Jun el pueblo gobernado por Twiter

Jun, el pueblo gobernado por Twitter

 

http://www.elandroidelibre.com/2015/04/jun-el-pueblo-gobernado-por-twitter.html

A punto del expolio y liquidación del mundo rural y de su patrimonio público

A punto del expolio y liquidación del mundo rural y de su patrimonio público

eldiario.es

La voladura de la autonomía municipal y de las juntas vecinales o concejos, o el expolio de sus bienes públicos se han puesto en marcha de manera casi desapercibida a partir de una concepción neoliberal del territorio.

Queda un mes de plazo para que las juntas vecinales presenten sus cuentas. De lo contrario podrán ser disueltas y su bienes y competencias traspasadas a los ayuntamiento inmediatos y diputaciones.

En el Manifiesto de Cuéllar en defensa de los pueblos pequeños se pone de relieve el total rechazo y la honda preocupación “ante la reforma local impuesta y ante el expolio de los recursos rurales en beneficio de especuladores y saqueadores”.

Valentín Cabero. Catedrático jubilado Universidad de Salamanca

 

Municipio de la comarca del norte de Palencia.

La Reforma Local aprobada a finales del año 2013 sigue haciendo su labor  de zapa. Los que ahora se encuentran en entredicho por sus tropelías y corrupciones, pronto se beneficiarán –los hados y el pueblo no lo quieran-  “de la racionalización y nueva eficiencia de la administración local”, presidida por los municipios superiores a los 20.000 habitantes o por las diputaciones provinciales, que asumirán en medio de su descrédito general buena parte de los servicios públicos correspondientes a los municipios rurales. La voladura de la autonomía municipal y de las juntas vecinales o concejos, o el expolio de sus bienes públicos se han puesto en marcha de manera casi desapercibida a partir de una concepción neoliberal del territorio basada en las economías de escala y en la centralización urbana.

Los pequeños municipios y juntas vecinales que han levantado sus voces frente a la iniquidad de la ley apenas han logrado traspasar el silencio y la soledad de su entorno. Los ciudadanos y campesinos siguen anestesiados por su propia situación, por la propaganda oficial, o pendientes los más “espabilados y afortunados” de los repartos de la PAC. “Los agricultores de sofá” ya controlan buena parte del pastel. Lo público y lo común no están lamentablemente entre sus preocupaciones inmediatas. Lo que debería ser una verdadera rebelión ante la pérdida de derechos y servicios públicos esenciales y fundamentales se está quedando en una reivindicación fragmentaria y ahogada por la maquinaria burocrática o por la complicidad, no sé si  interesada o cobarde, de muchos alcaldes y concejales obedientes. Aunque es cierto que se ha presentado recurso de inconstitucionalidad de la ley por parte de unos 3000 municipios, hasta el mundo rural no ha llegado con el empuje necesario la voz de la rebeldía, de la indignación o del hartazgo por la nefasta gestión de sus bienes, por la desaparición de servicios estratégicos o por la apropiación de sus derechos democráticos.

Ciertamente, la retirada y abolición  de competencias propias,  cuestionadas e impropias, previstas en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, dejará a un gran número de municipios rurales sin servicios básicos y sociales, abocándolos a la exclusión y marginación territorial. Todo un canto a la retórica de la cohesión, pues serán las juntas vecinales y los ayuntamientos los que, ¡vaya ironía!, transfieran sus riquezas e ingresos a las insostenibles diputaciones provinciales, en las que se centralizará la gestión privatizada, los consorcios y la política administrativa y territorial. ¿Dónde quedan las unidades comarcales y la apuesta inteligente por el desarrollo rural y el equilibrio territorial en la Comunidad de Castilla y León? De nuevo en el discurso cínico y en el desprecio al que nos tienen acostumbrados desde el mausoleo de las Cortes de Castilla y León el Gobierno regional de Juan Vicente Herrera; aparentemente Valladolid y Madrid como símbolos del poder político y administrativo siguen alejadas del mundo rural; no es así, sus oligarquías económicas y financieras ya han tomado posiciones en el reparto del patrimonio común.

Queda un mes de plazo para que las juntas vecinales presenten sus cuentas. De lo contrario podrán ser disueltas y su bienes y competencias traspasadas a los ayuntamiento inmediatos y diputaciones. El  31 de diciembre  acaba el plazo según la Ley. En el Congreso de los Diputados se han elevado peticiones para prolongar los plazos. Y en el Senado, con demasiado retraso, acaban de constituir una Comisión que se enfrenta a los problemas de gestión y despoblación de nuestras montañas.  Aunque se ha realizado un gran esfuerzo en la presentación de los requisitos contables en los Consejos y Tribunales de Cuentas y ante el Ministerio de Hacienda, son  muchas las pedanías, cerca del 20 % en alguna de nuestras provincias, que siguen pendientes de presentar en tiempo y forma sus cuentas. Muchas de ellas con amplios y extensos recursos naturales y culturales. En el reciente  Manifiesto de Cuéllar en defensa de los pueblos pequeños se pone de relieve el total rechazo y la honda preocupación “ante la reforma local impuesta y ante el expolio de los recursos rurales en beneficio de especuladores y saqueadores”.

