sábado, 3 de agosto de 2019

La aprobación de las Bases de Segovia

La aprobación de las Bases de Segovia

El Adelantado de Segovia - 9 - Julio - 2019
Jesús Fuentetaja Sanz.

El intercambio de cromos políticos en el centenario de la aprobación de las Bases de Segovia para el Régimen de Autonomía Municipal, Provincial y Regional
Excelentes los dos artículos del profesor Pedro Álvarez de Frutos publicados en las páginas de este diario los pasados días 9 y 27 de junio: “Hace cien años” y “La cuestión catalana en los años 30”. Pedro, que resultó ser elegido Senador por la provincia de Segovia en las elecciones generales de octubre de 1982, tiene un profundo conocimiento de nuestra historia, lo que unido a su experiencia política convierten sus opiniones en autorizadas reflexiones sobre una materia que tan bien conoce y que antes, ya había ayudado a divulgar desde las aulas. Mantengo con él una excelente relación, fruto de nuestra común afición por la cultura griega, de la que también resulta ser un reconocido experto.
En los dos artículos citados sitúa al lector ante el espejo retrospectivo de lo que ocurría en Cataluña hace un siglo, que no es muy diferente de lo que está sucediendo ahora. El paralelismo entre una y otra situación resulta a todas luces evidente. Aquellos hechos retroalimentan los de ahora, que siguen una hoja de ruta calcada de la utilizada hace cien años. Ya conocemos cómo acabó lo de entonces y por eso no queremos pensar en cómo puede terminar lo de ahora, si es que finalmente acaba y no se convierte en un bucle cíclico en el que cada cierto tiempo nos vemos imbuidos a soportar su matraca separatista.
Si traigo a colación las enseñanzas de Pedro Álvarez vertidas en sus dos colaboraciones aludidas, es porque los hechos acontecidos en Cataluña hace cien años que menciona, con la creación de la Mancomunidad de Diputaciones Catalanas y muy especialmente, la intervención parlamentaria de Cambó del 20 de noviembre de 1918, pidiendo la autonomía para Cataluña, como fórmula jurídica y legal para resolver el hecho del nacionalismo, provocaron la reacción de las Diputaciones de Castilla y León, que el día 2 de diciembre de 1918, redactaron en Burgos el manifiesto conocido como “Mensaje de Castilla”, que contenía la afirmación de la unidad nacional, pero también clamaba por la descentralización económica-administrativa de las provincias, solas o mancomunadas y la oposición a que ninguna región obtuviese cualquier tipo de autonomía que mermase la soberanía española.
Con este precedente, el día 25 de enero de 1919 se volvieron a reunir en Segovia los representantes de las Diputaciones provinciales de Ávila, Burgos, Palencia, Santander, Soria, Valladolid, Zamora, Logroño y, naturalmente, la de Segovia. Aquí llevarían a la práctica las conclusiones de la reunión burgalesa, con el compromiso auspiciado por la Diputación de Segovia de elaborar unas Bases que regulasen la autonomía municipal, provincial y regional. Estas Bases constituyen el primer intento de organización territorial de la región y aunque no tiene la consideración de Estatuto, propiamente dicho, muy bien puede considerarse como un primer intento de regular la organización y estructura de su territorio, pero con un planteamiento muy novedoso por el sentido en el que se pretende constituir la nueva realidad regional, con tres niveles de actuación que deberían proyectarse de abajo hacia arriba: primero los municipios, luego las provincias que los integran y finalmente la región en que de forma mancomunada se tendrían que agrupar éstas.
