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miércoles, 22 de agosto de 2018
miércoles, 4 de abril de 2012
Fijando princios - en torno al federalismo castellano- (Luis Carretero Nieva, Segovia republicana 1931)
A continuación se ofrecen cuatro artículos de Luis Carretero y Nieva(1879-1950) -padre de Anselmo Carretero Jiménez- llenos de densidad, orientados a esclarecer el problema castellano en lucha dialéctica -diferenciativa con respecto a León, pues de León viene la confusión histórica y la confusión política.
Léalos y disfrútelos porque merece la pena.
FIJANDO PRINCIPIOS (I)
Dáse el caso curioso de que a la ciudad de León actual, educada bajo la dirección o el ejemplo de Fernando de Castro, Azcárate, Sierra Pambley y otros respire un ambiente modernísimo, pletórico de tolerancia y de comprensión de toda clase de ideales y aspiraciones, limpio de todo prurito imperialista y resulte que las comarcas de la región que más puramente sienten los afanes políticos de la vieja nacionalidad leonesa -tan opuestos a los típicos de la tradición nacional castellana- sean las orientales del viejo leonés, precisamente las que incurren en la paradoja de llamarse castellanas, de creer ser centro de Castilla y depositarias de los ideales castellanos. No puede negarse a nadie el derecho a definirse a si propio y a marcarse sus orientaciones, pero no se puede tolerar que se embrollen en las cuestiones v los conceptos, dificultando al ajeno que su autodeterminación sea claramente entendida y propagada, por un uso impropio de las palabras, principalmente de los nombres, por muy popular que se haya hecho la adulteración.
Ahora bien, hay que preguntar si Castilla ha aceptado como propios estos ideales leoneses, y renunciando a los que ella, por sí misma se formó. Según algunos tratadistas, por cierto muy eminentes, después de la unión con León, fue Castilla la que ejerció la hegemonía y propagó por España la idea unitaria. Esto, que evidentemente es paradójico, no se confirma por los hechos, ya que los reyes privativos de Castilla, amparan y engrandecen sus instituciones, mientras que los reyes que también lo eran de León, las persiguen, imponiendo las normas seculares leonesas.
Hay un hecho cierto que nadie discute ni niega: Castilla se separa de León por un acto del pueblo, no por ambición de un personaje que quiere ceñirse la corona y afirma su independencia por aversión al carácter nobiliario gótico leonés y los ideales políticos leoneses. Una vez separa. da, se orienta hacia Vasconia y ratifica su hostilidad a la civilización goda. El imperio es repudiado, pero Castilla, que siente el anhelo de todos los estados españoles de vivir agregados, pero sin unitarismo ni imperio, no rechazasen juntarse con León en Alfonso VI, pero sosteniendo la oposición al imperio leonés, que hace ostensible en un documento ostensible de tanto valor histórico como el Poema de Mío Cid, contrario a la nobleza leonesa y a los usos leoneses, cual otros documentos de la época castellana, sobre la que observa Menéndez Pidal que, en coplas y refundiciones posteriores, se ha omitido o atenuado todo lo que significase divergencia de León. Los reyes particulares de Castilla, y con ellos el aragonés Alfonso, el Batallador, gobernante efectivo y sobresaliente de Castilla, gran propulsor de las instituciones comuneras, gobiernan de acuerdo con las instituciones y voluntad del pueblo castellano, expresadas secularmente en oposición al centralismo unitarista de la monarquía leonesa. Así, Alfonso VIII, rey de Castilla, pero no de León, hace revivir en Castilla su primitivo sentido político vasco, acoge a Guipúzcoa dentro del reino castellano, cuyas fronteras lleva a las riberas del Guadalquivir, pero, ni en Guipúzcoa, ni en Andalucía, impone unificación de ninguna clase, sino que. sigue respetando la variedad natural; Guipúzcoa continúa con sus fueros y tratada como nación separada y Alfonso no pretende llevar la institución comunera más allá del Tajo, ni la establece en la tierra de Campos (entonces en sus dominios) donde conserva la vida política al uso leonés; no pretende la imposición del unitarismo.
Los reyes castellanos, después de recibir en su cabeza la corona de León, gobiernan a Castilla al modo leonés, adulterando las instituciones castellanas, minando su democracia, pretendiendo arraigar en Castilla el feudalismo gótico leonés, que el rey de León, Alfonso VI, al adquirir el reino castellano, propaga por nuestro país, dando a un personaje de tanta significación leonesa como Pedro Ansúrez, un señorío sobre la Comunidad de Villa y Tíerra de Cuéllar y otro que comprendía todo el término de la Comunidad de la Villa y Tierra de Madrid y parte del de Segovia, conducta que se continúa, pues Isabel la Católica, faltando a su juramento, como por lo visto es costumbre entre reyes, arranca a la Comunidad de Segovia tierras para el señorío de Andrés Cabrera. No es esto sólo, hay combate a la norma democrática secular castellana: Alfonso XI atropella la facultad de elección popular de la comunidad de Segovia, estableciendo, el nombramiento de regidores perpetuos y -nombrándolos.
Después de la unión con León ' esto hacen los reyes en toda Castilla, no solamente, en Madrid y Segovia. No hay por ninguna parte hegemonía del pueblo castellano, hay un cambio en la conducta de sus monarcas hacia el viejo ideal de hegemonía leonesa destruyendo toda democracia y todo el respeto a las variedades que son tradicionales en Castilla imponiendo el poder omnímodo de la realeza y con él, el absolutismo unitarista. ,
Luis CARRETERO
(“Segovia Republicana”, agosto 1931)
(Regionalismo castellano nº 4, pag 29-31)
FIJANDO PRINCIPIOS (II)
Ha quedado claramente sentado que la doctrina de constituir España bajo un régimen de unitarismo rígido y un poder monárquico absoluto es teoría creada por la monarquía astur-leonesa y aspiración constante de los organismos directores del Estado astur-leonés. Está claro que Castilla se separó de León por su incompatibilidad con esos criterios y por el deseo popular de seguir automáticamente una norma contraria. Es otro hecho cierto que el Gobierno de Castilla cayó en manos de unos reyes que también lo eran de León, que descendían directamente de la dinastía goda leonesa y que en su gobierno castellano reanimaron y volvieron a poner en práctica la vieja tradición de sus ascendientes leoneses, continuando el desarrollo del programa primitivo de sus antepasados de León y combatiendo en Castilla contra toda la Constitución que esta nacionalidad se había dado a sí misma, conducta real que contrasta con la seguida por los monarcas que gobernaban solamente en Castilla.
Otro hecho cierto es que después de la -unión de León y de Castilla, la hegemonía cae totalmente en la realeza, sin que -el pueblo castellano tenga en el Gobierno una intervención mayor que la que disfrutaba el pueblo leonés sino que se vio perseguido por la ambición de los monarcas castellano leoneses que, en todo momento y por todos los medios, procuraron anular las prerrogativas que le restaban al pueblo castellano, llevadas de su afán desmedido de concentrar todo el poder en la corona y restaurar el viejo ideal del unitarismo leonés.
Dando virtualidad a estos hechos pretéritos, hay otro actual; en provincias del viejo reino leonés, ya por tanto fuera de Castilla, numerosos elementos sostienen la teoría unitaria y en nombre de ella repudian todo movimiento autonómico por débil y moderado que sea, demostrando que comparten y sienten como propio el criterio político secular característico de la nacionalidad leonesa, pero tomando al hacerlo una representación de Castílla, que los castellanos deben de denunciar. Son ellos, no somos nosotros, quienes revuelven la Historia y quienes nos llevan a este terreno de discusión en el que entramos con toda tranquilidad.
A pesar de todos estos antecedentes, conocidos de sobra por todos los que hayan echado una ligera mirada de curiosidad al pasado, se propaga bulliciosamente, se repite con abrumadora insistencia y se toma como verdad indiscutible, el hecho falso de que el pueblo castellano haya impuesto su hegemonía en España obligando a aceptar el unitarismo, modelando la estructura nacional, fijando un tipo patrón de vida española y creando los ideales de absolutismo imperialista, comparables hasta con la mínima y arcaica libertad foral, que fueron característicos de la monarquía recientemente expulsada, ideales sustentados por muchos de sus servidores, que no obstante se llamaban liberales, ideario que sería extraño viésemos defendido para su realización por la República, desde las filas de ese agrarismo (*) donde se agrupan todos los intereses en conservar cuantos agentes de destrucción de la libertad del pueblo español crecieron amparados en interpretaciones abusivas del concepto de unidad nacional, del principio de autoridad, del sentimiento religioso, o del derecho de propiedad.
