Bélgica, que se ha atrevido a dar lecciones a España sobre política penitenciaria, presenta centros “intolerables”, según el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.
Bélgica, que se ha atrevido a dar lecciones a España sobre política penitenciaria, presenta centros “intolerables”, según el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa que en su último informe -de este año- aseguró que lleva más de una década exigiendo al Gobierno belga una respuesta y que tiene una “profunda preocupación” por la conflictividad que provoca el estado de sus cárceles.

El país tiene una de las tasas de suicidios por 10.000 reclusos más altas de la Unión Europea. Entre 2000 y 2016, 262 encarcelados acabaron con su vida, según recogió un estudio de la Universidad de Gante -más de uno cada mes, 16,3 de media-. El 20% lo hizo en el primer mes de encarcelamiento. Asimismo, es el tercer país europeo en masificación carcelaria, con 127 presos cada 100 en 2015 -España tiene 119,6 presos-, según las estadísticas penales presentadas por el Consejo de Europa este año 2017. El proyecto “Prison Insider” baja el nivel de ocupación de las cárceles en España al 84% y sitúa el de Bélgica en un 109,6%.
Las prisiones belgas destacan asimismo por el alto número de reclusos en prisión preventiva, aproximadamente un 30% -en nuestro país el porcentaje desciende a poco más del 10%- y en los últimos años las huelgas de los funcionarios que custodian las cárceles han sido constantes. En mayo de 2016 el diputado socialista Alain Onkelinx denunció las “apocalípticas condiciones” en la cárcel de Lantin, cerca de Lieja.
El Gobierno ha respondido a la petición de información de la Fiscalia belgasobre el sistema penitenciario y judicial español y ha asegurado que respeta escrupulosamente los derechos humanos y que las cárceles españolas están supervisadas por jueces de vigilancia penitenciaria, “independientes, integrantes del poder judicial, con amplias facultades para corregir cualquier desviación o abuso que pudiera producirse”.

Existen leyes -recuerda el Ejecutivo- que prohíben la tortura y los malos tratos, como queda recogido en el artículo 15 de la Constitución y en el artículo 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que dice: “Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra”. En este sentido, se ha indicado que España recibe periódicamente visitas del Consejo de Europa y también tiene el control del Defensor del Pueblo y del Mecanismo de Prevención de la Tortura Nacional.
En el documento, en el que se da respuesta a las catorce preguntas de la Fiscalia belga, detalla que si se decreta su encarcelamiento en España Puigdemont iría a la cárcel de Estremera (Madrid VII) -junto con los exconsejeros ya presos- y que podría disponer de celda individual si la solicita o compartirla con sus excompañeros.
El ministro de Asuntos exteriores, Alfonso Dastis, ha asegurado que esta cárcel “reúne todas las comodidades que, no solo los presos, sino que muchas personas quisieran disfrutar”.
“Ha quedado claro que las cárceles en España, y en particular la cárcel a la que se va a enviar al señor Puigdemont cuando venga, es una cárcel quereúne todas las comodidades que, en fin, no solo los presos, sino que muchas personas quisieran disfrutar”, ha afirmado.

‘Las preguntas son un insulto’

La solicitud de información del Ministerio Público belga versó sobre tres ámbitos, según fuentes jurídicas. El primero, el sistema penitenciario español. Se formularon preguntas como ¿en qué cárcel quedarán encerrados?, ¿las circunstancias de detención son de conformidad con la Convención Europea de Derechos Humanos?, ¿cuáles son las dimensiones de la celda?, ¿cuál es el espacio vital individual?, ¿hay acceso suficiente y regular a equipamientos sanitarios y duchas? o ¿la comida es suficiente y de buena calidad?.

El segundo ámbito fueron las garantías del procedimiento judicial español -“¿se aplica el procedimiento normal o un procedimiento especial?”-, y el tercero sobre los hechos contenidos en la orden europea de detención.
Fuentes del Gobierno, que públicamente aseguraron que esa solicitud se enmarca dentro de la relación normal entre los órganos de Justicia de los países y que Bélgica quedará “gratamente impresionada por el estado de las cárceles en España”, sostienen que la petición y algunas de las preguntas son un “insulto”.