Enviado por José Antonio Sierra 

JUECES PARA LA DEMOCRACIA ANTE LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

 

 

Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el Gobierno, desde Jueces para la Democracia queremos recordar que nuestro procedimiento penal necesita un nuevo código procesal que sustituya íntegramente a una legislación que en gran parte entró en vigor en el siglo XIX. Sin embargo, se siguen acordando modificaciones puntuales, a golpe de oportunidad. Y en esta legislatura ha vuelto a quedar en el cajón un nuevo proyecto de código procesal penal, a pesar de que se ha dispuesto de cuatro años de mayoría absoluta para diseñar un instrumento adecuado a las necesidades de la sociedad.

 

Esta última reforma se centra en determinadas cuestiones que parecían interesar especialmente al Gobierno. Se limitan los plazos de instrucción penal sin aportar más medios a los órganos judiciales, que padecen una grave situación de sobrecarga estructural. Y cualquier persona que conozca nuestros juzgados sabe que será manifiestamente imposible el cumplimiento de dichos plazos, lo cual dará lugar al cierre en falso de las instrucciones o, en su caso, a dificultades para la aportación de elementos probatorios para la vista oral. Todo ello resulta especialmente preocupante en los procedimientos por corrupción, pues facilitará la impunidad en numerosos casos. Por otro lado, resulta bastante llamativo que las posibles prórrogas de dichos plazos no las pueda acordar de oficio el órgano judicial instructor, sino únicamente a petición del Ministerio Fiscal, lo cual demuestra una preocupante desconfianza del Gobierno en la independencia de la judicatura.

 

Consideramos positivo que la reforma indique que en las detenciones se velará por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de las personas detenidas. En este sentido, observamos con preocupación que en los últimos tiempos se están practicando muchas detenciones en unos términos de exhibición pública que resultan contrarios a la presunción de inocencia. Al mismo tiempo, resulta significativo que solo se ha procedido a efectuar esta reforma legal cuando dichas detenciones han afectado a personas de la esfera política, pero se consintieron estas prácticas cuando perjudicaban a ciudadanos o ciudadanas sin conexión con el poder.

 

Entendemos que podía haberse aprovechado la modificación de estos preceptos para llevar a cabo una regulación más garantista de la figura de la detención. Al contrario, se mantiene una legislación que permite practicar las detenciones preventivas sin una justificación adecuada, lo cual supone que las fuerzas policiales actúen a menudo de manera dispar, con una clara quiebra de la seguridad jurídica, de la igualdad en la aplicación de la ley y con riesgos de arbitrariedad. Además, siguen sin estar regulados claramente los derechos de las personas detenidas, todo lo cual supone el mantenimiento de demasiados espacios de ambigüedad en situaciones que afectan a la libertad individual.

 

La reforma también regula supuestos de incomunicación que no resultan justificados, pues suponen una vulneración de garantías básicas, limitan desproporcionadamente el derecho de defensa y pueden amparar todo tipo de abusos. Además, la modificación legal acuerda la no remisión de atestados por determinados delitos a los órganos judiciales, lo cual dificultará una intervención judicial que en muchos casos puede resultar necesaria.

 

En conjunto, como hemos indicado durante su tramitación, se trata de un nuevo parche precipitado a una legislación procesal penal que resulta sistemáticamente insostenible. Sin duda,  se trata de una iniciativa que se aprueba por meras razones de oportunidad política. Desde Jueces para la Democracia lamentamos especialmente la impunidad que se puede generar con la limitación de los plazos de instrucción y la previsible atribución de responsabilidad desde el poder político a quienes integramos el poder judicial por no poder resolver los procedimientos en los plazos marcados. Esta reforma es una muestra más del fracaso en la gestión en materia de Justicia durante esta legislatura. Una etapa en la que se ha demostrado una patente incapacidad de afrontar cambios estructurales para mejorar de verdad el sistema judicial en beneficio de la ciudadanía.

 

8 de octubre de 2015

 

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA