Democracia semidirecta: referéndum e iniciativa legislativa popular

DEMOCRACIA SEMIDIRECTA

Como simple recuerdo de la prioridad de los ciudadanos sobre los partidos -al estilo helvético-, recordamos algunos textos del blog avilabiencomún que no figuran en ninguno de los programas de los partidos en liza.

 

 

REFERÉNDUM

http://avilabiencomun.blogspot.com.es/2011/04/referendum.html

 

INICIATIVA LEGISLATIVA

http://avilabiencomun.blogspot.com.es/2011/04/iniciativa-legislativa-popular.html

 

http://avilabiencomun.blogspot.com.es/2013/02/iniciativa-legislativa-popular.html

 

MANDATO IMPERATIVO

http://avilabiencomun.blogspot.com.es/2011/07/que-es-el-mandato-imperativo.html

http://avilabiencomun.blogspot.com.es/2014/03/cancion-de-la-joven-castilla-o-senora.html

 

 

Presentación de la Declaración de Valdeavellano de Tera por la defensa y el reconocimiento de los usos comunales en España

Información

 

Iniciativa Comunales es una organización por la defensa y el reconocimiento de los usos comunales y las Áreas Conservadas por Comunidades Locales en España

 

Impressum

La Iniciativa Comunales somos un grupo de trabajo formado por representantes de comunidades que gestionan usos comunales (cofradías de pesca y marisqueo, montes de socios, en mano común y comunales, sociedades de caza, juntas de pastos y de riego, etc.), ONG que trabajan en la defensa de estos usos y la conservación de la naturaleza, y grupos de investigación que estudian y defienden estos usos.

Presentación de la Declaración de Valdeavellano de Tera por la defensa y el reconocimiento de los usos comunales en España

 

 

 

El próximo 26 de Septiembre tenemos una cita con los Usos Comunales: La presentación pública de la "Declaración de Valdeavellano de Tera" por el reconocimiento y defensa de los Usos Comunales en España.

Firmantes: Asociación Forestal de Soria, Asociación Galega de Mariscadoras/es, Asociación Nacional Micorriza, Asociación Transhumancia y Naturaleza, Comunidade de Montes de Vilar de Triacastela, Federación Estatal de Entidades Locales Menores, Federación Estatal de Pastores, Foro Asturias Sostenible, Fundación Entretantos, Fundación LonxaNet, Grupo de Estudios da Propiedade Comunal (IDEGA), ICCA Consortium, Mancomunidade de Montes en Man Común de Pontevedra, Montenoso, Plataforma Rural, Proyecto Evaluación de los Ecosistemas del Mileno de España, Proyecto Montes de Socios, Red de Comunidades de Pescadores Artesanales para el Desarrollo Sostenible, Silene, Sociedad Española de Ornitología/ BirdLife, Unión de Tecores e Cazadores - Caza Social de Galicia y Unión Nacional de Asociaciones de Caza.

Extracto-resumen de la Declaración de Valdeavellano de Tera por la defensa y reconocimiento de los usos comunales y las Áreas Conservadas por Comunidades Locales (ICCA) en España:

“Los abajo firmantes declaramos:
Que los usos comunales y sus bienes y derechos asociados (pesca, pastos, caza, bosques, riegos y otros) forman parte del Patrimonio Cultural (incluido el Inmaterial), Ambiental y Socio-económico de España. Que actualmente los usos comunales son en España una forma usual, exitosa y extendida de gobernanza de nuestro patrimonio natural y cultural. Montes en mano común, de socios, vecinales o comunales, cofradías de pesca o marisqueo, juntas de pastos, de valle, y vecinales, facerías, corrales de pesca, sociedades de caza, acequias de careo, parzonerías, ledanías y otras formas de gobernanza gestionan varios millones de hectáreas con alto valor natural, económico y cultural y son la expresión del empoderamiento y participación de cientos de miles de ciudadanos en la gestión participativa, directa, resiliente y sostenible de los recursos locales. Que se deben reconocer, apoyar, promocionar y proteger cada uno los tres pilares básicos que deben caracterizar los usos comunales: Comunidad, Gobernanza y Conservación de la Naturaleza. Que en España existe una grave falta de reconocimiento de su valor desde las administraciones públicas y un gran desconocimiento por parte de la sociedad, siendo urgente en este sentido reivindicar el papel social, económico y ambiental de estos usos y su potencial para la conservación de la naturaleza, el desarrollo del mundo rural y la sociedad en general. Que para poder garantizar la supervivencia de la gran riqueza y variedad de formas de titularidad y gestión colectiva, es necesario fomentar nuevas alianzas y sinergias, desde el nivel local al global, basadas en la participación de base, el empoderamiento de las comunidades locales y el enfoque participativo (“de abajo a arriba”). Que por los motivos anteriormente expuestos debe ser una prioridad de las propias comunidades comuneras, de las distintas administraciones y la sociedad en su conjunto el velar por la protección y el reconocimiento de dicho patrimonio colectivo, con el objetivo de garantizar la transmisión de este patrimonio para disfrute de las generaciones futuras sin ningún tipo de menoscabo en sus valores económicos, sociales y ambientales.”
Extracto-resumen de la Declaración de Valdeavellano de Tera, de 7 de octubre de 2013.

 

Principio del formulario

Democracia representativa y democracia participativa (Alain de Benoist)

