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PARA QUITAR MULTAS
DE ZONA AZUL.
ALGO QUE INTERESA A TODOS.
Esto es algo que nos vale a todos para que estos dueños de las empresas concesionarias privadas que tiene el Ayuntamiento para explotar la zona azul no nos sigan robando en nuestras narices ya que no sé si Uds. saben esto: Las multas que te ponen cuando se nos olvida poner el ticket de zona azul son todas nulas de pleno derecho según el art 62.1..b de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre y el art 3 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero. Tú no estás obligado a pagar la zona azul ya que para eso pagas un impuesto de circulación en tu ciudad. Cuando pones "1 Euro" en el parkímetro, ese Euro va directamente a parar al bolsillo del dueño de la empresa concesionaria privada y cuando no has puesto ticket te colocan un sobre marrón en el parabrisas del coche, que introduciéndolo en la maquinita y pagando "sólo 3 Euros", que van a parar directamente al bolsillo del dueño de dicha empresa, te quitan muy amablemente la multa, ja, ja, ja. ¡¡¡¡¡Qué ladrones!!!!! . Esto es de risa, pero ATENCION que si no pagas los "3 euros" , ellos alegando falsamente que esa multa la pone un Policía Local te envían la multa por medio de la Diputación llegando a embargarte la cuenta del banco si no pagas en un tiempo que te dan la cantidad de 80 Euros, que muy amablemente te rebajan a 40 Euros si pagas antes de 10 días,,, ja, ja, ja, ja,,, de risa y todo basado en un fraude ante el desconocimiento de la gente en general con el que todos salen ganando menos tú, el trabajador. BASTA YA DE DEJARNOS AVASALLAR POR ESTA PANDILLA DE LADRONES. VAMOS A DARLES DONDE MAS LES DUELE. Para ello pongamos nuestros datos en el archivo adjunto, que es un comunicado tipo que entregaremos en Diputación por duplicado, pero no antes de que te llegue la multa a tu casa (para poder poner el número de expediente de la multa). Una vez entregado en información le dices al funcionario que le de entrada al documento sellándote la copia que tú te llevarás. En 1 mes aprox. te contesta la diputación dándote la razón y archivando tu expediente y fuera multa y embargo de cuenta bancaria. A mí ya me han quitado 3 seguidas y no pienso pagar más una zona azul en mi ciudad. LA INSTANCIA DE DESCARGOS: AL ILMO SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE D._________________________, MAYOR DE EDAD CON DNI; ____________ CON DOMICILIO EN C/_____________________________, MANIFIESTA: Que he sido anunciado en el BOP bajo el epígrafe "notificación de denuncia de tráfico", número de expediente _______________ , por estacionar en lugares habilitados por la autoridad municipal como estacionamiento con limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza, por un importe de _______ euros, no estando conforme con la misma y dentro del plazo señalado, presento la siguiente: ALEGACION El número de agente denunciante que figura en la notificación de la denuncia no corresponde a ningún agente de la Policía Local de la Población , pudiendo corresponder a alguno de los encargados de la empresa que gestiona la zona azul, en consecuencia, el acto de inicio del Procedimiento Sancionador resulta nulo de pleno derecho, conforme al art. 62.1.b, de la Ley 30/1992, de 26 noviembre. Al ser dictado por órgano manifiestamente incompetente, en cuanto que la denuncia no ha sido formulada por agente de la Policía Local o agente alguno de la autoridad ni autoridad competente alguna, según dispone el art 3 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero. Por lo expuesto: Solicito que, tengan por presentado en tiempo y forma este escrito de alegación en el expediente de referencia, y tras los trámites oportunos, acuerden declarar su improcedencia y procedan al archivo de sus actuaciones. Lo que se pide en _______________ a __________ de _________________ de dos mil once Subject: LAS MULTAS EN CCAA Por si acaso vas a Cataluña, País Vasco , Galicia o Levante en coche y os ponen una multa. Esquivar una multa en estas CC.AA., resulta relativamente sencillo, sobre todo si el motivo de la sanción es un mal estacionamiento. Sólo hay que comprobar si la señal de tráfico de prohibido aparcar, zona azul o cualquier otra está escrita exclusivamente en catalán, gallego o euskera. Si es así (cosa que ocurre en el 100% de los casos), la batalla está ganada. El único trámite a realizar es recurrir la penalización argumentando el incumplimiento de los artículos 56 y 138 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativos al idioma de las señales. Ambos apartados normativos obligan a que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresen al menos en el idioma oficial del Estado» -Artículo 56-. La norma establece que esa señalización en la vía pública «figure en idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha Comunidad» -Artículo 138-. El Ayuntamiento incumple esta normativa estatal en pro de la causa lingüística y prefiere renunciar a cobrar las multas recurridas por este concepto a rotular en castellano las señales. Transmítelo para ampliar el conocimiento legislativo y mejorar en las técnicas de respuesta del ciudadano al consistorio. ¡¡Esto sí que vale la pena reenviarlo!! |
miércoles, 26 de septiembre de 2012
Para quitar multas de la zona azul
Corrupción en Ávila (Movi,iento 15M Ávila)
Jueves 20 de
septiembre de 2012 19:32
Una persona nos envia este
mail-denuncia, darle difusión y que se sepa que pasa en la Diputación de Ávila.
Hola amigos;
seguro que en estas fechas pasadas habéis oido la polémica por la denuncia a la
Jefa de Prensa de la Diputación de Ávila y del PP abulense por parte de los
afectados por las "preferentes" de Bankia.
Pues bien,
como la gente estaba pasando datos a esta asociación para tirar tras de todos
los corruptos de la Diputación, ya se han encargado entre el portavoz del PSOE
(Tomás Blanco) igualmente corrupto, y el presidente de la Diputación (TO-PA-MI)
de hacer retirar la denuncia. Nos preguntamos ¿A cambio de qué?
Sabéis que
el portavoz del PSOE cobra unos 3000€ mensuales de la Dipu, mas su sueldo de
Teléfonica. ¿Es eso moral?
¿Sabéis que
el PSOE tiene 7 diputados provinciales y le permiten tener 5 personas liberadas
en el despacho del grupo en la Diputación? ¿A cambio de qué? A cambio de
mantenerse callado o dar guerra con cosas insignificantes.
