La representación política y el sistema (José Miguel Gambra)

 

 

La representación política y el sistema

2 diciembre, 2014

En un artículo anterior decía que el éxito de Podemos nace de una jugada política técnicamente perfecta, que mezcla el justo descontento de muchos con una serie de preconcepciones irracionales latentes en la mentalidad de nuestro pueblo. Y añadía que, sin embargo, la solución carece por completo de imaginación y que en modo alguno alcanza a constituir un cambio de sistema. Al contrario, se trata de renovar un ciclo, repetido en los últimos siglos hasta la saciedad, cuyo desastroso resultado, para quien no desee engañarse, es archiconocido. Pero de la sociedad soviética, que es de lo que se trata, no hablaré ahora.

De lo que prometí hablar es de la representación y de la participación política, que es uno de los terrenos donde los indignados parecían sentirse más insatisfechos. Y en eso, los que se quejaban el 15 de marzo no hacían más que poner de manifiesto un sentir común a otros muchos.

Representar en el ámbito de la acción consiste en hacer algo en lugar de otro, cuando éste no puede hacerlo por sí mismo. La acción propiamente humana, o racional, presupone una decisión deliberada que sopesa las ventajas y desventajas de cada acción posible antes de ejecutarla. Atendiendo a esto cabe diferenciar dos modos de representación. El primero consiste en sustituir a otro en todo el proceso, desde la deliberación a la ejecución.  Eso ocurre, de manera radical, por ejemplo, cuando un tutor es nombrado para hacer las veces de una niño o de un demente; pero también cuando el representado nombra él mismo al representante, pero deja completamente en sus manos la dirección de sus asuntos, en razón de su propia incapacidad o por la causa que sea. El otro modo de representación es el que podemos llamar mandato. Consiste en transmitir y, si es caso, defender, la decisión ya deliberada y tomada por el representado. Así, los abogados o los albaceas, además de ser elegidos por la persona a la que representan, están obligados a hacer lo que previamente éstos han decidido.

Aunque sólo sea en los distintos ámbitos de la vida familiar, en la comunidad de vecinos o en nuestro trabajo, todos tomamos decisiones conjuntas, habiendo previamente discutido con otros miembros de la misma sociedad los pros y los contras de lo que cabe hacer. En esas sociedades inmediatas, cada uno empieza por representarse a sí mismo; pero, por poco amplia que sea la sociedad de que se trate, muy pronto se hace necesario delegar en alguno la representación ante otros organismos. Así una comunidad de propietarios o inquilinos elige a uno de ellos para que defienda ante el consistorio, o ante los tribunales, las decisiones previamente tomadas por la comunidad. En esos casos cotidianos y triviales, aunque se ponen en juego asuntos de escasísima importancia, si se comparan con los que trata el Gobierno de la nación, nadie tolera que el representante tome por su cuenta decisiones ajenas o contrarias a las que previamente ha tomado la comunidad en sus reuniones. Y si el representante resulta infiel, la comunidad lo depone o le demanda.

De estas consideraciones evidentes se puede colegir que el género de representación naturalmente deseado por cualquiera, es lo que hemos llamado mandato, mientras que, por lo general, se rechaza la representación sustitutoria, hecha excepción de los casos en que se hace imprescindible.

En sus orígenes, la democracia, o gobierno del pueblo, no tenía necesidad de representantes,  dado que ese régimen político nació en las pequeñas ciudades-estado de la antigua Grecia, donde las decisiones eran tomadas por los ciudadanos directamente. La democracia liberal, bajo cuyo régimen vivimos, en razón de la amplitud de las sociedades en que se da, exige que el gobierno, supuestamente ejercido por los ciudadanos, se efectúe a través de representantes electos. Parecería lógico que, si para cualquier cosilla de poca monta exigimos que los representantes se atengan a nuestras decisiones, cuando se trata del  bien común de la patria lo exijamos con mucho más rigor. Y, sin embargo, como es de toda evidencia, la representación de los ciudadanos en los actuales parlamentos democráticos es a la manera de la sustitución y no del mandato. Toda posibilidad de influencia sobre el gobierno se reduce a una elección periódica, que depende exclusivamente de factores irracionales, como las esperanzas que pueda despertar un partido político, atendiendo a un programa que no tiene obligación alguna de cumplir; o a la atracción de un leader capaz de engatusar con su aspecto o su verborrea.

Los partidos políticos que mediatizan la representación del pueblo lo hacen como el tutor de un niño cuyas opiniones no merece la pena consultar. En las elecciones nos ofrecen listas precocinadas, que no cabe alterar, y ponen todas las trabas posibles para a la presentación de candidatos minoritarios; tras ellas el ya presidente del gobierno, y su partido, tienen, de hecho, las manos libres para dirigir todos las aspectos de nuestra existencia, sin más límite que el que ellos mismos quieran imponerse, pues no hay cauce alguno eficaz para influir sobre sus decisiones.

Algún ingenuo todavía será capaz de creer que la Constitución de 1978 establece unos límites infranqueables, sin darse cuenta de que sus artículos son voluntariamente ambiguos y elásticos. Sólo un ejemplo: el artículo 31 dice que el sistema tributario «en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio». Pero como eso es cuestión de unos porcentajes que no se indican, resulta que si el límite de lo confiscatorio lo fija el Gobierno en un 99% de nuestros bienes y sueldos, se cumple la supuesta norma. Y, si por casualidad la Constitución ofrece alguna dificultad, en manos de los partidos está cambiarla. Nada cabe esperar del Tribunal Constitucional, cuyos miembros están designados por los partidos, ni tampoco de la libertad de expresión y manifestación. ¿Qué efecto han tenido, por ejemplo, las inmensas manifestaciones contra el aborto, fuera de las molestias que producen en el tráfico? A los ciudadanos descontentos sólo les queda esperar unas nuevas elecciones, que sólo serán racionales en cuanto rechacen el gobierno precedente, pero serán tan irracionales como las anteriores en su apuesta por otro candidato. Porque la deliberación, la decisión y la ejecución quedarán de nuevo en manos del partido elegido.

Todo esto es trivial para el que no desee engañarse, pero conviene recordarlo a quienes creen que, con apoyar un nuevo partido, puede darse un vuelco al sistema representativo. Eso no producirá más que una de las convulsiones de anarquía o dictadura que sufre el sistema periódicamente y que, en caso de triunfar Podemos, podría conducir a un sistema de tipo soviético, pero sin las pocas virtudes (comparativamente hablando) que éste pudo tener.

La única transformación verdaderamente antisistema sería devolver su verdadero valor a la democracia directa y a la representación entendida como mandato. Ambas cosas se complementan: la democracia directa debería darse, a su manera, en cuantas sociedades, más o menos pequeñas, desarrolla su vida el común de los mortales. Sobre las cuestiones que atañen a esas comunidades, como el barrio, el municipio o el trabajo, tiene cada uno una opinión mucho más acertada que la que puede ofrecer cualquier instancia superior de gobierno. Si, a su vez, las decisiones comunes de las sociedades inferiores, en lugar de quedar limitadas al uso interno, pudieran transmitir sus peticiones y necesidades las sociedades en que se engloban —comarca, región o reino, sociedades laborales, confederaciones— de modo que, escalón por escalón, tuvieran voz en las Cortes sin mediar partidos, se podría decir que todos tendrían la debida participación en los órganos gubernamentales.

Esta es la forma de representación defendida por una tradición de sensatez multisecular, que tiene sus antecedentes en las fuentes más remotas del pensamiento político occidental. Esta es la doctrina sostenida hoy por el Carlismo, que no se contenta con concebir abstractamente al hombre como elemento del conjunto social del que surge el Estado, sino más bien como ser sociable, enraizado en su patria a través de sus hijos, de su familia, de su pueblo y su trabajo; y que, por eso mismo, pone a la patria por encima de todo ello.

Esta forma tan natural de participación política, cuyas ventajas, fríamente consideradas, deslumbran por su evidencia, ha sido voluntariamente postergada y desprestigiada desde los tiempos de la Revolución Francesa, cuando triunfaron las ideas de Locke y Rousseau. En su designio de acabar con la sociedad precedente, recurrieron al ya viejo mito del hombre primitivo que, tras vivir solitario, libre e igual a sus semejantes, pactó la constitución de una sociedad en orden a hacerse más fuerte. A ella entregó los derechos que le asistían en su estado original, de modo que una voluntad general vino substituir a la suya individual, hasta el punto de que debiera sentirse personalmente libre cuando el gobernante por él elegido tomara cualquier decisión, por perjudicial que individualmente le resultase. Tras este mito late la idea racionalista de  un organismo de poder —el Estado— que, por aunar la voluntad de todos los individuos, tiene la ilimitada facultad de organizar la sociedad, sin consideración hacia las sociedades formadas naturalmente, cuya existencia sólo podrá ser tolerada, en la medida en que Estado no crea conveniente absorber sus funciones.

En la teoría tradicional, fundada en la experiencia de lo históricamente realizado, las sociedades más amplias se legitimaban desde las inferiores abajo, hasta culminar en un poder supremo, al que juraban acatamiento, a condición de que él jurase también respetar sus fueros y autonomía. A esto opone el derecho revolucionario un gobierno de poder omnímodo directamente adquirido de los individuos. Y, para ello, recurre al mito ancestral del pacto constituyente, sobre la cual se asienta aquel hondo prejuicio, ya denunciado, que identifica al gobierno, o al Estado, con el único sujeto posible de la acción política y social. Ese es el prejuicio que pide ser vencido cuando aflora de manera natural la indignación por el abismo entre las gentes y los gobernantes y se desea, con toda justicia, cambiar el sistema.