Tenemos la costumbre de considerar que democracia y representación son, en cierta forma, sinónimos. No obstante, la historia de las ideas demuestra que no es así.
		Alain de Benoist 4 de febrero de 2014 elmanifiesto.com   Imprimir esta noticia Enviar a amigos ALAIN DE BENOIST La democracia representativa, de esencia liberal y burguesa, y en la cual los representantes electos están autorizados a transformar la voluntad popular en actos de gobierno, constituye en la hora actual el régimen político más comúnmente extendido en los países occidentales. Una de las consecuencias de esto es que tenemos la costumbre de considerar que democracia y representación son, en cierta forma, sinónimos. No obstante, la historia de las ideas demuestra que no es así.   Los grandes teóricos de la representación son Hobbes y Locke. Tanto en uno como en otro, en efecto, el pueblo delega contractualmente su soberanía a los gobernantes. En Hobbes dicha delegación es total; sin embargo, no se convierte en una democracia: su resultado sirve, al contrario, para investir al monarca de un poder absoluto (el «Leviatán»). En Locke, la delegación está condicionada: el pueblo no acepta deshacerse de su soberanía más que a cambio de garantías que tienen que ver con los derechos fundamentales y con las libertades individuales. La soberanía popular permanece suspendida en tanto que los gobernantes respetan los términos del contrato.   Rousseau, por su parte, establece la exigencia democrática como antagónica a cualquier régimen representativo. Para él, el pueblo no hace un contrato con el soberano; sus relaciones dependen exclusivamente de la ley. El príncipe sólo es el ejecutante de la voluntad del pueblo, que se mantiene como el único titular del poder legislativo. Tampoco está investido del poder que pertenece a la voluntad general; es más bien el pueblo quien gobierna a través de él. El razonamiento de Rousseau es muy simple: si el pueblo está representado, son sus representantes quienes detentan el poder, en cuyo caso ya no es soberano. El pueblo soberano es un «ser colectivo» que no podría estar representado más que por él mismo. Renunciar a su soberanía sería tanto como renunciar a su libertad, es decir, a destruirse a sí mismo. Tan pronto como el pueblo elige a sus representantes, «se vuelve esclavo, no es nada» (Del contrato social, III, 15). La libertad, como derecho inalienable, implica la plenitud de un ejercicio sin el cual no podría tener una verdadera ciudadanía política. La soberanía popular no puede ser, bajo estas condiciones, más que indivisible e inalienable. Cualquier representación equivale, pues, a una abdicación.   Si admitimos que la democracia es el régimen fundado en la soberanía del pueblo, no se puede más que dar la razón a Rousseau.   La democracia es la forma de gobierno que responde al principio de identidad entre los gobernantes y los gobernados, es decir, de la voluntad popular y la ley. Dicha identidad remite a la igualdad sustancial de los ciudadanos, o sea, al hecho de que todos son miembros por igual de una misma unidad política. Decir que el pueblo es soberano, no por esencia sino por vocación, significa que es del pueblo de donde proceden el poder público y las leyes. Los gobernantes no pueden ser más que agentes ejecutores, que deben ceñirse a los fines determinados por la voluntad general. El papel de los representantes debe estar reducido al máximo; el mandato representativo pierde cualquier legitimidad desde el momento en que sus fines y proyectos no corresponden a la voluntad general.   Sin embargo, lo que sucede hoy es exactamente lo contrario. En las democracias liberales, la supremacía está concedida a la representación, y más específicamente a la representación-encarnación. El representante, lejos de estar solamente «comprometido» a expresar la voluntad de sus electores, encarna él mismo dicha voluntad de hacer aquello para lo que fue elegido. Esto quiere decir que encuentra en su elección la justificación que le permite actuar, no tanto según la voluntad de quienes lo eligieron sino según la suya propia. En otras palabras, se considera autorizado por el voto a hacer lo que considere bueno.   Este sistema está en el origen de las críticas que no han dejado, en el pasado, de estar dirigidas contra el parlamentarismo, críticas que hoy reaparecen a través de los debates sobre el «déficit democrático» y la «crisis de la representación».   En el sistema representativo —al haber delegado el elector mediante el sufragio su voluntad política a quien lo representa— el centro de gravedad del poder reside inevitablemente en los representantes y en los partidos que los agrupan, y ya no en el pueblo. La clase política forma más bien una oligarquía de profesionales que defienden sus propios intereses, dentro de un clima general de confusión e irresponsabilidad. Añadamos que hoy día, en una época en que quienes poseen poder de decisión tienen en mayor grado los poderes de nominación y de cooptación que el propio electorado, terminan conformando una oligarquía de «expertos», de altos funcionarios y de técnicos.   El Estado de derecho, cuyas virtudes celebran regularmente los teóricos liberales —a pesar de todas las ambigüedades que implica esta expresión— no parece que, por su propia naturaleza pueda corregir dicha situación. Al descansar sobre un conjunto de procedimientos y reglas jurídicas formales, en realidad es indiferente ante los fines específicos de la política. Los valores están excluidos de sus preocupaciones, dejando así el campo libre para el enfrentamiento de intereses. Las leyes solo tienen la autoridad de hacer lo que sea legal, es decir aquello que sea conforme a la Constitución y a los procedimientos previstos para su adopción. La legitimidad se reduce entonces a la legalidad. Esta concepción positivista-legalista de la legitimidad invita a respetar a las instituciones por ellas mismas, como si constituyeran un fin en sí, sin que la voluntad popular pueda modificarlas y controlar su funcionamiento.   Sin embargo, en democracia la legitimidad del poder no depende solamente de la conformidad con la ley, ni tampoco de la conformidad con la Constitución, sino sobre todo de la congruencia de la práctica gubernamental con los fines asignados por la voluntad general. La justicia y la validez de las leyes no pueden residir por entero en la actividad del Estado o en la producción legislativa del partido en el poder. La legitimidad del derecho no puede, tampoco, ser garantizada por la mera existencia de un control jurisdiccional: hace falta, para que el derecho sea legítimo, que responda a lo que los ciudadanos esperan, a que integre las finalidades orientadas hacia el servicio del bien común. Finalmente, no podemos hablar de legitimidad de la Constitución más que cuando la autoridad del poder constituido es reconocida siempre como capaz de modificar su forma y su contenido. Lo que viene a decirnos que el poder constituido no puede ser delegado totalmente o alienado, y que continua existiendo y se mantiene superior a la Constitución y a las reglas constitucionales, incluso cuando éstas mismas proceden de él.   Es evidente que no se podrá escapar totalmente jamás a la representación, pues la idea de la mayoría gobernante enfrenta, en las sociedades modernas, dificultades infranqueables. La representación, que no es lo peor, no agota sin embargo el principio democrático. En gran medida puede ser corregida por la puesta en marcha de la democracia participativa, llamada también democracia orgánica o democracia encarnada. Una reorientación tal parece hoy día de una acuciante necesidad debido a la evolución general de la sociedad.   La crisis de las estructuras institucionales y la desaparición de los «grandes relatos» fundacionales, el creciente desapego del electorado por los partidos políticos de corte clásico, la renovación de la vida asociativa, la emergencia de nuevos movimientos sociales o políticos (ecologistas, regionalistas, identitarios) cuya característica común es no defender los intereses negociables sino los valores existenciales, dejan entrever la posibilidad de recrear una ciudadanía activa desde la base.   La crisis del Estado-nación, debida en particular a la mundialización de la vida económica y a la aparición de fenómenos de envergadura planetaria, suscita por su parte dos modos de superación: hacia lo alto, con diversas tentativas que buscan recrear a nivel supranacional una coherencia y una eficacia en la decisión que permitan, en parte al menos, conducir el proceso mismo de mundialización; hacia lo bajo, recuperando la importancia de las pequeñas unidades políticas y las autonomías locales. Ambas tendencias, que no solamente no se oponen sino que se complementan, aportan soluciones al déficit democrático que se constata actualmente.   Pero el paisaje político sufre todavía otras transformaciones. Hacia la derecha, observamos una ruptura con el antiguo «bloque hegemónico», como resultado de que el capitalismo ya no tiene una alianza con las clases medias. Al mismo tiempo, mientras que los estratos medios se encuentran desorientados y frecuentemente amenazados, los estratos populares están cada vez más decepcionados debido a las prácticas gubernamentales de una izquierda que, después de haber renegado prácticamente de todos sus principios, tiende a identificarse más y más con los intereses del estrato superior de la burguesía media. En otras palabras, las clases medias ya no se sienten representadas por los partidos de derecha, mientras que las clases populares se sienten abandonadas y traicionadas por los partidos de izquierda.   A esto se añade, finalmente, la desaparición de las antiguas coordenadas, el derrumbe de los modelos, la disgregación de las grandes ideologías de la modernidad, la omnipotencia de un sistema de mercado que -eventualmente- aporta los medios para subsistir pero no las razones para vivir; todo ello hace resurgir la cuestión crucial del sentido de la presencia humana en el mundo, del sentido de la existencia individual y colectiva, en un momento en que la economía produce cada vez más bienes y servicios con cada vez menos trabajo de los hombres, lo que tiene como efecto multiplicar las exclusiones en un contexto ya fuertemente marcado por el paro, la precariedad del empleo, el miedo al futuro, la inseguridad, las reacciones agresivas y las crispaciones de todo tipo.   Todos estos factores llaman a rehacer profundamente las prácticas democráticas que únicamente pueden operarse en dirección de una verdadera democracia participativa. En una sociedad que tiende a volverse cada vez más «ilegible», esto tiene como principal ventaja eliminar o corregir las distorsiones debidas a la representación, asegurar una mayor conformidad con la ley y con la voluntad general, y ser fundadora de una legitimidad sin la cual la legalidad institucional no es más que un simulacro.   No es al nivel de las grandes instituciones colectivas (partidos, sindicatos, iglesias, ejército, escuelas, etcétera) —que hoy se encuentran todas en mayor o menor medida en crisis y que no pueden desempeñar entonces su papel tradicional de integración y de intermediación social— como será posible recrear dicha ciudadanía activa. El control del poder no puede ser tampoco patrimonio exclusivo de los partidos políticos, cuya actividad frecuentemente se resuelve en el clientelismo. La democracia participativa no puede ser hoy día más que una democracia de base.   Dicha democracia de base no tiene por finalidad generalizar la discusión a todos los niveles, sino determinar más bien, con el concurso del mayor número, los nuevos procedimientos de decisión conformes con sus propias exigencias, las que derivan de las aspiraciones de los ciudadanos. Tampoco se podría volver en una simple oposición entre la «sociedad civil» y la esfera pública, lo que extendería aún más el dominio de lo privado y abandonaría la iniciativa política en formas obsoletas de poder. Se trata, al contrario, de permitir a los individuos que se pongan a prueba en tanto que ciudadanos y no como meros miembros de la esfera privada, favoreciendo la posible eclosión y multiplicación de nuevos espacios de iniciativa y responsabilidad públicas.   El procedimiento refrendario (que resulta de la decisión de los gobiernos o de la iniciativa popular, bien sea el referéndum facultativo u obligatorio) sólo es una forma de democracia -entre otras posibles- cuyo alcance quizás se ha sobreestimado. Señalemos de una vez que el principio político de la democracia no es que la mayoría decida, sino que el pueblo es soberano. El voto no es por sí mismo más que un medio técnico para consultar y revelar la opinión. Esto significa que la democracia es un principio político que no podría confundirse con los medios que utiliza, y que tampoco puede ser producto de una idea puramente aritmética o cuantitativa. La cualidad de ciudadano no se agota en el voto. Consiste más bien en poner en práctica todos los métodos que le permitan manifestar o rechazar el consentimiento, expresar su rechazo o su aprobación. Conviene, pues, explorar sistemáticamente todas las formas posibles de participación activa de la vida pública, que sean también formas de responsabilidad y de autonomía en sí, ya que la vida pública condiciona la existencia cotidiana de todos.   Pero la democracia participativa no tiene solamente un alcance político; tiene también uno social. Al favorecer las relaciones de reciprocidad, al permitir la recreación de un lazo social, puede reconstituir las solidaridades orgánicas debilitadas hoy día, rehacer un tejido social disgregado por el advenimiento del individualismo y la salida de un sistema basado meramente en la competencia y el interés. En tanto que es productora de la “sociabilidad” elemental, la democracia participativa va a la par del renacimiento de las comunidades vivas, de la recreación de las solidaridades de vecindad, de barrio, de los lugares de trabajo, etcétera.   Esta concepción participativa de la democracia se opone palmariamente a la legitimación liberal de la apatía política, que indirectamente alienta la abstención y acaba por ser un reino de gestores de expertos y de técnicos. La democracia, a final de cuentas, descansa menos sobre la forma de gobierno propiamente dicha que sobre la auténtica participación del pueblo en la vida pública, de tal suerte que el máximo de democracia se confunda con el máximo de participación. Participar es tomar parte, es probarse a sí mismo como parte de un conjunto o de un todo, y asumir el papel activo que resulta de dicha pertenencia. «La participación —decía René Capitant— es el acto individual del ciudadano que lo efectúa como miembro de la colectividad popular». Vemos a través de esto cómo las nociones de pertenencia, ciudadanía y democracia se encuentran ligadas. La participación sanciona la ciudadanía que resulta de la pertenencia. La pertenencia justifica la ciudadanía que permite la participación.   Conocemos la divisa republicana francesa: «Libertad, igualdad, fraternidad». Si las democracias liberales han explotado la palabra «libertad», si los antiguos demócratas populares se han emparentado con la «igualdad», la democracia orgánica o participativa, fundada en la ciudadanía activa y en la soberanía del pueblo, bien podría ser el mejor medio para responder al imperativo de fraternidad.

