CORRESPONDENCIA
José Antonio de Yturriaga, embajador de España y profesor de Derecho Internacional, comparte con los suscriptores del boletín de Actuall la “Carta abierta” que un grupo informal de cincuenta embajadores españoles jubilados ha dirigido al embajador de Bélgica en España,
sobre la resolución judicial que deniega la entrega a España de los exconsejeros de la Generalidad catalana prófugos en el país belga, socio y aliado de España.
Madrid, 21 de Mayo de 2018
Excmo.
Sr.
D.
Marc Calcoen
Embajador de Bélgica en España
Estimado y respetado Señor Embajador:
Nos dirigimos a usted como colegas, aunque ya estemos jubilados, para expresarle nuestra sorpresa, preocupación e indignación por el comportamiento que están teniendo con España el Gobierno y las autoridades judiciales de Bélgica.
Desde que culminó el proceso de insurrección de la Generalitat de Cataluña contra el Estado español y la huida a Bélgica de su Presidente, Carles Puigdemont y varios ex-Consejeros de su Govern –reclamados por la justicia española por graves delitos-, el Gobierno belga y sus autoridades no han cumplido con sus obligaciones de conformidad con la
Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).
El Vicepresidente del Gobierno y Ministro del Interior, Jan Jambon, ha criticado a la justicia española por enjuiciar a las destituidas autoridades catalanas, dado que éstas se habían limitado a seguir el mandato de sus electores.
Se mostró dispuesto a conceder el estatuto de refugiados políticos a los prófugos y pidió a la comunidad internacional que estuviera vigilante para asegurar que Puigdemont recibiera un trato justo.
La Audiencia Nacional solicitó una OEDE contra los huidos de la Justicia por los delitos de sedición, prevaricación, malversación y desobediencia.
El Fiscal del Rey.
Jean-Marc Meilleur, manifestó que daría una importancia particular a la cuestión de “saber si la extradición no podría constituir una infracción de sus derechos fundamentales”.
Puso en duda el respeto de los derechos humanos en España y formuló una serie de intolerables preguntas en las que solicitaba información sobre las condiciones de detención, las garantías de un juicio justo, las condiciones de las cárceles y la “posible exposición a episodios de violencia”.
El Fiscal dinamitó la aplicación de la OEDE, que se basa en la confianza en los sistemas judiciales de los miembros.
La autoridad judicial belga ha dado largas a la repuesta –a pesar del carácter urgente de la OEDE- y decidido conceder la libertad provisional a los prófugos, a los que el Gobierno belga ha consentido que actúen con plena libertad para realizar actividades políticas en contra de la Constitución y de las
leyes españolas.
Ante el temor de que el tribunal belga decidiera la entrega de los encausados sólo por malversación, el Instructor del Tribunal Supremo retiró la OEDE y la rehízo incluyendo únicamente cargos de rebelión y de malversación.
El fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, Dirk Merck, preguntó al Instructor si la nueva OEDE se fundaba en las órdenes de arresto decretadas por la Audiencia Nacional y éste contestó que en su auto había ratificado expresamente las órdenes de detención dictadas por dicha
Audiencia y que no era necesario dictar una nueva orden de detención, porque la ley española permitía acordar la prisión en el auto de procesamiento.
El Tribunal belga ha dictaminado que no existen órdenes de arresto nacional subyacentes válidas que se correspondan con el contenido de las OEDEs, por lo que, basándose en un supuesto error formal, se ha negado a su ejecución, poniendo de manifiesto su escasa disposición a colaborar con la Justicia española.
No es de extrañar esta actitud, dado que, ya en ocasiones anteriores, los tribunales belgas han negado la extradición de criminales de ETA so pretexto de que no serían objeto de un juicio justo en España.
De todo ello se deduce que el Gobierno y las autoridades judiciales belgas desconfían de la Justicia española y no consideran que España sea un Estado de Derecho.
Esta actitud difícilmente se compadece con el hecho de que España es un miembro de la UE, parte en todos los Convenios sobre Derechos Humanos y fiel cumplidor de sus disposiciones.
Confiamos en que haga llegar a su Gobierno nuestras inquietudes –compartidas por la mayor parte de la opinión pública española-, en la confianza de que reconsidere su inamistosa actitud hacia España, un Estado socio en el seno de la Unión y aliado en el marco de la OTAN.
Reciba, señor Embajador, nuestro más respetuoso saludo.
En nombre del Grupo informal de Embajadores jubilados,
José Antonio de Yturriaga
Embajador de España