Esta mixtificación de la gestión histórica de España, atribuyendo al pueblo castellano la hegemonía directora en este proceso y la supremacía de su espíritu en el conjunto nacional, ha sido sostenida por una extraña de intereses o pasiones:
En primer lugar ha actuado la monarquía. El afán de ésta ha sido el de no tolerar el más significante movimiento que restase alguna parte de su poder absoluto, por mínima que fuese. Supo muy bien la monarquía utilizar en el pueblo castellano, ese amor a la tradición tan arraigado hasta ahora en las masas populares, amor fácil de ser manejado porque la tradición tiene que ser enseñada, se conserva en los pueblos al dictado y la monarquía se encontró con el terreno abonado para hacer creer al pueblo castellano que él era el señor de España, que el Estado había sido construido por él, que él tenía la obligación de conservarle sin modificación y que los que pretendiesen cambiarle eran enemigos de Castilla. Estos pobres aldeanos castellanos, que habían visto todo su sistema económico destruido por el centralismo monárquico, prescindían de la ruina de su país por la monarquía y se exaltaban cada vez que una región española era una creación exclusiva de Castilla, y que Castilla era consustancial con ella.
Se da la paradoja de que también los directores de los movimientos de emancipación regional han contribuido a esta mixtificación. Sabino Arana, Prat de la Riba (pese a su gran cultura y soberana inteligencia) y el contemporáneo Rovira y Virgili incurren en el error, un poco pasional, de atribuir al humilde y hoy debilísimo pueblo castellano, la imposición, sobre Cataluña o sobre Vasconia, de una hegemonía que no ha ejercido en España nadie más que la dinastía, de origen asturleonés, en la que se sumió la de Castilla, del mismo modo que las restantes dinastías de la España medieval. Cae Sabino Arana en la equivocación de prescindir de la parte importantísima que el pueblo tomó en la gestación de la personalidad histórica de la Castilla genuina, en los fastos de la liberación de Castilla del imperialismo astur-leonés y en la actuación que recíprocamente desempeñó Castilla en el desarrollo del pueblo e instituciones vascongadas. Prescinden Prat de la Riba y Rovira y Virgili del hecho de que esa monarquía española, destructora de todas nuestras libertades, no adquirió su preponderancia y poder por el solo hecho del pueblo castellano, sino por el concurso de toda España. Más acertada y más gallardamente hubieran obrado si, en vez de concentrar sus ataques sobre un pueblo aniquilado por la misma monarquía que sufrían vascos y catalanes, hubiese dirigido sus tiros al absolutismo centralista de los reyes.
Colaboran también en estas mixtificaciones los elementos retrógrados, aunque se llamen liberales, que, desde sus posiciones en varias provincias leonesas, han venido sosteniendo la consustancialidad de León con Castilla, y de ambas con la desaparecida monarquía, los que pretendían asociar estas dos regiones para formar una falange defensora del centralismo, los que estimulaban la hostilidad de nuestro pueblo hacia las regiones que ansiaban la autonomía, los que veían en el unitarismo monárquico un instrumento para dominar a Castilla con sus mesnadas caciquiles aprovechándose del ambiente de pasión, creado por la ceguera de los autonomistas al no ver cuál era su verdadero enemigo y su efectivo tirano, al no darse cuenta de que Castilla, lejos de ser un país dominador, era tan dominado y más destruido por el centralismo, que Cataluña y Vasconia. No vamos a cometer la injusticia de imputar al pueblo de la región leonesa estos pecados de sus caciques, pero tampoco va a ser nuestra alta estimación a ese pueblo vecino, motivo de indulgencia para los mixtificadores.
De acuerdo con la actuación de las caciques de la región leonesa, hay otra de los mangoneadores de la política castellana en los últimos tiempos de la monarquía de Alfonso de Borbón, coincidente con los designios de los primeros en cuanto a evitar que el pueblo de-Castilla se diese cuenta de su real situación y de la devastación de su patrimonio secular y de sus instituciones autonómicas por el centralismo monárquico.
La monarquía procedió con el pueblo de la vieja Castilla como don Juan de Robres; hizo un hospital, pero primero había hecho los pobres. Cuando por su insaciable apetito había sembrado por Castilla la miseria, afirmó su poder distribuyendo mercedes insignificantes, pero convenciendo a nuestra gente mendicante de que no la quedaba más amparo ni más porvenir que la prosperidad de su limosnero a quien, por agradecimiento y por conveniencia, debía de defender de todos aquellos que intentasen su preponderancia.
(*) Los agrarios, la C. E. D. A. y las J. 0. N. S. defienden, en 1936, el regionalismo nacionalista de Castilla y León.
Luis CARRETERO ("Segovia Republicana", 5 agosto 1931.)
(Regionalismo castellano nº 4, pag 31-34)
FIJANDO PRINCIPIOS (III)
La tradición de Castilla es de Comunidades libres no de regiones
La palabra región ha tomado en España un significado político definido por la supervivencia de territorios que, en una u otra época, tuvieron su expresión en los antiguos reinos o principados, coincidentes con una modalidad de pueblo, homogénea dentro de sí, pero diferenciada del resto peninsular, que se ha conservado por tradición.
Esta gran fuerza de unificación interna y diferenciación externa, existe también en el viejo reino de León -hoy olvidado en cinco provincias- constituyendo una idea firmemente sentido por sus habitantes, sin que la diferenciación deje de existir como una realidad efectiva, por la pretendida identidad con Castilla, ya que esta identidad no es sino una falacia alentada por designios de quienes pretenden buscar en ella un fundamento para adquirir un dominio que les permita utilizar las fuerzas castellanas en beneficio de interés o pasiones de algunas oligarquías establecidas en-la región leonesa.
Entre todos estos territorios españoles quedan dos que carecen de unificación interior: Castilla y el país vasco-navarro. La primera no tiene, ni unificación interior, ni diferenciación exterior, y el segundo, es país con diferenciación externa, basada en un tipo carácter etnológico y en un lenguaje, insuficiente como hecho diferencial, por cuanto que el vascuence dista mucho de ser el lenguaje general del país vasco, por lo que la diferenciación se procura acentuar, por no ser de uso general, ya que, ni los caracteres de etnología, ni el idioma, por no ser de uso general, tienen la eficacia que pudiera derivarse de particularidades de orden económico, de tal modo que la acentuación de la personalidad vasca, como entidad política se busca principalmente en la índole de las relaciones que hasta ahora ha llevado con el Estado, pues en el aspecto económico, una parte del país vasco-navarro tiene grandes coincidencias con Aragón y otras partes la tienen con Castilla. Por otra parte la personalidad de Guipúzcoa o de Navarra, de Álava o de Vizcaya, tiene mucha más fuerza de caracterización particular que la general de Vasconia. El carácter económico particular de cada una de estas provincias, tan radicalmente distintas de las restantes, impide en absoluto la concepción de un tipo general de economía vasco-navarra. (*)
La tradición de Castilla, tomada como una de estas entidades de gran unificación interna y de gran diferenciación externa no puede conservarse por la sencillísima razón de que jamás ha existido esta realidad, puesto que, como hemos dicho, como hemos repetido y como repetiremos, el reino de Castilla no era una unidad, era una federación de unidades, sin igualdad de organización, sino con una riquísima floración de variedad de instituciones. El señor Arévalo, inspirándose acaso en Colmenares, nos ha hablado de la importancia de la Extremadura Castellana, país que llegó a ser considerado como reino distinto del de Castilla, es decir, como diferente del que las tierras de Burgos formaban con las de Santander y la Rioja, pero, aún dentro de esta Extremadura, tampoco había unidad, sino una multiplicidad de pequeñas repúblicas, las Comunidades, contenidas además en grupos intermedios de federación, como la hermandad de las Comunidades Segovianas, que sólo abarcaban una parte de la Extremadura Castellana.
Así, como dice Albornoz, no ha quedado ni la tradición ni el sentimiento de una región constituida por el territorio que fue Castilla, pero en cambio se ha formado otro. Por evolución a lo largo de los tiempos, y con una indudable tradición viejísima por base, se ha formado el concepto regional de La Montaña, el concepto regional de la Rioja, el concepto regional de Segovia, etc. La traducción inicial de estas regiones en entidades políticas constituidas se inició acaso en esas Hermandades, como la Hermandad de las Comunidades en Segovia, o como la Hermandad de la Marina, en Santander. El hecho es que no existe hoy la región de Castilla, pues ni Castilla se ha fundido en una región con el reino de León, ni sigue con su personalidad de siempre, ni se ha constituido una región sobre el terreno de lo que fue Castilla. Hablar de una región castellana actual, es hablar de una cosa que no existe, pues lo que se ha dado en llamar Castilla en el lenguaje corriente en España, es pura y simplemente el reino de León, sin relación alguna con Castilla.
El país vasco-navarro(*) es el conjunto de cuatro provincias firmemente definidas. Es el mismo caso de Castilla, donde no hay una región sino seis regiones pequeñas: La Montaña, La Rioja, cte., y entre estas regiones, con personalidad firmísima, con carácter propio, con economía propia, grande o chica, con instituciones propias, tan definida como la que más, nuestra Tierra de Segovia y por consiguiente, esa entidad llamada la provincia, tan discutida en muchas regiones de España, es en Castilla y en el país vasco-navarro con alguna rectificación de límites, una evidente realidad que corresponde a una región, a una colectividad de pueblos con lazos de unión interior y diferenciación exterior.
(*) En el libro de "Las nacionalidades españolas", de Anselmo Carretero y Jiménez, se estudia y se presenta a Navarra como un pueblo con personalidad propia, independiente del País Vasco.
