Secesión catalana
Por Rafael Esteve Secall
¿Autodeterminación?¿Libre decisión? ¿Desconexión? No, secesión.
El lenguaje no
es inocuo ni neutral. Las palabras están cargadas de significados y
simbolismos. Bien utilizadas, facilitan la comunicación, la comprensión mutua; pero
mal usadas confunden, generan incomprensión, incomunicación y hasta son
herramientas para el engaño.
Éste fue un
gran fallo de la democracia española: caer en la trampa del lenguaje
independentista. Nunca se debió aceptar “la respetabilidad” de conceptos
etarras tales como “impuesto revolucionario”, por poner un ejemplo. Y lo mismo
sucede ahora con el concepto de autodeterminación, o de libre elección, porque
lo que pretenden los independentistas catalanes es simple y llanamente la secesión. Sin embargo, con el manejo del
lenguaje pretenden disfrazar la carencia de legitimidad de su discurso,
utilizando conceptos que “suenan bien” –autodeterminación o derecho a decidir
(que suenan muy democráticos)- frente al más exacto, aunque negativo, de
secesión. Ahora han inventado otro término “suave”: la desconexión.
Obviemos la Constitución
que la hace inviable. Vayamos a la fundamentación jurídica del pretendido
derecho a decidir de los pueblos. La resolución 1541 (XV) de Naciones Unidas de
1960 concretó el derecho de libre
determinación en función de dos criterios básicos: la existencia de
diferencias étnicas
y culturales
y la separación geográfica entre la colonia y la metrópoli.
En consecuencia su reconocimiento se
limitó a los pueblos que habitaban territorios coloniales ultramarinos,
excluyendo las situaciones de colonialismo interno. Resoluciones de Naciones Unidas en 1992,
vinculan el derecho a la libre determinación con la democracia, es decir con la
realización de elecciones libres e imparciales. Sin embargo, más recientemente,
su Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial afirmó, en la
Recomendación General nº 21 de 1996, que el Derecho Internacional
no reconoce un derecho a la secesión unilateral en favor de los pueblos con carácter general, y que una excesiva fragmentación de los estados
podría ir en detrimento de la protección de los derechos humanos y la
preservación de la paz y la seguridad. La triste experiencia de lo ocurrido
en los Balkanes late bajo esta recomendación.
Es decir, ha
habido un cierto desarrollo paralelo del derecho internacional a la integridad
territorial, que ha triunfado sobre el de autodeterminación, pues las
resoluciones de las Naciones Unidas que lo reconocen ponen precisamente como límite la integridad
territorial de los estados soberanos que respeten los principios del derecho
internacional.
Porque, ¿hasta
dónde llegaría el reconocimiento de ese pretendido derecho a la secesión? Ciertamente,
su aplicación con carácter general, además de la indeseada fragmentación es
contraria a la tendencia universal hacia la globalización e integración
supranacional en Europa. Además, idénticos argumentos a los utilizados por el
independentismo catalán podrían ser utilizados, por ejemplo por la población
del valle de Arán –que también tiene su lengua e identidad propia- para independizarse de Cataluña. Y, ¿por qué
no otros pueblos o comarcas que
prefieran seguir vinculadas a España y no al estado catalán. Por ese camino
todos al cantonalismo del XIX.
Otra falsedad
muy propalada por los secesionistas catalanes es que toda nación tiene derecho
a su propio estado. Aun admitiendo que
Cataluña sea una nación, hay que saber también que más del noventa por ciento
de los estados actuales son sociológicamente
plurinacionales.
[Pues bien, si en el caso de Cataluña
no hay un problema étnico, ni religioso, ni lingüístico, ni de indigenismo, ni
cultural[; si no hay opresión alguna de
minorías, ni derechos históricos reales –no ficticios (¡ay, la manipulación histórica en la educación de
los catalanes!)-, ni negación alguna de derechos a desarrollarse como pueblo;
si solo es diferente la lengua, que está perfectamente protegida y desarrollada,
¿qué argumentos se tienen para basar ese pretendido
derecho a la secesión? La respuesta es simple: Una quimérica explotación o
colonización de Cataluña por el estado español, –España nos roba- engañan, para
tratar de fundamentar en el derecho internacional una “descolonización” de
España.
Esgrimir ese
pretendido derecho unilateral me hace
sentir “cornudo y apaleado”. No sólo constituye un insulto a la inteligencia,
sino que como andaluz y español me
siento insultado por quienes lo defienden que, lamentablemente, no son solo
los independentistas. Cuando la burguesía industrial catalana, junto con la
vasca, se aprovecharon de la autarquía y del proteccionismo imperante en el
franquismo para exprimir el mercado español durante décadas -lo que no fue un
fenómeno nuevo sino la continuación del gran pacto proteccionista y triangular de
la segunda mitad del XIX entre las burguesías de ferreteros vascos, cerealistas
castellanos y algodoneros catalanes, por el que ya desde mediado el XIX se
generó el proceso emigratorio sur-norte necesario para el despegue industrial
vasco y catalán-; cuando millones de españoles mayoritariamente andaluces tuvieron
que abandonar sus hogares para buscar trabajo en el extranjero y en el norte de
España, abasteciendo de mano de obra barata a las industrias catalana y vasca;
cuando la modernización industrial catalana de los sesenta y setenta del pasado
siglo pudo llevarse a cabo gracias a las importaciones tecnológicas financiadas
con las remesas de la emigración española a Europa, con las divisas del turismo
y con las exportaciones agrícolas del resto de España; cuando están apareciendo
nuevas formas de colonización catalana del resto de España a través las
empresas con sede en Cataluña, (por lo que el IVA se declara en dicha comunidad
autónoma mejorando sus fuentes de financiación a costa del resto); ahora
resulta que los catalanes están siendo “explotados” por España y por eso
necesitan “desconectarse” del resto de los españoles.
¡Manda huevos! que dijo Trillo.
Rafael Esteve Secall
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