Lo políticamente correcto nos impide decir con sinceridad, lo que vemos con claridad.
Lo políticamente correcto nos impide decir con sinceridad, lo que vemos con claridad.
Las incesantes iniciativas de ingeniería social que llueven sobre nuestras pobres cabezas son tan 
demenciales y contrarias a la justicia, el sentido común, la naturaleza, la lógica y la civilización
 que solo en criticar esos aspectos se nos va el día, dejando pasar otros no menos graves, que son
 de los que me quiero ocupar hoy.
Porque aunque la miríada de normas que protegen lo políticamente correcto (PC) no fueran
 ninguna de esas cosas que dejo escritas, aun así serían nocivas para nuestras sociedades, por tres razones.

1. Reducen la seguridad jurídica

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La seguridad jurídica consiste, básicamente, en saber qué terreno pisamos. No tiene nada que ver con
 que las leyes sean buenas o malas, justas o injustas, convenientes o no: tiene que ver con que sean 
claras, definidas con precisión y no tantas que sea imposible conocerlas, y con que se apliquen sin excepción.
Es mejor o, al menos, más viable un Estado con leyes absurdas, pero cumplibles y estrictamente 
delimitadas, con garantías específicas para el ciudadano, que otro cuya legislación, rebosante de 
las mejores intenciones, sea tan vaga y permita a las autoridades tal grado de discrecionalidad que
 sea imposible saber con certeza cuándo se está incumpliendo la ley. Como decía Chesterton, el
 más crudo de los mapas es más útil que la vaga indicación de torcer siempre a la derecha.
Un país con baja seguridad jurídica aleja a los inversores y permite al Estado utilizar el poder de la ley contra sus enemigos políticos
También exige que las normas se cumplan todas y siempre. De lo que se trata es de reducir al mínimo 
la arbitrariedad del poder y de que el ciudadano sepa en cada momento dónde está en relación a la 
legalidad.
Un país con baja seguridad jurídica aleja a los inversores y permite al Estado utilizar el poder de la ley 
contra sus enemigos políticos valiéndose de la propia vaguedad de la norma.
El tsunami PC atenta contra esta seguridad jurídica de tres maneras. En primer lugar, multiplicando
 las normas más allá de lo que es razonable pretender que un ciudadano pueda conocer. Cuando hay 
demasiadas leyes, no hay medios materiales para conocerlas ni para hacerlas cumplir, con lo que se
 permite su vulneración rutinaria (lo que fomenta el desprecio hacia ella del ciudadano) hasta que el 
Poder decide usarla contra un ciudadano molesto.
En segundo lugar, permitiendo un altísimo grado de discrecionalidad por parte de las autoridades.
  ¿Han leído la Ley de la Memoria Histórica, última versión? Es difícil calibrar cuándo se está 
vulnerando. No digamos ya las leyes de género, o las de violencia doméstica.
Y en tercer lugar, destruyendo garantías jurídicas esenciales en nuestro ordenamiento desde
 hace milenios. La igualdad ante la ley o el principio de presunción de inocencia, por ejemplo, 
han quedado hechos unos zorros con las últimas leyes citadas.
El Estado del Bienestar se basa en un timo por el que la Administración te quita con sigilo lo que te da a bombo y platillo, porque no puede ofrecer nada que no haya arrebatado a otros previamente

2. Aumenta el intervencionismo (y el poder) del Estado sobre 

la sociedad

El Estado del Bienestar se basa en un moderno timo por el que la Administración te quita sigilosamente 
lo que te da a bombo y platillo, porque no puede ofrecer nada que no haya arrebatado a otros previamente.
Con la muerte -en la práctica histórica- de Dios, el Estado ha pasado a ocupar en la mente de 
muchos el papel de Padre todopoderoso y providente, que nos cuida y nos protege de la cuna a la tumba.
Obviemos por un momento la evidencia de que la Administración va a ser siempre menos precisa, 
delicada, justa y capaz para prestar determinados servicios que el mercado o la sociedad. Porque, 
aunque no fuera así, cada nuevo aspecto de nuestras vidas que cedemos al Estado es un poder
 nuevo que adquiere, y no creo que haga falta recordar lo que trae el exceso de poder.
Cada ley necesita recursos, burocracia y un recorte de libertades para el ciudadano. Puede, naturalmente, compensar, pero encontrar el equilibrio es difícil, y hace décadas que estamos muy lejos de él.
Las leyes de ingeniería social no sólo dan mayor poder a un Estado ya agobiantemente intervencionista,
sino que lo hacen en aspectos de nuestra vida cada vez más íntimos y esenciales: cómo nos relacionamos
 en pareja, cómo distribuimos las cargas domésticas, cómo educamos a nuestros hijos…
El Estado, con las leyes derivadas del pensamiento políticamente correcto, se convierte en una madre sobreprotectora que intenta salvaguardarnos de toda molestia

3. Nos hace débiles

El Estado, con las leyes derivadas del pensamiento políticamente correcto, se convierte en una 
madre sobreprotectora que intenta salvaguardarnos de toda molestia, de todo roce con las realidades 
amargas de la vida, de todo peligro, hasta el punto de hacer de sus hijos niños perpetuos incapaces 
de valerse por sí solos o superar la más leve frustración.
Cada día leemos en redes sociales a feministas haciendo un mundo del detalle más trivial -del 
manspreading al mansplaining, pasando por una legión de minuciosos micromachismos- y 
pidiendo el concurso de la ley para las cuestiones cotidianas más banales.
Así nos encontramos en las universidades americanas de la Ivy League colectivos de estudiantes 
que exigen zonas seguras en las que no pueda comentarse nada que hiera sus hipersensibles 
epidermis mentales, que alegan la condición de estrés postraumático tras la victoria electoral de 
Donald Trump o llaman “apropiación cultural” a que un anglo cante rancheras o se ponga rastas.
Esta burbujita acolchada tiene el enorme inconveniente, además de todo, de ser muy pequeña y 
muy artificial, porque, en el resto del universo, la vida sigue y puede llegar a ser muy perra.
Fuera hay todo un mundo que se ríe de nuestras idioteces PC y nos va a comer con patatas, quizá 
antes de lo que nos figuramos.