Luis CARRETERO
(“Segovia Republicana", 6 agosto 1931.)
(Regionalismo castellano nº 4, pag 34-36)
FIJANDO PRINCIPIOS (IV)
La tradición de Castilla es de Comunidades libres
Si con eso se quiere decir que la organización de Castilla tenía como cualidad característica, la existencia y preponderancia de funciones de unas Corporaciones potentes, elegidas libremente por el pueblo, con un poder fuerte y grandes facultades ante el poder real como la de algunas ciudades alemanas e italianas' constitutivas de repúblicas con territorio propio, la afirmación es muy cierta.
Pero si con eso se quiere decir que la vida pública de Castilla tenía como esferas de acción, de una parte, la extensión total del reino en que actuaba una monarquía, y de otra solamente las Corporaciones locales, es decir, que se entiende que en Castilla, y dentro del territorio regido por sus reyes, no había más manifestación de vida política que la de la población, ciudad, villa, lugar o aldea y que los órganos de administración de estas entidades tenían una gran plenitud de facultades, el principio es falso y contrario a la realidad. Es un caso más de confusión de la estructuración leonesa con la castellana.
En Castilla el organismo puramente municipal, el que regula la vida de una aglomeración de familias, establecidas en una población o en varias contiguas, pero ligadas siempre por una convivencia de vecindad en comunicación constante y cotidiana apenas tenía existencia, sino que por el contrario, estaba subordinada a una Corporación de más amplio poder y de más amplia extensión territorial: la Comunidad, con toda la plenitud de funciones judiciales, administrativas y militares, etcétera, o la Merindad comunera, en la que las funciones judiciales estaban separadas y conferidas a un merino, como en la llamada Merindad de la Rioja, residente en Santo Domingo de la Calzada. En Castilla la población, aldea, lugar, etc., apenas tiene personalidad, ni aislada ni agrupada, apenas tiene facultad pues la entidad fundamental y preponderante, la Comunidad, es entidad que actúa sobre territorios de gran extensión en los que, como en el caso de la Tierra de Segovia, se pueden medir distancias de más de cien kilómetros, condición que hace imposible el cuidado de los intereses de la vida de convecinos, que es suficiente para probar que los fije y el objeto de estas Corporaciones son muy distintos de los que tienen que atender los organismos de la vida municipal.
Es decir, que en Castilla el organismo libre no es el municipio, sino otro de carácter de Gobierno regional, o sea que en Castilla, por estar el organismo local supeditado a la Comunidad, no existe la tradición de la supremacía del Municipio, aun cuando sí la de la plenitud de libertad del organismo regional. La Comunidad es, además, organismo de distinto origen que el denominado Municipio y que corresponde a organizaciones que, según varios autores, ya existían entre nuestros ascendientes antes de la llegada de los romanos. La expresión de la tradición comunera en los fueros escritos, su desarrollo, teniendo siempre presente la vieja raíz, es labor de Castilla en colaboración con Vasconia y sin intervención leonesa; se, inicia en el fuero vasco-castellano, de Nájera, se continúa en el de Miranda de Ebro, donde se exime la jurisdicción del merino, sigue en Belorado y Burgos y llega a su plena ex. presión en la redacción de Sepúlveda, de donde toman sus normas Cuenca, Calatayud, Daroca y Teruel, pues la comunidad como organismo adecuado a una realidad geográfica, se extiende por todo el país castellano-aragonés que constituye la región geográfica serrana central española. En Ávila comprende la Comunidad doscientos diez pueblos; en Daroca, ciento diez, y en Teruel, ochenta Y dos. Como se ve aquí hay una tradición de repúblicas libres, pero no de Municipio libre que, si alguna vez aparece como en las nueve villas de Daroca, sigue perteneciendo a la Comunidad, aun cuando tenga, como El Espinar, fuero propio, dado por la Comunidad como organismo superior del territorio.
En oposición a la aspiración de la organización de España en regiones autónomas, se presenta la creación de Municipios libres que actúen sobre una agrupación de familias constituidas y viviendo en vecindad. Este Municipio libre no es castellano; es el Municipio leonés de origen godo-romano, iniciado en la legislación con el fuero de León de 1020. Este Municipio es el que, tan general e impropiamente se llama castellano; este Municipio leonés es el que, hace pocas semanas se tomaba como fundamento para un proyecto de reorganización regional en una reunión celebrada en Valladolid en que los reunidos cayeron una vez más en la equivocación de tomar por castellana la tradición leonesa de dicha ciudad y en el error de suponer semejantes e iguales a las inconfundibles de León y Castilla respectivamente.
Luis CARRETERO ("Segovia Republicana", 7 agosto 1931.
(Regionalismo castellano nº 4, pag 36-38)
Léalos y disfrútelos porque merece la pena.
FIJANDO PRINCIPIOS (I)
Dáse el caso curioso de que a la ciudad de León actual, educada bajo la dirección o el ejemplo de Fernando de Castro, Azcárate, Sierra Pambley y otros respire un ambiente modernísimo, pletórico de tolerancia y de comprensión de toda clase de ideales y aspiraciones, limpio de todo prurito imperialista y resulte que las comarcas de la región que más puramente sienten los afanes políticos de la vieja nacionalidad leonesa -tan opuestos a los típicos de la tradición nacional castellana- sean las orientales del viejo leonés, precisamente las que incurren en la paradoja de llamarse castellanas, de creer ser centro de Castilla y depositarias de los ideales castellanos. No puede negarse a nadie el derecho a definirse a si propio y a marcarse sus orientaciones, pero no se puede tolerar que se embrollen en las cuestiones v los conceptos, dificultando al ajeno que su autodeterminación sea claramente entendida y propagada, por un uso impropio de las palabras, principalmente de los nombres, por muy popular que se haya hecho la adulteración.
Ahora bien, hay que preguntar si Castilla ha aceptado como propios estos ideales leoneses, y renunciando a los que ella, por sí misma se formó. Según algunos tratadistas, por cierto muy eminentes, después de la unión con León, fue Castilla la que ejerció la hegemonía y propagó por España la idea unitaria. Esto, que evidentemente es paradójico, no se confirma por los hechos, ya que los reyes privativos de Castilla, amparan y engrandecen sus instituciones, mientras que los reyes que también lo eran de León, las persiguen, imponiendo las normas seculares leonesas.
Hay un hecho cierto que nadie discute ni niega: Castilla se separa de León por un acto del pueblo, no por ambición de un personaje que quiere ceñirse la corona y afirma su independencia por aversión al carácter nobiliario gótico leonés y los ideales políticos leoneses. Una vez separa. da, se orienta hacia Vasconia y ratifica su hostilidad a la civilización goda. El imperio es repudiado, pero Castilla, que siente el anhelo de todos los estados españoles de vivir agregados, pero sin unitarismo ni imperio, no rechazasen juntarse con León en Alfonso VI, pero sosteniendo la oposición al imperio leonés, que hace ostensible en un documento ostensible de tanto valor histórico como el Poema de Mío Cid, contrario a la nobleza leonesa y a los usos leoneses, cual otros documentos de la época castellana, sobre la que observa Menéndez Pidal que, en coplas y refundiciones posteriores, se ha omitido o atenuado todo lo que significase divergencia de León. Los reyes particulares de Castilla, y con ellos el aragonés Alfonso, el Batallador, gobernante efectivo y sobresaliente de Castilla, gran propulsor de las instituciones comuneras, gobiernan de acuerdo con las instituciones y voluntad del pueblo castellano, expresadas secularmente en oposición al centralismo unitarista de la monarquía leonesa. Así, Alfonso VIII, rey de Castilla, pero no de León, hace revivir en Castilla su primitivo sentido político vasco, acoge a Guipúzcoa dentro del reino castellano, cuyas fronteras lleva a las riberas del Guadalquivir, pero, ni en Guipúzcoa, ni en Andalucía, impone unificación de ninguna clase, sino que. sigue respetando la variedad natural; Guipúzcoa continúa con sus fueros y tratada como nación separada y Alfonso no pretende llevar la institución comunera más allá del Tajo, ni la establece en la tierra de Campos (entonces en sus dominios) donde conserva la vida política al uso leonés; no pretende la imposición del unitarismo.
Los reyes castellanos, después de recibir en su cabeza la corona de León, gobiernan a Castilla al modo leonés, adulterando las instituciones castellanas, minando su democracia, pretendiendo arraigar en Castilla el feudalismo gótico leonés, que el rey de León, Alfonso VI, al adquirir el reino castellano, propaga por nuestro país, dando a un personaje de tanta significación leonesa como Pedro Ansúrez, un señorío sobre la Comunidad de Villa y Tíerra de Cuéllar y otro que comprendía todo el término de la Comunidad de la Villa y Tierra de Madrid y parte del de Segovia, conducta que se continúa, pues Isabel la Católica, faltando a su juramento, como por lo visto es costumbre entre reyes, arranca a la Comunidad de Segovia tierras para el señorío de Andrés Cabrera. No es esto sólo, hay combate a la norma democrática secular castellana: Alfonso XI atropella la facultad de elección popular de la comunidad de Segovia, estableciendo, el nombramiento de regidores perpetuos y -nombrándolos.
