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viernes, 20 de octubre de 2017

AUTONOMISMO Y FEDERALISMO, (Juan Manuel de Prada)

AUTONOMISMO Y FEDERALISMO, 

por Juan Manuel de Prada

(ABC, 16 de octubre de 2017)

En una conferencia pronunciada en 1919, Vázquez de Mella profetizaba con pasmoso acierto lo que en España ocurriría si el centralismo jacobino era sustituido por un sistema autonómico dentro de un régimen de partidos políticos: «Si pudiera darse un descuajamiento del Estado actual en varias autonomías, el problema centralista volvería a darse en cada una de ellas. La Autonomía separada con relación a lo que existía, ¿afirmaría y establecería una jerarquía social, el municipio autárquico, las comarcas libres? Podéis estar seguros de que, por ejemplo, una Cataluña formando Estado aparte no se habría descentralizado más que con relación al Estado de que se había separado: dentro del nuevo surgiría una concentración de poder nueva que aplastaría dentro de sí el principio autonomista. (...) Se trataría sólo de una siembra de centralismos en todo análogos a aquel de que se partió».

¡Con razón a un hombre tan clarividente como Vázquez de Mella lo retiran de las plazas! Pues quienes nos conducen al barranco necesitan, ante todo, que las masas cretinizadas no abran los ojos. Y, aunque en España –como nos advirtiese Azaña—el mejor modo de guardar un secreto sea escribir un libro, mantener a Vázquez de Mella en las plazas podría llevar a algún loco a leer sus obras y tropezarse con páginas como la que acabamos de citar. En aquel discurso, Vázquez de Mella advirtió que el autonomismo, lejos de crear una contención al odioso absolutismo centralista, no haría sino multiplicarlo, hasta convertir España en un mosaico de pequeños centralismos a la greña que lograría tiranizar todavía más a los españoles. Si, además, ese régimen autonómico se sostiene sobre el soborno constante –como ha sido la praxis habitual en España—puede afirmarse que el autonomismo es, además, la mejor gasolina para el incendio separatista. Todo lo que nos sucede ahora nos lo habríamos ahorrado con tan sólo leer a Vázquez de Mella.

Y ahora, para remediar el desaguisado, algunos nos quieren vender la burra del federalismo, con la reformita constitucional. No seré yo quien defienda la inamovilidad de la Constitución del 78, que considero causa de muchos de nuestros males; y, desde luego, a priori un Estado federal parece preferible a otro centralizado, pues se parece más a la estructura tradicional de la monarquía hispánica. Pero, ¡cuidado!, aquel federalismo tradicional nada tiene que ver con el federalismo que ahora nos pretenden colar. Pues el federalismo tradicional, a partir de realidades concretas diferentes, favorecía la creación natural de un tejido de “jerarquía social” (familias, corporaciones, municipios…) que, en volandas de una fe común, tenía una vocación ascendente hacia la unidad. En cambio, el federalismo que ahora nos tratan de colar es exactamente su antípoda: destruye la concreta “jerarquía social” (y todas sus instituciones nacidas desde abajo) y la sustituye por abstractas “identidades nacionales” orquestadas a través de partidos políticos, que acrecientan su poder e influencia destruyendo todas aquellas instituciones que favorecen la jerarquía social vertebradora y construyendo en su lugar entes artificiosos (da lo mismo que se disfracen de autonomismo o federalismo), con el único objetivo de crear centros de poder que les permitan tiranizar a los pueblos. Aunque para ello tengan que suministrar gasolina al incendio separatista.

