el
problema, pero esto no es ya viable y la decisión del TSJA ha sido formalmente
correcta. Otro grave e incomprensible error de Alaya ha sido enviar en contra
de su sucesora un escrito intolerable y difícil de aceptar, que -por más que
tenga buena parte de razón en su argumentación- ha dado razones al TSJA para su
defenestración, pues “patentiza una clara voluntad de no colaborar con la
actual titular, en manifiesta oposición al fundamento que justifica toda medida
de apoyo judicial”. Lo deseable hubiera sido utilizar sus conocimientos, pero
los duros ataques dirigidos a su sucesora obligaron a replantear la solución inicialmente propuesta, ya que Alaya traspasó
la línea roja al cuestionar la idoneidad e independencia de Núñez. La vehemente
juez ha cometido, por otra parte, algunas equivocaciones en la instrucción del
sumario, especialmente al concentrar excesivamente el trabajo en su cuestionada
persona, pese -o quizás debido- a la insuficiencia de medios y a las ingentes
presiones sufridas desde la
Junta , el PSOE y algunos sectores judiciales, y tardar
demasiado tiempo en concluir la instrucción. En su descargo tiene la enorme complejidad
del sumario y la estrecha conexión entre sus elementos constitutivos, que le
incitaba a mantener la unidad sumarial contra viento y marea. Sin embargo,
nadie puede negar que ha realizado un trabajo descomunal y hurgado donde ningún
juez o Tribunal andaluz se había atrevido y que -gracias a su tenacidad y buen
hacer jurídico- ha puesto de manifiesto las
cloacas de la Junta
y revelado el enorme fraude de los ERE. Su relato se ha mostrado válido, pues,
de no ser así –ha observado Carlos Mármol-, el TS no habría iniciado un un
“encausamiento interruptus” de los padres de la patria implicados en una red corrupta
que subvencionaba el despido libre de sus amigos.
Riesgo de solución
insatisfactoria del caso de los ERE
El
Vicesecretario del PP, Pablo Casado, ha afirmado que, detrás de la decisión del
TSJA de apartar a Alaya del caso está la “larga sombra” de la Junta. Ella Junta de esta separación y afirmado que en España
se llevan demasiados años en los que a los jueces se les mueve y se les
presiona en función del caso que juzguen, y ha equiparado la situación a los
“movimientos” del PP de los magistrados encargados de la trama “Gurtel”. Esta
comparación es poco afortunada, pues no ha sido el PP, sino la Fiscalía y las
acusaciones privadas quienes están tratando de remover del Tribunal competente
a algunos de los “jueces naturales” del caso. Según Caro Romero, lo que ha
dejado de aclarar Rivera es por qué Cs sostiene a la Junta y aprueba a ciegas los
presupuestos a un partido que “mueve jueces” en Andalucía. Es una pena que Cs
renuncie tan fácilmente a su papel en Andalucía de corrector de la corrupción
que prometió a sus votantes. Según Luis
Miguel Fuentes, el reformismo minimalista y contemplativo de Cs sólo está
consiguiendo migajas insuficientes ante lo fundamental: ninguna decisión
económica o ideológica nos empobrece y estrangula tanto como la propia
corrupción del sistema, el uso metódico de lo público con el único objetivo de
sostener al partido y a su poder, y “eso es en lo que Cs está colaborando”. La
exclusión de Alaya es una operación política diseñada por el partido en el
poder y ejecutada por los largos tentáculos de un régimen que alcanza hasta el
máximo órgano judicial en Andalucía. En un excelente artículo sobre “La
defenestración de la juez Alaya”, publicado en “El Mundo” de Andalucía, su director, Francisco Rosell, ha afirmado
que, tras defenestrar a Alaya de la instrucción de los ERE y de las
macro-causas que probarían la institucionalización de la corrupción andaluza
como sistema socialista para garantizarse su intangible hegemonía, no se sabe
si su espectro recorrerá los salones de los órganos de gobierno judiciales.
Como estaba cantado por mor de de unas
maniobras orquestadas difícilmente disimulables, el desenlace se ha registrado
cuando el Instructor de la causa en el TS percibió signos inequívocos para
imputar a los aforados ex- Presidentes Chaves y Griñán, así como a algunos
ex-Consejeros que gozaban de igual privilegio para burlar la justicia mediante
una corrupción piramidal y jerárquica. Alaya vio como se nombraba
específicamente a un consejero para que se desembarazara de ella el antiguo
fiscal De Llera, quien nunca reparó en la existencia de la corrupción cuando
era el encargado de investigar tales delitos. En pago de sus artimañas, la Presidenta de la Junta , Susana Díaz, ha
premiado con el número 2 de la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por
Sevilla a la esposa del susodicho, Juana Amalia Rodríguez. La Sala de Gobierno del TSJA y
el CGPJ nunca prestaron apoyo y amparo a Alaya, sino que participaron en
maniobras arteras contra ella por su empecinamiento en esclarecer unos abusos
que afectaban a la columna vertebral del régimen andaluz. Siendo lo más lógico
que se le hubiera otorgado una comisión de servicio para cerrar el voluminoso
sumario, las Salas de Gobierno dieron largas para que su sustituta –sin
experiencia penal alguna, pero apadrinada por De Llera- fuera deconstruyendo la
causa. Entretanto, tras su paso a la Audiencia , Alaya aguardaba en vano un
pronunciamiento favorable para seguir en exclusiva con la instrucción, que no
se produjo. Dada la trama de intereses a la que se enfrentó, era el presumible
epílogo que acontecería en cuanto constató que no era cosa de “cuatro golfos”,
sino que tenía un calado enorme al implicar a la cúpula de la Junta. Los
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