Ya en la Base Primera del Régimen Municipal se establece que las municipalidades serán autónomas, entendiéndose el concepto de autonomía como el derecho a regirse por si mismas en lo que les sea propio e inherente, sin injerencias extrañas, lo mismo en la iniciativa que en el desarrollo de sus funciones, así como en la ejecución de sus acuerdos. En el Régimen Provincial se determina que la provincia estará representada por la Diputación provincial y todas las provincias tendrán igual categoría legal y régimen de igualdad en el orden económico, así como que las Diputaciones regirán libremente las provincias sin injerencia del poder central. Respecto de la organización regional, se reconoce el derecho de las provincias a organizarse en región en forma mancomunada, correspondiendo a las Diputaciones y a los Ayuntamientos determinar la forma en que ha de constituirse el organismo regional, previéndose, que en caso de constituirse en región, las Diputaciones castellanas se opondrán, por estimar privilegio, a toda desigualdad de concesión que no sea la natural a sus distintas necesidades. En aquellas Bases, que nunca llegaron a entrar en vigor, arrinconadas por el directorio de Primo de Rivera, no se decía nada diferente respecto al derecho a la autonomía municipal y provincial que lo que se establece ahora en los artículos 140 y 141 de la Constitución de 1978.
Pues bien, cien años después de la redacción de las Bases de Segovia y cuarenta de la aprobación del texto constitucional que regula nuestra convivencia (se entiende que pacífica) aquellos principios que propugnaban y garantizaban la autonomía local, sin injerencias de otros poderes, se han convertido en mera entelequia por mor del mercantilismo interesado en que se ha convertido la actividad política actual, en donde todo es susceptible de comprarse y venderse. ¿Con qué derecho se atribuyen las fuerzas políticas de ámbito nacional y/o autonómico, la decisión de sustituir la voluntad de los ciudadanos libremente expresada en comparecencias electorales distintas, y puede que con resultados dispares, para cambiar el resultado salido de estas urnas y compadrear, de forma antidemocrática, quien tiene que presidir los Ayuntamientos y Diputaciones, introduciendo formulas ajenas al funcionamiento interno de estas administraciones? Venden los nardos en la calle Alcalá de Madrid para lucirlos, en nuestro caso, en el ojal del Paseo de Zorrilla, o donde sea que tengan sus sedes las distintas instituciones autonómicas, para luego esparcir su aroma, más bien diríamos su tufillo a flores muertas, por municipios y provincias. Negocien y jueguen en cada sitio con las armas otorgadas por los respectivos electores, pero por favor, no se intercambien las barajas ¿Se puede acaso jugar al póker con las cartas del tute? pues eso. Lo contrario es faltar el respeto a los sufridos y ya cansados votantes que algo tendrán que decir, digo yo. Aparte de convertir en papel mojado los preceptos constitucionales que garantizan la autonomía municipal y provincial.