Para preparar la recogida de firmas, primer paso

Para ir organizándonos....

Tras la interesante información de La Vanguardia de ayer sobre cómo los ciudadanos podemos organizarnos usando internet para que nuestra voz se oiga, me llega esta mañana el email que me permito reenviaros quizás mucha gente está convergiendo hacia una voluntad de que las cosas cambien en las instituciones… Vamos a preparar el terreno de recogida de firmas, Primer paso Se va a proceder en los próximos meses a la recogida de firmas para presentar la siguiente Iniciativa Legislativa. Aunque el contenido ya es conocido por todos, es importante pasar el recordatorio y que todos estemos preparados y dispuestos cuando se inicie. Ley de Reforma del Congreso de 2012 (enmienda a la Constitución ) EL PODER DE LA CIUDADANÍA. LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR Para poder presentar en el parlamento una iniciativa legislativa es necesario presentar 500.000 firmas ¡TODOS JUNTOS PODEMOS CAMBIARLO! Pido a cada destinatario que reenvíe este e-mail y a la vez, pedir a cada uno de ellos que hagan lo mismo Vamos a preparar el terreno para la recogida de firmas, creemos CONCIENCIA CIUDADANA En tres días, la mayoría de las personas de este país tendrán este mensaje. Ley de Reforma del Congreso de 2012 (enmienda de la Constitución de España) 1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato realizado. 2. El diputado contribuirá al Régimen General de la Seguridad Social como el resto de ciudadanos. El fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social. El diputado participará de los beneficios del régimen de la Seguridad Social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad. 3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles. 4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario. 5. El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles 6. El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles 7. Servir en el Congreso es un trabajo, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas) y luego reincorporarse a la vida laboral previa a su etapa de Servicio Público. 8. Reducir un 30% el número de componentes políticos de las instituciones. (concejales de ayuntamiento, diputados nacionales, diputados regionales, etc). 9. Eliminar instituciones obsoletas o duplicadas: senado, diputaciones provinciales. 10. Reducir un 50% el número de asesores de cargos políticos, así como limitar racionalmente sus retribuciones. Si cada persona pasa este mensaje a un mínimo de veinte personas, en tres días la mayoría de los españoles recibirán este mensaje. El momento para la enmienda a la Constitución es AHORA. ASÍ SE PUEDEN ENMENDAR LAS INJUSTICIAS Y DESARREGLOS DE PARLAMENTARIOS Y SENADORES. Si estás de acuerdo con lo expuesto, reenvía. Por favor, mantén este mensaje CIRCULANDO.

 

Ocupa el Congreso

 PÁSALO

OCUPA EL CONGRESO.

Martes, 25 de Septiembre de 2012
Madrid, alrededor del Congreso de los Diputados
¡Atención!, esta puede ser la próxima y definitiva movilización
ciudadana a partir de la cual se inicie el proceso de cambio en el que se deje atrás el régimen vigente y se sienten las bases para una
verdadera democracia.

La acción es clara y contundente:
El próximo 25 de septiembre se llegará a Madrid de forma masiva desde todas partes de España, con el fin de rodear el Congreso de los Diputados y permanecer allí de forma indefinida, hasta conseguir la disolución de las cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva constitución, esta vez sí, la de un estado democrático.

Toda la ciudadanía está invitada a participar, ya sea a modo
individual o a través de asambleas, plataformas ciudadanas, etc.
El cambio es necesario y va a ser liderado por el pueblo.

MANIFIESTO:

Nosotras, personas comunes hartas de sufrir las consecuencias de una crisis que no hemos creado, nos unimos para redactar este manifiesto e invitamos a toda la ciudadanía del Estado a unirse a las reivindicaciones que reclamamos en él.

Consideramos que la situación ha traspasado todos los límites
tolerables y que somos víctimas de un ataque sin precedentes que,
utilizando la crisis como pretexto, está arruinando nuestras vidas, y
cuyos culpables son quienes se han configurado como una oligarquía intocable, con la complicidad de todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento, manipulando todos los poderes del Estado para mantener sus privilegios y enriquecimiento desmedido e ilícito. Ya no hay manera de ocultar que vivimos un gigantesco fraude social, con gobiernos que sistemáticamente nos mienten, haciendo exactamente lo contrario a sus compromisos electorales, y que no hay justicia alguna en los tribunales para los banqueros, políticos y empresarios culpables de la situación. Sólo vemos cómo esta casta implanta políticas que destruyen nuestros derechos y vidas, y cómo somos víctimas de una represión injustificable cuando demandamos un cambio en la situación.

Creemos que el problema es de tal envergadura que su solución ya no pasa por los habituales mecanismos del sistema político, establecidos por esa casta para hacer de nosotras, las personas, lo que les parece, por lo que, en consecuencia exigimos:

- La dimisión del gobierno en pleno, por engañar al país de modo
inconcebible y llevarnos al desastre, así como la disolución de las
Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones generales

- Que esas elecciones generales sean para convocar una Asamblea
constituyente, a fin de redactar una nueva Constitución, con la
participación de todas las fuerzas políticas del país, pues no
reconocemos validez alguna a la actual Constitución, redactada por una camarilla a espaldas del pueblo, y que consagró la dominación de los herederos del franquismo y quienes pactaron con ellos. Ha de ser el pueblo quién determine el modelo de Estado en el que quiere vivir, cosa que no sucede con el actual, que nos fue dado por esa camarilla y que responde exclusivamente a sus intereses.

- Una auditoría de la deuda pública de España, con una moratoria del pago de la deuda hasta haber delimitado claramente las partidas que no han de ser pagadas por la nación, pues han servido a intereses privados que utilizaron al país para sus propios fines y no los del conjunto de la ciudadanía española. Igualmente, exigimos el
procesamiento de todas aquellas personas que se demuestren sospechosos de tales maniobras, y que respondan con sus bienes en caso de resultar condenados.

- La reforma de la ley electoral, a fin de represente verdaderamente
la voluntad del pueblo soberano, cosa que no sucede de ninguna manera con la actual.

- La derogación inmediata de todas las reformas llevadas a cabo por el Partido Popular, pues no sólo son un desastre para el país, sino que han sido impuestas a traición de la voluntad democrática del pueblo.

- Una reforma fiscal justa, que haga pagar más a quienes más tienen. Igualmente, exigimos la derogación de la amnistía fiscal decretada por el gobierno, cuya injusticia es una verdadera burla a los contribuyentes honrados.

- La abolición de todos los privilegios de quienes ejercen
responsabilidades políticas, y la implantación de mecanismos de
control férreo del desempeño de sus funciones.

- La paralización inmediata de todos los desahucios, y la puesta en
alquiler a precios baratos de las viviendas en propiedad de los bancos y cajas que ha sido ayudados con fondos públicos

- El reparto del trabajo existente entre todos, pues es una enorme
falacia que haya que trabajar más, falacia sustentada en la avaricia
de los grandes intereses y contraria a los de la gente común.

Por todo lo expuesto convocamos a la ciudadanía el día 25 de
Septiembre de 2012 a manifestarse de forma indefinida en las puertas del Congreso hasta conseguir la dimisión del Gobierno y la apertura de un Proceso Constituyente, haciendo de éste, el llamamiento de unión de todas las luchas por una Sociedad más justa.

https://www.facebook.com/events/355184007883632/

Por lo tanto, no se puede catalogar como una propuesta, es forzar la
disolución de las cortes y abrir un proceso constituyente, las medidas económicas vendrán después de dicho proceso y será el pueblo el que elija la política económica a seguir. LA REVOLUCIÓN SE PONE EN MARCHA.

Es una convocatoria en plan acampada alrededor del congreso, no vamos a quemar el congresos ni guillotinar a nadie, simplemente es para hacer presión para obligar a nuestros representantes a que abran un proceso constituyente, para aprobar una nueva constitución, que resuelva de una manera mas eficaz los problemas de los ciudadanos.