Este federalismo que nos venden como panacea sólo producirá una nueva siembra de centralismos disgregadores. Y será el descabello de una España ya terriblemente estoqueada por el infierno autonómico.

lunes, 6 de febrero de 2017

Contra el federalismo: el último caballo de Troya para balcanizar España (MCRC Carlos Cano)

Contra el federalismo: el último caballo de Troya para balcanizar España

Carlos Cano






Contra el federalismo: el último caballo de Troya para balcanizar España


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Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional –MC RC
DIARIO ESPAÑOL De la República Constitucional

Ante el desafío secesionista, el tema del federalismo ha vuelto a salir a la palestra de la mano del PSOE y otros partidos considerados de izquierdas, con la intención de mitigar los inciviles ánimos separatistas. Proyecto que pretende transformar la España de las Comunidades Autónomas en un Estado federal, confiando en que tal transformación satisfaría a las “naciones históricas” y, a la vez, garantizaría la unidad política de España. Este rebrote de las tesis federalistas en el PSOE, partido cuyo ideario ha defendido tradicionalmente el proyecto de la España federal, ahora se erige como un paladín entre posturas enconadas para “desatascar” el problema territorial mediante una suerte de tercera vía con ribetes hegelianos. Sin embargo, cabe preguntarse si tal empresa tiene sentido, pues, no somos pocos los que sostenemos con fuste que el federalismo no es la solución para España o, como dicen los separatistas o acomplejados, con el fin de evitar a toda costa hablar de unidad para “el Estado español”.
Es cierto, como suelen repetir los defensores de la solución federal, que ha sido el Partido Popular quien más ha hecho por “romper” España, y razón no les falta cuando señalan, como punto de inflexión con respecto al auge del independentismo, a la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional contra aquel Estatut. Todo aquello fue un hecho vergonzoso no solo por la forma en que se impugnó, sino, ante todo, porque fue un caso flagrante de cómo el poder político mete las narices en las instancias judiciales, a causa – a ver si nos enteramos todos de una vez, incluido, Alfonso Guerra, ya que para “matar a Montesquieu” primero ha de “nacer”– de ese texto llamado Constitución Española, que no separa los poderes del Estado y que permite que un partido corrompido hasta el tuétano como el PP, con una estructura interna de partido basada en la corrupción sistémica y sistemática, haya gozado de posiciones de privilegio en las instituciones; precisamente, gracias a la inseparación de poderes que conduce, indefectiblemente, hacia la corrupción.
Pero tampoco conviene olvidar que toda aquella izquierda que proviene de los Pactos de la Moncloa, tiene, también, su porcentaje de responsabilidad; por eso, pese a que el PP haya sido una “fábrica de independentistas,” tal y como repiten muchos, a veces de manera maquinal, no es verdad esa cantinela que pretende hacernos creer que solo existe un factor o una “mono-causalidad” a la hora de comprender la realidad del País Vasco y Cataluña. A menos que uno se contente con el argumento simplista y tranquilizador de que todo lo que está sucediendo en Cataluña se debe al “españolismo centralista” del PP, no se puede entender la confusión reinante en toda la opinión pública, sin caer en la cuenta del papel que juegan los medios de comunicación, sobre todo, después de años de uniformación del criterio público contra la libertad de opinión y de conciencia. En el caso específico de Cataluña, medios de comunicación separatistas que, por cierto, a lo largo de estos años de Estado de las “autonosuyas” – en recuerdo de la divertida y premonitoria película de 1983–, han sido pertrechados, mediante generosas subvenciones públicas, con los impuestos de todos –incluidos, también, el de los catalanes no separatistas–. Siguiendo así la misma lógica del pujolismo cuando se refería a “hacer país”; aunque todo el mundo ya sabe que “hacer país” significaba realmente robar. Caso aparte merecen los intelectuales y filósofos, algunos de ellos eximios en su disciplina, que a lo largo de toda esta mentira han sido capaces de medrar impúdicamente a través del papanatismo académico; incluso dentro de la mismísima Universidad, convertida ahora en un semillero de arribistas malandrines y de paniaguados.