DECLARACIÓN DEL SIMPOSIO. Tiermes - Tarancueña, 9 de Agosto 2019


DECLARACIÓN DEL SIMPOSIO. 

Tiermes - Tarancueña, 9 de Agosto  2019


El Centro de Estudios Castellanos ha celebrado este Simposio bajo el título: HACE 100 AÑOS:  REGIONALISMO EN CASTILLA, en el Yacimiento Arqueológico de la  ciudad celtíbero-romana de Tiermes y en la Villa de Caracena, cabeza de una Comunidad de Villa y Tierra, uno de los territorios más despoblados  de la España despoblada.
La mirada cien años atrás, al proceso de formación de la España de las Autonomías y al momento actual nos lleva a afirmar:
1.    La necesidad de luchar por la recuperación cultural, cívica y material del pueblo castellano; el reconocimiento, afirmación y desarrollo de la personalidad de Castilla como entidad colectiva – toda y sola Castilla - en el conjunto de los pueblos de España. Seguimos pensando que fue un error y una injusticia la creación de una Comunidad como Castilla y León – región del Duero - que no respeta la doble identidad y que hizo que otros territorios castellanos formaran su autonomía propia – Cantabria y Rioja – o fueran integrados en otras Autonomías.

2.    Han pasado más de treinta años de la España de las Autonomías, y es tiempo de revisar para ver lo que se hizo mal, corregir excesos de los nacionalismos cada vez más en el resbaladero del separatismo, y buscar un mejor equilibrio entre la legítima afirmación de la propia identidad y la necesaria solidaridad en la unidad de España.
En el momento actual, se levantan voces clamando por la revisión del Estado Autonómico. Piden estas voces: “reordenar el modelo autonómico” y “evitar la destrucción de la unidad estatal”. Y esto, no sólo por necesidad económica, sino por la propia supervivencia de nuestra democracia que necesita conjugar mejor los principios de autonomía y solidaridad, y salvaguardar la libertad y los derechos de todos. Nuestra Autonomía de Castilla y León no ha solucionado los problemas de las provincias más pobres y despobladas, sino que nos ha traído un nuevo centralismo son sede en Valladolid.

3.    Se oye hablar de suprimir las Diputaciones. Por el contrario, desde Soria y desde el estudio de nuestra identidad castellana, nosotros pensamos que en Castilla la mejor solución al centralismo hubiera sido – y puede ser en el futuro, tras una revisión del Estado de las Autonomías - una unión o federación de Diputaciones. Las Diputaciones son imprescindibles en un territorio en el que los municipios apenas si tienen  una mínima capacidad de gestión por si mismos y en donde la Corporación Provincial se constituye en la práctica, en el Ayuntamiento de todos los Ayuntamientos de su provincia. No en vano, el Presidente y los Diputados tienen que ser por imperativo legal, necesariamente Alcaldes o Concejales de sus respectivos municipios.
Otras cuestiones de no menor importancia nos llevan a mantenernos firmes en su defensa, porque las provincias con sus Diputaciones cumplen actualmente una función vital, como elemento de compensación territorial para equilibrar la acción disgregadora de las Comunidades Autónomas. Frente a éstas que tienden a profundizar en aquello que nos diferencia y persiguen resquebrajar finalmente el Estado, las provincias y las Diputaciones con ellas, siguen manifestándose fieles al todo en el que están integradas y al Estado del que forman parte desde hace más de doscientos años. No existe vocación separadora en las provincias, por el contrario sirven al Estado con la clara intención de cohesionarle, como siempre han hecho. Son los nudos más sólidos de la red estatal. Si se quiere descoser finalmente la nación española el mejor procedimiento sería el de eliminar la provincia como división territorial y con ello su función mediadora y de contrapeso al mayor empuje disgregador, si no secesionista, de las Comunidades Autónomas.

4.    Se ha cumplido también en este año el centenario de la redacción de las Bases de Segovia, que fueron aprobadas en esa ciudad el día 25 de enero de 1919, por los representantes de las Diputaciones Provinciales de Ávila, Burgos, Logroño, Santander, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. En ella se declaraba  su oposición a que ninguna región obtuviese cualquier tipo de autonomía que mermase la soberanía española. Pero también en aquellos acuerdos se clamaba, al mismo tiempo, por la descentralización económica y administrativa a favor de los municipios y de las provincias. De esta manera se introdujeron en su redacción, fórmulas que garantizaban el derecho a la autonomía municipal, provincial y regional. Por ello, con ocasión de conmemorarse dicha efeméride y en consonancia con el espíritu inspirador de aquellas Bases, el Centro de Estudios Castellanos considera necesaria la aplicación del principio de subsidiaridad, como consecuencia inmediata, además de los de descentralización, desconcentración y coordinación establecidos en el articulo 103.1 de la Constitución, para que los servicios públicos sean prestados de forma autónoma por las Administraciones más cercanas a los ciudadanos, traspasándose para ello las competencias y recursos que fueren necesarios. Especialmente, demandamos el uso de las Diputaciones Provinciales como elementos de ejecución de las políticas implantadas por las Comunidades Autónomas, como así se aconsejaba en el Informe de los Expertos de mayo de 1981.