El dinero se han llevado, nos han robado y estafado y si alguien no lo cree y no sale de su asombro......lo afirma un juez.

Economía.-Pumpido dice que vivimos "la crónica de un atraco perfecto" y pregunta por qué hablar de crisis si "es estafa"

Si un juez de la alta magistratura del estado, nos dice esto y no hay
una revolución ya!! es que sinceramente nos merecemos lo que tenemos.

Rajoy lo ha dicho, no nos dejan otra alternativa, por lo tanto estamos intervenidos, sometidos por los mercados, por el euro, vivimos de crédito exterior por que no podemos financiarnos, en definitiva.....ya no somos soberanos, la soberanía ya no reside en el pueblo español, reside en los mercados especulativos, el gobierno es un títere, un mero intermediario que no quiere perder su estatus social y hará todo lo posible para conservarlo aun que tenga que cargarse a media España.

FUERA LA CLASE DIRIGENTE PARASITARIA, TOMA EL CONGRESO, RECONQUISTEMOS
NUESTRA SOBERANIA, REFERENDUM YA!!

NUESTRO CAMINO MAS QUE NUNCA ES Y SERA ISLANDIA.

Esto es lo que yo llevo diciendo a voces desde que empezó el 15-M, tenemos que dar máxima publicidad a este hecho, máxima difusión por todos los medios, así que creo que es responsabilidad de todos los que estamos en este foro entrar en todas las paginas, en todos los foros, en todas las redes sociales y escribirlo sin parar hasta el día 25 de septiembre. Os dejo ideas:

- Entrar en las noticias de todos los periódicos: El País, ABC, El
Mundo, Publico, La vanguardia, Marca, As, Mundo Deportivo, Sport, Periódicos locales, etc.... y siempre dejad comentarios tantos como noticias leáis, y más si podéis, anunciando la ocupación del congreso el 25-Septiembre.

- Ponerlo como firma en todos los foros que participéis, aunque estos foros sean de pastillas de freno, o de lápiz de labios

- Escribir cartas a los periódicos y a las televisiones en la parte de
"contacto" diciendo que el 25-S hay ocupación del congreso. No hace falta dar un discurso, con que reciban: "el 25-S ocupación del
congreso" es suficiente.

- Hablar de ello de forma constante en redes sociales (twiter,
facebook, tuenti, mesenger...) además deberías ponerlo en el mensaje de estado y/o en el perfil.

- Pasearos por la calle cuando os apetezca con una camiseta donde
ponga "25-S ocupación del congreso" y los detalles que queráis.

- Difundirlo por las asambleas de barrios.

- Contactar con amigos de otros países para decírselo. Para su máxima difusión, sobre todo a los implicados o que se identifiquen con nuestro movimiento.

- Mails masivos que todos sabemos con el "Pásalo"

- Hablar de ello con vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Sobre
todo los estudiantes que lo publiciten en sus institutos y
universidades mediante panfletos, boca a boca, etc. (ya se que estamos en vacaciones, pero en la medida de lo posible)

Es momento de olvidar si "me parece mejor hacerlo de esta forma", o "para que va a servir" o esas excusas o argumentos que evitan nuestra movilización. Es hora de olvidar nuestros prejuicios. Solamente si has abierto los ojos y te has dado cuenta de cuál es la realidad, promueve la movilización, el tiempo para discutir los detalles no es este, ese momento llegara después, este es el momento de levantarse del sofá!!

Si lees este mensaje, es TU responsabilidad promoverlo, no lo harán otros por ti, convéncete de que SIN TI esto no tendrá éxito, eres tan responsable de esto como de llegar puntual a tu trabajo, o de cuidar de tu familia, empieza a entender que TU eres el protagonista, y que TU eres el que debes cambiar esto, porque nadie lo hará por ti.

Ayúdame, Ayúdanos y sobretodo Ayúdate a cambiar tu futuro.

Hacia la democracia directa (El rincón del ciudadano. Luis Alonso Quijano)

miércoles, abril 18, 2007

HACIA LA DEMOCRACIA DIRECTA

(EL RINCÓN DEL CIUDADANO
Bitácora con el objetivo de la implantación de la democracia política en España
http://www.elrincondelciudadano.com/2007/04/hacia-la-democracia-directa.html )



En las antiguas ciudades-estado griegas, la democracia era directa, es decir, participada directamente por los ciudadanos con derechos políticos; aunque formaban una auténtica aristocracia política, su actividad se ejercía con poderes independientes y separados. El Arconte (rey) era quien gobernaba y la asamblea popular o Ecclessia (Atenas) era la encargada de aprobar las leyes que elaboraba la Bule, cuerpo consultivo para ayudar al rey. A la Ecclessia pertenecían todos los ciudadanos con derechos políticos.

Posteriormente, la soberanía se ejerció sin discusión por encargo divino en las personas de los monarcas absolutos hasta que los pensadores de la ilustración empezaron a hablar de contrato social (entre el soberano y la sociedad) y división de poderes.

Durante la Revolución Francesa, los ciudadanos pudieron comprobar que la soberanía se podía ejercer sin la persona del rey. Para cerciorarse bien de esto, le cortaron la cabeza.A partir de entonces surge el problema de la representatividad de la actividad política. El parlamentarismo de los estados liberales y la actual partitocracia, se han mostrado soluciones insatisfactorias. El poder no es ejercido por los ciudadanos que deberían ser los auténticos amos, sino por grupos minoritarios que imponen sus normas en nombre de aquellos o de la nación.

Nunca hasta ahora desde los tiempos de la antigua Grecia, se había planteado la posibilidad de que los ciudadanos se gestionen directamente los asuntos públicos.

Los avances tecnológicos, culturales, políticos y económicos experimentados en el mundo hacen imposible pensar en la democracia directa en la que el ciudadano, por turnos o sorteo, forme parte de las instituciones políticas como ocurría en la antigua civilización griega.

¿Cómo resolver eficientemente la representación de los ciudadanos para suplantar el ideal de su participación directa en las cuestiones políticas? Montesquieu en su Espíritu de las Leyes, decía que el pueblo que detenta la soberanía, debe hacer por sí mismo todo aquello que pueda hacer bien. Los ciudadanos tendrían que poder elegir directa y democráticamente a sus representantes y decidir (por la ley de las mayorías) las cuestiones que se plantean actualmente en los foros de decisión política (Cortes). En Europa, las consultas al pueblo (referéndum) parten como iniciativa de la autoridad y están limitadas a determinadas circunstancias especiales. Esto lleva consigo la parafernalia de convocatoria, fecha de celebración, redacción de la consulta, campaña, etc., que la convierte en una práctica ocasional y excepcional con respecto a la toma de decisiones que se produce de forma usual en el Congreso y Senado.

En EEUU y Suiza, donde existe libertad política, los refrendos pueden partir como iniciativa ciudadana.

Desde esta bitácora y desde la ALCD, hemos defendido el derecho ciudadano a organizar y decidir directamente en los asuntos públicos y hemos denunciado la usurpación que hace el poder político actual de este derecho.

El desarrollo tecnológico y la revolución de las comunicaciones acontecida en los últimos años (los teléfonos móviles, Internet, la televisión interactiva, etc.), hacen que no sea descabellado pensar en la posibilidad de la decisión directa de los ciudadanos en la política.En España, actualmente hay más teléfonos móviles dados de alta que habitantes. El DNI electrónico de reciente implantación, junto a la integración de las tecnologías de Internet con televisión y la telefonía, hace que sea cuestión de poco tiempo la realidad de que con un simple programa informático, se pueda conocer la voluntad de millones de personas de manera casi instantánea.

¿Qué impedirá entonces que las votaciones que ahora se producen en el congreso, no se puedan realizar simultáneamente por los ciudadanos con derechos políticos? ¿Se replantearía, en consecuencia, la forma de representación política? ¿Qué sentido tendrían entonces la elaboración de listas de candidatos en las habitaciones oscuras de los partidos estatales?

Evidentemente siempre tendrá que haber una clase política profesional, para elaborar las leyes y custodiar su correcta aplicación, así como jueces profesionales que dirimen los conflictos surgidos. Pero no será poco que todas sus decisiones se voten por todos los ciudadanos cuando sea posible hacerlo a través del móvil, el ordenador o la televisión, igual que se decide, por ejemplo, el resultado de un festival o un concurso.

Eso es lo que llamamos democracia participativa que es el camino intermedio entre la democracia directa y la representativa.El acercar la democracia al ciudadano, ejercerá un nuevo control sobre la clase política estatal, que ahora detenta en exclusiva la libertad política. Que el ciudadano pueda decidir sus representantes, que hasta hace poco era idealismo utópico, se contempla actualmente como una realidad alcanzable en poco tiempo.

Ya no habrá excusa entonces para que los ciudadanos no podamos tener nuestros representantes al margen de los partidos estatales. Y tampoco para que no podamos elegir nuestro presidente entre todos los españoles, indistintamente que vivamos en Albacete, Bilbao o Barcelona. Todo será rápido, eficaz y transparente.