Unos objetan a esto que se trata de una solución reaccionaria, que pretende un imposible retorno al pasado, pero ¿cabe mayor retorno que volver a la situación, previa a toda historia comprobada, del hombre primitivo y solitario? Otros dicen que es cosa casi imposible realizar hoy un cambio tan profundo, pero ¿acaso la Revolución no supuso un cambio mucho más radical y antinatural?

José Miguel Gambra

 

 

Democracia representativa y democracia participativa (Alain de Benoist)

Tenemos la costumbre de considerar que democracia y representación son, en cierta forma, sinónimos. No obstante, la historia de las ideas demuestra que no es así.
		Alain de Benoist 4 de febrero de 2014 elmanifiesto.com   Imprimir esta noticia Enviar a amigos ALAIN DE BENOIST La democracia representativa, de esencia liberal y burguesa, y en la cual los representantes electos están autorizados a transformar la voluntad popular en actos de gobierno, constituye en la hora actual el régimen político más comúnmente extendido en los países occidentales. Una de las consecuencias de esto es que tenemos la costumbre de considerar que democracia y representación son, en cierta forma, sinónimos. No obstante, la historia de las ideas demuestra que no es así.   Los grandes teóricos de la representación son Hobbes y Locke. Tanto en uno como en otro, en efecto, el pueblo delega contractualmente su soberanía a los gobernantes. En Hobbes dicha delegación es total; sin embargo, no se convierte en una democracia: su resultado sirve, al contrario, para investir al monarca de un poder absoluto (el «Leviatán»). En Locke, la delegación está condicionada: el pueblo no acepta deshacerse de su soberanía más que a cambio de garantías que tienen que ver con los derechos fundamentales y con las libertades individuales. La soberanía popular permanece suspendida en tanto que los gobernantes respetan los términos del contrato.   Rousseau, por su parte, establece la exigencia democrática como antagónica a cualquier régimen representativo. Para él, el pueblo no hace un contrato con el soberano; sus relaciones dependen exclusivamente de la ley. El príncipe sólo es el ejecutante de la voluntad del pueblo, que se mantiene como el único titular del poder legislativo. Tampoco está investido del poder que pertenece a la voluntad general; es más bien el pueblo quien gobierna a través de él. El razonamiento de Rousseau es muy simple: si el pueblo está representado, son sus representantes quienes detentan el poder, en cuyo caso ya no es soberano. El pueblo soberano es un «ser colectivo» que no podría estar representado más que por él mismo. Renunciar a su soberanía sería tanto como renunciar a su libertad, es decir, a destruirse a sí mismo. Tan pronto como el pueblo elige a sus representantes, «se vuelve esclavo, no es nada» (Del contrato social, III, 15). La libertad, como derecho inalienable, implica la plenitud de un ejercicio sin el cual no podría tener una verdadera ciudadanía política. La soberanía popular no puede ser, bajo estas condiciones, más que indivisible e inalienable. Cualquier representación equivale, pues, a una abdicación.   Si admitimos que la democracia es el régimen fundado en la soberanía del pueblo, no se puede más que dar la razón a Rousseau.   La democracia es la forma de gobierno que responde al principio de identidad entre los gobernantes y los gobernados, es decir, de la voluntad popular y la ley. Dicha identidad remite a la igualdad sustancial de los ciudadanos, o sea, al hecho de que todos son miembros por igual de una misma unidad política. Decir que el pueblo es soberano, no por esencia sino por vocación, significa que es del pueblo de donde proceden el poder público y las leyes. Los gobernantes no pueden ser más que agentes ejecutores, que deben ceñirse a los fines determinados por la voluntad general. El papel de los representantes debe estar reducido al máximo; el mandato representativo pierde cualquier legitimidad desde el momento en que sus fines y proyectos no corresponden a la voluntad general.   Sin embargo, lo que sucede hoy es exactamente lo contrario. En las democracias liberales, la supremacía está concedida a la representación, y más específicamente a la representación-encarnación. El representante, lejos de estar solamente «comprometido» a expresar la voluntad de sus electores, encarna él mismo dicha voluntad de hacer aquello para lo que fue elegido. Esto quiere decir que encuentra en su elección la justificación que le permite actuar, no tanto según la voluntad de quienes lo eligieron sino según la suya propia. En otras palabras, se considera autorizado por el voto a hacer lo que considere bueno.   Este sistema está en el origen de las críticas que no han dejado, en el pasado, de estar dirigidas contra el parlamentarismo, críticas que hoy reaparecen a través de los debates sobre el «déficit democrático» y la «crisis de la representación».   En el sistema representativo —al haber delegado el elector mediante el sufragio su voluntad política a quien lo representa— el centro de gravedad del poder reside inevitablemente en los representantes y en los partidos que los agrupan, y ya no en el pueblo. La clase política forma más bien una oligarquía de profesionales que defienden sus propios intereses, dentro de un clima general de confusión e irresponsabilidad. Añadamos que hoy día, en una época en que quienes poseen poder de decisión tienen en mayor grado los poderes de nominación y de cooptación que el propio electorado, terminan conformando una oligarquía de «expertos», de altos funcionarios y de técnicos.   El Estado de derecho, cuyas virtudes celebran regularmente los teóricos liberales —a pesar de todas las ambigüedades que implica esta expresión— no parece que, por su propia naturaleza pueda corregir dicha situación. Al descansar sobre un conjunto de procedimientos y reglas jurídicas formales, en realidad es indiferente ante los fines específicos de la política. Los valores están excluidos de sus preocupaciones, dejando así el campo libre para el enfrentamiento de intereses. Las leyes solo tienen la autoridad de hacer lo que sea legal, es decir aquello que sea conforme a la Constitución y a los procedimientos previstos para su adopción. La legitimidad se reduce entonces a la legalidad. Esta concepción positivista-legalista de la legitimidad invita a respetar a las instituciones por ellas mismas, como si constituyeran un fin en sí, sin que la voluntad popular pueda modificarlas y controlar su funcionamiento.   Sin embargo, en democracia la legitimidad del poder no depende solamente de la conformidad con la ley, ni tampoco de la conformidad con la Constitución, sino sobre todo de la congruencia de la práctica gubernamental con los fines asignados por la voluntad general. La justicia y la validez de las leyes no pueden residir por entero en la actividad del Estado o en la producción legislativa del partido en el poder. La legitimidad del derecho no puede, tampoco, ser garantizada por la mera existencia de un control jurisdiccional: hace falta, para que el derecho sea legítimo, que responda a lo que los ciudadanos esperan, a que integre las finalidades orientadas hacia el servicio del bien común. Finalmente, no podemos hablar de legitimidad de la Constitución más que cuando la autoridad del poder constituido es reconocida siempre como capaz de modificar su forma y su contenido. Lo que viene a decirnos que el poder constituido no puede ser delegado totalmente o alienado, y que continua existiendo y se mantiene superior a la Constitución y a las reglas constitucionales, incluso cuando éstas mismas proceden de él.   Es evidente que no se podrá escapar totalmente jamás a la representación, pues la idea de la mayoría gobernante enfrenta, en las sociedades modernas, dificultades infranqueables. La representación, que no es lo peor, no agota sin embargo el principio democrático. En gran medida puede ser corregida por la puesta en marcha de la democracia participativa, llamada también democracia orgánica o democracia encarnada. Una reorientación tal parece hoy día de una acuciante necesidad debido a la evolución general de la sociedad.   La crisis de las estructuras institucionales y la desaparición de los «grandes relatos» fundacionales, el creciente desapego del electorado por los partidos políticos de corte clásico, la renovación de la vida asociativa, la emergencia de nuevos movimientos sociales o políticos (ecologistas, regionalistas, identitarios) cuya característica común es no defender los intereses negociables sino los valores existenciales, dejan entrever la posibilidad de recrear una ciudadanía activa desde la base.   La crisis del Estado-nación, debida en particular a la mundialización de la vida económica y a la aparición de fenómenos de envergadura planetaria, suscita por su parte dos modos de superación: hacia lo alto, con diversas tentativas que buscan recrear a nivel supranacional una coherencia y una eficacia en la decisión que permitan, en parte al menos, conducir el proceso mismo de mundialización; hacia lo bajo, recuperando la importancia de las pequeñas unidades políticas y las autonomías locales. Ambas tendencias, que no solamente no se oponen sino que se complementan, aportan soluciones al déficit democrático que se constata actualmente.   Pero el paisaje político sufre todavía otras transformaciones. Hacia la derecha, observamos una ruptura con el antiguo «bloque hegemónico», como resultado de que el capitalismo ya no tiene una alianza con las clases medias. Al mismo tiempo, mientras que los estratos medios se encuentran desorientados y frecuentemente amenazados, los estratos populares están cada vez más decepcionados debido a las prácticas gubernamentales de una izquierda que, después de haber renegado prácticamente de todos sus principios, tiende a identificarse más y más con los intereses del estrato superior de la burguesía media. En otras palabras, las clases medias ya no se sienten representadas por los partidos de derecha, mientras que las clases populares se sienten abandonadas y traicionadas por los partidos de izquierda.   A esto se añade, finalmente, la desaparición de las antiguas coordenadas, el derrumbe de los modelos, la disgregación de las grandes ideologías de la modernidad, la omnipotencia de un sistema de mercado que -eventualmente- aporta los medios para subsistir pero no las razones para vivir; todo ello hace resurgir la cuestión crucial del sentido de la presencia humana en el mundo, del sentido de la existencia individual y colectiva, en un momento en que la economía produce cada vez más bienes y servicios con cada vez menos trabajo de los hombres, lo que tiene como efecto multiplicar las exclusiones en un contexto ya fuertemente marcado por el paro, la precariedad del empleo, el miedo al futuro, la inseguridad, las reacciones agresivas y las crispaciones de todo tipo.   Todos estos factores llaman a rehacer profundamente las prácticas democráticas que únicamente pueden operarse en dirección de una verdadera democracia participativa. En una sociedad que tiende a volverse cada vez más «ilegible», esto tiene como principal ventaja eliminar o corregir las distorsiones debidas a la representación, asegurar una mayor conformidad con la ley y con la voluntad general, y ser fundadora de una legitimidad sin la cual la legalidad institucional no es más que un simulacro.   No es al nivel de las grandes instituciones colectivas (partidos, sindicatos, iglesias, ejército, escuelas, etcétera) —que hoy se encuentran todas en mayor o menor medida en crisis y que no pueden desempeñar entonces su papel tradicional de integración y de intermediación social— como será posible recrear dicha ciudadanía activa. El control del poder no puede ser tampoco patrimonio exclusivo de los partidos políticos, cuya actividad frecuentemente se resuelve en el clientelismo. La democracia participativa no puede ser hoy día más que una democracia de base.   Dicha democracia de base no tiene por finalidad generalizar la discusión a todos los niveles, sino determinar más bien, con el concurso del mayor número, los nuevos procedimientos de decisión conformes con sus propias exigencias, las que derivan de las aspiraciones de los ciudadanos. Tampoco se podría volver en una simple oposición entre la «sociedad civil» y la esfera pública, lo que extendería aún más el dominio de lo privado y abandonaría la iniciativa política en formas obsoletas de poder. Se trata, al contrario, de permitir a los individuos que se pongan a prueba en tanto que ciudadanos y no como meros miembros de la esfera privada, favoreciendo la posible eclosión y multiplicación de nuevos espacios de iniciativa y responsabilidad públicas.   El procedimiento refrendario (que resulta de la decisión de los gobiernos o de la iniciativa popular, bien sea el referéndum facultativo u obligatorio) sólo es una forma de democracia -entre otras posibles- cuyo alcance quizás se ha sobreestimado. Señalemos de una vez que el principio político de la democracia no es que la mayoría decida, sino que el pueblo es soberano. El voto no es por sí mismo más que un medio técnico para consultar y revelar la opinión. Esto significa que la democracia es un principio político que no podría confundirse con los medios que utiliza, y que tampoco puede ser producto de una idea puramente aritmética o cuantitativa. La cualidad de ciudadano no se agota en el voto. Consiste más bien en poner en práctica todos los métodos que le permitan manifestar o rechazar el consentimiento, expresar su rechazo o su aprobación. Conviene, pues, explorar sistemáticamente todas las formas posibles de participación activa de la vida pública, que sean también formas de responsabilidad y de autonomía en sí, ya que la vida pública condiciona la existencia cotidiana de todos.   Pero la democracia participativa no tiene solamente un alcance político; tiene también uno social. Al favorecer las relaciones de reciprocidad, al permitir la recreación de un lazo social, puede reconstituir las solidaridades orgánicas debilitadas hoy día, rehacer un tejido social disgregado por el advenimiento del individualismo y la salida de un sistema basado meramente en la competencia y el interés. En tanto que es productora de la “sociabilidad” elemental, la democracia participativa va a la par del renacimiento de las comunidades vivas, de la recreación de las solidaridades de vecindad, de barrio, de los lugares de trabajo, etcétera.   Esta concepción participativa de la democracia se opone palmariamente a la legitimación liberal de la apatía política, que indirectamente alienta la abstención y acaba por ser un reino de gestores de expertos y de técnicos. La democracia, a final de cuentas, descansa menos sobre la forma de gobierno propiamente dicha que sobre la auténtica participación del pueblo en la vida pública, de tal suerte que el máximo de democracia se confunda con el máximo de participación. Participar es tomar parte, es probarse a sí mismo como parte de un conjunto o de un todo, y asumir el papel activo que resulta de dicha pertenencia. «La participación —decía René Capitant— es el acto individual del ciudadano que lo efectúa como miembro de la colectividad popular». Vemos a través de esto cómo las nociones de pertenencia, ciudadanía y democracia se encuentran ligadas. La participación sanciona la ciudadanía que resulta de la pertenencia. La pertenencia justifica la ciudadanía que permite la participación.   Conocemos la divisa republicana francesa: «Libertad, igualdad, fraternidad». Si las democracias liberales han explotado la palabra «libertad», si los antiguos demócratas populares se han emparentado con la «igualdad», la democracia orgánica o participativa, fundada en la ciudadanía activa y en la soberanía del pueblo, bien podría ser el mejor medio para responder al imperativo de fraternidad.