Por tanto, siguiendo esa lógica omni-explicativa basada en que el “españolismo” es el gran problema de todo, no se puede explicar por qué en Cataluña la hegemonía cultural está, en este preciso momento, en manos de medios de comunicación y persuasión separatistas. Fue Bobbio quien, después de analizar las tesis de Gramsci sobre el concepto de hegemonía, se refirió a la hegemonía cultural como el espacio de disputa que se da en la sociedad civil. Asimismo, tampoco es correcto hablar de “hegemonía cultural catalanista”, en la medida en que ni allí ni en el resto de España existe una sociedad civil no gubernamentalizada y espontánea que no haya sido secuestrada o pervertida por los partidos estatales y su propaganda. Y no existe sociedad civil porque los partidos políticos en tanto que son órganos del Estado, son los únicos intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. Es lícito preguntarse entonces hasta qué punto la Societat Civil Catalana tiene legitimidad para monopolizar la voz de aquellos catalanes que, supuestamente, participan de manera libre y espontánea en “el procés”, sin el concierto de los partidos estatales de la Generalitat.
Por ello, de la única hegemonía que se puede hablar en esta España de la monarquía de partidos estatales es de la “hegemonía electoral”. Porque la lucha hegemónica dentro del Estado de Partidos, en vez de darse en el seno de la sociedad civil, como creía Gramsci, se da en el Estado. Y consiste, fundamentalmente, en la lucha por el poder del Estado desde el Estado. Y en el caso, catalán, específicamente, se trata de una hegemonía, auspiciada y subvencionada desde el propio “Estado español” (Centeno 2016); hecho paradójico, por no decir irrisorio, ya que se está financiando la sedición con el dinero del contribuyente. Si esta irresponsabilidad del gobierno de Rajoy no rayara lo penal, uno se sentiría tentado a emitir una sonora carcajada.
Huelga recordar el reproche de C. Schmitt al parlamentarismo: “el poder político puede formar la voluntad del pueblo, de la cual debería partir” (Mora 2010, p.27). Por eso, mientras en Cataluña existan fuentes privilegiadas de ideas, no hay ni puede haber razones, solo y exclusivamente puede haber voluntades de poder y propaganda.
Frente a este panorama, los que no estamos de acuerdo ni suscribimos la solución federalista para España, corremos el riesgo de ser acusados de “fachillas” por aquellos que impugnan el “unionismo” en nombre del federalismo o del “consenso”. Por esta razón, todo posicionamiento decididamente anti-nacionalista, corre el riesgo de ser capitalizado por las derechas o el PP; sin embargo, esta penosa situación solo evidencia, a mi juicio, el estado deplorable de las izquierdas acomplejadas, que, durante estos años de autonomismo centrifugador, han asumido y tolerado, con la connivencia de las instituciones y el erario público, la nescencia y la jerigonza separatista, sobre todo, aquellas que para poder gobernar, han tenido que cambalachear y comprometerse con gobiernos nacionalistas.
El federalismo supone, tal y como sugiere su propio nombre: “federar”, palabra que proviene del latín foedarae, cuyo significado es “unir”. Entonces, en el caso concreto de España, me pregunto lo siguiente: ¿qué sentido tiene separar lo que ya está unido para volverlo a unir después? Máxime, si nuestro actual Estado de las autonomías es ya de facto un Estado federal, dado el alto grado de descentralización y el número de competencias, mayor, inclusive, que en otros Estados propiamente federales.
A priori, la alternativa federal surge con el propósito de contener al separatismo; si bien es cierto que muchos de los que ahora pretenden con buena voluntad desempolvar el federalismo, lo hacen, estratégicamente, para encauzar el irracionalismo más abyecto del independentismo; tampoco lo es menos esta intentona que parece, más bien, un recurso retórico o un comodín que se saca de la manga un tahúr para llevar a cabo sus trapazas. ¿A nadie se le cae la cara de vergüenza al sacar súbitamente el tema del federalismo después de años de alianzas irresponsables con ideologías filofascistas y anti-españolas?, ¿qué credibilidad tienen aquellos que ahora pretenden enmendar su error con futiles proclamas?, ¿no es todo este embrollo del lenguaje un intento de quedar bien con todo el mundo producto, quizá, del sempiterno talante ambiguo de la izquierda indefinida?