Algunos alcaldes, presidentes de diputación, consorcios en ciernes, defensores de la desamortización, malandrines tecnocráticos, oligarcas y hacendados, y toda una laya política y urbana se aprestan en medio de esta desolación a repartirse las ingentes plusvalías acumuladas durante siglos en nuestros pueblos y aldeas. ¿Cómo parar y detener tantos desmanes? Al menos, en las próximas elecciones municipales y generales necesitamos alcaldes y representantes públicos verdaderamente comprometidos con el medio rural, con la autonomía municipal o comarcal,  con sus gentes y con sus bienes públicos. La utopía de un mundo rural vivo es parte de nuestro futuro.

 

Presentación de la Declaración de Valdeavellano de Tera por la defensa y el reconocimiento de los usos comunales en España

Información

 

Iniciativa Comunales es una organización por la defensa y el reconocimiento de los usos comunales y las Áreas Conservadas por Comunidades Locales en España

 

Impressum

La Iniciativa Comunales somos un grupo de trabajo formado por representantes de comunidades que gestionan usos comunales (cofradías de pesca y marisqueo, montes de socios, en mano común y comunales, sociedades de caza, juntas de pastos y de riego, etc.), ONG que trabajan en la defensa de estos usos y la conservación de la naturaleza, y grupos de investigación que estudian y defienden estos usos.

Presentación de la Declaración de Valdeavellano de Tera por la defensa y el reconocimiento de los usos comunales en España

 

 

 

El próximo 26 de Septiembre tenemos una cita con los Usos Comunales: La presentación pública de la "Declaración de Valdeavellano de Tera" por el reconocimiento y defensa de los Usos Comunales en España.

Firmantes: Asociación Forestal de Soria, Asociación Galega de Mariscadoras/es, Asociación Nacional Micorriza, Asociación Transhumancia y Naturaleza, Comunidade de Montes de Vilar de Triacastela, Federación Estatal de Entidades Locales Menores, Federación Estatal de Pastores, Foro Asturias Sostenible, Fundación Entretantos, Fundación LonxaNet, Grupo de Estudios da Propiedade Comunal (IDEGA), ICCA Consortium, Mancomunidade de Montes en Man Común de Pontevedra, Montenoso, Plataforma Rural, Proyecto Evaluación de los Ecosistemas del Mileno de España, Proyecto Montes de Socios, Red de Comunidades de Pescadores Artesanales para el Desarrollo Sostenible, Silene, Sociedad Española de Ornitología/ BirdLife, Unión de Tecores e Cazadores - Caza Social de Galicia y Unión Nacional de Asociaciones de Caza.

Extracto-resumen de la Declaración de Valdeavellano de Tera por la defensa y reconocimiento de los usos comunales y las Áreas Conservadas por Comunidades Locales (ICCA) en España:

“Los abajo firmantes declaramos:
Que los usos comunales y sus bienes y derechos asociados (pesca, pastos, caza, bosques, riegos y otros) forman parte del Patrimonio Cultural (incluido el Inmaterial), Ambiental y Socio-económico de España. Que actualmente los usos comunales son en España una forma usual, exitosa y extendida de gobernanza de nuestro patrimonio natural y cultural. Montes en mano común, de socios, vecinales o comunales, cofradías de pesca o marisqueo, juntas de pastos, de valle, y vecinales, facerías, corrales de pesca, sociedades de caza, acequias de careo, parzonerías, ledanías y otras formas de gobernanza gestionan varios millones de hectáreas con alto valor natural, económico y cultural y son la expresión del empoderamiento y participación de cientos de miles de ciudadanos en la gestión participativa, directa, resiliente y sostenible de los recursos locales. Que se deben reconocer, apoyar, promocionar y proteger cada uno los tres pilares básicos que deben caracterizar los usos comunales: Comunidad, Gobernanza y Conservación de la Naturaleza. Que en España existe una grave falta de reconocimiento de su valor desde las administraciones públicas y un gran desconocimiento por parte de la sociedad, siendo urgente en este sentido reivindicar el papel social, económico y ambiental de estos usos y su potencial para la conservación de la naturaleza, el desarrollo del mundo rural y la sociedad en general. Que para poder garantizar la supervivencia de la gran riqueza y variedad de formas de titularidad y gestión colectiva, es necesario fomentar nuevas alianzas y sinergias, desde el nivel local al global, basadas en la participación de base, el empoderamiento de las comunidades locales y el enfoque participativo (“de abajo a arriba”). Que por los motivos anteriormente expuestos debe ser una prioridad de las propias comunidades comuneras, de las distintas administraciones y la sociedad en su conjunto el velar por la protección y el reconocimiento de dicho patrimonio colectivo, con el objetivo de garantizar la transmisión de este patrimonio para disfrute de las generaciones futuras sin ningún tipo de menoscabo en sus valores económicos, sociales y ambientales.”
Extracto-resumen de la Declaración de Valdeavellano de Tera, de 7 de octubre de 2013.

 

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