¿Sabéis que
esta Jefa de Prensa adjudica los diseños a una empresa (EÑE) cuyo dueño fue
candidato en las municipales por el PP para el ayuntamiento de Mingorría,
acompañando a Ignacio Burgos, actual Vicepresidente de la Dipu?
¿Sabeis que
se ha contratado como personal de confianza a la Concejala del Ayuntamiento
(Carmen Jiménez) como técnico de turismo de la Diputación, con un sueldo de mas
de 40.000€ al año, mas dietas, horas extraordinarias, etc., y que no pisa por
la Dipu. Y que todo es por ser la madre de un nieto del Sr. Diaz de Mera y que
así no le tiene que pasar este ilustre señor la manutención del nieto y se lo
pagamos entre todos? ¿Y que se contratan servicios desde la Diputación,
contratados por ella misma y por el sr. vicepresidente, con la empresa
"Ávila Excellence" que es propiedad de la hermana y del marido de la
concejala?
¿Sabéis que
cuentan con la complicidad del sr. secretario y el sr. interventor de la
Diputación, que hacen la vista gorda a todas las ilegalidades que se cometen a
cambio de cobrar complementos por estar en todas las fundaciones y sociedades
de la Diputación cobrando unos buenos extras?
¿Sabéis que
no se ha reducido ni una sola nómina de los políticos de la Diputación y si la
de la mayoría de los funcionarios?
¿Sabéis que
para completar la nómina mensual, si no llegan a la cantidad deseada, se
inventan viajes, dietas, o acuden a comisiones que duran 5 minutos y que no
tienen contenido?
Por favor,
ayudarnos a denunciar esta situación.
Gracias.
--
"
miércoles, 19 de septiembre de 2012
Las condiciones de Sheldon Adelson para Eurovegas
Las condiciones de Sheldon Adelson para la
instalación de Eurovegas
El magnate de los casinos Sheldon Adelson,
propietario del grupo
Las Vegas Sands, ha impuesto una serie de
condiciones para instalar el
macroproyecto Eurovegas en España. Sheldon, exige condiciones que
convertirían esas instalaciones en un paraíso
fiscal y laboral y que
pueden resumirse en lo siguiente:
· Exención del pago de las cuotas a la
Seguridad Social de los
empleados de dos años.
· Exención de impuestos municipales,
regionales y estatales durante
2 años y del IBI durante, al menos, 10 años.
· Un aval del Estado de 25 millones de euros,
que solicitara al Banco
Europeo de Inversiones y que, si el negocio no
prospera tendrá que
pagar la administración.
> · Cesión gratuita del suelo público que
necesite, además de las expropiaciones
que procedan (que tendrá que pagar la administración).
> · Exclusividad en el negocio durante 10
años, o sea, que no puede instalarse
ninguna otra actividad que pueda suponer una competencia.
> · Modificación del Estatuto de los
Trabajadores a fin de terminar con la
regulación de convenios colectivos con el personal empleado.
> · Modificación de la ley de extranjería a
fin de poder contratar personal
extranjero que estaría sujeto a la legislación y condiciones laborales de su
país de origen (por ejemplo, si es pakistaní, podría trabajar sin contrato de
trabajo y en las condiciones salariales que rijan en Pakistán).
> · Cambio de legislación sobre la
prevención del blanqueo de capitales,
con flexibilización de los controles. En definitiva, que el dinero con el que
juegan o que ganen en las instalaciones pueda salir del país sin ningún tipo de
control administrativo. Podría entrar al país dinero del narcotráfico y salir
dinero español en dirección a los paraísos fiscales sin control de Hacienda.
> · Autorización para entrar en las
instalaciones ludópatas y menores de
edad,circunstancias que actualmente prohíbe la ley del juego en España.
> · Modificación de la ley antitabaco, de
tal forma que se pudiera fumar en todas
sus instalaciones en contra de lo establecido en el resto del estado.
> · Construcción de las instalaciones e
infraestructuras que se soliciten (ha
pedido una estación del AVE, una de cercanías y el enlace con la red de metro o
metro-ligero así como modificación del Aeropuerto de Barajas para llegada y
salida de jet privados). En definitiva, todo esto supondrá un coste para la
Administración de 2.600 millones de euros.
> · Plena disponibilidad de agua para las
instalaciones, incluidos los tres campos
de golf que se pretenden construir, lo que supone una clara amenaza a los
recursos hídricos de la zona.
> · Si el lugar elegido fuera el ensanche
de Vallecas, el traslado del vertedero
de Valdemingomez, lo que supondría un gasto para la administración de unos 200
millones de euros, además de buscar una localización idónea.
> A
cambio de todo esto, ¿que ofrece?
> El
proyecto final, podría suponer la construcción de 12 hoteles, seis casinos con más de mil mesas de juego y
15.000 máquinas recreativas, tres campos de golf y nueve teatros. Todo esto se
construiría si el negocio funcionara tal y como pretende. El proyecto se inicia
con 1/3 de lo prometido, a la espera de que funcione, pero la reserva del
suelo, las infraestructuras, la modificación legislativa, la exacciones
fiscales, el aval del préstamo y demás apartados que se han citado, deben estar
listos desde el inicio del proyecto. En el caso de que el proyecto no funcione
lo abandonarían y nos dejarían con las infraestructura en desuso, tal y como ha
quedado la estación de cercanías de la Warner.
y ahora me
pregunto yo .....¿ESTAMOS TONTOS EN ESTE PAÍS o que..?
Mr. Adelson...vuélvase a Boston..su ciudad
natal e instale sus
casinos allí... listo!!!!!
domingo, 16 de septiembre de 2012
Una teoría de la clase política española César Molinas)
Una teoría de la clase política española
Los partidos han generado burbujas compulsivamente
César Molinas (El País 10 SEP 2012 - 01:34 CET)
En este artículo propongo una teoría de la clase política
española para argumentar la necesidad imperiosa y urgente de cambiar nuestro
sistema electoral para adoptar un sistema mayoritario. La teoría se refiere al
comportamiento de un colectivo y, por tanto, no admite interpretaciones en
términos de comportamientos individuales. ¿Por qué una teoría? Por dos razones.
En primer lugar porque una teoría, si es buena, permite conectar sucesos
aparentemente inconexos y explicar sucesos aparentemente inexplicables. Es
decir, dar sentido a cosas que antes no lo tenían. Y, en segundo lugar, porque
de una buena teoría pueden extraerse predicciones útiles sobre lo que ocurrirá
en el futuro. Empezando por lo primero, una buena teoría de la clase política
española debería explicar, por lo menos, los siguientes puntos:
¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la
crisis, ningún partido político tenga un diagnóstico coherente de lo que le
está pasando a España?