Mientras que para algunos el federalismo es la solución más razonable; para otros, es un proyecto que supondrá un paso más hacia la secesión, precisamente, por una cuestión bastante obvia, a saber: que es más sencillo pasar de la condición de Estado federado o asociado a la condición de Estado independiente no asociado; que pasar de la condición de Comunidad Autónoma a la de “Estado libre autodeterminado” (Crf. Bueno 1999, p.443-5). Porque el federalismo, pese a que se diga que es la solución más sensata y “dialogante”, es un flatus vocis que constituiría el último caballo de Troya para dinamitar lo poco que queda de una conciencia española (Trevijano 1994).
Me pregunto cómo se puede garantizar la soberanía de la nación política española, en un supuesto y no deseable Estado federal, si la estructura estatal atomista que se propone, implica que todo lo que no sea relativo a su “unidad atómica”, o sea, al “estado” o “región” federada es siempre de segundo orden. Por ello, el sentimiento de pertenencia que pueda tener un ciudadano vasco en un hipotético Estado federal, será siempre superior y anterior a su identidad española. ¿Cómo se puede defender la conciencia nacional destruyendo su unidad política constituyente? (Trevijano 2012).
Cuando los defensores del federalismo hablan de federar, son tan ambiguos que no precisan si se están refiriendo a federación o confederación, pues, como todo el mundo sabe, no son términos intercambiables y expresan realidades muy distintas. No obstante, nosotros, el MCRC, defendemos que ni una cosa ni la otra son aplicables a la nación política española, sobre todo, si lo que se pretende es, precisamente, defender lo poco que queda de una soberanía nacional supeditada a ese monstruo supra-nacional y profundamente anti-democrático que se llama Unión Europea. En primer lugar, la federación solo es posible en el momento preciso en el que se constituye un Estado. Caso paradigmático de estado federal es Estados Unidos y su Segunda Constitución del 1787, acto donde las trece colonias aprueban abandonar su condición de estados independientes al ceder su soberanía a la federación. Pero España tampoco puede ser jamás un estado federal en el sentido de asociación confederada, porque ello implicaría reconocer la preexistencia de estados independientes que han decidido federarse.
El proyecto federalista que pretende transformar el modelo actual de las autonomías en un estado federal no solo supone introducir una moneda falsa en el curso de la opinión pública durante un momento de crisis de Estado, sino que, además, supone un retroceso. El reformismo político, como no quiere oír ni hablar de ningún proceso de libertad constituyente, tal y como ha llegado a expresar el catedrático de Derecho Constitucional, Gregorio Cámara, es incapaz de ir más allá del modelo territorial y constitucional alemán. Si bien es cierto que desde las propias posiciones reformistas se reconocen y se diagnostican las deficiencias de la vigente constitución, no es tampoco menos cierto que el catequismo oficial de la jurisprudencia constitucionalista del régimen partidocrático del 78, sea incapaz pensar en algo nuevo y español que no provenga de Alemania. Hecho paradójicamente idéntico a cuando Rajoy va a Bruselas a que le digan lo que tiene que hacer en política económica y en recorte presupuestario –traduciéndoselo, por supuesto– porque le es inconcebible ya no solo actuar, dado su carácter timorato, sino, ante todo, porque es incapaz de pensar soluciones diferentes.
Cuando desde posiciones rupturistas expresamos nuestra disconformidad con el régimen partidocrático del 78, no empleamos el término “partidocracia” de manera imprecisa o baladí, como hacen los ignaros de Podemos, sino que lo utilizamos de manera precisa y rigurosa, conforme a la mejor jurisprudencia alemana; pues, el que fue presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, Gerhard Leibholz, calificó de Partenstaat –“Estado de Partidos”, según expresión de García Pelayo– a nuestros actuales régimenes políticos, configurados tras la II Guerra Mundial en la Europa Occidental.