Después de la unión con León ' esto hacen los reyes en toda Castilla, no solamente, en Madrid y Segovia. No hay por ninguna parte hegemonía del pueblo castellano, hay un cambio en la conducta de sus monarcas hacia el viejo ideal de hegemonía leonesa destruyendo toda democracia y todo el respeto a las variedades que son tradicionales en Castilla imponiendo el poder omnímodo de la realeza y con él, el absolutismo unitarista. ,
Luis CARRETERO
(“Segovia Republicana”, agosto 1931)
(Regionalismo castellano nº 4, pag 29-31)
FIJANDO PRINCIPIOS (II)
Ha quedado claramente sentado que la doctrina de constituir España bajo un régimen de unitarismo rígido y un poder monárquico absoluto es teoría creada por la monarquía astur-leonesa y aspiración constante de los organismos directores del Estado astur-leonés. Está claro que Castilla se separó de León por su incompatibilidad con esos criterios y por el deseo popular de seguir automáticamente una norma contraria. Es otro hecho cierto que el Gobierno de Castilla cayó en manos de unos reyes que también lo eran de León, que descendían directamente de la dinastía goda leonesa y que en su gobierno castellano reanimaron y volvieron a poner en práctica la vieja tradición de sus ascendientes leoneses, continuando el desarrollo del programa primitivo de sus antepasados de León y combatiendo en Castilla contra toda la Constitución que esta nacionalidad se había dado a sí misma, conducta real que contrasta con la seguida por los monarcas que gobernaban solamente en Castilla.
Otro hecho cierto es que después de la -unión de León y de Castilla, la hegemonía cae totalmente en la realeza, sin que -el pueblo castellano tenga en el Gobierno una intervención mayor que la que disfrutaba el pueblo leonés sino que se vio perseguido por la ambición de los monarcas castellano leoneses que, en todo momento y por todos los medios, procuraron anular las prerrogativas que le restaban al pueblo castellano, llevadas de su afán desmedido de concentrar todo el poder en la corona y restaurar el viejo ideal del unitarismo leonés.
Dando virtualidad a estos hechos pretéritos, hay otro actual; en provincias del viejo reino leonés, ya por tanto fuera de Castilla, numerosos elementos sostienen la teoría unitaria y en nombre de ella repudian todo movimiento autonómico por débil y moderado que sea, demostrando que comparten y sienten como propio el criterio político secular característico de la nacionalidad leonesa, pero tomando al hacerlo una representación de Castílla, que los castellanos deben de denunciar. Son ellos, no somos nosotros, quienes revuelven la Historia y quienes nos llevan a este terreno de discusión en el que entramos con toda tranquilidad.
A pesar de todos estos antecedentes, conocidos de sobra por todos los que hayan echado una ligera mirada de curiosidad al pasado, se propaga bulliciosamente, se repite con abrumadora insistencia y se toma como verdad indiscutible, el hecho falso de que el pueblo castellano haya impuesto su hegemonía en España obligando a aceptar el unitarismo, modelando la estructura nacional, fijando un tipo patrón de vida española y creando los ideales de absolutismo imperialista, comparables hasta con la mínima y arcaica libertad foral, que fueron característicos de la monarquía recientemente expulsada, ideales sustentados por muchos de sus servidores, que no obstante se llamaban liberales, ideario que sería extraño viésemos defendido para su realización por la República, desde las filas de ese agrarismo (*) donde se agrupan todos los intereses en conservar cuantos agentes de destrucción de la libertad del pueblo español crecieron amparados en interpretaciones abusivas del concepto de unidad nacional, del principio de autoridad, del sentimiento religioso, o del derecho de propiedad.
Esta mixtificación de la gestión histórica de España, atribuyendo al pueblo castellano la hegemonía directora en este proceso y la supremacía de su espíritu en el conjunto nacional, ha sido sostenida por una extraña de intereses o pasiones:
En primer lugar ha actuado la monarquía. El afán de ésta ha sido el de no tolerar el más significante movimiento que restase alguna parte de su poder absoluto, por mínima que fuese. Supo muy bien la monarquía utilizar en el pueblo castellano, ese amor a la tradición tan arraigado hasta ahora en las masas populares, amor fácil de ser manejado porque la tradición tiene que ser enseñada, se conserva en los pueblos al dictado y la monarquía se encontró con el terreno abonado para hacer creer al pueblo castellano que él era el señor de España, que el Estado había sido construido por él, que él tenía la obligación de conservarle sin modificación y que los que pretendiesen cambiarle eran enemigos de Castilla. Estos pobres aldeanos castellanos, que habían visto todo su sistema económico destruido por el centralismo monárquico, prescindían de la ruina de su país por la monarquía y se exaltaban cada vez que una región española era una creación exclusiva de Castilla, y que Castilla era consustancial con ella.
Se da la paradoja de que también los directores de los movimientos de emancipación regional han contribuido a esta mixtificación. Sabino Arana, Prat de la Riba (pese a su gran cultura y soberana inteligencia) y el contemporáneo Rovira y Virgili incurren en el error, un poco pasional, de atribuir al humilde y hoy debilísimo pueblo castellano, la imposición, sobre Cataluña o sobre Vasconia, de una hegemonía que no ha ejercido en España nadie más que la dinastía, de origen asturleonés, en la que se sumió la de Castilla, del mismo modo que las restantes dinastías de la España medieval. Cae Sabino Arana en la equivocación de prescindir de la parte importantísima que el pueblo tomó en la gestación de la personalidad histórica de la Castilla genuina, en los fastos de la liberación de Castilla del imperialismo astur-leonés y en la actuación que recíprocamente desempeñó Castilla en el desarrollo del pueblo e instituciones vascongadas. Prescinden Prat de la Riba y Rovira y Virgili del hecho de que esa monarquía española, destructora de todas nuestras libertades, no adquirió su preponderancia y poder por el solo hecho del pueblo castellano, sino por el concurso de toda España. Más acertada y más gallardamente hubieran obrado si, en vez de concentrar sus ataques sobre un pueblo aniquilado por la misma monarquía que sufrían vascos y catalanes, hubiese dirigido sus tiros al absolutismo centralista de los reyes.
Colaboran también en estas mixtificaciones los elementos retrógrados, aunque se llamen liberales, que, desde sus posiciones en varias provincias leonesas, han venido sosteniendo la consustancialidad de León con Castilla, y de ambas con la desaparecida monarquía, los que pretendían asociar estas dos regiones para formar una falange defensora del centralismo, los que estimulaban la hostilidad de nuestro pueblo hacia las regiones que ansiaban la autonomía, los que veían en el unitarismo monárquico un instrumento para dominar a Castilla con sus mesnadas caciquiles aprovechándose del ambiente de pasión, creado por la ceguera de los autonomistas al no ver cuál era su verdadero enemigo y su efectivo tirano, al no darse cuenta de que Castilla, lejos de ser un país dominador, era tan dominado y más destruido por el centralismo, que Cataluña y Vasconia. No vamos a cometer la injusticia de imputar al pueblo de la región leonesa estos pecados de sus caciques, pero tampoco va a ser nuestra alta estimación a ese pueblo vecino, motivo de indulgencia para los mixtificadores.
De acuerdo con la actuación de las caciques de la región leonesa, hay otra de los mangoneadores de la política castellana en los últimos tiempos de la monarquía de Alfonso de Borbón, coincidente con los designios de los primeros en cuanto a evitar que el pueblo de-Castilla se diese cuenta de su real situación y de la devastación de su patrimonio secular y de sus instituciones autonómicas por el centralismo monárquico.
La monarquía procedió con el pueblo de la vieja Castilla como don Juan de Robres; hizo un hospital, pero primero había hecho los pobres. Cuando por su insaciable apetito había sembrado por Castilla la miseria, afirmó su poder distribuyendo mercedes insignificantes, pero convenciendo a nuestra gente mendicante de que no la quedaba más amparo ni más porvenir que la prosperidad de su limosnero a quien, por agradecimiento y por conveniencia, debía de defender de todos aquellos que intentasen su preponderancia.
(*) Los agrarios, la C. E. D. A. y las J. 0. N. S. defienden, en 1936, el regionalismo nacionalista de Castilla y León.
Luis CARRETERO ("Segovia Republicana", 5 agosto 1931.)
(Regionalismo castellano nº 4, pag 31-34)
FIJANDO PRINCIPIOS (III)
La tradición de Castilla es de Comunidades libres no de regiones
La palabra región ha tomado en España un significado político definido por la supervivencia de territorios que, en una u otra época, tuvieron su expresión en los antiguos reinos o principados, coincidentes con una modalidad de pueblo, homogénea dentro de sí, pero diferenciada del resto peninsular, que se ha conservado por tradición.
Esta gran fuerza de unificación interna y diferenciación externa, existe también en el viejo reino de León -hoy olvidado en cinco provincias- constituyendo una idea firmemente sentido por sus habitantes, sin que la diferenciación deje de existir como una realidad efectiva, por la pretendida identidad con Castilla, ya que esta identidad no es sino una falacia alentada por designios de quienes pretenden buscar en ella un fundamento para adquirir un dominio que les permita utilizar las fuerzas castellanas en beneficio de interés o pasiones de algunas oligarquías establecidas en-la región leonesa.