¿Cómo es posible que ningún partido político tenga una
estrategia o un plan a largo plazo creíble para sacar a España de la crisis?
¿Cómo es posible que la clase política española parezca genéticamente incapaz
de planificar?
¿Cómo es posible que la clase política española sea
incapaz de ser ejemplar? ¿Cómo es posible que nadie-salvo el Rey y por motivos
propios- haya pedido disculpas?
¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia
para España -la mejora de la educación, el fomento de la innovación, el
desarrollo y el emprendimiento y el apoyo a la investigación- sea no ya
ignorada, sino masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios?
En lo que sigue, argumento que la clase política española
ha desarrollado en las últimas décadas un interés particular, sostenido por un
sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del interés general de la
nación. En este sentido forma una élite extractiva, según la terminología
popularizada por Acemoglu y Robinson. Los políticos españoles son los
principales responsables de la burbuja inmobiliaria, del colapso de las cajas
de ahorro, de la burbuja de las energías renovables y de la burbuja de las
infraestructuras innecesarias. Estos procesos han llevado a España a los
rescates europeos, resistidos de forma numantina por nuestra clase política
porque obligan a hacer reformas que erosionan su interés particular. Una
reforma legal que implantase un sistema electoral mayoritario provocaría que
los cargos electos fuesen responsables ante sus votantes en vez de serlo ante
la cúpula de su partido, daría un vuelco muy positivo a la democracia española
y facilitaría el proceso de reforma estructural. Empezaré haciendo una breve
historia de nuestra clase política. A continuación la caracterizaré como una
generadora compulsiva de burbujas. En tercer lugar explicitaré una teoría de la
clase política española. En cuarto lugar usaré esta teoría para predecir que
nuestros políticos pueden preferir salir del euro antes que hacer las reformas
necesarias para permanecer en él. Por último propondré cambiar nuestro sistema
electoral proporcional por uno mayoritario, del tipo first-past-the-post, como medio de cambiar nuestra clase política.
La historia
Los políticos de la Transición tenían procedencias muy
diversas: unos venían del franquismo, otros del exilio y otros estaban en la
oposición ilegal del interior. No tenían ni espíritu de gremio ni un interés
particular como colectivo. Muchos de ellos no se veían a sí mismos como
políticos profesionales y, de hecho, muchos no lo fueron nunca. Estos políticos
tomaron dos decisiones trascendentales que dieron forma a la clase política que
les sucedió. La primera fue adoptar un sistema electoral proporcional
corregido, con listas electorales cerradas y bloqueadas. El objetivo era
consolidar el sistema de partidos políticos fortaleciendo el poder interno de
sus dirigentes, algo que entonces, en el marco de una democracia incipiente y
dubitativa, parecía razonable. La segunda decisión, cuyo éxito se condicionaba
al de la primera, fue descentralizar fuertemente el Estado, adoptando la
versión café para todos del Estado de las autonomías. Los peligros de una descentralización
excesiva, que eran evidentes, se debían conjurar a partir del papel vertebrador
que tendrían los grandes partidos políticos nacionales, cohesionados por el
fuerte poder de sus cúpulas. El plan, por aquel entonces, parecía sensato.
Pero, tal y como le ocurrió al Dr. Frankenstein, lo que
creó al monstruo no fue el plan, que no era malo, sino su implementación. Por
una serie de infortunios, a la criatura de Frankenstein se le acabó implantando
el cerebro equivocado. Por una serie de imponderables, a la joven democracia
española se le acabó implantando una clase política profesional que rápidamente
devino disfuncional y monstruosa. Matt Taibbi, en su célebre artículo de 2009
en Rolling Stone sobre Goldman Sachs “La gran máquina americana de hacer
burbujas” comparaba al banco de inversión con un gran calamar vampiro abrazado
a la cara de la humanidad que va creando una burbuja tras otra para succionar
de ellas todo el dinero posible. Más adelante propondré un símil parecido para
la actual clase política española, pero antes conviene analizar cuáles han sido
los cuatro imponderables que han acabado generando a nuestro monstruo.
En primer lugar, el sistema electoral proporcional, con
listas cerradas y bloqueadas, ha creado una clase política profesional muy
distinta de la que protagonizó la Transición. Desde hace ya tiempo, los
cachorros de las juventudes de los diversos partidos políticos acceden a las
listas electorales y a otras prebendas por el exclusivo mérito de fidelidad a
las cúpulas. Este sistema ha terminado por convertir a los partidos en
estancias cerradas llenas de gente en las que, a pesar de lo cargado de la
atmósfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no fluyen las
ideas, y casi nadie en la habitación tiene un conocimiento personal directo de
la sociedad civil o de la economía real. La política y sus aledaños se han
convertido en un modus vivendi que alterna cargos oficiales con enchufes en
empresas, fundaciones y organismos públicos y, también, con canonjías en empresas
privadas reguladas que dependen del BOE para prosperar.
En segundo lugar, la descentralización del Estado, que
comenzó a principios de los 80, fue mucho más allá de lo que era imaginable
cuando se aprobó la Constitución. Como señala Enric Juliana en su reciente
libro Modesta España, el Estado de las autonomías inicialmente previsto, que
presumía una descentralización controlada de “arriba a abajo”, se vio
rápidamente desbordado por un movimiento de “abajo a arriba” liderado por
élites locales que, al grito de “¡no vamos a ser menos!”, acabó imponiendo la
versión de café para todos del Estado autonómico. ¿Quiénes eran y qué querían
estas élites locales? A pesar de ser muy lampedusiano, Juliana se limita a
señalar a “un democratismo pequeñoburgués que surge desde abajo”. Eso es, sin
duda, verdad. Pero, adicionalmente, es fácil imaginar que los beneficiarios de
los sistemas clientelares y caciquiles implantados en la España de provincias
desde 1833, miraban al nuevo régimen democrático con preocupación e incertidumbre,
lo que les pudo llevar, en muchos casos, a apuntarse a “cambiarlo todo para que
todo siga igual” y a ponerse en cabeza de la manifestación descentralizadora.