Para preparar la recogida de firmas, primer paso

Para ir organizándonos....

Tras la interesante información de La Vanguardia de ayer sobre cómo los ciudadanos podemos organizarnos usando internet para que nuestra voz se oiga, me llega esta mañana el email que me permito reenviaros quizás mucha gente está convergiendo hacia una voluntad de que las cosas cambien en las instituciones… Vamos a preparar el terreno de recogida de firmas, Primer paso Se va a proceder en los próximos meses a la recogida de firmas para presentar la siguiente Iniciativa Legislativa. Aunque el contenido ya es conocido por todos, es importante pasar el recordatorio y que todos estemos preparados y dispuestos cuando se inicie. Ley de Reforma del Congreso de 2012 (enmienda a la Constitución ) EL PODER DE LA CIUDADANÍA. LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR Para poder presentar en el parlamento una iniciativa legislativa es necesario presentar 500.000 firmas ¡TODOS JUNTOS PODEMOS CAMBIARLO! Pido a cada destinatario que reenvíe este e-mail y a la vez, pedir a cada uno de ellos que hagan lo mismo Vamos a preparar el terreno para la recogida de firmas, creemos CONCIENCIA CIUDADANA En tres días, la mayoría de las personas de este país tendrán este mensaje. Ley de Reforma del Congreso de 2012 (enmienda de la Constitución de España) 1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato realizado. 2. El diputado contribuirá al Régimen General de la Seguridad Social como el resto de ciudadanos. El fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social. El diputado participará de los beneficios del régimen de la Seguridad Social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad. 3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles. 4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario. 5. El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles 6. El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles 7. Servir en el Congreso es un trabajo, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas) y luego reincorporarse a la vida laboral previa a su etapa de Servicio Público. 8. Reducir un 30% el número de componentes políticos de las instituciones. (concejales de ayuntamiento, diputados nacionales, diputados regionales, etc). 9. Eliminar instituciones obsoletas o duplicadas: senado, diputaciones provinciales. 10. Reducir un 50% el número de asesores de cargos políticos, así como limitar racionalmente sus retribuciones. Si cada persona pasa este mensaje a un mínimo de veinte personas, en tres días la mayoría de los españoles recibirán este mensaje. El momento para la enmienda a la Constitución es AHORA. ASÍ SE PUEDEN ENMENDAR LAS INJUSTICIAS Y DESARREGLOS DE PARLAMENTARIOS Y SENADORES. Si estás de acuerdo con lo expuesto, reenvía. Por favor, mantén este mensaje CIRCULANDO.

 

Hacia la democracia directa (Luis Alonso Quijano, El Rincón del ciudadano)

HACIA LA DEMOCRACIA DIRECTA (Luis Alonso Quijano, EL Rincón del ciudadano)

(EL RINCÓN DEL CIUDADANO
Bitácora con el objetivo de la implantación de la democracia política en España
http://www.elrincondelciudadano.com/2007/04/hacia-la-democracia-directa.html )



En las antiguas ciudades-estado griegas, la democracia era directa, es decir, participada directamente por los ciudadanos con derechos políticos; aunque formaban una auténtica aristocracia política, su actividad se ejercía con poderes independientes y separados. El Arconte (rey) era quien gobernaba y la asamblea popular o Ecclessia (Atenas) era la encargada de aprobar las leyes que elaboraba la Bule, cuerpo consultivo para ayudar al rey. A la Ecclessia pertenecían todos los ciudadanos con derechos políticos.

Posteriormente, la soberanía se ejerció sin discusión por encargo divino en las personas de los monarcas absolutos hasta que los pensadores de la ilustración empezaron a hablar de contrato social (entre el soberano y la sociedad) y división de poderes.

Durante la Revolución Francesa, los ciudadanos pudieron comprobar que la soberanía se podía ejercer sin la persona del rey. Para cerciorarse bien de esto, le cortaron la cabeza.A partir de entonces surge el problema de la representatividad de la actividad política. El parlamentarismo de los estados liberales y la actual partitocracia, se han mostrado soluciones insatisfactorias. El poder no es ejercido por los ciudadanos que deberían ser los auténticos amos, sino por grupos minoritarios que imponen sus normas en nombre de aquellos o de la nación.

Nunca hasta ahora desde los tiempos de la antigua Grecia, se había planteado la posibilidad de que los ciudadanos se gestionen directamente los asuntos públicos.

Los avances tecnológicos, culturales, políticos y económicos experimentados en el mundo hacen imposible pensar en la democracia directa en la que el ciudadano, por turnos o sorteo, forme parte de las instituciones políticas como ocurría en la antigua civilización griega.

¿Cómo resolver eficientemente la representación de los ciudadanos para suplantar el ideal de su participación directa en las cuestiones políticas? Montesquieu en su Espíritu de las Leyes, decía que el pueblo que detenta la soberanía, debe hacer por sí mismo todo aquello que pueda hacer bien. Los ciudadanos tendrían que poder elegir directa y democráticamente a sus representantes y decidir (por la ley de las mayorías) las cuestiones que se plantean actualmente en los foros de decisión política (Cortes). En Europa, las consultas al pueblo (referéndum) parten como iniciativa de la autoridad y están limitadas a determinadas circunstancias especiales. Esto lleva consigo la parafernalia de convocatoria, fecha de celebración, redacción de la consulta, campaña, etc., que la convierte en una práctica ocasional y excepcional con respecto a la toma de decisiones que se produce de forma usual en el Congreso y Senado.