El Estado de Partidos se caracteriza por la supresión total de la clásica representación política liberal mediante la representación proporcional de listas de partido. La CE de 1978 estatuye en los artículos 6 y 68,3 un régimen partidocrático porque sustituye la antigua representación política liberal-parlamentaria, por la integración de las masas en el Estado a través de los partidos con arreglo a su cota electoral.
El que fuera el primer presidente del Tribunal Constitucional español, Manuel García Pelayo, menciona a Leibholz para referirse a que el Estado de Partidos trae aparejado un conflicto con el Derecho Constitucional porque las bases sobre las que se asienta el parlamentarismo clásico se desdibujan en el marco de este tipo de regímenes (Pelayo 1986). Por esta misma razón, todos los problemas relativos a la legitimidad democrática del régimen del 78 –previstos por esa “inútil” Casandra llamada Maverick Trevijano, que llevaba, hasta hace no mucho, clamando en el desierto denunciando la corrupción inherente a la Constitución de 1978–, son solucionados en la Teoría Pura de la República (2010), a través de un régimen verdaderamente democrático que se fundamenta sobre la base del equilibro entre dos instituciones separadas de origen: la presidencialista y la parlamentaria.
Los que defendemos la República Constitucional, no solo nos oponemos radicalmente a la reforma de la Constitución del 78, sino a todo el régimen falso de la Transición que no fue producto, como sostienen sus corifeos, de un proceso de libertad constituyente, en donde todas las alternativas, incluida también la de la ruptura total y absoluta con el franquismo y la monarquía, estuvieran pública y proporcionalmente promocionadas durante un proceso de libre deliberación. Y no como aquella pregunta sobre la posibilidad constitucional, capciosa y binaria, que se le planteó a un pueblo con tantas ansías de libertad  y prosperidad tras más de 40 años de dictadura. Por eso y mucho más, juzgamos que los actuales partidos de esta monarquía de partidos estatales no pueden brindar al pueblo español la solución de nada, puesto que ellos mismos son parte del problema.
La representación política propia de la República Constitucional que propugnamos,  está basada en la representación por mayoría uninominal. Porque un sistema electoral como el nuestro, con las listas de partido y la financiación de estos por el Estado, demuestra desconfianza de la clase política y de sus promotores hacia el pueblo. Entonces, basta con cambiar el sistema electoral y separar los poderes del Estado. Basta con dar a los ciudadanos el derecho de elegir a sus representantes de distrito y el de nombrar o deponer directamente a sus gobiernos. En definitiva, lo que necesitamos es una nueva constitución que separe verdaderamente los tres poderes, porque la corrupción es inherente a la no separación de los poderes estatales. Todo lo demás es parchear un sistema que chirría y hace aguas por los cuatro costados
Finalmente, las consecuencias que tendría la República Constitucional española para con las autonomías y los nacionalismos periféricos, el Presidencialismo, al separar el poder ejecutivo del gobierno del poder legislativo de la Nación, permitiría transferencia continua de competencias a las autonomías (González 2015). En la medida en que la ley electoral no fuese proporcional y se eligieran a los diputados por distrito, los municipios tendrían garantizada su representación en el Parlamento y, a su vez, también se descentralizaría el Estado. Si todas las regiones que componen España eligiesen directamente al Presidente de la República, entonces existiría un vínculo nacional más poderoso y unitario que la actual España de las “autonosuyas” centrifugadoras.
Deberíamos reflexionar ante el hecho de por qué muy a menudo solemos asombrarnos con el patriotismo estadounidense o francés, especialmente, cuando ha sucedido alguna catástrofe nacional que ha afligido a todo un país. A nosotros, los españoles, pueblo cainita y fraticida, a menudo nos preguntamos con perplejidad por qué todos esos franceses son capaces de cantar la Marsellesa sin avergonzarse. Quizá el Presidencialismo tenga algo que ver en ello.

