El teniente general José Mena Aguado rompe su silencio

El general Mena asegura que no existe "ruido de sables" pero sí "preocupación callada"

EFE miércoles, 29 de mayo de 2013 http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_13408_ESP.asp

El teniente general retirado José Mena Aguado asegura que el "ruido de sables" de otros tiempos se ha transformado hoy en una "preocupación callada" de las Fuerzas Armadas ante la secesión de Cataluña.

Bajo el título "Los límites de la libertad de expresión de los militares", el general Mena pronunció en el Centro Cultural de los Ejércitos de Madrid una conferencia que había creado una gran expectación. Ante un auditorio decasi 200 personas, en su mayoría coroneles y generales retirados, Mena planteó una serie de preguntas habitualmente consideradas tabú y que suelen soslayarse en el debate político.

Así se preguntópor qué los militares "han de renunciar a sus derechos ciudadanos desde que ingresan en las academias",por qué "no pueden defender la unidad de España cuando hay partidos que defienden la secesión", o por "el súbito interés de derogar el artículo octavo de la Constitución".

El teniente general Mena saltó a la fama en la celebración de la Pascua Militar de 2006 al sugerir que debía aplicarse el artículo octavo de la Constitución si cualquier estatuto de autonomía rebasaba los límites establecidos en la Carta Magna, en referencia al Estatuto catalán que se negociaba en esos momentos. El citado artículo establece que las Fuerzas Armadas "tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial yel ordenamiento constitucional".

El entonces ministro de Defensa, José Bono, le sancionó con ocho días de arresto domiciliario y fue destituido como jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, aunque Mena sostuvo que la intervención del Ejército debía ser reclamada por el Gobierno o por el Tribunal Constitucional, como señala la Constitución.

Al referirse a los límites de la libertad de expresión protegida por la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos, entre otras las leyes, Mena Aguado señaló que"resulta grotesco que quien ha jurado defender la integridad y unidad haya de permanecer callado y, sin embargo, dar su vida por España". Justificó la ausencia de "generales y coroneles en activo que hubieran querido estar presentes", pero que la obligación de permanecer callados lo impedía.

En relación al artículo octavo de la Carta Magna, el general Mena denunció la corriente de "detractores que lo califican de trasnochado y piden su derogación". Explicó en detalle que antes de llegar al extremo de su aplicación en una situación secesionista,los Gobiernos tienen un arsenal de actuaciones legales que resumió en cuatro puntos: Presentar recurso ante el Tribunal Constitucional, aplicar el artículo 155 de la Constitución, la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, finalmente, declarar los estados de alarma, de excepción y de sitio contemplados por el artículo 116 de la Constitución.

Respecto a una eventual supresión del artículo octavo, el general Mena señaló que sólo se podría producir a iniciativa del Gobierno, y la propuesta tendría que ser debatida y aprobada por las Cámaras, y sometida a referéndum. Se preguntó "por qué les preocupa tanto a los políticos que los militares aludan a este artículo", cuando lo realmente importante es que "la segregación de España es inconstitucional", enfatizó.

Finalmente hizo una comparación entre las instituciones mejor y peor valoradas por la sociedad española, en referencia a los barómetros del CIS que mes tras mes revelan que las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía son las únicas instituciones que obtienen aprobado. "Tiene gracia que los peor valorados en tercer lugar sean los políticos, que quieren embridar a la institución más valorada", subrayó Mena.

Medios militares señalan que la conferencia del teniente general retirado Mena sería la respuesta a la campaña puesta en marcha desde sectores de izquierda y nacionalistas para crear una opinión pública favorable a la supresión del artículo octavo ante una eventual reforma de la Constitución.