En EEUU y Suiza, donde existe libertad política, los refrendos pueden partir como iniciativa ciudadana.

Desde esta bitácora y desde la ALCD, hemos defendido el derecho ciudadano a organizar y decidir directamente en los asuntos públicos y hemos denunciado la usurpación que hace el poder político actual de este derecho.

El desarrollo tecnológico y la revolución de las comunicaciones acontecida en los últimos años (los teléfonos móviles, Internet, la televisión interactiva, etc.), hacen que no sea descabellado pensar en la posibilidad de la decisión directa de los ciudadanos en la política.En España, actualmente hay más teléfonos móviles dados de alta que habitantes. El DNI electrónico de reciente implantación, junto a la integración de las tecnologías de Internet con televisión y la telefonía, hace que sea cuestión de poco tiempo la realidad de que con un simple programa informático, se pueda conocer la voluntad de millones de personas de manera casi instantánea.

¿Qué impedirá entonces que las votaciones que ahora se producen en el congreso, no se puedan realizar simultáneamente por los ciudadanos con derechos políticos? ¿Se replantearía, en consecuencia, la forma de representación política? ¿Qué sentido tendrían entonces la elaboración de listas de candidatos en las habitaciones oscuras de los partidos estatales?

Evidentemente siempre tendrá que haber una clase política profesional, para elaborar las leyes y custodiar su correcta aplicación, así como jueces profesionales que dirimen los conflictos surgidos. Pero no será poco que todas sus decisiones se voten por todos los ciudadanos cuando sea posible hacerlo a través del móvil, el ordenador o la televisión, igual que se decide, por ejemplo, el resultado de un festival o un concurso.

Eso es lo que llamamos democracia participativa que es el camino intermedio entre la democracia directa y la representativa.El acercar la democracia al ciudadano, ejercerá un nuevo control sobre la clase política estatal, que ahora detenta en exclusiva la libertad política. Que el ciudadano pueda decidir sus representantes, que hasta hace poco era idealismo utópico, se contempla actualmente como una realidad alcanzable en poco tiempo.

Ya no habrá excusa entonces para que los ciudadanos no podamos tener nuestros representantes al margen de los partidos estatales. Y tampoco para que no podamos elegir nuestro presidente entre todos los españoles, indistintamente que vivamos en Albacete, Bilbao o Barcelona. Todo será rápido, eficaz y transparente.

Tampoco estará justificada la abstención del dominguero playero. Ya no hará falta el desplazarse a votar a ningún sitio, pues se podrá hacer desde cualquier lugar del mundo y en cualquier día de la semana.

Pero eso que aparentemente parece tan fácil, será muy difícil de conseguir porque a los okupas del estado, no les interesa esa música, por razones obvias. Se les acabaría el chollo.En cuanto todos seamos conscientes del porqué de esa resistencia y cuando comprobemos que con las modernas comunicaciones, podemos movilizarnos masivamente en poco tiempo, las horas de los oligarcas estarán contadas.

Será nuestra oportunidad. Paciencia ciudadano, el tiempo y la tecnología juegan a nuestro favor.

Publicado por Luis Alonso Quijano

El Presupuesto Partcipativo (Gabriel Abascal)

 III Jornadas de pensamiento crítico de la Universidad

de Alicante (España), el 1 y 2 de abril de 2004.

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

¿democracia directa versusdemocracia representativa o mejora de la calidad democrática ?.

Ponencia presentada por el autor en las III Jornadas de pensamiento crítico de la Universidad

de Alicante (España), el 1 y 2 de abril de 2004.

Gabriel Abascal 1

1 Licenciado en Derecho y Técnico de la Administración Local. Realizó los cursos del Programa

de Doctorado en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra de

Barcelona. Miembro de los comités organizadores de los Foros de Autoridades Locales por la

Inclusión Social de Porto Alegre. Es responsable de relaciones internacionales y cooperación

en el Gabinete de Planificación del Ayuntamiento de Badalona.

III Jornadas de Pensamiento Crítico

Universidad de Alicante, 1 y 2 de abril 2004

Ponencia: Gabriel Abascal

2

1.- Presentación

Los procesos de redemocratización iniciados en Latinoamérica en la segunda mitad de los años ochenta del siglo XX, a pesar del contexto de dificultades en el que se vienen desarrollando, especialmente las de tipo socioeconómico, están permitiendo sin

embargo la puesta en escena de prácticas concretas de democracia que concitan un interés creciente. Estas innovaciones democráticas vienen siendo lideradas por fuerzas políticas y coaliciones de lo podríamos llamar la versión latinoamericana de la “izquierda diversa o plural”.

Entre éstas nuevas prácticas democráticas figura, en un lugar destacado, elinstrumento conocido como el “Presupuesto Participativo”. Como es conocido, elorigen de ésta experiencia de renovación democrática y, simultáneamente de gestión

pública, se ubica en la ciudad de Porto Alegre (RS-Brasil). En la actualidad, éste instrumento de participación política se ha extendido por numerosos e importantes municipios brasileños y también de otros países latinoamericanos.

Ciertamente, y como han puesto de manifiesto algunos autores, las ciudades mediante el impulso de muchos gobiernos locales se están convirtiendo en la avanzadilla de la renovación democrática a partir de reivindicar la asunción de su papel de actores

políticos para influir en la arena global, de manera que se garanticen los derechos de ciudadanía plena a importantes sectores de población crecientemente excluidos 2.

Esta acción política de los gobiernos locales por la ciudadanía plena exige, entre otras cosas, la creación de instrumentos que relegitimen la toma de decisiones políticas por parte de los gobernantes mediante una profundización en la democracia local.

Estos procesos, a su vez, coinciden en el tiempo con un renovado interés en los países centrales por parte de los sectores del pensamiento democrático crítico, tanto de la filosofía como de la práctica política y de gobierno, sobre los problemas que

afectan a los sistemas democráticos en un contexto donde los fenómenos de la globalización, el auge del neoliberalismo en el terreno de las doctrinas económicas y el del neoconservadurismo de matriz autoritaria en el campo político, ponen en cuestión

algunas de las bases fundamentales de los regímenes democráticos.

Ese interés en los países democráticos maduros por los problemas de la gobernabilidad y la legitimidad democrática nos lleva frecuentemente a volver la mirada hacia aquellas nuevas experiencias políticas democráticas puestas en práctica

en países periféricos, con la finalidad de extraer elementos que permitan superar los

2 Borja, Jordi y Castells, Manuel. Local y Global. La gestión de las ciudades en la era de lainformación. Ed. Taurus, Madrid 1997. Veáse también la “Carta de Porto Alegre”, aprobada por

los Alcaldes y autoridades locales presentes en el I Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social, celebrado en Porto Alegre en el contexto del I Foro Social Mundial, en Forum

Social Mundial. A construçâo de un mundo melhor. Coordinador: A.D. Cattani. Editora de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2001.

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elementos de crisis que aparentemente se dan en los sistemas políticos representativos de los países más desarrollados.

Existe sin embargo, a nuestro modo de ver, un riesgo de “mimetismo” en la aplicación política práctica en los países avanzados de estas nuevas experiencias democráticas,

particularmente del presupuesto participativo. Ello puede derivar en resultados inadecuados para resolver los problemas de la deficiente calidad democrática de nuestros sistemas políticos. Algunos estudiosos han puesto de manifiesto la existencia de algunos “límites”, tanto desde el punto de vista político como del operacional, administrativos, e incluso legales, a la extensión “universal” de estas experiencias y particularmente del Presupuesto Participativo iniciado en la ciudad de Porto Alegre 3.

En este trabajo se pretende realizar un análisis de ésta experiencia a la luz de las aportaciones del debate contemporáneo sobre la democracia. La razón de éste enfoque viene determinada por el hecho de que en algunos análisis teóricos, y en las prácticas políticas que de ellos pueden derivarse, el presupuesto participativo parece contraponerse de manera alternativa y excluyente con la democracia representativa.

Para ello, el presente trabajo se divide en dos apartados. En el primero de ellos, se parte de una hipótesis: existe ciertamente una crisis de la representación política en los actuales sistemas políticos representativos que influye en la calidad de las modernas democracias. Esta hipótesis de partida se intentará justificar a partir de un repaso de la literatura política más reciente sobre los problemas de la democracia actual junto a la enunciación de algunos datos empíricos reveladores de la situación.

En la segunda parte se analiza, desde un perspectiva descriptiva, y a la luz de las teorías de la democracia, el instrumento político del presupuesto participativo, creado por una teoría y una práctica política renovadas que pretenden mejorar la calidad de la

participación democrática, contribuyendo con ello objetivamente a la relegitimación del sistema democrático en su conjunto, pero sin que eso signifique en modo alguno la sustitución del sistema representativo.

2.- LA CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA : Una hipótesis de partida

Frente a las características de la democracia antigua basada en el gobierno del demos, y en donde, entre otras particularidades, las magistraturas públicas eran designadas fundamentalmente por sorteo entre los ciudadanos, los modernos sistemas democráticos son sistemas políticos de carácter representativo y en los

cuales los gobernantes son designados mediante un procedimiento electivo.

3 Navarro, Zander. Democracia y control social de fondos públicos. El caso del “presupuesto participativo” de Porto Alegre (Brasil). En la obra colectiva “Lo público no estatal en la reforma del Estado”. Editores: Luiz Carlos Bresser Pereira y Nuria Cunill Grau. Editorial Paidós y Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Buenos Aires, 1998.