Entre todos estos territorios españoles quedan dos que carecen de unificación interior: Castilla y el país vasco-navarro. La primera no tiene, ni unificación interior, ni diferenciación exterior, y el segundo, es país con diferenciación externa, basada en un tipo carácter etnológico y en un lenguaje, insuficiente como hecho diferencial, por cuanto que el vascuence dista mucho de ser el lenguaje general del país vasco, por lo que la diferenciación se procura acentuar, por no ser de uso general, ya que, ni los caracteres de etnología, ni el idioma, por no ser de uso general, tienen la eficacia que pudiera derivarse de particularidades de orden económico, de tal modo que la acentuación de la personalidad vasca, como entidad política se busca principalmente en la índole de las relaciones que hasta ahora ha llevado con el Estado, pues en el aspecto económico, una parte del país vasco-navarro tiene grandes coincidencias con Aragón y otras partes la tienen con Castilla. Por otra parte la personalidad de Guipúzcoa o de Navarra, de Álava o de Vizcaya, tiene mucha más fuerza de caracterización particular que la general de Vasconia. El carácter económico particular de cada una de estas provincias, tan radicalmente distintas de las restantes, impide en absoluto la concepción de un tipo general de economía vasco-navarra. (*)
La tradición de Castilla, tomada como una de estas entidades de gran unificación interna y de gran diferenciación externa no puede conservarse por la sencillísima razón de que jamás ha existido esta realidad, puesto que, como hemos dicho, como hemos repetido y como repetiremos, el reino de Castilla no era una unidad, era una federación de unidades, sin igualdad de organización, sino con una riquísima floración de variedad de instituciones. El señor Arévalo, inspirándose acaso en Colmenares, nos ha hablado de la importancia de la Extremadura Castellana, país que llegó a ser considerado como reino distinto del de Castilla, es decir, como diferente del que las tierras de Burgos formaban con las de Santander y la Rioja, pero, aún dentro de esta Extremadura, tampoco había unidad, sino una multiplicidad de pequeñas repúblicas, las Comunidades, contenidas además en grupos intermedios de federación, como la hermandad de las Comunidades Segovianas, que sólo abarcaban una parte de la Extremadura Castellana.
Así, como dice Albornoz, no ha quedado ni la tradición ni el sentimiento de una región constituida por el territorio que fue Castilla, pero en cambio se ha formado otro. Por evolución a lo largo de los tiempos, y con una indudable tradición viejísima por base, se ha formado el concepto regional de La Montaña, el concepto regional de la Rioja, el concepto regional de Segovia, etc. La traducción inicial de estas regiones en entidades políticas constituidas se inició acaso en esas Hermandades, como la Hermandad de las Comunidades en Segovia, o como la Hermandad de la Marina, en Santander. El hecho es que no existe hoy la región de Castilla, pues ni Castilla se ha fundido en una región con el reino de León, ni sigue con su personalidad de siempre, ni se ha constituido una región sobre el terreno de lo que fue Castilla. Hablar de una región castellana actual, es hablar de una cosa que no existe, pues lo que se ha dado en llamar Castilla en el lenguaje corriente en España, es pura y simplemente el reino de León, sin relación alguna con Castilla.
El país vasco-navarro(*) es el conjunto de cuatro provincias firmemente definidas. Es el mismo caso de Castilla, donde no hay una región sino seis regiones pequeñas: La Montaña, La Rioja, cte., y entre estas regiones, con personalidad firmísima, con carácter propio, con economía propia, grande o chica, con instituciones propias, tan definida como la que más, nuestra Tierra de Segovia y por consiguiente, esa entidad llamada la provincia, tan discutida en muchas regiones de España, es en Castilla y en el país vasco-navarro con alguna rectificación de límites, una evidente realidad que corresponde a una región, a una colectividad de pueblos con lazos de unión interior y diferenciación exterior.
(*) En el libro de "Las nacionalidades españolas", de Anselmo Carretero y Jiménez, se estudia y se presenta a Navarra como un pueblo con personalidad propia, independiente del País Vasco.
Luis CARRETERO
(“Segovia Republicana", 6 agosto 1931.)
(Regionalismo castellano nº 4, pag 34-36)
FIJANDO PRINCIPIOS (IV)
La tradición de Castilla es de Comunidades libres
Si con eso se quiere decir que la organización de Castilla tenía como cualidad característica, la existencia y preponderancia de funciones de unas Corporaciones potentes, elegidas libremente por el pueblo, con un poder fuerte y grandes facultades ante el poder real como la de algunas ciudades alemanas e italianas' constitutivas de repúblicas con territorio propio, la afirmación es muy cierta.
Pero si con eso se quiere decir que la vida pública de Castilla tenía como esferas de acción, de una parte, la extensión total del reino en que actuaba una monarquía, y de otra solamente las Corporaciones locales, es decir, que se entiende que en Castilla, y dentro del territorio regido por sus reyes, no había más manifestación de vida política que la de la población, ciudad, villa, lugar o aldea y que los órganos de administración de estas entidades tenían una gran plenitud de facultades, el principio es falso y contrario a la realidad. Es un caso más de confusión de la estructuración leonesa con la castellana.
En Castilla el organismo puramente municipal, el que regula la vida de una aglomeración de familias, establecidas en una población o en varias contiguas, pero ligadas siempre por una convivencia de vecindad en comunicación constante y cotidiana apenas tenía existencia, sino que por el contrario, estaba subordinada a una Corporación de más amplio poder y de más amplia extensión territorial: la Comunidad, con toda la plenitud de funciones judiciales, administrativas y militares, etcétera, o la Merindad comunera, en la que las funciones judiciales estaban separadas y conferidas a un merino, como en la llamada Merindad de la Rioja, residente en Santo Domingo de la Calzada. En Castilla la población, aldea, lugar, etc., apenas tiene personalidad, ni aislada ni agrupada, apenas tiene facultad pues la entidad fundamental y preponderante, la Comunidad, es entidad que actúa sobre territorios de gran extensión en los que, como en el caso de la Tierra de Segovia, se pueden medir distancias de más de cien kilómetros, condición que hace imposible el cuidado de los intereses de la vida de convecinos, que es suficiente para probar que los fije y el objeto de estas Corporaciones son muy distintos de los que tienen que atender los organismos de la vida municipal.
Es decir, que en Castilla el organismo libre no es el municipio, sino otro de carácter de Gobierno regional, o sea que en Castilla, por estar el organismo local supeditado a la Comunidad, no existe la tradición de la supremacía del Municipio, aun cuando sí la de la plenitud de libertad del organismo regional. La Comunidad es, además, organismo de distinto origen que el denominado Municipio y que corresponde a organizaciones que, según varios autores, ya existían entre nuestros ascendientes antes de la llegada de los romanos. La expresión de la tradición comunera en los fueros escritos, su desarrollo, teniendo siempre presente la vieja raíz, es labor de Castilla en colaboración con Vasconia y sin intervención leonesa; se, inicia en el fuero vasco-castellano, de Nájera, se continúa en el de Miranda de Ebro, donde se exime la jurisdicción del merino, sigue en Belorado y Burgos y llega a su plena ex. presión en la redacción de Sepúlveda, de donde toman sus normas Cuenca, Calatayud, Daroca y Teruel, pues la comunidad como organismo adecuado a una realidad geográfica, se extiende por todo el país castellano-aragonés que constituye la región geográfica serrana central española. En Ávila comprende la Comunidad doscientos diez pueblos; en Daroca, ciento diez, y en Teruel, ochenta Y dos. Como se ve aquí hay una tradición de repúblicas libres, pero no de Municipio libre que, si alguna vez aparece como en las nueve villas de Daroca, sigue perteneciendo a la Comunidad, aun cuando tenga, como El Espinar, fuero propio, dado por la Comunidad como organismo superior del territorio.
En oposición a la aspiración de la organización de España en regiones autónomas, se presenta la creación de Municipios libres que actúen sobre una agrupación de familias constituidas y viviendo en vecindad. Este Municipio libre no es castellano; es el Municipio leonés de origen godo-romano, iniciado en la legislación con el fuero de León de 1020. Este Municipio es el que, tan general e impropiamente se llama castellano; este Municipio leonés es el que, hace pocas semanas se tomaba como fundamento para un proyecto de reorganización regional en una reunión celebrada en Valladolid en que los reunidos cayeron una vez más en la equivocación de tomar por castellana la tradición leonesa de dicha ciudad y en el error de suponer semejantes e iguales a las inconfundibles de León y Castilla respectivamente.
Luis CARRETERO ("Segovia Republicana", 7 agosto 1931.
