Aquí nada importa quiénes son las víctimas; lo que importa es quiénes son los autores.

No es la víctima, sino la autoría, lo que ha conducido a las turbas feministas hasta la escalinata de los juzgados pamploneses en un conato de asalto, mientras silencian las violaciones múltiples que perpetran manadas de argelinos en Alicante, donde diez de ellos violaron a tres menores; a una de ellas, de catorce años, durante 24 horas.

Lo que diferencia uno y otro caso no son las víctimas, chicas jóvenes e inocentes en todos los casos; lo que diferencia uno y otro caso son los autores. En un caso, una manada de la que lo sabemos todo, condición – repetida ad náuseam – de guardias civiles y militares incluida; en el otro caso, una manada de la que se nos regatea hasta la nacionalidad.
No son las víctimas, porque si lo fueran, nadie se empeñaría en que el origen argelino de los agresores fuese un dato “no relevante”. Ese, justamente ese, es el camino que condujo a la ocultación por la prensa, la clase política y la policía de miles de violaciones durante décadas en el Reino Unido.
Lo que importa a la jauría es el quién, no a quién – acaba de suceder con el pobre Gabriel, acusando a quienes pedían justicia de atacar a la asesina por ser mujer, negra e inmigrante, en un revelador acto fallido -; lo que importa a la jauría es el autor y no la víctima, como en el caso de la violencia cuando el que muere es el hombre o el niño, o como en el caso de Alsasua, donde nadie ha dicho palabra alguna acerca de la condición femenina de las novias de los guardias atacados.


No son las víctimas: es la continuidad de la movilización del 8-M, en la que la izquierda radicalizada – sabedora de hallarse lejos del gobierno – ha encontrado una veta inagotable capaz de suplir el gatillazo de Cataluña, destinado en su día a hacer saltar el sistema por los aires.
El objetivo es la creación de una atmósfera coercitiva que paralice el Estado de Derecho,al que quieren genuflexo ante sus dictados. Bastaba con ojear el careto de Catalá culpando de la sentencia al código penal de Belloch – pío-pío, que yo no he sido -, y prometiendo una pronta revisión del mismo. Prorrogado por don papelón Méndez de Vigo que ni entonó el respeto a las resoluciones judiciales, ni a la necesidad de evitar legislar en caliente, ni gaitas.
Tocaba “adecuar las penas a la sensibilidad social”, adecuación esquiva, al parecer, durante las décadas que han abarcado desde el terrorismo hasta el pequeño Gabriel. Ni unas víctimas ni la otra merecían tal adecuación. Hasta ahora, claro.

La creación de esa atmósfera opresiva es real: las iniciativas en las redes sociales, las comparecencias de los distintos partidos (entiéndase “distintos” como concesión semántica), las homilías matinales de las empozoñadoras televisivas, los editoriales, la jauría desatada; todo contribuirá al sometimiento de la justicia.
Parece lógico pensar que, en otro caso, una revisión de la sentencia del Supremo mantuviera la pena impuesta por el tribunal navarro, o acaso la rebajara en atención al voto particular del magistrado discrepante. ¿A alguien le cabe en la cabeza que el Supremo se atreva, así lo ahorquen, a revisar la sentencia en el sentido del voto particular de dicho magistrado? ¿En esta situación puede hablarse de veras de Estado de Derecho?
Para la jauría, la salvajada sucedida en ese portal pamplonés solo es política. Una política que les debe llevar al poder previo sometimiento de las últimas resistencias.