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Los distintos teóricos políticos fundadores de los modernos sistemas representativos derivados de las revoluciones inglesa, francesa y americana (Madison, Hamilton, Burke, Sieyès, etc), de forma prácticamente unánime contraponen el gobierno representativo con el gobierno del pueblo. La existencia del sufragio censitario en sus diversas variantes era la principal institución que permitía garantizar ése alejamiento del demos de la designación de los gobernantes y, consecuentemente, de su influencia en la adopción de decisiones políticas.

Conviene destacar esta cuestión porque la actual crisis en los sistemas de representación política, para algunos autores, no derivaría sólo o fundamentalmente de problemas coyunturales de la economía, de la presencia de políticos especialmente corruptos o de otros fenómenos que puedan ser característicos de nuestra época, sinoque tiene mucho que ver con la forma en que las instituciones representativas fueron diseñadas y el modo en que ellas han funcionado en consecuencia, y desde entonces.

Para Gargarella, estas instituciones fueron diseñadas conforme a presupuestos elitistas, que hoy nos resultarían claramente contraindicados, ya que en la época “fundacional” del sistema representativo se asumió que la discusión pública tendía

“ineluctablemente” a concluir con la toma de decisiones impulsivas o apasionadas y no en la toma de decisiones basadas en la razón. En ése sentido la conexión entre discusión mayoritaria e “irracionalidad”, asumida en los orígenes del sistema

representativo, resultaría contradictoria con ideas, que hoy gozan de gran predicamento en nuestras sociedades, como la de que la participación de las mayorías en los asuntos públicos es valiosa, y que como tal ha de ser incentivada, o con aquella

según la cual la discusión colectiva mejora la calidad de las decisiones que deben tomarse, favoreciendo así su “racionalidad”

 4.

Por su parte, la teoría política democrática de la tradición republicana moderna, asociada al pensamiento de “izquierda”, desde Rousseau, pasando por los diversos autores de las corrientes de pensamiento marxista, han venido considerando en lo

fundamental que el sistema representativo no era un gobierno del pueblo. En el caso de éstos últimos se consideraba además que, como consecuencia de ello, éste sistema no podía ser calificado como democrático. Es evidente que estas posiciones

teóricas no ayudaron históricamente a asentar los sistemas democráticos en la medida en que fueron considerados, especialmente por muchas fuerzas políticas seguidoras

de estas teorías, como sistemas de democracia “formal” que se contraponían a una supuesta e hipotética democracia “real”.

Ciertamente, desde finales del siglo XIX, las transformaciones de los sistemas políticos representativos han sido considerables lo que desde nuestro punto de vista obliga a repensar y reformular las críticas al mismo. Una de éstas transformaciones evidentes

ha sido la extensión del derecho de voto y el establecimiento del sufragio universal.

Este hecho político ha sido decisivo en el avance de los sistemas representativos en ladirección de convertirse en gobiernos democráticos, en gobiernos del pueblo.

4 Gargarella, R.: Crisis de la Representación Política, Distribuciones Fontamara S.A. Colección Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política. México D.F. 1997.

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Parafraseando la idea marxiana, podría afirmarse que la transformación cuantitativa del derecho de voto hasta convertirlo en un derecho universal, ha supuesto una transformación cualitativa de los sistemas políticos representativos en el sentido de

que es el pueblo el que gobierna a través de sus representantes electos.

En la teoría política contemporánea no aparecen opiniones sólidas que cuestionen el carácter democrático del sistema representativo moderno. Tampoco, en las sociedades más avanzadas, existen expresiones políticas mayoritarias, o siquiera influyentes, que cuestionen el sistema democrático así entendido. No obstante, y como afirma Bobbio, “para un régimen democrático estar en transformación es su condición natural”, a la vez que advierte que si actualmente la democracia no está al borde de la muerte, ciertamente no goza de buena salud 5.

Es evidente que, en el último cuarto del siglo XX, el mundo ha conocido un desarrollo de los sistemas democráticos muy considerable y poco previsible con anterioridad, a través de lo que se ha llamado la tercera ola de la democratización 6 .

No hay una explicación unánime de las razones de ése nuevo impulso de democratización en el mundo, pero en todo caso parecería que se trata de una combinación entre su atractivo, de una parte, y la viabilidad, de la otra. El atractivo para los ciudadanos

radicaría en el hecho de que el poder de los gobernantes descansa en la libre elección de éstos por parte de aquellos. De otra parte, una viabilidad, en tanto que el sistema democrático debe permitir garantizar el desarrollo económico, social y cultural del conjunto de la ciudadanía y proveerla de los bienes y servicios que garantizan ése desarrollo 7.

J. Dunn, señala que las democracias representativas pueden reivindicar con todo derecho la legitimidad política pero, al igual que en el reciente pasado histórico, a menudo ha resultado, bajo condiciones adversas, muy fácil derrocar a las democracias

representativas, y no es probable que ésta posibilidad haya desaparecido por completo. Ante los problemas contemporáneos como la globalización económica, el aumento de las desigualdades sociales, los problemas del medio ambiente, etc., el sistema democrático se plantea, para Dunn, nuevos retos e interrogantes. Uno de ellos, y no menor, es la exigencia de que en todo momento se ha de poder plantear a los representantes y gobernantes la rendición de cuentas a los ciudadanos. De otro lado, este autor formula la necesidad de reinventar la acción política y social en el

mundo en que ahora habitamos 8.

Las preocupaciones que expresan autores como Dunn o Bobbio, en torno a los problemas y la salud de la democracia en el mundo actual, no son privativas de ellos. Así, D. Held, expone que “la teoría democrática debe reformularse junto con las

5 Bobbio, N.: El futuro de la Democracia, pág.15. Fondo de Cultura Económica. México D.F.,

1996.

6 Huntington, S.P.: La Tercera Ola. La democratización a finales del siglo XX. Ediciones

Paidós. Barcelona, 1992

7 Dunn, J.: Democracia. El viaje inacabado. Tusquets Editores. Barcelona, 1995.

8 Dunn, J.: Op. cit. Págs. 312 y 318.

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prácticas y principios que subyacen en la política democrática. A pesar del creciente interés por la democracia, no se ha indagado si debe concebirse como una democracia liberal, si sólo se debe aplicar a las “cuestiones de gobierno” (y no también a las esferas económica, social y cultural), y si el locus más adecuado de la

democracia es el Estado-nación” 9.

Particularmente resulta importante destacar este último aspecto ya que consideramos que el proceso de globalización neoliberal

hegemonizada por el capital financiero y la aparición de facto de poderes transnacionales no sometidos al control democrático de ningún otro poder han puesto en cuestión la idea clásica del Estado-nación como lugar natural para el desarrollo de la democracia.

R. Dahl, por su parte, recordando que los datos históricos demuestran que la democracia ha sido algo infrecuente en la experiencia humana, considera las incógnitas que se abren ante el futuro. Entre ellas, la posibilidad de que la democracia

pudiera ser reemplazada por sistemas no democráticos que, aunque en versión nueva del siglo XXI, mantuvieran las tutelas sobre la ciudadanía de las elites políticas y burocráticas. O, también, el interrogante de que lo que llamamos “democracia”, se

convierta en algo que tenga, a la vez, un alcance más amplio pero una menor profundidad, extendiéndose a más países cada vez, mientras que sus cualidades democráticas se ven crecientemente debilitadas. En todo caso, y aunque para Dahl el  futuro es demasiado incierto como para poder transmitir respuestas firmes en torno a éstos retos y preocupaciones, establece una serie de prescripciones que pueden ayudar a fortalecer los sistemas democráticos 10.

Según ha puesto de manifiesto B. Manin al analizar el fenómeno de la representación política moderna, los sistemas políticos representativos han venido caracterizados históricamente y de forma invariable por cuatro principios: 1) Quienes gobiernan son

nombrados por elección con intervalos regulares. 2) La toma de decisiones por los que gobiernan conserva un grado de independencia respecto de los deseos del electorado.

3) Los que son gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos al control de los que gobiernan. 4) las decisiones públicas se someten a un proceso de debate 11. Manin, a partir del análisis de la evolución histórica de las

formas concretas que han asumido éstos principios, lo que él llama la “metamorfosis” del gobierno representativo, distingue tres concreciones sucesivas de éste: el parlamentarismo, la democracia de partidos y la democracia “de audiencia”. El paso sucesivo de una forma a otra ha estado siempre acompañada, en opinión de la

literatura política que en cada momento ha analizado éstas transformaciones, de la noción de crisis de la representación política 12.

9 Held, D.: La democracia y el orden global. Pág. 17. Editorial Paidós. Barcelona, 1997.

10 Dahl, R.: La Democracia. Una guía para los ciudadanos. Págs 203 y ss. Taurus. Barcelona,

1999.

11 Manin, B.: Los Principios del Gobierno Representativo, pág.14. Alianza Editorial. Colección

Ciencias Sociales. Madrid, 1998. Pág. 17

12 Manin, B.: Op. cit. Págs. 237 y ss.

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Uno de los aspectos de éstas crisis, a nuestro modo de ver, tiene relación con el hecho de lo que llamaríamos la percepción del “alejamiento” de los representantes políticos de las preocupaciones y deseos políticos de los representados, cuestión que va ligada con el segundo de aquellos principios del gobierno representativo, el de la independencia de los representantes en la toma de decisiones. Este alejamiento ciertamente no es nuevo en términos históricos ya que el gobierno representativo, en     su origen, como hemos visto fue instituido con plena conciencia de que los representantes electos serían y debían ser ciudadanos distinguidos, socialmente

diferentes de quienes les eligieran, en base a un principio de distinción , o lo que es lo mismo, que formaran parte de la elite del momento 13.