Tampoco estará justificada la abstención del dominguero playero. Ya no hará falta el desplazarse a votar a ningún sitio, pues se podrá hacer desde cualquier lugar del mundo y en cualquier día de la semana.

Pero eso que aparentemente parece tan fácil, será muy difícil de conseguir porque a los okupas del estado, no les interesa esa música, por razones obvias. Se les acabaría el chollo.En cuanto todos seamos conscientes del porqué de esa resistencia y cuando comprobemos que con las modernas comunicaciones, podemos movilizarnos masivamente en poco tiempo, las horas de los oligarcas estarán contadas.

Será nuestra oportunidad. Paciencia ciudadano, el tiempo y la tecnología juegan a nuestro favor.

Publicado por Luis Alonso Quijano 

Legislación española y democracia participativa (Felipe Ureta)

1 IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, España, 2 – 5 Nov. 2004

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Y DEMOCRACIA PERTICIPATIVA

Estudio sobre las posibilidades que ofrece la legislación española de régimen local para la promoción de la democracia directa y participativa

Felipe Ureta

Consultor en administración pública en

proyectos de cooperación de la Comisión Europea

1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

1.1 Necesidad de la democracia directa en el municipio

Aunque la democracia representativa es el sistema general en todos los niveles de administración en España, existen en el ámbito local formas de democracia directa, como el concejo abierto, que rompen la uniformidad del sistema y ofrecen interesantes posibilidades para la renovación de la democracia local.

Hoy en día la democracia directa no tiene muchos adeptos. Es frecuente creer que la democracia directa es peligrosa para la estabilidad de la democracia representativa. Se la asocia generalmente con el asambleísmo y el populismo. Se diría que se olvidan sus nobles orígenes en la antigua Atenas, los comicios romanos y las asambleas de las ciudades medievales. El caso de la democracia directa en Suiza se percibe como una excepción, y generalmente se menciona en contra el uso que habitualmente se hace en ese país del referéndum en todos los niveles de administración. Las formas de democracia directa local de Estados Unidos son consideradas demasiado radicales (pensemos en los referendos e iniciativas locales, la revocación de cargos, las votaciones de empréstitos municipales, etc.).

Aunque a veces se habla con cierto entusiasmo romántico de la democracia directa, casi siempre se concluye que ese sistema no es aplicable en nuestro país. Y esto se dice tanto en España como en cualquier país de Europa o América Latina, con una mezcla de resignación y convencimiento de que no puede ser de otra forma en la época actual.

Nadie cuestiona, sin embargo, que en una asociación o en una empresa el órgano supremo de toma de decisiones es la asamblea general; ni tampoco cuando una asociación reúne a una gran cantidad de miembros o una empresa tiene numerosos accionistas. Para esos casos se establece el nombramiento de delegados u otras formas de delegación de voto. Pero no se propone nunca suprimir la asamblea general para mantener exclusivamente una asamblea representativa.

Creo que es necesario acabar con estos prejuicios en contra de la democracia directa en el municipio y defender la necesidad de que los ciudadanos decidan directamente, y no sólo por delegación, sobre los asuntos locales. La polis, la ciudad, es la cuna de la democracia directa; es allí, pues, donde debe impulsarse su renacimiento. Es necesario abandonar la idea de que toda decisión debe tomarse por los representantes de los ciudadanos. Es fundamental, como condición de la libertad política –como dirían los clásicos–, que los ciudadanos decidan directamente sobre los asuntos más importantes de la ciudad, incluido el presupuesto municipal. Creer que los ciudadanos no están preparados para ello, que no saben lo que quieren porque los asuntos en la actualidad son muy complejos, y que no se les puede dar ese poder porque podrían caer en la demagogia es tan absurdo como lo eran los argumentos similares de los reaccionarios que en los siglos XIX y XX todavía se oponían a la democracia representativa.

Es necesario, pues, impulsar la democracia directa; pero ello no implica en absoluto excluir la democracia representativa. No son conceptos excluyentes; al contrario, ambas pueden, y deben, coexistir y complementarse, como lo demuestran ejemplos históricos y actuales¹. Recordemos que la Carta Europea de Autonomía Local garantiza expresamente la democracia directa y defiende su coexistencia con la democracia representativa.

1.2 Necesidad de la democracia participativa en el municipio

La democracia participativa surge como modo de superar las deficiencias de la democracia representativa en el ámbito local. Frente al ciudadano pasivo que se limita a votar una vez cada 4 años, se propone un ciudadano activo, dispuesto participar en las iniciativas de los órganos representativos dando su opinión, haciendo propuestas y controlando los compromisos asumidos por los electos.

La legislación española de régimen local garantiza la participación ciudadana en los asuntos locales mediante la regulación del derecho a la información e iniciativa ciudadana, las consultas populares, los consejos sectoriales y otros órganos de participación.

Aunque la democracia participativa cuenta en España con numerosos defensores y promotores que han desarrollado interesantes experiencias en el ámbito municipal, sin embargo, las mismas no han pasado de ser casos excepcionales. Por regla general, el régimen local español está basado casi exclusivamente en los principios de la democracia representativa encarnada en los órganos básicos del régimen general de ayuntamiento. Incluso allí donde se han introducido consejos sectoriales y otros órganos de participación, es frecuente que en la práctica su funcionamiento haya sido insuficiente, tanto por las resistencias de los electos a consultar como por la apatía de los mismos miembros de esos órganos de participación.

Entre los recientes ejemplos de experiencias exitosas de participación ciudadana en España está el caso del Ayuntamiento de Albacete, que ha puesto en práctica los presupuestos participativos inspirados en el modelo de Porto Alegre en Brasil. Esta experiencia, que es analizada en una ponencia incluida en nuestro panel, demuestra las enormes posibilidades que permite la legislación española de régimen local.

Es necesario, pues, impulsar la participación ciudadana en el municipio sobre la base de la legislación española de régimen local y de la Carta europea de democracia local, y teniendo en cuenta las mejores prácticas de otros países en la materia.

2. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

2.1 El concejo abierto

El concejo abierto, como asamblea de todos los ciudadanos de un municipio, tiene una larga tradición histórica que se remonta a la edad media. Las constituciones modernas lo recogen y lo preservan, pero no logran darle auge. Al contrario, pese a la garantía constitucional, decae gradualmente en la práctica y queda relegado a los más pequeños municipios. Así llega hasta nuestra actual constitución de 1978, que se limita a hacer una mención a él y a mandar que sea regulado por ley, después de consagrar como

¹ Recordemos que en la antigua Atenas existían la asamblea de ciudadanos y el consejo de representantes; en Roma los comicios y el senado; actualmente en el cantón suizo de Glarus existen la asamblea y el parlamento; y en los municipios de Estados Unidos el referéndum y otras formas de democracia directa existen junto a los órganos representativos.

régimen general del municipio el ayuntamiento, expresión de la democracia representativa².

Pero esa mínima mención es ya un triunfo. Gracias a ella, el concejo abierto sigue vivo en pleno siglo XXI³. La Ley de Bases del Régimen Local, siguiendo el mandato constitucional, regula el concejo abierto como una forma especial de gobierno municipal⁴, después de establecer el ayuntamiento como régimen general, de acuerdo con la constitución.

La Ley de Bases concibe, sin embargo, el concejo abierto como una forma de gobierno para pequeños municipios, casi minúsculos (menos de 100 habitantes), donde esta forma de gobierno municipal se ha conservado desde antiguo gracias a usos y costumbres inmemoriales⁵. Con todo, se diría que la Ley de Bases se propone favorecerlo y, quizá por un impulso romántico, hasta extenderlo a municipios más grandes. Efectivamente, leyendo con atención el artículo 29, se ve que la ley no pone límites en cuanto al número de habitantes para que un municipio pueda constituirse en concejo abierto: aparte de los de menos de 100 habitantes, que necesariamente deben funcionar en concejo abierto, también pueden hacerlo “aquellos que tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y administración” y “aquellos otros en los que su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales y otras circunstancias lo hagan aconsejable”. Cualquier municipio, pues, de acuerdo con la ley, sea cual sea su número de habitantes, puede constituirse en concejo abierto. La propia ley establece los requisitos para la constitución, es decir, transformación de la forma de gobierno de ayuntamiento en concejo abierto⁶:

1) petición de la mayoría de los vecinos;

2) decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento;

3) aprobación por la Comunidad Autónoma.

Creo sinceramente que esta posibilidad, hasta ahora nunca aprovechada por ningún municipio en España, debería servir de acicate a todos los que nos apasionamos con la democracia directa. Se pueden imaginar municipios de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 habitantes constituidos en concejo abierto. No es imposible. La ley lo permite. Y el derecho comparado ofrece ejemplos de que esto es viable: así en Suiza, a nivel municipal e incluso cantonal.

La estructura orgánica del régimen de concejo abierto, de acuerdo con la ley, es bipartita, como lo es también la del ayuntamiento. En ambos regímenes existen 2 órganos fundamentales: en el concejo

² Artículo 140 de la Ley de Bases: “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. (…) La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto”.