5.    Hemos celebrado este Simposio en uno de los territorios más desiertos de la desertizada provincia de Soria. La división provincial se creó al servicio del centralismo del Estado, y trajo consigo la anulación de las Comunidades de Villa y Tierra, la mejor representación  de nuestra identidad socio-económica y cultural.
Fueron estas comunidades el instrumento político, jurisdiccional, económico y social, en que se apoyó la ingente tarea de repoblar y colonizar los territorios reconquistados a los moros. Las que en otro tiempo fueron baluartes fundamentales de la Castilla histórica son hoy meras agrupaciones residuales, que han perdido aquel significado político, quedando limitadas a la administración de sus bienes, aquellas que han mantenido algo de su extenso patrimonio común.

Sin embargo, algo queda en las poblaciones integradas en sus antiguos territorios: sus habitantes han heredado del pasado ese carácter solidario que otorga la utilización de los bienes comunales, aquellos que son de todos porque a todos han pertenecido y todos tienen el mismo derecho a su aprovechamiento y a su disfrute. Es el nexo común que ha unido a los castellanos de cualquier  época. Es el espíritu colectivo de pertenencia a un  pueblo, ahormado por el recuerdo subconsciente del paso de la historia que jamás podrán arrebatarle y que se resume en el conocido aforismo de que “nadie es más que nadie”.
6.    Desde el Centro de Estudios Castellanos, pretendemos recuperar este espíritu solidario y comunero, que aún pervive en las viejas Comunidades y creemos necesaria su recuperación para que participen en la vida política y social de la Castilla que añoramos y en la que creemos, como el baluarte más sólido de su historia y referencia de lo que no deberíamos dejarnos arrebatar. Por ello nos preguntamos ¿cuál podría ser el papel actualizado de estas añejas instituciones?, ubicadas en un escalón intermedio entre los Ayuntamientos y las Diputaciones. Respetando esta premisa, se las debería dotar de las infraestructuras y de los recursos adecuados, para que retornaran a su seno aquellos usos y costumbres democráticos que constituyeron sus señas de identidad más reconocibles. No debería desdeñarse la utilidad de las Comunidades de Villa y Tierra, en la lucha contra el mal de la despoblación que asola a la mayor parte de Castilla.

7.    Desde el Centro de Estudios Castellanos, exigimos que todas las Administraciones públicas aúnen esfuerzos para estudiar las soluciones que puedan ponerse en práctica, no ya para luchar contra la despoblación de Castilla, que es una batalla posiblemente ya perdida, al haberse convertido en un hecho consumado, sino para implantar nuevas y dinámicas políticas que fomenten una nueva repoblación de los pueblos castellanos. ¿La tercera repoblación de la historia? Alguna de las medidas utilizadas en el pasado podrían ser efectivas en el presente, como fue por ejemplo, la dispensa en el pechar de los antiguos repobladores, lo que hoy vendría a ser el establecimiento de beneficios fiscales para los nuevos moradores.

  1. Por último y como conclusión, en el Centro de Estudios Castellanos nos reafirmamos en que lo que Castilla precisa es recuperar la esencia de su historia y reagrupar todos aquellos territorios que siempre han formado parte integradora de su ser. Recuperar la antigua Castilla, unida, foral y comunera, sería el mejor servicio que podría prestarse a la nación española. Sirva el ejemplo de Segovia, como último baluarte en la defensa de la genuina personalidad castellana que se vio forzada a participar en una autonomía en la que no creía porque se desnaturalizaba la esencia de Castilla, herida en el alma al comprobar cómo se aventaban sus despojos territoriales a los cuatro vientos. Recuperar todo lo que hace más de treinta y cinco años se perdió. Madrid incluido, sobre todo Madrid, - sin que obste que tenga una Carta de Capitalidad - que debería convertirse en la locomotora de la Castilla del norte y del sur de la cordillera central, y en el bastión más sólido de la unidad de los pueblos que integran la nación española.