En la fase del parlamentarismo, el principio de distinción se asegura mediante la institucionalización del sufragio censitario. Ahora bien, la extensión del derecho de voto y la implantación del sufragio universal, unidos a la creación de los partidos de masas, modifica sustancialmente la relación entre electores y gobernantes en la

democracia de partidos. Esta fase histórica del gobierno  representativo que ha sido considerada como un avance hacia la igualdad entre los ciudadanos, y por ello de carácter democrático, lo es no sólo por ampliar el electorado sino también por los nuevos vínculos que se establecen entre representantes y electorado, vínculos que irían ligados a la identidad y al sentimiento común de pertenencia a una misma clase social. Estos sentimientos determinarían que el pueblo votase más al partido y al

programa que por una persona. En ésta fase, el gobierno representativo parecía dirigido hacia una identificación entre representantes y representados y hacia el gobierno popular 14.

Manin, no obstante, pone de manifiesto cómo, a pesar de los avances igualitarios que supone el gobierno de partidos, su carácter elitista no desaparece sino que surge más bien un nuevo tipo de élite. Las cualidades distintivas de los representantes ya no

serían su posición local y su prominencia política, sino el activismo y las dotes organizativas. La democracia de partidos sería así el gobierno del activista y del burócrata del partido15. A partir de éstos elementos, la prácticas políticas efectivas que desarrollan los partidos, y que se trasladan hacia sus representantes, son comunes: estricta disciplina de voto en el parlamento y control de los diputados por el aparato del partido 16.

Ciertamente, en las sociedades democráticas actuales se han producido importantes mutaciones en relación a los omportamientos políticos y electorales. La literatura

13 Manin, B.: Op. cit. Págs. 119 y 120. Gargarella, R. Op. Cit.

14 Manin, B.: Op. cit. Pág. 240

15 Manin, B.: Op. cit. Pág. 255

16 Al analizar éstos aspectos de la democracia de partidos, Manin se referencia a los partidos de la tradición socialista y socialdemócrata, aunque también extiende sus conclusiones a los

partidos comunistas de los países democráticos. Desde nuestro punto de vista, no obstante éstas características pueden generalizarse a todos los grandes partidos de la mayor parte de

los países democráticos, donde los aparatos mediante las confecciones de las listas electorales ejercen el control sobre los representantes políticos.

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política es prácticamente unánime en éste sentido al señalar que, si en la fase de la democracia de partidos las preferencias políticas eran explicables a partir de las características sociales, económicas y culturales de los votantes, hoy en día esto no es así 17 .

Así, para Manin, los votantes tienden cada vez más a votar a la persona en vez de al partido o al programa. Ello llevaría a generar de nuevo la idea de que estamos ante una crisis de la  representación aunque, para éste autor, la actual transformación sería posible entenderla como un retorno a un rasgo del

parlamentarismo: la naturaleza personal de la relación representativa, lo que sería además expresión de la tendencia existente en los países democráticos a la personalización del poder, manifestada en unas nuevas formas de relación entre el

Ejecutivo y el electorado 18.

Las características de la tercera fase histórica del sistema representativo, la democracia de “audiencia”, en expresión de Manin, señalarían que lo que estamos percibiendo hoy no es una desviación de los principios del gobierno representativo,

sino un cambio en los tipos de élites seleccionadas. Según esta tesis, las elecciones seguirían otorgando cargos a individuos con características distintivas y conservarían el carácter elitista que siempre tuvieron. Ahora bien, señala éste autor que “una nueva

élite de expertos en comunicación ha reemplazado al activista político y al burócrata del partido. La democracia de audiencias es el gobierno de los expertos en medios” 19.

A nuestro modo de ver, en ésta fase actual del sistema representativo se plantea con toda su crudeza la cuestión de la independencia de los representantes en el proceso de toma de decisiones políticas, y la percepción que de todo ello tiene el ciudadano. Y esto es así, porque éste nuevo estadio del proceso histórico del desarrollo del sistema representativo supone características cualitativamente diferentes en relación a la

crisis en la forma de representación política que generó la transición del parlamentarismo a la democracia de partidos. Mientras que en ésa transición se avanzaba en un nuevo vínculo, más fuerte, entre los ciudadanos y los representantes, a partir de elementos de identificación económica, social y cultural lo que en definitiva

suponían un progreso en la dirección del gobierno del demos, las nuevas características de la representación en la democracia de “audiencia”, y las nuevas élites que surgen con ella, parecen indicar una regresión en aquél avance democrático.

En nuestra hipótesis de partida señalábamos que consideramos que existe en el momento actual una crisis de la representación política y que ésa crisis afecta a la calidad de las democracias en el sentido de una menor profundidad del gobierno del demos. Ello hace que en el debate político, e incluso en la discusión doctrinal,

aparezcan con relativa intensidad planteamientos de reivindicación de la democracia directa, en parte alternativos a la democracia representativa. Surgen además con fuerza en los países con sistemas de democracia representativa fenómenos

17 Manin, B.: Op. cit. Pág. 267

18 Manin, B.: Op. cit. Pág. 268.

19 Op. cit. Pág. 269

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innegables, para cualquier observador atento, como es el del crecimiento de la abstención electoral 20, o también un incremento, acreditado por un gran número de estudios de sociología política y de opinión, de la desconfianza de los ciudadanos hacia los representantes y en general de lo que podríamos llamar lo político y lo público.

A título meramente de ejemplo de los datos empíricos que acreditan la crisis y la desconfianza ciudadana en relación a la representación política pueden destacarse los resultados del Eurobarómetro correspondiente al otoño de 2003, hechos públicos en diciembre de ése mismo año y que reflejan una disminución general de la  confianza pública de los ciudadanos de la Unión Europea en las instituciones públicas y en los políticos, tanto nacionales como comunitarios. Según esos datos solamente el 15 % de

los europeos declara tender a confiar en los partidos políticos (1 % menos que en el Eurobarómetro de primavera del mismo año), únicamente el 31 % tiende a confiar en su gobierno nacional (6 puntos menos), y solo el 35 % tiende a hacerlo en su

Parlamento nacional (7 puntos menos) 21.

Aunque seguramente está por ver y analizar, en toda su profundidad, la influencia ideológica que en éstos fenómenos han tenido las doctrinas y prácticas neoliberales, hegemónicas en el mundo desarrollado desde finales de los años setenta, negadoras

de lo público e incentivadoras del individualismo más descarnado, algunos analistas ya las han relacionado con los mismos 22.

Un autor que mayoritariamente es encuadrado dentro de las llamadas teorías elitistas de la democracia, G. Sartori, es consciente de ésta crisis al señalar que “la representación está necesitada de defensa”, a la vez que añade que la democracia representativa no se encuentra en buena forma 23. Aunque Sartori, de manera

general, rechaza las propuestas de más democracia directa 24, es consciente de que se ha llegado hasta el límite de la ruptura del equilibrio entre los dos componentes dela transmisión representativa del poder: la receptividad y la responsabilidad

independiente.

De hecho, la propia caracterización que realiza Manin de la actual fase de la representación política en la democracia “de audiencia” como el gobierno de los

20 El caso más emblemático es probablemente el de Estados Unidos, uno de los primeros países donde se estableció el sistema representativo, y donde la participación ciudadana en la

elección de las diversas magistraturas públicas alcanza frecuentemente cifras escandalosamente bajas, menores del 10 %, y en cualquier caso, según todos los estudios, de manera generalizada nunca por encima del 50 %. de participación electoral.

21 Fuente: Europa Infosocial, Boletín 36, 22 de diciembre de 2003.

22 Touraine, A.: La revancha de la política. diario EL PAÍS, 12 de junio de 1996.

23 Sartori, G. En defensa de la representación política. CLAVES de Razón Práctica. nº 91. Abril

1999. Este artículo es el texto de la conferencia dictada por el autor en el Congreso de los Diputados con motivo del vigésimo aniversario de la Constitución española de 1978, el 9 de

diciembre de 1998.

24 Sartori, G.: Homo videns. Taurus, Madrid, 1998.

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expertos en medios, a nuestro entender nos indica que la noción de la crisis actual del concepto de representación política adquiere connotaciones claramente opuestas al avance en la profundización del gobierno democrático. El mismo Sartori, se ha venido

refiriendo extensamente al poder de los medios y su influencia en la política de nuestros días: “ la televisión condiciona el proceso electoral, tanto en la elección de los candidatos, como en su modo de combatir la disputa electoral, como en la posibilidad de que gane el ganador. Asimismo, la televisión condiciona, o puede condicionar, un gobierno, es decir las decisiones de un Gobierno : lo que puede hacer un Gobierno, o dejar de hacer, o decidir qué va a hacer” 25. Es evidente que un sistema político de éstas características tiene dificultades para ser considerado plenamente democrático

puesto que, además, una de las columnas vertebrales del sistema representativo, el de la independencia de los representantes, desaparece total o parcialmente, no en favor del demos sino de los medios, normalmente concentrados oligárquicamente en poder de pocas manos.

En los momentos actuales, en los sistemas representativos, la idea de democracia estrecha sus límites y parece reducirse cada vez más al pluralismo de unas candidaturas sometidas a libre elección y al respeto de algunas reglas de juego, pero con el papel determinante, en el proceso de elección de los gobernantes, de lo que Sartori ha definido como la videopolítica. Ahora bien, parece evidente que un régimen así connotado es más oligárquico que democrático y, con razón, puede ser acusado de establecer las condiciones institucionales para el mantenimiento o el fortalecimiento del poder de las élites dirigentes, económicas, políticas o mediáticas y, simplemente, de favorecer la unión del poder político y el dinero. Pero, como bien advierte A. Touraine, un régimen privado de principios igualitarios, o en la medida en que ésas élites se alejan de los deseos políticos de los ciudadanos añadimos nosotros, sólo puede provocar la formación de un contrasistema político, populista o nacionalista, generalmente autoritario 26.