³ Conforme a información del Registro Nacional de Entidades Locales, existen hoy en día 880 municipios que funcionan en Concejo Abierto, según información de diciembre de 2001 proporcionada por el Registro Nacional de Entidades Locales. Están localizados en 12 Comunidades Autónomas: Andalucía (2), Aragón (137), Cantabria (1), Castilla y León (411), Castilla-La Mancha (183), Cataluña (30), Comunidad Valenciana (20), Extremadura (1), Comunidad de Madrid (11), Navarra (33), País Vasco (4), La Rioja (47). Existen hoy por hoy 22 municipios que, sobrepasando los 100 habitantes, conservan el régimen de Concejo Abierto. El de mayor número de habitantes tiene 166 y está en Guadalajara, Castilla-La Mancha.

⁴ Artículo 29, Ley de Bases, dentro del Capítulo IV. Regímenes especiales.

⁵ Artículo 29.1, Ley de Bases: “Funcionan en Concejo Abierto:

a. Los Municipios con menos de 100 habitantes y aquellos que tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y administración.

b. Aquellos otros en los que su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales y otras circunstancias lo hagan aconsejable”.

⁶ Artículo 29.2, Ley de Bases: “La constitución en Concejo Abierto de los Municipios a que se refiere el apartado b) del número anterior, requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma”.

abierto el Alcalde y la Asamblea de todos los vecinos⁷; en el Ayuntamiento, el Alcalde y los Concejales⁸. Me pregunto, sin embargo –y volviendo a la posibilidad antes apuntada–: si un municipio de entre 5.000 y 10.000 habitantes se propusiera constituirse en concejo abierto, ¿no podría encontrar más útil el conservar el pleno, junto a la nueva asamblea de vecinos? Parece probable que “la mejor gestión de los intereses municipales” haga aconsejable crear una estructura orgánica tripartita para esos municipios: Alcalde, Concejales y Asamblea de ciudadanos, sobre la base de un reparto de competencias entre los Concejales (el Pleno) y la Asamblea de ciudadanos. Esto es lo que ocurre en Glarus (Suiza) a nivel cantonal: el parlamento cantonal decide sobre ciertos asuntos y hasta cierto límite; para los más importantes decide la Asamblea de ciudadanos.

El funcionamiento de la Asamblea se rige por los usos y costumbres, dice el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Corporaciones Locales⁹. Igual que la Ley de Bases, el Reglamento describe el municipio constituido en concejo abierto como un conservatorio de antiguas normas consuetudinarias, nunca escritas. En defecto de éstas, se regirán por la Ley de Bases, las leyes de las Comunidades Autónomas y por el Reglamento de Organización y Funcionamiento. Asombrosamente, no se menciona el Reglamento Orgánico del municipio constituido en concejo abierto. No parece imposible que un municipio constituido en concejo abierto pueda haber escrito sus usos y costumbres inmemoriales en su reglamento orgánico, dando así seguridad jurídica al derecho que le es aplicable. Se diría que las citadas normas no animan a esos municipios a escribir sus usos y costumbres, en uso de su potestad de autoorganización –sobre esto se hablará más abajo–, sino que se satisfacen de que subsistan para siempre en forma consuetudinaria. El Reglamento de Organización establece que la Asamblea se debe reunir al menos una vez al trimestre¹⁰; deben asistir al menos un tercio de los vecinos, presentes o representados¹¹; y los acuerdos han de tomarse por mayoría¹². Hay que decir que la delegación de voto de que habla el artículo 111 supone en la práctica desustanciar la asamblea de ciudadanos, ya que

⁷ Artículo 29.3, Ley de Bases: “En el régimen del Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una Asamblea vecinal de la que forma parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local”. En el mismo sentido el artículo 2.1., Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF): “En los Municipios que funcionen en régimen de Concejo Abierto, el gobierno y administración se ejercerán por una Asamblea integrada por todos los electores existentes en el Municipio y por el Alcalde elegido directamente por ellos”.

⁸ Artículo 19.1, Ley de Bases: “El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos Municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales”. En el mismo sentido el artículo 2.1, ROF: “El gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos Municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales”.

⁹ 54.1, ROF: “En los Municipios que funcionen en régimen de Concejo Abierto, las atribuciones de la Asamblea y del Alcalde se regirán por los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, por las leyes de las Comunidades Autónomas sobre Régimen Local y por las normas de las secciones segunda y cuarta de este capítulo”. En el mismo sentido el artículo 111.1, ROF: “El funcionamiento de las Asambleas vecinales se ajustará a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a la Ley 7/1985, de 2 de abril, y a las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre Régimen Local. En defecto de estas últimas se aplicará el presente artículo y, en lo posible, lo establecido en el capítulo primero de este título”.

¹⁰ Artículo 111.2, ROF: “Las Asambleas vecinales se reunirán donde lo tengan por costumbre, celebrarán sesión ordinaria como mínimo una vez al trimestre en día festivo, y serán convocadas a toque de campana, por pregón, por anuncio o por cualquier otro medio de uso tradicional en el lugar”.

¹¹ Artículo 111.3, ROF: “Para que dichas Asambleas queden válidamente constituidas habrá de asistir una tercera parte de los vecinos, presentes o representados, que a ello tengan derecho. En ningún caso el número de presentes podrá ser inferior a tres. Se requiere siempre la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les sustituyan. La representación de los vecinos podrá otorgarse para cada sesión o con carácter permanente pero siempre a favor de vecino perteneciente a la Asamblea vecinal. La representación deberá acreditarse mediante documento público, documento privado con firma notarialmente legitimada o poder otorgado ante el Secretario de la entidad local. Ningún vecino podrá asumir la representación de más de un tercio de los miembros de la Asamblea vecinal”.

¹² Artículo 111.4, ROF: “Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos”.

puede darse el caso, como apunta el mismo artículo citado, de que una asamblea esté constituida sólo por tres ciudadanos. En lo que concierne al Alcalde en el régimen de concejo abierto, puede designar hasta 3 Tenientes de Alcalde, entre los electores del municipio, para que lo ayuden¹³.

Finalmente hay que mencionar que la Ley de Bases autoriza a las Leyes de desarrollo autonómicas a crear regímenes especiales para ciertos municipios¹⁴. Así por ejemplo la ley muncicipal y de regímen local catalana ha regulado prolijamente varios regímenes especiales¹⁵.

2.2 El referéndum local

El referéndum local está regulado con carácter extremadamente restrictivo en la Ley de Bases –que lo denomina consulta popular–¹⁶. Tanto que a menudo Alcaldes que lo habían convocado una vez, encontraron después hartas dificultades para convocar otro, y acabaron por desistir. Es el caso del Ayuntamiento de Arbúcies (Cataluña) que en 1986 organizó el primer referéndum local del Estado español; intentó convocar otro en 1991, pero fue informado desfavorablemente por la Generalidad de Cataluña por entender que el Ayuntamiento no tenía competencia en la materia, y finalmente fue denegado por el Gobierno de España. Tantas fueron las trabas, que finalmente el Ayuntamiento optó por no iniciar más el complicadísimo procedimiento del referéndum local.

La Ley de Bases, en su artículo 70, establece que corresponde al Alcalde convocar la consulta popular previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y autorización del gobierno de la nación¹⁷. Aunque no lo diga el artículo 70, también los vecinos pueden pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley¹⁸. El citado artículo también precisa que la consulta popular no puede versar sobre la hacienda local. Por otra parte, el referéndum, al ser regulado entre las formas de participación ciudadana, no es decisorio ni vinculante para el ayuntamiento. Se le aplica el artículo 69.2 que prohíbe que los procedimientos de participación menoscaben las facultades de decisión de los órganos representativos¹⁹.

¹³ Artículo 54.2, ROF: “El Alcalde podrá designar Tenientes de Alcalde, hasta un máximo de 3, entre los electores del Municipios, que se regirán por lo dispuesto en la sección tercera de este capítulo”.

¹⁴ Artículo 30, Ley de Bases: “Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas en el marco de lo establecido en esta Ley, podrán establecer regímenes especiales para Municipios pequeños o de carácter rural y para aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de las actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes”.

¹⁵ Sobre el régimen de concejo abierto en las leyes de desarrollo autonómicas, véanse los siguientes artículos: 32 y ss. de la Ley foral de administración municipal; 51 a 64 de la Ley de entidades locales de Castilla-La Mancha; 47 y ss., y 95 y ss. de la Ley de administración local de Aragón; 72 y ss. de la Ley de administración local de Castilla y León; 29 y ss., y 53 a 55 de la Ley de régimen local de La Rioja; 69 y ss. de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña; 45 y ss de la Ley de régimen local Murcia; 88 y ss de la Ley de administración local de Galicia.

¹⁶ Art. 71, Ley de Bases: “De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local”.