(Regionalismo castellano nº 4, pag 36-38)
jueves, 29 de marzo de 2012
La cuestión de las autonomías. Los casos de Cantabria, La Rioja y Segovia (Anselmo Carretero y Jiménez, El País 18-9-1981)
LOS CASOS DE CANTABRIA, LA RIOJA Y SEGOVIA
El irreflexivo y torpe planteamiento gubernamental de las autonomías del País Leonés, de Castilla y del País Toledano (regiones provenientes de los antiguos reinos de León, Castilla y Toledo) ha producido, según hemos visto, muchas y muy graves anomalías y contradicciones. Ante todo, es de notar que mientras, por un lado, se borra del mapa español a Castilla y se crean dos entes preautonómicos mixtos con el nombre castellano por delante (Castilla-León y CastillaLa Mancha), quedan, por otra parte, fuera de esta denominación tres provincias de radical castellana que, por no perder su propia identidad, se han negado a ingresar en el híbrido conjunto castellano-leonés: Santander, Logroño y Segovia.
No son insolidarias tendencias secesionistas, como a veces se dice, lo que mueve a estas tres castellanísimas comarcas de vieja y muy arraigada tradición a no ingresar en el heterogéneo conglomerado de Castilla-León, sino una vigorosa reacción defensiva ante el peligro de su forzada inclusión en una entidad geopolítica a la que se sienten ajenas y donde su personalidad se desvanecería en aras de un nuevo unitarismo centralista que se barrunta más intenso y omnipresente que el ayer impuesto por el Gobierno central.
La provincia de Santander -con el nombre de Cantabria- y la de Logroño -con el de la Rioja- han tramitado sus respectivas autonomías por considerar que cada una tiene personalidad (histórica, geográfica y cultural) muy distinta de la que confusamente presenta el invento de Castilla-León, cuyo nombre las ha llevado a este desorientador razonamiento: si «eso» es Castilla, claro está que nosotras no somos castellanas. Y así, aceptada la errónea premisa de la castellanidad del conglomerado castellanoleonés, Cantabria y la Rioja demandan sus correspondientes autonomías como singulares regiones uniprovinciales, dejando por su parte el monopolio de lo «castellano» a las dos nuevas y heterogéneas entidades castellano-leonesa y castellano-manchega.
EL «PEQUEÑO RINCON»
Castilla nace en el «pequeño rincón» situado entre el alto Ebro y el mar Cantábrico, donde varios pueblos vascocántabros, que antes habían luchado contra romanos y visigodos, rechazan a los musulmanes al mismo tiempo que mantienen su independencia frente al reino neogótico de León. Aquí, sobre un sustrato lingüístico eusquérico, nació también el romance castellano, que se habló -y escribió - en la Rioja y Alava antes que en las tierras castellanas del alto Duero, y mucho antes de llegar a la planicie de Valladolid y Palencia, de donde hubo de desplazar al bable propio de la región. La Montaña santanderina es, pues, la comarca más castellana de España.
Una Castilla sin la antigua «Montaña Baja de Burgos» sería tanto o más inconcebible que una Cataluña sin la Cerdaña y Pallars, o que un Aragón sin los Pirineos de Huesca. Y al contrario: cualquier región que incluya la provincia de Santander debe llevar como atributo consustancial el nombre castellano. Tampoco es imaginable una Castilla sin la Rioja ; tierra de conjunción histórico-geográfica de cántabros, vascos y celtíberos, las tres estirpes de la España prerromana que, en mayor o menor proporción, constituyen el primitivo sustrato étnico de los pueblos castellanos, y patria de los más viejos símbolos y las más auténticas creaciones de la cultura castellana: San Millán de la Cogolla , patrón de Castilla; las Glosas emilianenses, primeras líneas escritas en romance castellano; Gonzalo de Berceo, primer poeta de nombre conocido de la literatura castellana; Santo Domingo de Silos, la figura más destacada de la cultura medieval de Castilla; el Fuero de Nájera...
Si Cantabria y la Rioja rechazan el complejo castellanoleonés por defender la propia autonomía, el caso de Segovia presenta, además y en primer lugar, un valor de afirmación castellana. La provincia de Segovia rechazó, por abrumadora mayoría de sus municipios, la incorporación al artificioso ente castellano-leonés porque los segovianos vieron en él un peligro para el porvenir regional de la verdadera Castilla, de la cual Segovia se siente parte intrínseca. La ciudad de Segovia, las «tierras» de su provincia se oponen a los confusos conglomerados de Castilla-León y Castilla-La Mancha porque propugnan la autonomía de una Castilla netamente castellana, con lo cual defienden a la vez, indirectamente, las autonomías del País Leonés y el País Toledano propiamente dichos.
Segovia ha propugnado, en primer lugar, la autonomía de Castilla, y sólo cuando la decisión gubernamental niega de hecho la posibilidad de una Castilla autónoma, Segovia, ante el dilema de la incorporación forzosa al ente preautonómico castellano-leonés o la autonomía uniprovincial que la Constitución ofrece, recurre a esta última.
EL CASO DE SEGOVIA
De la maraña autonómica en tomo a Castilla en que con increíble ligereza nos metieron en mala hora algunos políticos y cierta clase intelectual ducha en el uso del mimetismo y la demagogia, y del caso singular de la autonomía de Segovia, se ha ocupado recientemente en estas mismas columnas Pedro Altares, en un artículo rebosante de inteligencia, de noble sensibilidad y de respeto por el pueblo segoviano que hoy está dando una lección de cordura, firmeza y dignidad a quienes, en teoría, deberían ser sus informadores y guías en estas difíciles cuestiones. Artículo que merece ser releído con atención.
El caso de Segovia pone dolorosamente de manifiesto algunos de los gravísimos peligros que indefectiblemente acompañan a «procesos tan delicados -y a veces sumamente complejos- como los autonómicos»: las precipitaciones y la demagogia, sobre los cuales llamó reiteradamente la atención -en los años 1978 a 1980- el secretario general del PSOE con advertencias no escuchadas ni siquiera en las filas del propio partido.
Lamentable resulta -al decir de diarios y revistas - observar la pobre conciencia política que, en general, manifiestan los españoles en una etapa de la historia nacional de tan gran trascendencia como la que hoy atraviesa España. La decepción, el pesimismo, la apatía y el desinterés por el bien común dominan por doquier a donde el observador dirija la mirada. Prueba espectacular de ello dio en diciembre un acontecimiento de tanta significación política como el referéndum sobre la autonomía de Galicia, aprobada sólo por un 19% del electorado, con el agravante de que la proporción de «noes» llegó al 80%, lo que sociológicamente -comentan las mismas fuentes informativas - expresa un altísimo grado de escepticismo y displicencia populares. Y es importante no olvidar que tan pobres resultados en pro del estatuto gallego fueron obtenidos con todo el apoyo de la propaganda desarrollada tanto por el Gobierno como por los principales partidos políticos.
Pero -y esto parece más alarmante- cuando la provincia de Segovia, consciente de su castellanía y de los derechos que la Constitución le reconoce para la defensa de su identidad, se opone -por abrumadora mayoría de los ayuntamientos y de la Diputación Provincial , de la opinión publica y de los grupos intelectuales más conscientes y conocedores del país- a formar parte de una heterogéneo entidad castellano-leonesa de reciente y arbitraria invención, dando muestra de mejor conocimiento del problema que el Gobierno y los dirigentes políticos, de viva conciencia ciudadana y de lealtad a la patria chica, entonces.. el Gobierno y los dirigentes políticos se disgustan, y en vez' de apoyar. la en sus derechos y legítimas aspiraciones a un estatuto de autonomía análogo a los de Cantabria o la Rioja , reaccionan negativamente pretendiendo forzar su incorporación a ese híbrido ente regional que el pueblo rechaza.
En estos momentos el Gobierno y la dirección central de la UCD están empeñados en meter a toda costa la provincia de Segovia en el saco autonómico castellano-leonés contra la voluntad de los segovianos, retorciendo incluso el espíritu de la Constitución para negar derechos y aspiraciones colectivas que ella misma protege.
LOS COMPLEJOS «ENTES PREAUTONOMICOS»
Se acusa a los segovianos de fomentar el cantonalismo, lo que -ya lo hemos visto- es absolutamente falso, y de dejarse manipular por caciques locales, porque entre los muchos ciudadanos que en Segovia propugnan la autonomía de Castilla propiamente dicha -y dentro de ella el respeto a la personalidad de su provincia- figuran la mayor parte de los Parlamentario segovianos de la UCD , bien sea por su cariño a la tierra, -que en principio no hay razones para negar-, bien porque han encontrado en este asunto una bella bandera que enarbolar.
Martín Villa, que el año pasado ultimó el ingreso de la provincia de León, hasta entonces defensora de la autonomía regional leonesa, en el discutido ente preautonómico castellano-leonés -lo que provocó una espontánea manifestaci6n de protesta de miles de leoneses-, no parece dispuesto a aceptar la «rebeldía» de Segovia. En cuanto a los dirigentes de los partidos políticos de la oposición que hasta ahora, con más o menos agrado, han apoyado la política autonómica castellano-leonesa, convendría recordarles las prudentes y oportunas advertencias de Felipe González sobre los peligros de proceder a la ligera en asuntos tan graves y de tan delicada naturaleza como las autonomías regionales.