Ciertamente, si la fuente de legitimidad de los gobernantes en un sistema democrático representativo radica en el consentimiento de la mayoría de los ciudadanos a someterse a las decisiones de aquellos, el problema del alejamiento y relativo descrédito de los representantes y la baja participación electoral, con su implicación de menor consentimiento activo de los ciudadanos, se convierten, a nuestro juicio, en fuente de problemas de gobernabilidad en nuestras sociedades democráticas, lo que a la postre puede poner en cuestión el propio sistema democrático, en la línea de lo que

apunta Touraine.

La cuestión estriba en si esta crisis actual de la democracia representativa, que a nuestro entender parece demostrada a la luz del análisis de la moderna teoría de la democracia y de los datos que proporciona el análisis empírico, puede resolverse apelando de una manera ingenua y bientencionada, aunque más o menos simplista, a la democracia directa. Compartimos en ese sentido la opinión dominante de que en los

25 Sartori, G.: La opinión teledirigida. CLAVES de Razón Práctica. nº 79. Enero-Febrero 1998.

26 Touraine, A.: El sujeto democrático. CLAVES de Razón Práctica. nº 76. Octubre 1997.

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Estados modernos, la toma de decisiones políticas unida a la complejidad creciente de nuestras sociedades impide de hecho la implantación de un sistema de democracia directa basado en sus dos instituciones centrales: la asamblea deliberativa de los

ciudadanos, sin intermediarios, y el referéndum.

Ahora bien, en el fondo de la cuestión, consideramos que estamos ante una falsa disyuntiva para resolver los problemas actuales de los sistemas democráticos y en particular, el del alejamiento de los representantes en relación a los ciudadanos.

Estaríamos de acuerdo con Bobbio cuando afirma que “entre la forma extrema de democracia representativa y la forma extrema de democracia directa hay un continuum de formas intermedias y que por ello, un sistema de democracia integral puede abarcar a las dos, a cada una de acuerdo con las diversas situaciones y las diferentes

necesidades, porque son, en cuanto adaptables a diversas situaciones y a diferentes necesidades, perfectamente compatibles entre ellas 27.

Está claro, desde nuestro punto de vista, y a la vista de la crisis de representación en las modernas democracias que corresponde, de acuerdo con lo que formulan autores como Dunn o Held 28, reinventarse y reformular los principios y la acción política y

social de manera que pueda fortalecerse la democracia en la línea de profundizar en el gobierno del demos.

Esa reinvención y reformulación sería, según nuestro modo de ver, la línea de fuerza que preside una iniciativa política e institucional desarrollada en algunos gobiernos locales y regionales  latinoamericanos desde finales de los años ochenta, para reforzar

los vínculos entre las decisiones políticas y los ciudadanos mediante la articulación de mecanismos institucionales y de toma de decisión orientados a superar el actual divorcio entre las dos partes de la ecuación política, los ciudadanos por un lado, y las

decisiones de gobierno por otro. Nos referimos a la experiencia del Presupuesto

Participativo.

3.- LA EXPERIENCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

La idea y la puesta en práctica del Orçamento Participativo (OP) o Presupuesto Participativo, nace a partir de 1989 en el gobierno municipal de la ciudad de Porto Alegre (Brasil), liderado por el Partido de los Trabajadores (PT), aunque pronto se extiende a diversos gobiernos locales de éste país y de otros países latinoamericanos como Montevideo o Buenos Aires 29.

27 Bobbio, N.: El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica. México 1996.

28 Ver Notas 7 y 8.

29 Las estimaciones de diversos estudiosos del tema apuntan a que, sólo en Brasil, alrededor de 140 municipios, entre 1997 y el año 2000, han puesto en marcha esta experiencia política

de renovación democrática. Entre estos municipios y además de Porto Alegre figuran otros de gran importancia poblacional como Sao Paulo o Belo Horizonte: Fedozzi, Luciano. Orçamento

Participativo. Reflexôes sobre a experiência de Porto Alegre. 3ª edición. Tomo Editorial. Porto

Alegre, 2001.

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La institucionalización de ésta iniciativa política, consistente en una nueva forma de toma de decisiones políticas, ha sido objeto de creciente interés fuera de las estrictas fronteras donde se desarrolla. Así, el Presupuesto Participativo de Porto Alegre fue

seleccionado por el programa de Gestión Urbana de la ONU - sección para América Latina - como una de las veintidós mejores prácticas de gestión pública. En la Conferencia mundial de la ONU sobre problemas urbanos -HABITAT II -, celebrada en Estambul en junio de 1996, ésta experiencia fue escogida como una de las 42 mejores prácticas de gestión urbana del mundo, y en ésas mismas fechas fue incluida como una de las recomendaciones de la Declaración Final de la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales para HABITAT II .

Más allá de sus virtualidades técnicas como instrumento de gestión pública, en sí mismas importantes, el OP tiene un valor fundamentalmente político. Es ése carácter y no su virtualidad técnica el que lo ha llevado ya a la constitucionalización en los

estatutos de algunas importantes ciudades de Latinoamérica. Es el caso de la Ley Orgánica municipal de Porto Alegre, que en el párrafo 1 de su artículo 116 dice textualmente que: “Queda garantizada la participación de la comunidad, a partir de las

regiones del Municipio, en las etapas de elaboración, definición y acompañamiento de la ejecución del plan plurianual, de las directrices presupuestarias y del presupuesto

anual.” En el nuevo Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires, de 1997, se ha procedido igualmente a la constitucionalización de la idea de Presupuesto Participativo.

Conviene analizar los presupuestos ideológicos que sirven de base a esta experiencia política de toma de decisiones, que en última instancia se está abriendo camino en el entramado institucional, y en particular la concepción subyacente que la misma tiene

sobre la representación política, objeto último de nuestro análisis.

El Presupuesto Participativo, en su origen, parte de una onstatación y es la de que las ciudades modernas son, hoy en día, actores políticos. En ése sentido el gobierno local debe de ser un gobierno “promotor”, es decir debe hacer, emprender, intervenir y no sólo “administrar” servicios. Ahora bien, la propia actividad del gobierno local con su actividad, inversiones, etc., puede contribuir a segmentar y dividir aún más la sociedad, aumentando sus diferencias sociales, o puede actuar en un sentido

diametralmente opuesto. A partir de ahí, sus impulsores se interrogan sobre cuáles son las experimentaciones que pueden ser realizadas en la ciudad, inclusive para conceptualizar un nuevo tipo de Estado 30.

En ése orden de cosas, la experiencia puesta en marcha no trata simplemente de incentivar la participación popular de manera más o menos espontánea, de asegurar realizaciones materiales en la ciudad, o de “engrasar” los mecanismos de la democracia formal sino de avanzar cualitativamente en la profundización de la

democracia. Así, el resultado final del proceso ha sido la creación de un nuevo centro

30 Genro, Tarso y de Souza, Ubiratán. Presupuesto Participativo. La experiencia de Porto Alegre. Editora de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 1998.

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de decisión que, junto al Poder Ejecutivo y el Legislativo han democratizado efectivamente la acción política e integrado a los ciudadanos comunes a un nuevo “espacio público”. Este nuevo centro de decisión, que incide directamente sobre el carácter y la oportunidad de las inversiones públicas, ha resultado fundamental para generar redistribución de renta y contribuir a la socialización de la política. Técnicamente, el OP se organiza a partir de la consideración política de que no es el gobierno y sus técnicos los que elaboran los presupuestos públicos y el plan de inversiones anual y plurianual de la ciudad, sino que éstos se gestan a partir de la discusión y el diagnóstico técnico-político elaborado por tres ámbitos de intervención: la población en la base geográfica de la ciudad, la población a partir de sectores temáticos y el propio gobierno municipal.

A partir del instrumento de rendición de cuentas del grado de cumplimiento del presupuesto del año anterior, (la accountability de la teoría de la democracia clásica) unido a las propuestas elaboradas por el gobierno para el ejercicio siguiente, se inicia

un proceso de debate y de toma de decisiones en asambleas ciudadanas de base territorial (dieciséis regiones municipales), y de base temática (seis grandes áreas de intervención pública). En las sucesivas rondas de debate, calendarizadas y estructuradas a lo largo del año, las regiones y las asambleas temáticas eligen y

priorizan jerárquicamente las obras y servicios, las políticas sectoriales de carácter horizontal, las obras estructurales para la ciudad, etc. Las propuestas del gobierno en éstos debates se circunscriben prácticamente a documentar las previsiones de

ingresos y gastos y establecer el nivel de gasto imprescindible (gastos de personal, mantenimiento de los servicios públicos, actuaciones no previsibles, etc.) 31.

En la primera ronda de asambleas territoriales y temáticas, se eligen delegados de asamblea, proporcionalmente al número de asistentes, y repartidos, también proporcionalmente, entre las diversas candidaturas en el caso de existir varias de

ellas. Estos delegados pasan a integrar el llamado Foro de Delegados de la región o temática. En una segunda ronda, los ciudadanos eligen, de manera directa, en cada una de las regiones y temáticas, dos consejeros titulares y dos suplentes para

representarlos en el llamado Consejo del Presupuesto Participativo (COP). Cada una de las regiones y temáticas elige dos consejeros titulares y dos suplentes para representarlos en dicho Consejo. En éste supuesto la elección es también proporcional en función de las candidaturas presentadas.

El reglamento de éste Consejo, autoelaborado por el propio organismo en función de las propuestas y los debates ciudadanos y sin intervención del gobierno de la ciudad, establece que el mandato de éstos consejeros es limitado en el tiempo ya que son

elegidos por un año, pudiendo ser reelegidos una sola vez consecutivamente.