Como resultante de estas fuerzas, se produjo un crecimiento vertiginoso de las
Administraciones Públicas: 17 administraciones y gobiernos autonómicos, 17
parlamentos y miles -literalmente miles- de nuevas empresas y organismos
públicos territoriales cuyo objetivo último en muchos casos, era generar
nóminas y dietas. En ausencia de procedimientos establecidos para seleccionar
plantillas, los políticos colocaron en las nuevas administraciones y organismos
a deudos, familiares, nepotes y camaradas, lo que llevó a
una estructura clientelar y politizada de las administraciones territoriales
que era inimaginable cuando se diseñó la Constitución. A partir de una
Administración hipertrofiada, la nueva clase política se había asegurado un sistema de captura de rentas -es decir un sistema
que no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya creada por otros- por
cuyas alcantarillas circulaba la financiación de los partidos.
En tercer lugar, llegó la gran sorpresa. El poder dentro
de los partidos políticos se descentralizó a un ritmo todavía más rápido que
las Administraciones Públicas. La idea de que la España autonómica podía ser
vertebrada por los dos grandes partidos mayoritarios saltó hecha añicos cuando
los llamados barones territoriales adquirieron bases de poder de “abajo a
arriba” y se convirtieron, en la mejor tradición del conde de Warwick, en los
hacedores de reyes de sus respectivos partidos. En este imprevisto contexto, se
aceleró la descentralización del control y la supervisión de las Cajas de
Ahorro. Las comunidades autónomas se apresuraron a aprobar sus propias leyes de
Cajas y, una vez asegurado su control, poblaron los consejos de administración
y cargos directivos con políticos, sindicalistas, amigos y compinches. Por si
esto fuera poco, las Cajas tuteladas por los gobiernos autonómicos hicieron
proliferar empresas, organismos y fundaciones filiales, en muchas ocasiones sin
objetivos claros aparte del de generar más dietas y más
nóminas.
Y en cuarto lugar, aunque la
lista podría prolongarse, la clase política española se ha dedicado a colonizar
ámbitos que no son propios de la política como, por ejemplo y sin ánimo de ser
exhaustivo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial,
el Banco de España, la CNMV, los reguladores sectoriales de energía y
telecomunicaciones, la Comisión de la Competencia… El sistema democrático y el
Estado de derecho necesitan que estos organismos, que son los encargados de
aplicar la Ley, sean independientes. La politización a la que han sido
sometidos ha terminado con su independencia,
provocando una profunda deslegitimación de estas instituciones y un severo
deterioro de nuestro sistema político. Pero es que hay más. Al tiempo que
invadía ámbitos ajenos, la política española abandonaba el ámbito que le es
propio: el Parlamento. El Congreso de los Diputados no es solo el lugar donde
se elaboran las leyes; es también la institución que debe exigir la rendición
de cuentas. Esta función del Parlamento, esencial en cualquier democracia, ha
desaparecido por completo de la vida política española desde hace muchos años.
La quiebra de Bankia, escenificada en la pantomima grotesca de las
comparecencias parlamentarias del pasado mes de julio, es sólo el último de una
larga serie de casos que el Congreso de los Diputados ha decidido tratar como
si fuesen catástrofes naturales, como un
terremoto, por ejemplo, en el que aunque haya víctimas no hay responsables. No
debería sorprender, desde esta perspectiva, que los diputados no frecuenten la
Carrera de San Jerónimo: hay allí muy poco que hacer.
Las burbujas
Los cuatro procesos descritos en los párrafos anteriores
han conformado un sistema político en el que las instituciones están, en el mal
sentido de la palabra, excesivamente politizadas y en el que nadie acaba siendo
responsable de sus actos porque nunca se exige en serio rendición de cuentas.
Nadie dentro del sistema pone en cuestión los mecanismos de capturas de rentas
que constituyen el interés particular de la clase política española. Este es el
contexto en el que se desarrollaron no sólo la burbuja inmobiliaria y el saqueo
y quiebra de la gran mayoría de las Cajas de Ahorro, sino también otras
“catástrofes naturales”, otros “actos de Dios”, a cuya generación tan adictos
son nuestros políticos. Porque, como el gran calamar de Taibbi, la clase
política española genera burbujas de manera compulsiva. Y lo hace no tanto por
ignorancia o por incompetencia como porque en todas ellas captura rentas.
Hagamos, sin pretensión alguna de exhaustividad, un brevísimo repaso de las
principales tropelías impunes de las últimas dos décadas: la burbuja
inmobiliaria, las Cajas de Ahorro, las energías renovables y las nuevas
autopistas de peaje.
La burbuja inmobiliaria española fue, en términos
relativos, la mayor de las tres que estuvieron en el origen de la actual crisis
global, siendo las otras dos la estadounidense y la irlandesa. No hay duda de
que, como las demás, estuvo alimentada por los bajos tipos de interés y por los
desequilibrios macroeconómicos a escala mundial. Pero, dicho esto, al contrario
de lo que sucede en EE UU, las decisiones sobre qué se construye y dónde se
construye en España se toman en el ámbito político. Aquí no se puede hablar de
pecados por omisión, de olvido del principio de que los gestores públicos deben
gestionar como diligentes padres de familia. No. En España la clase política ha
inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión ni por
olvido. Los planes urbanísticos se fraguan en complejas y opacas negociaciones
de las que, además de nuevas construcciones, surgen la financiación de los
partidos políticos y numerosas fortunas personales, tanto entre los
recalificados como entre los recalificadores. Por si el poder de los políticos
–decidir el qué y el dónde- no fuese suficiente, la transmisión del control de
las Cajas de Ahorro a las comunidades autónomas añadió a los dos anteriores el
poder de decisión sobre el quién, es decir, el poder de decisión sobre quién
tenía financiación de la Caja de turno para ponerse a construir. Esto supuso un
salto cualitativo en la capacidad de captura de rentas de la clase política
española, acercándola todavía más a la estrategia del calamar vampiro de
Taibbi. Primero se infla la burbuja, a continuación se capturan todas las
rentas posibles y, por último, a la que la burbuja pincha… ¡ahí queda eso! El
panorama, cinco años después del pinchazo de la burbuja, no puede ser más
desolador. La economía española no crecerá durante muchos años más. Y las Cajas
de Ahorro han desaparecido, la gran mayoría por insolvencia o quiebra técnica.
¡Ahí queda eso!
Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la
peculiar simbiosis de nuestra clase política con el “capitalismo castizo”, es
decir, con el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial del
Estado. En una reunión reciente, un conocido inversor extranjero lo llamó
“relación incestuosa”; otro, nacional, habló de “colusión contra consumidores y
contribuyentes”. Sea lo que sea, recordemos en primer lugar la burbuja de las
energías renovables. España representa un 2% del PIB mundial y está pagando el
15% del total global de las primas a las energías renovables. Este dislate,
presentado en su día como una apuesta por situarse en la vanguardia de la lucha
contra el cambio climático, es un sinsentido que España no se puede permitir.
Pero estas primas generan muchas rentas y prebendas capturadas por la clase
política y, también hay que decirlo, mucho fraude y mucha corrupción a todos
los niveles de la política y de la Administración. Para financiar las primas,
las empresas y familias españolas pagan la electricidad más cara de Europa, lo
que supone una grave merma de competitividad para nuestra economía. A pesar de
esos precios exagerados, y de que la generación eléctrica tiene un exceso de
capacidad de más del 30%, el sistema eléctrico español ostenta un déficit
tarifario de varios miles de millones de euros al año y más de 24.000 millones
de deuda acumulada que nadie sabe cómo pagar. La burbuja de las renovables ha
pinchado y… ¡ahí queda eso!
La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista
es más larga (fútbol, televisiones…), es la formada por las innumerables
infraestructuras innecesarias construidas en las últimas dos décadas a costes
astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de contribuyentes. Uno
de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de Madrid, pero
hay muchísimos más. Las radiales, que pretendían descongestionar los accesos a
Madrid, se diseñaron y construyeron haciendo dejación de principios muy
importantes de prudencia y buena administración. Para empezar, se hicieron unas
previsiones temerarias del tráfico que dichas autopistas iban a tener. En la
actualidad el tráfico no supera el 30% de lo previsto. Y no es por la crisis:
en los años del boom tampoco había tráfico. A continuación ¿incomprensiblemente?
el Gobierno permitió que los constructores y los concesionarios fuesen,
esencialmente, los mismos. Esto es un disparate, porque al disfrazarse los
constructores de concesionarios mediante unas sociedades con muy poco capital y
mucha deuda, se facilitaba que pasara lo que acabó pasando: los constructores
cobraron de las concesionarias por construir las autopistas y, al constatarse
que no había tráfico, amenazaron con dejarlas quebrar. Los principales
acreedores eran ¡oh sorpresa! las Cajas de Ahorro. Los más de 3.000 millones de
deuda nadie sabe cómo pagarlos y acabarán recayendo sobre el contribuyente
pero, en cualquier caso, ¡ahí queda eso!
La teoría
Termino aquí la parte descriptiva de este artículo en la
que he resumido unos pocos “hechos estilizados” que considero representativos
del comportamiento colectivo, no necesariamente individual, y esto es
importante recordarlo, de los políticos españoles. Paso ahora a formular una
teoría de la clase política española como grupo de interés.
El enunciado de la teoría es muy simple. La clase
política española no sólo se ha constituido en un grupo de interés particular,
como los controladores aéreos, por poner un ejemplo, sino que ha dado un paso
más, consolidándose como una élite extractiva, en el sentido que dan a este
término Acemoglu y Robinson en su reciente y ya célebre libro Por qué fracasan
las naciones. Una élite extractiva se caracteriza por:
"Tener un sistema de captura de rentas que
permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población
en beneficio propio".
"Tener el poder suficiente para impedir un sistema institucional
inclusivo, es decir, un sistema que distribuya el poder político y
económico de manera amplia, que respete el Estado de derecho y las reglas del
mercado libre. Dicho de otro modo, tener el poder suficiente para condicionar
el funcionamiento de una sociedad abierta -en el sentido de Popper- u optimista
-en el sentido de Deutsch".
"Abominar la 'destrucción creativa', que caracteriza
al capitalismo más dinámico. En palabras de Schumpeter "la destrucción
creativa es la revolución incesante de la estructura económica desde dentro,
continuamente destruyendo lo antiguo y creando lo nuevo". Este proceso de
destrucción creativa es el rasgo esencial del capitalismo. ”Una élite
extractiva abomina, además, cualquier proceso innovador lo suficientemente
amplio como para acabar creando nuevos núcleos de poder económico, social o
político".
Con la navaja de Occam en la mano, si esta sencilla
teoría tiene poder explicativo, será imbatible. ¿Qué tiene que decir sobre las
cuatro preguntas que se le han planteado al principio del artículo? Veamos:
La clase política española, como élite extractiva, no
puede tener un diagnóstico razonable de la crisis. Han sido sus mecanismos de captura
de rentas los que la han provocado y eso, claro está, no lo pueden decir.
Cierto, hay una crisis económica y financiera global, pero eso no explica seis
millones de parados, un sistema financiero parcialmente quebrado y un sector
público que no puede hacer frente a sus compromisos de pago. La clase política
española tiene que defender, como está haciendo de manera unánime, que la
crisis es un acto de Dios, algo que viene de fuera, imprevisible por naturaleza
y ante lo cual sólo cabe la resignación.
La clase política española, como élite extractiva, no
puede tener otra estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que
escampe la tormenta. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que
incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de
los mecanismos de captura de rentas de los que se beneficia. Y eso, por
supuesto, no se plantea.
¿Pidieron perdón los controladores aéreos por sus
desmanes? No, porque consideran que defendían su interés particular. ¿Alguien
ha oído alguna disculpa de algún político por la situación en la que está
España? No, ni la oirá, por la misma razón que los controladores. ¿Cómo es que,
como medida ejemplarizante, no se ha planteado en serio la abolición del
Senado, de las diputaciones, la reducción del número de ayuntamientos…? Pues
porque, caídas las Cajas de Ahorro -y ante las dificultades presentes para
generar nuevas burbujas- la defensa de las rentas capturadas restantes se lleva
a ultranza.
Tal y como establece la teoría de las élites extractivas,
los partidos políticos españoles comparten un gran desprecio por la educación,
una fuerte animadversión por la innovación y el emprendimiento y una hostilidad
total hacia la ciencia y la investigación. De la educación sólo parece
interesarles el adoctrinamiento: las estridentes peleas sobre la Educación para
la Ciudadanía contrastan con el silencio espeso que envuelve las cuestiones
verdaderamente relevantes como, por ejemplo, el elevadísimo fracaso escolar o
los lamentables resultados en los informes PISA. La innovación y el
emprendimiento languidecen en el marco de regulaciones disuasorias y
fiscalidades punitivas sin que ningún partido se tome en serio la necesidad de
cambiarlas. Y el gasto en investigación científica, concebido como suntuario de
manera casi unánime, se ha recortado con especial saña sin que ni un solo
político relevante haya protestado por un disparate que compromete más que
ningún otro el futuro de los españoles.
