Nos encontramos ante una actuación que vulnera el derecho a la
propiedad privada consagrado por la Constitución, y que sin embargo
tiene una respuesta legal tan lasa que en la práctica genera indefensión
en los perjudicados.
El estado de derecho ha de basarse en la garantía de los
documentos, contratos y registros públicos qué fehacientemente
determinan quién es el propietario y el derecho al uso de un bien en
este caso una vivienda.
Mientras según nuestra legislación el uso de un bien por quien no
es su propietario sin su permiso se considera incluido en un
supuesto con responsabilidad penal, y es perseguido generalmente
de oficio, cuando nos encontramos ante el caso de las
ocupaciones, no solo es relativamente consentido, sino que
además en caso de denuncia se requiere a los denunciantes
requisitos que a veces no pueden aportar. Como cuando
la denuncia la realizan las comunidades de vecinos o los mismos
vecinos que no se pueden formalizar al no ser los propietarios
del bien aunque sufran las consecuencias de la ocupación.
No es admisible que haya discriminaciones entre quién es el titular de
la propiedad o si el citado titular tiene uno o más bienes de este tipo,
Cómo está sucediendo en la actualidad omitiendo el derecho a
la propiedad es un derecho básico y en ningún modo cuantitativo.
No es admisible que formaciones políticas o sociales mantengan un
discurso contrario a la legalidad sin que esto tenga consecuencias.
Como en cualquier otro caso de apología de un delito esto
debe ser perseguido y castigado de forma adecuada.
Solicitamos que se establezca dentro del Código Penal la figura
delictiva de ocupación Con castigos proporcionales a la reincidencia
en el delito.
La denuncia debe generar de una forma inmediata la actuación
pública para corregir la situación sin dilaciones innecesaria.
Se debe permitirse cursar las denuncias por parte, cómo no, del
propietario pero también De las comunidades, asociaciones de
vecinos y vecinos cercanos que muchos de ellos resultan afectados
por efectos indeseables que genera la ocupación.
Los desalojos se deben realizar de forma inmediata con
identificación de todos los adultos que hayan participado en la misma.
Se deben establecer tipos agravados de penas para las mafias
y organizaciones criminales que realice estas actuaciones de forma
organizada.
Se deben establecer castigos proporcionales para organizaciones
cierra apología de estos actos delictivos tanto a nivel organizativo
como a nivel individual.
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