A partir de ése momento, la ciudadanía, que realiza el proceso de democracia directa y que ya ha elegido sus prioridades en las rondas de asambleas, delega su

31 Genro y de Souza. Op. cit. Págs. 65 y ss.

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representación en estos consejeros para que elaboren, en cogestión con el gobierno el presupuesto público, las actuaciones plurianuales y el plan de obras y servicios del año siguiente.

Esta representación delegada, como emanación de la democracia directa, puede ser revocada en cualquier momento, por el Foro de Delegados Regional o Temático, convocado especialmente para este fin con un plazo de quince días de anticipación.

Una vez concluido el proceso de rondas de asambleas territoriales y temáticas que han fijado las respectivas prioridades, el Consejo del Presupuesto Participativo (COP), con presencia de representantes del gobierno a nivel exclusivamente de voz, discute y delibera sobre la estructura presupuestaria teniendo en cuenta las prioridades fijadas regionalmente y temáticamente, así como las expuestas por el propio gobierno. Sobre la propuesta final decidida en el COP, un organismo técnico, el GAPLAN (Gabinete de Planeamiento), redacta la propuesta concreta a enviar a la Cámara legislativa

municipal la cual procederá a su deliberación y aprobación en sede parlamentaria.

Para sus impulsores, en la raíz de la experiencia del Presupuesto Participativo, hay un cierto tipo de respuesta a la llamada “crisis del Estado”. Para ellos, la crisis del Estado no se asienta sólo en su fragilidad para dar respuestas materiales a las demandas de

sectores importantes de la sociedad. También lo hace en la profundización de su no transparencia e impermeabilidad para hacer frente a una realidad que se fragmenta y produce incesantemente nuevos conflictos y nuevos movimientos, los cuales se construyen alrededor de nuevas identidades y buscan crear alternativas para contraponerse al aislamiento de los individuos. La desestructuración del modo de vida moderno, derivada de la destrucción del mundo fabril tradicional - típico de la

revolución industrial -, y la consecuente destrucción de la estructura de clases que aquella encerraba, constituiría el ejemplo paradigmático de todo ello. La fragmentación de relaciones que se produce en las nuevas sociedades postindustriales acelerarían la

impotencia burocrática del Estado que ya no conseguiría relegitimarse ante los ciudadanos. En ésta situación, “si la previsibilidad del voto cada cuatro años, que es al

mismo tiempo, la fuerza y la debilidad de la representación, siempre confirió un trazo de insuficiencia a la legitimidad de los mecanismos de la democracia formal, hoy lo hace mucho más, porque la complejidad, la fluidez y la dinámica del tejido social

exigen una permanente confirmación de la legitimidad del poder” 32.

Ciertamente en los orígenes teóricos concretos de ésta experiencia política aparecen algunos planteamientos de rechazo de la democracia representativa y su sustitución por formas de democracia directa. El objetivo sería permitir que cada ciudadano

pudiera intervenir en la creación de las políticas públicas y en las demás decisiones de gobierno que tuvieran importancia para el futuro de la ciudad. Como señalan algunos de sus impulsores, las bases ideológicas iniciales del proceso se apoyaban más en

principios generales conectados con la tradición de la Comuna de París o de los

32 Utzig, Jose Eduardo. Notas sobre o governo do PT em Porto Alegre. Novos Estudios,

CEBRAP, nº 45, pág. 213. Sao Paulo, julio 1996.

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soviets que con experiencias recogidas de la realidad local. Por otra parte, se pretendía realizar una especie de “transferencia” de poder hacia la clase trabajadora organizada, con lo que sería gradualmente “sustituida” la representación política tradicional, originada en las urnas, por la democracia directa 33. Estos mismos

impulsores señalan que ésa idea original era extremadamente simplista, y que entre otras cosas olvidaba que el Poder Legislativo municipal era un organismo con evidente legitimidad política 34.

Más allá de las posibles concesiones retóricas, a la luz de la estructura de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas que se establece en el OP, creemos que, en los términos de nuestro análisis, no estamos de ningunamanera ante una sustitución de la democracia representativa por formas de

democracia directa. Ello no desmerece en absoluto el valor político que tiene esta experiencia en la profundización en el gobierno del demos. En primer lugar, porque como ya hemos referido, la estructura de toma de la decisiónpolítica final de aprobación del Presupuesto municipal mantiene el papel del Poder Legislativo y su legitimidad democrática. De hecho, para sus impulsores, las críticas y los problemas de las actuales democracias no invalidan la necesidad de un nuevo proyecto emancipatorio que incorpore elecciones periódicas y universales, con reglas justas y previsibles, pero obliga, además, a pensar en nuevas y creativas formas de

influir en el poder, para tornarlo siempre más democrático. De lo que se trata por tanto, es de democratizar radicalmente la democracia mediante la creación de instituciones

nuevas que posibiliten que las decisiones sobre el futuro sean decisiones siempre compartidas 35. En otro orden de cosas las declaraciones de principios de los teóricos del OP, sin menoscabo de su crítica al estado actual de la democracia moderna, son

taxativas al señalar que las revoluciones populares de éste siglo no mejoraron el Estado ni aumentaron o profundizaron la democracia y la participación política 36.

En segundo lugar, porque el análisis del proceso del OP (elaboración de prioridades por los ciudadanos y elección de delegados y consejeros) pone de manifiesto una simbiosis de formas de democracia directa, como la deliberación directa por los

ciudadanos y su elaboración de prioridades, o la posibilidad de la revocación de los consejeros, con formas de democracia representativa como es la elaboración final de la propuesta de Presupuesto por parte de un órgano elegido como el COP. En nuestra opinión, creemos que estaríamos, en ésa búsqueda de una democracia integral, ante un ejemplo de ése continuum de formas democráticas al que se refería Bobbio para avanzar y profundizar en la democracia en un sentido integral.

Despejado el carácter del OP como instrumento concreto de renovación democrática, no disyuntivo con la democracia representativa sino complementario y enriquecedor de

la misma, y referido también su carácter ejemplar como instrumento de gestión urbana

33 Genro y de Souza.Op. cit. Págs. 30 y 31.

34 Genro y de Souza.Op. cit. Pág. 31.

35 Genro y de Souza. Op. cit. Pág. 23.

36 Genro y de Souza. Op. cit. Pág. 27.

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reconocido por los organismos internacionales, desde nuestro punto de vista vale la pena referirse, aunque sea brevemente, a una tercera característica. En el debate político contemporáneo aparece con intensidad la idea de que las sociedades democráticas son más sólidas cuanto más estructurada está la sociedad civil 37. La propia crisis constatada de la representación política, con las aracterísticas

que hemos visto, parece que determina la conveniencia de disponer de un tejido social organizado y dinámico que corrija las insuficiencias y deficiencias de las instituciones públicas y amplíe los espacios públicos democráticos.

Algunos estudiosos del Presupuesto Participativo han señalado los prerrequisitos que parecen necesarios para que esta experiencia sea exitosa: fundamentalmente la existencia de una “base mínima” de tradición de organización social en la ciudad 38.

Cumplidos estos requisitos previos, aunque todavía está por comprobar empíricamente parece que es posible afirmar intuitivamente que el desarrollo de la experiencia del presupuesto participativo favorece un nuevo tipo de cultura política,

especialmente entre los sectores más pobres de la población y fomenta las redes sociales de confianza y solidaridad, es decir supone un incremento del capital social, según la expresión que en la politología contemporánea ha popularizado R. Putnam.

El presupuesto participativo genera además una “recalificación” de la democracia en el espacio público local al reforzar el carácter deliberativo de la decisión sobre los asuntos públicos y posibilitar la institucionalización de la democracia deliberativa 39. En

otro orden de cosas, resulta ampliamente compartido que el proceso del Presupuesto Participativo representa la construcción de una nueva dimensión de ciudadanía 40 . La importancia de ésta cuestión en sociedades en que la crisis social y económica y la

deficiente institucionalidad realiza estragos en términos de desagregación y exclusión social parece evidente para la relegitimación del sistema democrático en su conjunto.

4.- CONCLUSIONES

La experiencia del Presupuesto participativo como respuesta políticamente relevante a la crisis de la representación política en las actuales democracias, no supone la sustitución de los mecanismos de la democracia representativa por otros de

democracia directa, sino la convivencia de formas propias de cada una de ellas.

37 Ciertamente esta no es una preocupación exclusiva de la teoría política contemporánea. Ya Alexis de Tocqueville, en su obra La Democracia en América, publicada en 1834, exalta los valores de una sociedad de estas características.

38 Navarro, Zander, Op. cit.

39 Souza Santos, Boaventura, “Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a redistributive democracy”, Politicis and Society, 1998.

40 Sobre los autores que coinciden en esta percepción ver la ponencia presentada por Félix Ruiz Sánchez, Profesor de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo

(PUC/SP) y secretario general del Instituto Florestan Fernández de Políticas Públicas, y coordinador del presupuesto participativo de Sao Paulo, en el Congreso de Sociólogos del

Estado de Sao Paulo (octubre de 2001).

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Esta iniciativa política, de acuerdo con lo que han señalado algunos teóricos de la democracia, supone una ampliación evidente del proceso de democratización manifestado, no tanto en el paso de la democracia representativa a la democracia directa, como en el paso a la democracia social, expresado en el aumento de espacios

públicos en los que los ciudadanos pueden participar en las decisiones que les conciernen.

El presupuesto participativo constituye una experiencia de gestión urbana que mejora la transparencia y la gestión de las diversas políticas públicas. Desde el punto de vista político incide positivamente en la calidad democrática al mejorar el proceso de toma de decisiones mediante la deliberación de los ciudadanos sobre las prioridades del gasto público.

Finalmente se puede afirmar que el presupuesto participativo amplía los espacios de ciudadanía, incrementa la densidad del capital social comunitario e incide positivamente en la relegitimación de los sistemas democráticos.

Barcelona, marzo 2004