La teoría de las élites extractivas, por lo visto hasta
aquí, parece dar sentido a bastantes rasgos llamativos del comportamiento de la
clase política española. Veamos qué nos dice sobre el futuro.
La predicción
La crisis ha acentuado el conflicto entre el interés
particular de la clase política española y el interés general de España. Las
reformas necesarias para permanecer en el euro chocan frontalmente con los
mecanismos de captura de rentas que sostienen dicho interés particular. Por una
parte, la estabilidad presupuestaria va a requerir una reducción estructural
del gasto de las Administraciones públicas superior a los 50 millardos de
euros, un 5% del PIB. Esto no puede conseguirse con más recortes coyunturales:
hacen falta reformas en profundidad que, de momento, están inéditas. Se tiene
que reducir drásticamente el sector público empresarial, esa zona gris entre la
Administración y el sector privado, que, con sus muchos miles de empresas,
organismos y fundaciones, constituye una de las principales fuentes de rentas
capturadas por la clase política. Por otra parte, para volver a crecer, la
economía española tiene que ganar competitividad. Para eso hacen falta muchas
más reformas para abrir más sectores a la competencia, especialmente en el
mencionado sector público empresarial y en sectores regulados. Esto debería
hacer más difícil seguir creando burbujas en la economía española.
La infinita desgana con la que nuestra clase política
está abordando el proceso reformista ilustra bien que, colectivamente al menos,
barrunta las consecuencias que las reformas pueden tener sobre su interés
particular. La única reforma llevada a término por iniciativa propia, la del
mercado de trabajo, no afecta directamente a los mecanismos de captura de
rentas. Las que sí lo hacen, exigidas por la UE como, por ejemplo, la
consolidación fiscal, no se han aplicado. Deliberadamente, el Gobierno confunde
reformas con recortes y subidas de impuestos y ofrece los segundos en vez de
las primeras, con la esperanza de que la tempestad amaine por sí misma y, al
final, no haya que cambiar nada esencial. Como eso no va a ocurrir, en algún
momento la clase política española se tendrá que plantear el dilema de aplicar
las reformas en serio o abandonar el euro. Y esto, creo yo, ocurrirá más pronto
que tarde.
La teoría de las élites extractivas predice que el
interés particular tenderá a prevalecer sobre el interés general. Yo veo
probable que en los dos partidos mayoritarios españoles crezca muy deprisa el
sentimiento “pro peseta”. De hecho, ya hay en ambos partidos cabezas de fila
visibles de esta corriente. La confusión inducida entre recortes y reformas
tiene la consecuencia perversa de que la población no percibe las ventajas a
largo plazo de las reformas y sí experimenta el dolor a corto plazo de los
recortes que, invariablemente, se presentan como una
imposición extranjera. De este modo se crea el caldo de cultivo
necesario para, cuando las circunstancias sean propicias, presentar una salida
del euro como una defensa de la soberanía nacional ante la agresión exterior
que impone recortes insufribles al Estado de bienestar. También, por poner un
ejemplo, los controladores aéreos presentaban la defensa de su interés
particular como una defensa de la seguridad del tráfico aéreo. La situación
actual recuerda mucho a lo ocurrido hace casi dos siglos cuando, en 1814, Fernando
VII – El Deseado- aplastó la posibilidad de modernización de España surgida de
la Constitución de 1812 mientras el pueblo español le jaleaba al grito de
¡vivan las “caenas”! Por supuesto que al Deseado actual –llámese Mariano,
Alfredo u otra cosa- habría que jalearle incorporando la vigente sensibilidad
autonómica, utilizando gritos del tipo ¡viva Gürtel! ¡vivan los ERE de
Andalucía! ¡visca el Palau de la Música Catalana! Pero, en cualquier caso, las
diferencias serían más de forma que de fondo.
Una salida del euro, tanto si es por iniciativa propia
como si es porque los países del norte se hartan de convivir con los del sur,
sería desastrosa para España. Implicaría, como acertadamente señalaron Jesús
Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos en EL PAÍS el pasado mes de
junio, no sólo una vuelta a
la España de los 50 en lo económico, sino un
retorno al caciquismo y a la corrupción en lo político y en lo social que llevaría
a fechas muy anteriores y que superaría con mucho a la situación actual, que ya
es muy mala. El calamar vampiro, reducido a chipirón, sería cabeza de
ratón en vez de cola de león, pero eso nuestra clase política lo ve como un mal
menor frente a la alternativa del harakiri que suponen las reformas. Los
liberales, como en 1814, serían masacrados –de hecho, en los dos partidos
mayoritarios, ya se observan movimientos en esa dirección.
El peligro de que todo esto acabe ocurriendo en un plazo
relativamente corto es, en mi opinión, muy significativo. ¿Se puede hacer algo
por evitarlo? Lamentablemente, no mucho, aparte de seguir publicando artículos
como éste. Como muestran todos los sondeos, el desprestigio de la clase
política española es inmenso, pero no tiene alternativa a corto plazo. A más
largo plazo, como explico a continuación, sí la tiene.
Cambiar el sistema electoral
La clase política española, como hemos visto en este
artículo, es producto de varios factores entre los que destaca el sistema
electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas confeccionadas por las
cúpulas de los partidos políticos. Este sistema da un poder inmenso a los
dirigentes de los partidos y ha acabado produciendo una clase política
disfuncional. No existe un sistema electoral perfecto -todos tienen ventajas e
inconvenientes- pero, por todo lo expuesto hasta aquí, en España se tendría que
cambiar de sistema con el objetivo de conseguir una clase política más
funcional. Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que responden ante
sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes
partidarios. Como consecuencia, las cúpulas de los partidos tienen menos poder
que las que surgen de un sistema proporcional y la representatividad que dan de
las urnas está menos mediatizada. Hasta aquí todo son ventajas. También hay
inconvenientes. Un sistema proporcional acaba dando escaños a partidos
minoritarios que podrían no obtener ninguno con un sistema mayoritario. Esto
perjudicaría a partidos minoritarios de base estatal, pero beneficiaría a
partidos minoritarios de base regional. En cualquier caso, el rasgo relevante
de un sistema mayoritario es que el electorado tiene poder de decisión no solo
sobre los partidos sino también sobre las personas que salen elegidas y eso, en
España, es ahora una necesidad perentoria que compensa con creces los
inconvenientes que el sistema pueda tener.