El mayor y más inminente peligro que hoy amenaza a Castilla como pueblo con personalidad propia en el conjunto nacional de España está, sin duda, en los complejos entes preautonómicos de Castilla-León y Castilla-La Mancha. La consolidación de estas confusas nuevas regiones implicaría, con el tiempo, la pérdida de la propia condición de las provincias castellanas en ellas integradas, ante el predominio demográfico, económico y político de los territorios leoneses y toledano-manchegos, respectivamente. Y, al contrario: la persistencia de Cantabria, la Rioja y Segovia como entidades con autonomía uniprovincial, haría de ellas -consciente o inconscientemente- reservas y baluartes castellanos necesarios para emprender, en momento y condiciones oportunas, el rescate conjunto de una nueva y verdadera Castilla, sin la cual no es concebible un auténtico y cabal todo español.
ANSELMO CARRETERO
«El País», 18 septiembre 1981
La cuestión de las autonomías. Embrollos en torno a Castilla (Anselmo Carretero Jiménez, El País 17-9-1981)
LA CUESTION DE LAS AUTONOMIAS.
EMBROLLOS EN TORNO A CASTILLA
Conocidas con claridad las razones fundamentales de los estatutos de autonomía (gobierno y administración del país más democráticos y eficientes; respeto a la personalidad y a la cultura de los diversos pueblos de España), procede ver cómo, en función de ellas, se están desarrollando los procesos autonómicos.
En doce de los quince pueblos, nacionalidades o regiones históricas (use el lector el término que más le agrade, pues el nombre resulta indiferente) que componen España (Galicia, Asturias, el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, las Islas Baleares, Valencia, Extremadura, Murcia, Andalucía y las Islas Canarias) se ha tomado, en principio, como base indiscutida el respeto a las entidades históricas, cuyos límites territoriales - con algunas rectificaciones menores- corresponden a las actuales provincias.
En ningún caso este principio básico ha creado dificultades o problemas intrínsecamente nacionales o regionales. En el País Vasco, al contrario: el estatuto de autonomía ha servido para dar carta de naturaleza constitucional a una nueva entidad política que nunca antes (hasta el estatuto republicano de 1936) tuvo realidad histórica. Esta correspondió separadamente a Guipúzcoa, Vizcaya y Alava, pequeños estados independientes, generalmente aliados a Castilla, que, por separado y en diferentes fechas, se unieron pacíficamente a la corona castellana. Nunca existió un estado o entidad histórico-política que abarcara todo el País Vasco. La idea general de que los reyes castellanos juraban en Guernica los fueros del País Vasco es errónea. Nunca hubo tales fueros, y los que allí se juraban eran los propios de Vizcaya. El estatuto de 1936 y ahora el derivado de la Constitución de 1978, son los verdaderos creadores legales de esta nueva entidad, de viejísimas raíces, llamada País Vasco o Euscadi, de la que el siglo XVIII fueron precursores los Caballeritos de Azcoitia, fundadores de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, cuyo mote era Irurak-Bat, que quiere decir: las tres hacen una (Guipúzcoa, Vizcaya y Alava).
En el caso de Navarra, el respeto a la entidad histórica (antiguo reino) ha sido absoluto; y se ha reconocido al pueblo navarro el indiscutible derecho de decidir su incorporación al País Vasco.
PAISES LEONES Y TOLEDANO
Muy diferente ha sido, por desgracia, lo ocurrido en Castilla, el País Leonés -antiguo reino de León- y el País Toledanos -tierras no castellanas del antiguo o reino de Toledo-. En una maniobra de prestidigitación política, tendente a esquivar en la confusión los aspectos más difíciles del problema general de las autonomías, el Gobierno (entonces presidido por Adolfo Suárez) creó precipitadamente en el papel nuevos entes preautonómicos (dominados por la UCD), ocasionando con ello «problemas ficticios» cuya gravedad se ha ido manifestando después.
Así (a espaldas de los pueblos, sumidos en el desconocimiento de su propio ser y en enervante apatía política tras cuarenta años de oscurantismo dictatorial) se decidió eliminar a Castilla (!) del mapa nacional de España, dividiéndola en dos pedazos: uno, que sería incorporado al antiguo reino de León para formar el híbrido llamado Castilla-León, y otro, que quedaría unido al País Toledano para componer Castilla-La Mancha. La sola denominación de estas nuevas entidades pone de manifiesto que Castilla ha sido partida en dos, y sus trozos, unidos a sus vecinas leonesa y toledana.
Pero el patriotismo, aunque sea regional o comarcal, no se impone ni se suprime por decreto ni por la fuerza bruta. (Esta es una de las tremendas lecciones históricas que a todos los españoles nos ha enseñado el franquismo). Ni es posible jugar impunemente desde el gobierno a suprimir, trocear, componer o inventar regiones como si se tratara de un puzzle geográfico.
Si el respeto a los límites tradicionales de todas las demás nacionalidades o regiones históricas encontró general. asentimiento, la arbitraria eliminación de Castilla del mapa de los pueblos de España, y la atribución de sus restos a países vecinos, ha producido disgusto y honda amargura en muchos ciudadanos de las comarcas afectadas.
El hecho resulta moralmente más reprobable si se tiene en cuenta que se está procediendo sin la consciente aprobación de los pueblos de estas regiones y con abuso del estado de ignorancia y confusión sobre tan graves cuestiones en que la prolongada dictadura les ha dejado.
Los que en principio debieron haber sido normales procesos autonómicos de tres viejas e insignes entidades histórico-geográficas (antiguos reinos de León, Castilla y Toledo), y trascurrido --como en el resto de España- por sus cauces naturales, fueron manipulados con tal irresponsabilidad y torpeza que todo se salió de madre, provocando la caótica proliferación de nuevas regiones: unas, por artificiosa creación gubernamental, y otras, como reacción defensiva de auténticas comunidades históricas que, ante el peligro de forzosa inclusión en ficticios entes regionales, que no son ni sientes suyos, prefieren acogerse a las autonomías uniprovinciales previstas en la Constitución.
REGIONES A CONTRAPELO
Lejos, pues, de facilitar la solución del problema general de las autonomías, estas desafortunadas fusiones, a contrapelo de la geografía y la historia, han provocado indirectamente el brote de nuevos anhelos autonómicos, en apariencia insolidarios (la Montaña Cantábrica, la Rioja, Segovia, la provincia de León ... ), que no hubieran surgido si las auténticas regiones históricas de León, Castilla y Toledo hubiesen recibido sus propios estatutos y, dentro de ellas, respetando la identidad de sus comarcas tradicionales. Tal es la verdadera causa de lo que, con excesiva ligereza, suele tildarse de loco afán cantonalista de los castellanos.
Se declara una y otra vez que las autonomás contribuirán eficazmente a preservar la identidad de todas las nacionalidades o regiones de España y al desarrollo de sus respectivas culturas, pero la realidad es, en este caso, que tales híbridos conglomerados llevarían a la aniquilación de Castilla y al profundo deterioro de la personalidad de los países leonés y toledano.
Tampoco reforzaría la democracia por acercamiento del gobierno a la base popular. La vasta entidad castellanoleonesa que se pretende establecer no dejaría los gobiernos de León y de Castilla, respectivamente, en manos de los leoneses y de los castellanos, y aun amenaza resultar en un nuevo centralismo (económico, político y cultural), con sede en Valladolid, menos soportable, por más concentrado, para las provincias auténticamente castellanas, que el hasta ahora ejercido sobre toda España desde Madrid. En realidad, este gran conglomerado es triste hijuela de la idea de la gran Castilla imperial impuesta doctrinalmente por la Falange vallisoletana e imbuida en la mente de millones de españoles por la enseñanza y la propaganda del aparato dictatorial.
Concepción histórica que se abrió camino a través de las mistificaciones en torno a Castilla, fraguadas a mediados del siglo XIX por las oligarquías reaccionarias y magnificadas después por la generación del 98, que llegaron a identificar a Castilla con León (aquélla nació precisamente de la oposición de castellanos y vascos al trono neogótico) y a otorgar carta de nobleza literaria al falso tópico de «la inmensa llanura de Castilla la Vieja», disparate histórico y geográfico e incongruencia racional, pues la vieja Castilla tuvo necesariamente su cuna en un baluarte montañoso, que hizo posible la defensa de su independencia frente a los ejércitos musulmanes y a las no menos aguerridas tropas de la corona de León: la Montaña cantábrica, cuna de Castilla y del romance castellano.
LA ELIMINACION DE CASTILLA
Las decepciones, amarguras y protestas por la eliminación de Castilla del mapa político de España, así como las demandas por la autonomía propia del País Leonés, de Castilla y del País Toledano, iniciadas hoy en grupos minoritarios conocedores de su región y su pasado, y entregados generosamente a la causa comunitaria, irán probablemente en aumento a medida que estos pueblos, mejor informados y libres de tutelas dictatoriales, recobren la memoria histórica, base de la conciencia colectiva que mantiene la voluntad nacional.