REFERENCIAS
  • BUENO, GUSTAVO. 1999. España frente a Europa, Alba Editorial, Barcelona.
-2008. «La vuelta al revés de Marx», en El Catoblepas, nº 76, junio 2008, p.2. [http://www.nodulo.org/ec/2008/n076p02.htm].
  • CENTENO, ROBERTO, «Rajoy sí paga a traidores» en Diario Español de la República Constitucional (21/3/2016). [http://www.diariorc.com/2016/03/21/rajoy-si-paga-a-traidores-2/].
  • GARCÍA PELAYO, MANUEL. 1986. El Estado de Partidos, Alianza Editorial, Madrid.
  • GARCÍA-TREVIJANO, ANTONIO. 1994. El discurso de la república. Del hecho nacional a la conciencia de España, Temas de hoy, Madrid.
-2012b.«Federalismo inservible», en Diario Español de la República Constitucional (15/11/2012). [http://www.diariorc.com/2012/11/15/federalismo-inservible/]

martes, 5 de agosto de 2014

El espíritu de asociación (Luis Carretero Nieva 1917)



El espíritu de asociación


El amor a la independencia es carácter peculiar del pue­blo castellano, conservado, siempre en aumento, hasta re­cientes siglos. No sucede lo mismo con el
afán de aisla­miento que hoy domina a los castellanos, pero que no ha sido en tiempos pasados defecto de la raza. Muy al contra­rio, los ascendientes de los castellanas viejos son unos antiquísimos precursores de la federación en España, tanto que sus naciones fueron de las únicas de la península que formaron entre sí una federación, no limitándose a esto su deseo de asociarse con otros pueblos, ya entre cánta­bros e iberos, sino una federación permanente, hubo al menos repetidas alianzas y cambios de auxilios.

Un hombre tan autorizado a hablar de estas cosas como D. Francisco. Pi y Margall, escribe lo siguiente: (Las Na­cionalidades,, Libro III, Capitulo 1):

«Se da generalmente el nombre de España a toda la tierra que al sudoeste de Europa separan del resto del Continente los montes Pirineos y el mar de Cantabria. La Historia, en sus primeros tiempos, nos la presenta habitada por multitud de naciones que no enlaza ningún vínculo social ni político. Viven todas completamente aisladas, y ni siquiera se unen para contener las invasiones de Car­tago y Roma, que no tardan en hacer de esta infortunada región pasto de su codicia y campo de batalla de sus eter­nos odios. Si algún día las junta la necesidad,  con la ne­cesidad desaparece la alianza. Solo de cinco de estas naciones sabernos que se confederasen: las de la Cel­tilberia. De las demás, combate ordinariamente cada cual por su reducida patria, no siendo raro que esgrima a la vez sus armas contra los extranjeros y los vecinos. En la época de Augusto sucede por acaso que astures y cántabros se alcen contra las legiones de Roma; a pesar de su contigüidad y de sus comunes peligros no confunden ni reúnen jamás sus ejércitos». Y poco después agrega el gran escritor del siglo pasado, hablando de las mismas gentes autóctonas de España: «Llevan unas su espíritu de independencia hasta la ferocidad y el heroísmo, consagrándose hasta la muerte por no consentir la servidumbre: doblan otras fácilmente la cabeza al extranjero y se acomodan al trato de sus vencedores. Es distinta su cultura y hasta su origen. Proceden urcas de los iberos, otras dé los celtas y otras son mezcla de las dos razas».


Observemos ahora que la Celtiberia fue conocida con este nombre por los escritores griegos y romanos, que fun­dados en su situación occidental, con relación a los demás pueblos iberos, la supusieron poblada por una raza mezcla de ibera y de celta; pero un análisis de las costumbres, de las poblaciones, de los vestigios todos de la vida de nues­tros ascendientes, y el estudio de los mismos escritos de los propios autores, demuestran que no tenían ni la menor semejanza, ni afinidad de ningún género con los pueblos celtas, siendo hoy verdad reconocida y sancionada que los celtas no influyeron para nada entre los pobladores de la llamada Celtiberia. Esta región era, como dice el gran Pi y Margall, una confederación de cinco pueblos y según el sabio Costa, estas tribus o naciones eran: Arévacos, Tur­módigos, Belos, Tithios y Lusones (lusitanos aragoneses). No se comprendía en esta confederación a los vacceos, nación o tribu celta, más o menos pura, la más civilizada entre las confinantes con la llamada Celtiberia, que ocupaba tierras de Valladolid, Palencia y Zamora.

Pero, lo que nos importa para nuestro objeto es fijarnos en esa disposición de nuestros ascendientes tan favorable a la asociación, que les indujo a formar una confederación cuando todos los pueblos españoles vivían en el mayor, mientras que el nuestro no sólo se confederaba entre sí, sino que entablaba relaciones con los cántabros que fueron todo a lo largo de la historia compañeros tan inseparables de Castilla la Vieja y tan esenciales en constitución que sin el concurso del pueblo cántabro, ni hoy ni en el pasado se concibe a nuestra región.

 

Lo que importa a nuestro objeto es señalar que los castellanos conservando siempre su libertad local, constituían sin embargo confederación; tanto que el Sr. Lecea, copiando al Sr. Pidal, dice en su libro La Comunidad y Tierra de Segovia, hablando de la constitución de Castilla «...era por este tiempo, digámoslo así, federal, una multitud de pequeñas repúblicas y monarquías, ya hereditarias, ya electivas, con leyes, costumbres y ritos diferente a cuyo frente estaba el jefe común.» Ese jefe común no era otro más que el rey de Castilla. Prosigue el Sr. Pidal diciendo: «En Castilla había varias clases de gobierno una era el de las Comunidades o Concejos, especie de repúblicas que se gobernaron bastante tiempo por sí mismas, que levantaban tropas, imponían pechos y administraban justicia a sus ciudadanos›


El espíritu de independencia es genuinamente ibero genuinamente cántabro; genuinamente castellano, por tanto, hasta el punto que ningún puebla del mundo podría prestar ejemplos tan concluyentes de heroísmo por la independencia como los de nuestras antecesores, pero ese espíritu de independencia viene unido a otro de solidaridad con el vecino, que dio coma resultado no tan solamente confederación de las municipalidades castellanas, formando el reino, sino también la creación de aquellas Hermandades de que después hablaremos, que son otra prueba más del espíritu federativo de los viejos castellanos.
Hemos señalado como rasgo característico de nuestro pueblo, un amor sin límites a la propia independencia, pero hemos dicho también que era condición peculiar de nuestras gentes el respeto a los pactos, la fidelidad tan alabada por amigos y enemigas de nuestra gente, y con el respecto al pacto una consideración firme y decidida a la persona ajena. ¿Puede haber pueblo con mejores condiciones carácter que estas para vivir en confederación? ¿Puede ser un pueblo así dominador ni absolutista?

El culto a la independencia originó la autonomía de los concejos castellanos y el sentido de federación procuró la unión de unos y otras formando la nación merced al vínculo federal del que era representante el poder real.


La fidelidad característica de la raza para la observación de todo lo pactada, era el principio de armonía entre estos dos temperamentos de nuestra gente, ya que todo el go­bierno del país consistía en el cumplimiento de los fueros locales o generales que más que otra cosa eran pactos verdaderos entre cada villa, ciudad o comarca y el rey símbolo del conjunto de todas ellas, entre el interés local represen­tado por el municipio y el general representado por la monarquía. Cuando se rompió este equilibrio, cuando se deja­ron de observar los pactos, cuando el poder real se desnaturalizó olvidando su misión, comenzó la corrupción del cuerpo castellano su alma se disipó en el tiempo y el espacio.