Un sistema mayoritario no es bálsamo de Fierabrás que
cure al instante cualquier herida. Pero es muy probable que generase una clase
política diferente, más adecuada a las necesidades de España. En Italia es
inminente una propuesta de ley para cambiar el actual sistema proporcional por
uno mayoritario corregido: dos tercios de los escaños se votarían en colegios
uninominales y el tercio restante en listas cerradas en las que los escaños se
distribuirían proporcionalmente a los votos obtenidos. Parece ser que el
Gobierno “técnico” de Monti ha llegado a conclusiones similares a las que
defiendo yo aquí: sin cambiar a una clase política disfuncional no puede
abordarse un programa reformista ambicioso. Y es que, como le oí decir una vez
a Carlos Solchaga, un “técnico” es un político que, además, sabe de algo. ¿Para
cuándo una reforma electoral en España? ¿Habrá que esperar a que lleguen los
“técnicos”?
César Molinas publicará en 2013 un libro titulado “¿Qué
hacer con España?”. Este artículo corresponde a uno de sus capítulos.
sábado, 15 de septiembre de 2012
Otra gigantesca burbuja financiera y de deuda
OTRA GIGANTESCA BURBUJA FINANCIERA Y
DE DEUDA
(El
Confidencial 14 septiembre 2012)
Hasta hace
poco parecía imposible un rescate de España sin que se hundiera el euro –“too
big to fail- y hoy, sin embargo, nadie parece extrañarse. Y lo que es peor,
se plantea el rescate a un país cuyo problema no es de liquidez sino de solvencia.
“El Banco Central Europeo (BCE) está colaborando en una gigantesca burbuja
financiera”, sentenciaba el jueves el Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Pero el tema es peor de lo que Alemania y el BCE creen. La economía española,
como consecuencia de las brutales subidas de impuestos al consumo, a la renta
de las familias y a la actividad productiva, se encuentra en caída libre, y eso
significa lisa y llanamente que España carece ya de capacidad para devolver su
inmensa deuda pública, que ha crecido en 400.000 millones de euros en cuatro
años, igual que la deuda del sistema financiero, que asciende ya a 892.000
millones de euros, 716.000 millones con bancos y cajas europeas y 176.000 con
la autoridad monetaria.
El
tamaño de la deuda externa de España es ya diez veces superior a la griega,
aunque su economía es solo cinco veces mayor. Eso lo tienen clarísimo los inversores privados, que
están huyendo de España a toda velocidad. Han sacado 220.000 millones en solo
seis meses, un 21% del PIB, algo que ninguna economía puede permitirse; solo
Alemania y el BCE parecen ignorar el desastre que tenemos encima. “Yo confío
plenamente en Rajoy”, dice la canciller Merkel, una ciega
declaración de “amor” totalmente fuera de la realidad, porque si algo ha
demostrado Rajoy es que nadie puede confiar en él. El 84% de los españoles ya
no confían en él y la mitad de sus electores no volvería a votarle.
Ahora el BCE
quiere comprar bonos a tres años, un rescate que, sin
controles creíbles sobre el uso del dinero y el control del gasto, será
un desastre para España y para los españoles. Váyanse haciéndose a idea de un hundimiento económico y social que durará varias
generaciones, y si lo visto les parece un desastre, ni se imaginan lo
que nos espera. Ni un solo euro llegará a la economía productiva, es solo dar
más droga a los drogadictos sin que se haya hecho reforma de verdad alguna.
Nada se ha
hecho de lo que se debe hacer, ni se ha reformado nada de la manera que se
hacen los negocios –los ricos no pagan impuestos, las grandes empresas pagan la
mitad de lo que teóricamente les corresponde y los grandes delincuentes
empresariales o no son procesados, o en los casos extremos, si son procesados y
condenados, son indultados por el gobierno– y menos aún
se ha controlado el despilfarro masivo dinero público con las regiones y los
ayuntamientos -completamente fuera de control- y el sistema financiero,
en situación desconocida. Y Rajoy ni sabe ni tiene ni la más mínima intención
de hacer nada.
Alemania impone, pero ni entiende ni controla junto con la UE los agujeros
en países como Italia, Grecia y España. Nunca nadie ha sido condenado por
construir aeropuertos sin uso, o llevado a la bancarrota a entidades
financieras gigantescas o arruinado regiones tan importantes como Cataluña o Valencia
por la desastrosa gestión de los fondos públicos españoles y europeos. Algunos
piden abrir un debate nacional sobre el rescate, algo así como sobre el sexo de
los ángeles, porque ya no hay dinero. El rescate no es la cuestión, es ya
inevitable, sino las condiciones. Y la única que nos salvaría del desastre es un referéndum: autonomías sí o no, y democracia real u
oligarquía. Esa debe ser la condición del rescate. Si no, corten el
grifo ya.
El dinero
inyectado desde Europa sin control ha arruinado España
Sin el
dinero que instituciones financieras, primero, y posteriormente el BCE
prestaron en forma ilimitada a una oligarquía política y financiera
absolutamente corrupta a partir de 2005, la burbuja inmobiliaria en España no
hubiera podido producirse. Y sin esas inyecciones España se hubiera visto
obligada a hacer sus deberes durante la época de los socialistas -de 2004-2011-
y no se encontraría hoy en una situación tan desesperada
que ha endeudado España por encima de lo asumible para varias generaciones.
En este contexto se tiene que hablar del irresponsable comportamiento de los
bancos europeos, cajas alemanas particularmente, que prestaron más de 700.000
millones de euros sin análisis ni control alguno a unos bancos y cajas
españolas absolutamente politizadas y corruptas.
Alemania y
Europa empezaron entre 2002 y 2007 a entregar dinero a España como si fueran
cromos. Gracias a ese disparate, decenas de bancos y cajas que deberían haber
sido cerradas permanecieron abiertas y la oligarquía política de la mano de la
empresarial construyó lujosos polideportivos en cada pueblo, palacios de
congresos en cada ciudad, parques temáticos ruinosos, decenas de universidades
sin alumnos, hospitales sin enfermos, los AVES y las autovías más lujosas de
Europa, mientras se mantenían la red de mercancías y la red carreteras
secundarias más obsoletas del mundo desarrollado. Un despilfarro y una
corrupción monstruosas –las comisiones pagadas son las mayores de la historia
de España- que en nada ha mejorado la competitividad del país.