Mientras la mayoría de los pueblos de España preparan, con más o menos bríos, un renacer de su personalidad al amparo de los estatutos de autonomía, tres regiones de brillante historia atraviesan una difícil etapa de trascendencia decisiva para su porvenir. En el caso de Castilla está en juego la existencia misma de esta vieja nacionalidad de tan traído y llevado nombre, hasta ayer mismo exaltada hiperbólicamente por los escritores de la generación del 98 y sus continuadores, y hoy a punto de ser eliminada, sin pena ni gloria, entre confusos arreglos políticos de menguada concepción.
En León se necesita mantener la personalidad regional del famoso antiguo reino que tan relevante papel desempeñó en los siglos fundacionales de la nación española y que hoy se pretende disolver en un heterogéneo conjunto de improvisada creación. Con Castilla y con León es menester preservar también la identidad y la autonomía del antiguo reino de Toledo, cuya vasta llanura manchega hizo famosa nuestro inmortal hidalgo y loco justiciero.
TIEMPO PARA RECTIFICAR
El desastre aún no ha sido consumado, y todavía es tiempo de rectificar y tomar el buen camino: el seguido por los demás pueblos de España en sus procesos autonómicos; el mismo que (sin fusiones, secesiones ni confusiones) debe llevar a la autonomía regional del País Leonés, de Castilla y del país Toledano. Y dentro de Castilla será preciso fortalecer el autogobierno de sus diversas provincias, que generalmente se han formado en torno a comarcas de vieja tradición (la Montaña cantábrica, las tierras de Burgos, la Rioja, las tierras de Soria, Segovia y Avila, Madrid, Guadalajara y Cuenca). Si Cataluña y Galicia consideran conveniente establecer una nueva división comarcal de su territorio de arriba abajo, Castilla, al contrario, debe concebirse de abajo arriba, como una mancomunación de todas sus provincias, de manera análoga a como el País Vasco se ha constituido por la unión de los viejos estados de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava. «Parecía Castilla en la Edad Media», dice un historiador gallego, «una confederación de repúblicas trabadas por medio de un superior común». Idea que, adaptada al siglo XXI y a la complejidad del moderno estado democrático, puede resultar hoy aún más válida de lo que lo fue para las comunidades de ciudad (o villa) y tierra de la vieja tradición castellana.
Castilla -y con ella el claro porvenir de España- requiere sobre todo, antes de que el error resulte difícilmente reparable, rescatar su personalidad y ocupar el lugar que en el mapa de las regiones autónomas le corresponde como miembro perfectamente definido del conjunto nacional de los pueblos hispanos.
ANSELMO CARRETERO
El País, 17 septiembre 1981
La disolución de dos insignes regiones (Anselmo Carretero y Jiménez, Diario16, abril 1979)
LA DISOLUCION DE DOS INSIGNES REGIONES
Se dice tópicamente que en Castilla surgió Ia rebelión de las comunidades y, a la vez, que de todos los reinos de España, Castilla era la más susceptible de adaptación a las concepciones de la monarquía absoluta e imperial que Carlos V importaba de Alemania. También es lugar común la afirmación de que a partir de Villalar la defensa del Imperialismo español y las luchas contra la Reforma impusieron a España y "especialmente a Castilla", una sucesión de guerras agotadoras y que "la mentalidad imperial de los castellanos" sería muy útil a Carlos y a su hijo Felipe en estas luchas.
De nuevo el error y la mistificación envuelven el conocimiento y el análisis de los hechos históricos; porque todos los países de los reinos de León y de Castilla, ésta y el País Vasco fueron siempre, por origen y desarrollo, los más reacios a la idea del absolutismo imperial, con la que también eran incompatibles, por su régimen constitucional y su historia, los pueblos de la corona catalano-aragonesa..
Contra la opinión interesada en presentar aquella vasta rebelión como una lucha por mantener la tradición medieval a favor de los privilegios feudales y opuesta a la idea del Estado moderno propugnada por Carlos v - opinión ampliamente divulgada durante la larga etapa dictatorial recién clausurado -, los modernos investigadores han puesto de manifiesto las tendencias progresistas de los comuneros, contrarias al poder absoluto del emperador, La mayoría de los alzados no trataba de regresar al medievo, sino de establecer un Gobierno constitucional. Eran pues, los "populares” o "comuneros" quienes aspiraban a un Estado moderno, adelantándose a los ingleses en el camino hacia un régimen de gobierno por el pueblo..
Por un Estado Moderno
En aquella revolución se pone ya claramente de manifiesto por parte de los "comuneros" más consecuentes un sentimiento nacional español, que lejos de caracterizarlos de "retrógrados", como han tratado de hacerlo la historiografía franco-falangista, era un paso precursor hacia el moderno Estado nacional.
En cuanto a la sucesión de guerras agotadoras que la defensa del Imperio español y las luchas contra la Reforma impusieron a España, no recayeron más sobre las espaldas, la sangre y las haciendas de los castellanos que sobre los restantes pueblos de las coronas unidas de León y de Castilla (gallegos, andaluces, leoneses, murcianos... ).
Es, pues, causa de graves errores atribuir confusamente a las "comunidades de Castilla" acontecimientos históricos que se desarrollaron en todo el ámbito geográfico de los países de los reinos de León y de Castilla. El toledano Juan de Padilla, el segoviano Juan bravo y el salmantino Francisco Maldonado, ejecutados en Villalar, figuran justamente en los anales de nuestra historia como mártires de una causa que los pueblos todos de España siempre recordarán; pero no es justo olvidar aquellos otros comuneros que, en diversos lugares de la Península , dieron también sus vidas en la misma lucha, ni los muchos que, excluídos rencorosamente del "perdón del emperador", sufrieron cruel prisión, salieron al destierro o quedaron en la miseria por haberse incautado de todos sus bienes el fisco real. Recordemos, por ejemplo, que poco antes de Villalar cayó en Vitoria la cabeza de Gonzalo de Barahona, y que en 1524 murió en la prisión de Burgos y fue enterrado con los grilletes que llevaba en los pies, Pedro López de Ayala, capitanes ambos de los "comuneros" alaveses.
Solidaridad
El recuerdo de la revolución de las "comunidades de Castilla" ha servido de pretexto para torpes comentarios, que nada favorecen la solidaridad nacional entre los pueblos de España. Así se habla del "egoísmo" de Navarra y de los países de la corona catalano-aragonesa al dejar solos a los "castellanos" en su lucha contra el emperador; olvidando que la conciencia de una gran Nación española estaba aún lejos de ser general (13). Navarra y los países de la corona de Aragón no consideraban como asuntos propios los pleitos que los otros reinos de España tuvieran con el monarca; como estos reinos tampoco se solidarizaron con los aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines cuando en los dos siglos siguientes lucharon en defensa de sus libertades. Los autores de tales comentarios pasan además por alto que los súbditos de las coronas de Navarra y Aragón mal podían sentirse obligados a solidaridad con los alzados de los reinos de León y de Castilla cuando muchas partes de estos se mantenían en el campo del emperador. Olvidan a la vez acontecimientos como las "germanías" de Valencia y Mallorca, contemporáneas de las "comunidades" y no menos dignas de recordación que éstas; e ignoran tal vez los alborotos que se produjeron en Zaragoza cuando el pueblo impidió que los nobles aragoneses enviaran tropas en ayuda de los imperiales, proclamando que Aragón no debía ayudar a quienes querían quitar sus libertades a Castilla.
La genérica atribución del nombre castellano a la "guerra de las comunidades" y el hecho de que muchos de sus episodios ocurrieran en tierras leonesas; León, Zamora, Toro, Salamanca y especialmente la actual provincia de Valladolid (la misma ciudad, Medina, Tordesillas, Torrelobatón y Villalar) (14) Son dos de los apoyos histórico-geográficos de esa visión de Castilla, centrada en la Tierra de Campos, donde la "generación del 98" creyó encontrar las esencias de lo español.
Aceptada por la burguesía agraria de la cuenca media del Duero, potenciada políticamente por el falangismo y divulgada desde 1939 por la enseñanza y la propaganda oficial, esta distorsionada visión amenaza disolver en un híbrido conglomerado castellano-leonés dos de las más antiguas e insignes regiones históricas o nacionalidades de España en el Momento en que las restantes hermanas (15) inician un prometedor renacimiento de la propia personalidad,
(15) Hay también en proyecto otra híbrida región casteuano-manchega, que aglomerar la la región de Toledo y La Mancha (antiguo reino de Toledo o Castilla, la Nueva ) con tierras vecinas de Castilla y de Murcia.
(13) En realidad se manifiesta por primera vez con todo vigor cuando la invasión napoleónica, en 1808.
(14) No porque fueran más "comuneras" que el resto de las comarcas alzadas, sino porque precisamente allí estaban los poderes de la corona y los personajes que la representaban; la reina Juana, en Tordesillas, y los delegados del emperador en Valladolid.
Algunos comentaristas consideran grave error de los comuneros el haber llevado la lucha al campo enemigo, en lugar de haberse hecho fuertes en sus baluartes de Toledo. Segovia y Madrid, política y militarmente más sólidos que la llanura de Campos.,
Ciudad de México 1979
Anselmo Carretero Jimenez
Diario16 abril 1979
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