¹⁷ La autorización del gobierno de la nación está en relación con el art. 149.1.32 de la Constitución, que establece: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las materias siguientes: (…) 32) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”.

¹⁸ Respecto al derecho de los vecinos a pedir la consulta popular, véanse los art. 18.1 de la Ley de Bases: “ Son derechos y deberes de los vecinos: (…) f) pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley”. Véase también la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las modalidades del referéndum.

¹⁹ Art. 69.2 Ley de Bases: “Las formas, medios y procedimientos de participación que las Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley”.

Esta regulación está a años luz del sistema suizo, donde no es necesaria la autorización del cantón o del gobierno federal para someter un asunto a la asamblea de ciudadanos, y el referéndum es un mecanismo de uso frecuente en el municipio. Similarmente, en Estados Unidos el referéndum constituye un mecanismo muy utilizado de control de las decisiones de los órganos representativos del municipio. Y es habitual que los vecinos sean llamados a decidir en las urnas sobre las finanzas locales, por ejemplo para que el ayuntamiento pueda endeudarse.

La regulación española presenta, pues, notables limitaciones, que no pueden interpretarse sino como fruto del temor de los legisladores a la democracia directa, por su supuesto poder de desestabilización de la democracia representativa²⁰. Demuestra la desconfianza de los legisladores hacia las decisiones de los vecinos y deja entrever, en un plano más profundo, que los legisladores consideran que los vecinos no pueden decidir responsablemente sobre sus propios asuntos. Sin embargo, la posibilidad de que los vecinos pidan el referéndum deja abierta la puerta a su utilización potencial como medio de control de las decisiones del pleno. Y digo potencial, porque en la práctica no es habitual.

2.3 Los consejos sectoriales de participación ciudadana

El pleno del ayuntamiento puede crear consejos sectoriales como órganos de participación de los ciudadanos y de las asociaciones en los asuntos municipales²¹. El Reglamento de Organización configura los consejos sectoriales como órganos consultivos y de propuesta, de acuerdo con la prohibición legal de que los órganos de participación menoscaben las facultades de decisión de los órganos representativos del municipio²².

Los consejos sectoriales no son órganos necesarios de todo municipio, sino que existen allí donde el pleno haya decidido crearlos. Su composición, organización y ámbito de actuación son establecidos por acuerdo del pleno. Son presididos por un concejal que actúa de enlace entre el Ayuntamiento y el Consejo²³. Están compuestos generalmente por representantes de las asociaciones²⁴, aunque también

²⁰ Los legisladores autonómicos no han superado estas limitaciones. Véanse la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, artículos 144 a 146; Ley de administración local de Galicia, artículo 257; Ley foral de administración local, artículo 96; Ley de administración local de Aragón, artículo 157.

²¹ Artículo 130, ROF: “El Pleno de la Corporación podrá acordar el establecimiento de Consejos Sectoriales, cuya finalidad será la de canalizar la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales.

Los Consejos Sectoriales desarrollarán exclusivamente funciones de informe y, en su caso, propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que corresponda cada Consejo”.

²² Ley de Bases, artículo 69.2 antes citado. En relación con la normativa autonómica, véanse los siguientes artículos sobre información y participación ciudadana: Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas de Canarias, artículos 156 y ss.; Ley municipal y de régimen local de Cataluña, artículos 139 y ss.; Ley de régimen local de la región de Murcia, artículos 43 y ss.; Ley foral de administración local de Navarra, artículos 92 y ss.; Ley de administración local de Aragón, artículos 152 y ss.; Ley gallega de administración loca, artículos 71, 72 y 251 y ss.; Ley de régimen local de La Rioja, artículo 88.

²³ ROF, artículo 131. 1: “La composición, organización y ámbito de actuación de los Consejos Sectoriales serán establecidos en el correspondiente acuerdo plenario.

En todo caso, cada Consejo estará presidido por un miembro de la Corporación, nombrado y separado libremente por el Alcalde o Presidente, que actuará como enlace entre aquélla y el Consejo.

2. El ámbito territorial de actuación de los Consejos Sectoriales podrá coincidir con el de las Juntas de Distrito, en el caso de que existan, en cuyo supuesto su presidencia recaerá en un miembro de la Junta correspondiente y su actuación de informe y propuesta estará en relación con el ámbito de actuación de la misma”.

²⁴ Como se desprende del artículo 130 ROF. En relación con esto véase también el artículo 72 de la Ley de Bases: “Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsan su participación en la

gestión de la Corporación en los términos del número 2 del artículo 69. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública”. También el artículo 235 ROF: “Las asociaciones generales o sectoriales canalizarán la participación de los vecinos en los Consejos Sectoriales, en los órganos colegiados de gestión descentralizada de servicios municipales cuando tal participación esté prevista en las reglamentaciones o acuerdos municipales por los que se rijan y, en su caso, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y se llevará a cabo en los términos y con el alcance previstos en los mismos.

En todo caso, se tendrán en cuenta, a efectos de determinar el grado de participación de cada una de ellas, tanto la especialización sectorial de su objetivo social como su representatividad.

En principio, la participación de estas asociaciones sólo se admitirá en relación con órganos deliberantes o consultivos, salvo en los casos en que la Ley autorice la integración de sus representantes en órganos decisorios”.

pueden estar compuestos por ciudadanos individualmente considerados²⁵.

En los municipios que tienen estos consejos, es frecuente su regulación en el reglamento orgánico o en el reglamento de participación ciudadana, o en un reglamento interno específico para cada consejo. Sin embargo, la regulación que establecen esas normas de autoorganización municipal es a menudo demasiado general, y no añade mucho más a lo que dice el Reglamento de Organización y Funcionamiento. No se suele regular el procedimiento de selección y nombramiento de sus miembros, ni la duración de su mandato, ni sus derechos y deberes; ni el deber de los órganos municipales de consultarles; ni el procedimiento, requisitos y plazo para efectuar la consulta. En la práctica, pues, los consejos sectoriales dependen en exceso de la voluntad política de los alcaldes y de los plenos que los crean. Falta casi siempre una regulación que garantice de manera permanente su funcionamiento, y faltan los medios para aplicarla.

Y sin embargo, cuando la voluntad política se da, encontramos experiencias muy interesantes que demuestran que los consejos sectoriales pueden ser un cauce muy efectivo de participación ciudadana, si se ponen los medios para ello. Así lo demuestra la experiencia del Ayuntamiento de Albacete y los presupuestos participativos, ejemplo notable de innovación en el modo de hacer política municipal.

2.4 Los derechos de información, iniciativa y participación ciudadana en el pleno y otros órganos municipales

La Ley de Bases regula el derecho de los ciudadanos y de las asociaciones a la información sobre la actividad de las Corporaciones y a la participación en la vida local²⁶. El Reglamento de Organización y Funcionamiento regula también el derecho a la información y participación ciudadana²⁷. En particular, este último regula el derecho de ciudadanos y asociaciones a intervenir y a hacer propuestas en las sesiones del pleno y otros órganos municipales²⁸.

²⁵ Como se desprende del artículo 130 que habla de “participación de los ciudadanos y de sus asociaciones”.

²⁶ Artículo 69.1, Ley de bases: “Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”. Véase también el artículo 70.3: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las Corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, letra b) de la Constitución (…)”.

²⁷ Capítulo II. Información y participación ciudadana, artículos 227 y ss. También en su art. 207: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de los órganos de gobierno y administración de las entidades locales (…)”.

²⁸ Véanse artículos 227.2, ROF: “No son públicas las sesiones de la Comisión de Gobierno ni de las Comisiones Informativas. Sin embargo, a las sesiones de estas últimas podrá convocarse, a los solos efectos de escuchar su parecer o recibir su informe respecto a un tema concreto, a representantes de las asociaciones o entidades a que se refiere el artículo 72 de la ley citada en el número anterior”; artículo 228.1 ROF. “Cuando alguna de las asociaciones o entidades a que se refiere el artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, desee efectuar una exposición ante el Pleno en relación con algún punto del orden del día en cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como interesado, deberá solicitarlo al Alcalde antes de comenzar la sesión. Con la autorización de éste y a través de un único representante, podrá exponer su parecer durante el tiempo que señale el Alcalde, con anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta incluida en

el orden del día. 2. Terminada la sesión del Pleno, el Alcalde puede establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. Corresponde al Alcalde ordenar y cerrar este turno”. En cuanto el derecho de ciudadanos individuales: artículo 231.3 ROF: “Cuando la solicitud formule una propuesta de actuación municipal, su destinatario informará al solicitante del trámite que se le haya de dar. Si la propuesta llega a tratarse en algún órgano colegiado municipal, quien actúe de Secretario del mismo remitirá en el plazo máximo de 15 días al proponente copia de la parte correspondiente del acta de la sesión. Asimismo el Presidente del órgano colegiado podrá requerir la presencia del autor de la propuesta en la sesión que corresponda, a los efectos de explicarla y defenderla por sí mismo”.