Lo que al
parecer el presidente del BCE, Mario Draghi, ofrecerá a España es más de
lo mismo. Un rescate precautorio de entre 20.000 y 100.000 millones de euros a
un año, renovables dos veces por seis meses. Hay varias posibilidades, pero la
más probable es una línea de crédito con “condicionalidad reforzada”, una
auténtica tomadura de pelo, pues la “condicionalidad” se refiere a que España
deberá adoptar la medidas de corrección del déficit que le dé la gana al
gobierno, es decir, subir más impuestos, recortar
pensiones y prestaciones de todo tipo y bajar salarios, pero nada de reducir el
despilfarro autonómico.
Draghi dice
también que se realizaran auditorías de las cuentas públicas para “comprobar si
se cumplen o no los objetivos de déficit. Y si no se cumplen, particularmente
si se alejan mucho, el rescate preventivo pasará a ser rescate en toda regla”.
El planteamiento es tan absurdo que uno no entiende cómo se ganan el sueldo los
burócratas del BCE y de la Comisión. ¿Qué es eso de que comprobarán si se
cumplen o no los objetivos de déficit? ¿Es que no se han enterado de que el Estado está gastando el doble de lo que ingresa, y que la
subida del IVA aportará solo 2.500 millones de aquí a fin de año? ¿Es
que no se han enterado que las
regiones y los ayuntamientos están todos quebrados y siguen gastando sin
límite? ¿Es que no han visto que con las
cifras a julio el déficit 2012 va a superar de largo el 10% del PIB?
¡A ver si se
enteran en Alemania y en el BCE: España no cumple ya ni
de lejos los objetivos de deuda, ni de crecimiento ni de nada, y cuanto
más dinero le den a este Gobierno, mayor ruina supondrá para las futuras
generaciones de españoles, porque ni un euro de ese dinero irá a la economía
productiva, solo a tapar los agujeros bancarios y al despilfarro de regiones y
ayuntamientos! ¿A qué viene entonces entregar más dinero a un gobierno
irresponsable y corrupto, que arruine más aún a varias generaciones de
españoles?
Y luego el
colmo del sarcasmo, “el objetivo del programa preventivo es apoyar políticas
sanas”. ¿Qué entienden los burócratas del BCE por políticas sanas? ¿Darle
23.000 a Bankia que, como nos dice su presidente, nos lo “devolverá” dentro de
20 años? ¿Seguir financiando los agujeros de CCAA y Ayuntamientos, que han
despilfarrado ya más de 40.000 millones en 2012, y ahora necesitan 18.000 más y lo que sea menester, porque literalmente no les da la gana
recortar gasto ni despedir a sus parientes, a sus amantes y a sus amigos? Y
esto no es retórico, es exactamente lo que está pasando. Ni el pueblo español,
ni el alemán, ni ningún otro se merecen unas instituciones europeas tan profundamente ignorantes y
irresponsables.
Claro que el
primer premio corresponde al líder de la oposición, Sr. Rubalcaba,
responsable principal junto con Zapatero de la ruina de España, que ha
encontrado la solución a todos nuestros problemas: por tercera vez los
socialistas anuncian “una gran reforma fiscal” –¡hombre, no iba a ser una
pequeñita!– y ¡cómo no! la enésima “ley de sostenibilidad social y de los grandes
expresos europeos”. Pero no se crean que esto es todo, no, Rubalcaba tenía un
arma secreta. “Les digo a los europeos que los socialistas no aceptaremos ni un
recorte más”, o sea seguir gastando el doble de lo que
se ingresa y la diferencia que la pongan los alemanes y el BCE sin condición ni
límite alguno, y además, los 140.000 millones de deuda que vencen anualmente. ¿Pero cómo no se nos habría
ocurrido antes?
*Stefanie
Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista;
Roberto
Centeno es
catedrático de Economía de la Universidad Politécnica
sábado, 1 de septiembre de 2012
El país de la mediocridad (Forges)
Escribe Forges:
"Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es más que...
económica, va más allá de estos o aquellos políticos, de la codicia de los
banqueros o la prima de riesgo. Asumir que nuestros problemas no se
terminarán cambiando a un partido por otro, con otra batería de medidas
urgentes o una huelga general. Reconocer que el principal problema de
España no es Grecia, el euro o la señora Merkel. Admitir , para tratar de corregirlo, que nos hemos convertido en un país mediocre.
Ningún país alcanza semejante condición de la noche a la mañana.
Tampoco en tres o cuatro años. Es el resultado de una cadena que comienza
en la escuela y termina en la clase dirigente. Hemos creado una cultura en
la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los
primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en
los medios de comunicación y a los únicos que votamos en las elecciones,
sin importar lo que hagan. Porque son de los nuestros.
Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por
aceptarla como el estado natural de las cosas. Sus excepciones, casi
siempre reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.
- Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos
al día frente a un televisor que muestra principalmente basura.
- Mediocre es un país que en toda la democracia no ha dado un presidente
que hablara inglés o tuviera unos mínimos conocimientos sobre política
internacional.
- Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha
conseguido dividir incluso a las asociaciones de víctimas del terrorismo.
- Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo tres veces en
tres décadas hasta situar a sus estudiantes a la cola del mundo
desarrollado.
- Mediocre es un país que no tiene una sola universidad entre las 150
mejores del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para
sobrevivir.
- Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro, que
sin embargo, encuentra más motivos para indignarse cuando los guiñoles de
un país vecino bromean sobre sus deportistas.
- Es mediocre un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la
creatividad es marginada -cuando no robada impunemente- y la independencia
sancionada.
Un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración
nacional,
perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la
próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos que insultan sin
aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para disimular su
propia mediocridad, y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se
esfuerza.
perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la
próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos que insultan sin
aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para disimular su
propia mediocridad, y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se
esfuerza.
Mediocre es un país que ha permitido, fomentado y celebrado el triunfo de
los mediocres, arrinconando la excelencia hasta dejarle dos opciones:
marcharse o dejarse engullir por la imparable marea gris de la mediocridad.
FORGES.
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