El derecho de información no presenta problemas en la práctica y está suficientemente garantizado. Otra cosa es el derecho a presentar propuestas e intervenir en el pleno u otros órganos municipales, que depende en la práctica de la disposición de los ciudadanos y asociaciones a participar, y de la voluntad del Alcalde de promover esa participación. Falta también, como se ha señalado en relación con los consejos sectoriales, una normativa suficiente que asegure el ejercicio y efectividad de este derecho. Las previsiones de los reglamentos orgánicos y de participación ciudadana añaden bien poco al régimen general de la Ley de Bases y el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y de las leyes autonómicas de desarrollo.

2.5 El reglamento orgánico y otros reglamentos de autoorganización municipal

El Reglamento Orgánico es la norma en que se establece la organización que el municipio se da a sí mismo en virtud de su potestad de autoorganización²⁹. Esta norma debe regular los siguientes aspectos organizativos: a) el funcionamiento de los órganos básicos, como la comisión de gobierno y el pleno, b) estatuto de los miembros electivos, c) establecimiento y funcionamiento de los órganos complementarios, incluidos los consejos sectoriales y otros cauces de participación ciudadana³⁰. El Reglamento Orgánico, como norma reglamentaria que es, está subordinado a la Ley de Bases y a la Ley autonómica de Desarrollo, según el principio de jerarquía normativa³¹.

Los municipios, sin embargo, no han aprovechado –y a veces no se les ha permitido aprovechar– su potestad de autoorganización para dotarse de una organización propia que responda a sus particulares necesidades o aspiraciones. En la práctica, han aplicado generalmente un modelo de reglamento orgánico estándar con pocas variaciones de un municipio a otro. Del mismo modo ha ocurrido frecuentemente con los reglamentos de participación ciudadana. A ello ha contribuido el hecho de que las leyes de desarrollo autonómicas han sido exhaustivas en la regulación de los órganos municipales, incluidos los órganos complementarios³². Ello ha dejado poco espacio a los municipios para ejercer su

²⁹ La Ley de Bases reconoce la potestad reglamentaria y de autoorganización de los municipios en su artículo 4.1: “En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los Municipios, las Provincias y las Islas: a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización". Véase también el artículo 20 en relación con la potestad de autoorganización por Reglamento Orgánico. Véase Enrique Sánchez Goyanes, La potestad normativa del municipio español. Ordenanzas, reglamentos, planes urbnísticos, normas, Madrid, 2000, pp. 116 y ss.

³⁰ Véase artículo 20 Ley de Bases sobre la organización municipal y su regulación por reglamento orgánico.

³¹ Véase el artículo 55 del Texto Refundido sobre el Régimen Local, que dice: “En la esfera de su competencia, las Entidades locales podrán aprobar Ordenanzas y Reglamentos, y los Alcaldes dictar Bandos. En ningún caso contendrán preceptos opuestos a las leyes”. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su famosa sentencia 214/1989, de 21 de diciembre, que declaró inconstitucional un inciso del artículo 20.1.c y otro del 20.2 de la Ley de Bases por no reconocer la subordinación del Reglamento Orgánico a la Ley Autonómica, y el artículo 5 por establecer un orden de prelación de fuentes que no respetaba la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas que establece la Constitución.

³² En relación con la organización municipal ténganse en cuenta los siguientes artículos de las leyes autonómicas: 45 y ss. de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña;.8 y ss. de la Ley foral de administración municipal; 31 y ss. de la Ley de régimen local de Murcia; 83 y ss. de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas de Canarias; 27 y ss. de la Ley de administración local de Aragón; 59 y ss. de la Ley de administración local de Galicia.

potestad de autoorganización. Además de ello, la jurisprudencia ha mantenido a menudo interpretaciones restrictivas del poder de autoorganización³³, criticadas por una parte de la doctrina, que ha culpado a la jurisprudencia de haber limitado la autonomía local³⁴.

Así pues, el reglamento orgánico y los demás reglamentos de organización municipal no han sabido, o no han podido, utilizar todos los medios que su potestad de autoorganización les confiere.

3. PROPUESTAS

Con el fin de promover la democracia directa y participativa en el ámbito local, y sobre la base del análisis de la legislación española hecho hasta aquí, propongo tres líneas de acción para los municipios que estén interesados:

3.1 Fortalecer y extender los concejos abiertos

Fortalecer el régimen de concejo abierto allí donde existe actualmente, es decir en los municipios de menos de 100 habitantes y aquellos otros que cuenten con en este régimen, mediante medidas para impulsar las asambleas de vecinos y mejorar su funcionamiento y la toma de decisiones, teniendo en cuenta las mejores prácticas de democracia directa de otros países, en particular de Suiza y de Estados Unidos. Esas medidas deben ser “consitucionalizadas” en los reglamentos orgánicos, mediante un proceso de revisión y reforma de los mismos en el que sean involucrados activamente los ciudadanos.

Impulsar la conversión de otros municipios en concejo abierto aprovechando la vía abierta por el artículo 29.2 de la Ley de Bases. Este proceso de reforma, que requiere petición por mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de 2/3 del pleno y aprobación de la Comunidad autónoma, debe servir para impulsar una intensa participación ciudadana y un gran debate sobre el modelo de municipio. Deberá considerarse la conveniencia de establecer una organización bipartita (alcalde y asamblea de vecinos) o tripartita (alcalde, concejales y asamblea de vecinos), lo que implica decidir sobre las competencias que deben corresponder respectivamente al pleno y a la asamblea. En este proceso deberán tenerse en cuenta también las mejores prácticas de democracia directa de otros países.

3.2 Desarrollar los procedimientos de consulta a la sociedad civil

Impulsar la participación ciudadana mediante el establecimiento de procedimientos de consulta a la sociedad civil en toda iniciativa municipal, en línea con los principios de buen gobierno promovidos por la Comisión Europea y otros organismos internacionales como la OCDE³⁵. Ello implica poner en

³³ Así por ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1993 que confirma la nulidad del acto de un Ayuntamiento de Canarias por el que se creaban unas Comisiones de Asesoramiento de la Alcaldía y de la Comisión Municipal de Gobierno. Con invocación expresa de la sentencia 214/1989 del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo sostiene que las mencionadas comisiones “son ilegales porque la Ley 8/1986 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias no autoriza a que se creen otras comisiones que las Municipales Informativas que desarrolla en sus artículos 78 a 81, por lo que la creación de las Comisiones de Asesoramiento por el acto impugnado excede de las potestades de autoorganización municipal que establece la Ley autonómica citada” (Ar. 548, FD 6º). Fragmento citado por Enrique Sánchez Goyanes, op. cit., p. 114-115.

³⁴ Véase Sánchez Goyanes, op. cit, p. 111 y ss. y Luciano Parejo Alfonso, La potestad normativa local, Madrid, 1998, p. 48 y ss.

³⁵ Véase el “White Paper on European Governance” de la Comisión Europea, 2001, y la Comunicación de la Comisión, de 5 junio 2002, “Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – Proposal for general principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission”; “Open Government. Fostering dialogue with civil society”, OEDE, 2003; “Citizens as partners” OCDE, 2001.  

práctica mecanismos de consulta por escrito, ya sea por correo o a través de internet, o presenciales, mediante reuniones, seminarios y talleres con los principales actores de la sociedad civil, o audiencias al público en general.

Ello debe llevar a generalizar los mecanismos de consulta a los ciudadanos y a las asociaciones. con vistas a la mejora de la planificación de las políticas públicas en el ámbito local.

3.3 Fortalecer y extender los consejos sectoriales

Fortalecer los consejos sectoriales allí donde existan e impulsar la creación de consejos sectoriales en los municipios que no los tengan, mediante la introducción de medidas para asegurar que sean consultados en todas las iniciativas de políticas públicas municipales. Para ello debe impulsarse una activa implicación de los ciudadanos y sus asociaciones, con vistas a la revisión y reforma de los reglamentos orgánicos y los reglamentos de participación ciudadana, teniendo en cuenta las mejores prácticas de otros países. Los reglamentos deben “constitucionalizar” los consejos sectoriales como órganos clave en el proceso de toma de decisiones en el municipio. A este fin es necesario regular los criterios y mecanismos de selección, nombramiento y renovación de sus miembros, la duración de su mandato, sus derechos y deberes, incluidas sanciones en caso de inasistencia o incumplimiento de sus funciones. Es necesario también regular el deber de los órganos representativos de consultar a los consejos sectoriales en toda iniciativa municipal conforme a un procedimiento que establezca el momento en que la consulta deba ser requerida, los plazos para la preparación del informe, las reuniones de los consejos sectoriales y la intervención sus miembros en el pleno y otros órganos municipales.

Reseña biográfica

Felipe Ureta Redshaw (Lima, 1963) es licenciado en derecho por la Universidad Complutense y máster en Derecho Europeo por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido profesor de Derecho comunitario en la Universidad Alfonso X El Sabio y de Derecho romano en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es consultor en proyectos de cooperación de la Unión Europea en el campo de la administración pública, reforma del Estado, administración de justicia, desarrollo local y participación ciudadana.