Valentin Almirall, el propulsor del movimiento regio­nalista de Cataluña, dice en su libro El Catalanismo, al describir el carácter catalán: «otra circunstancia muy digna de tenerse en cuenta en el temperamento de nuestro pue­blo, es su repulsión a ensalzar a los hombres y su afán de arraigar instituciones. Los hechos más grandiosos de nuestra historia y hasta los de nuestra leyenda, son o parecen ser obra de la colectividad». Esto que Almirall dice de Cataluña y los catalanes es tan aplicable, o mejor dicho,
más aplicable todavía a Castilla la Vieja, del mismo modo que parecen pronunciadas expresamente para Castilla aque­llas p labras del maravilloso Castelar: «Si hay algún árbol cuyas raíces lleguen hasta las entrañas de nuestra tierra y se pierda entre los celajes de las tiempos pretéritos, sin  duda alguna es la forma municipal, derivada las primeras tribus autóctonas y definida por la prudencia  y sabiduría de Roma». Es decir, que ya tenernos aquí una institución tan antigua tomo nuestros autóctonos, del pueblo, de la colectividad, anónima en su origen, que aun cuando institución general entonos los antiguos reinos o naciones de la península, no alcanza en ninguna de ellas la grandiosidad que en Castilla, ni produce  en ningún sitio tan variadas derivaciones como en nuestra tierra.


Aquí, corno en todo cuanto se refiere a Castilla la Vieja tenernos que suplicar siempre al lector y recordárselo continuamente, que no confunda a nuestra región o antiguo ,reino de Castilla con la agregación de que formó parte llamado por antonomasia y con una falta de precisión, cuya consecuencias pagamos ahora, con el nombre de Castilla pero integrada, sobre todo, por el reino de León y estando regidos por la misma corona leonesa como Asturias y Galicia y las conquistas hechas por todas esas naciones leonesas, siendo motivo de continua confusión que el todo se denominado con la palabra, nombre de una parte y precisamente de aquella que, por su abolengo de raza, por el temperamento de su gente, por la situación geográfica que ocupa en contacto con otros pueblos más afines a ella que los que por azar fueron sus compañeros de agregación, por sus costumbres civiles, y por su manera de vivir más se distinguía del conjunto de los estados, agregados solo por el hecho de tener el mismo monarca. Así es que cuando Almirall marca la condición de los catalanes que se consigna en las palabras arriba transcritas, trata de hacer resaltar una oposición entre el carácter catalán y el que toma por castellano,
confundiendo a Castilla con el conjunto de las pueblos o naciones a que estuvo agregada.

Las naciones leonesas (León, Asturias y Galicia) como pueblo que llevaba en sus venas más o menos porción de sangre celta, se distinguían por su temperamento conquistador, necesitaban caudillos que las guiasen, y los caudillo son siempre figuras ensalzadas a las que los pueblos dominadores tienen que aguantar a veces con la misma humille humillación que los pueblos conquistados.


El temperamento de Castilla es otro muy distinto. Desde los iberos hasta nuestros días, apenas suenan nombre personales en nuestra historia; toda -es anónimo, todo es labor colectiva y no se sabe la mayor parte de las veces dónde, cuándo, ni cómo se inició. Una de las más grandiosas epopeyas de la historia de toda el mundo, la forman los sitios de Numancia, y sin embargo, las plumas que rinden a la ciudad ibera los más honrosos homenajes que se han escrito, apenas consignan los nombres de Megara y de Retogenes, tal vez porque en el recinto numantino no había más figuras distinguidas que las precisas, muy respetadas sin duda alguna, pero nada aduladas ni glorificadas. Aparte la figura del Cid, de tan marcados rasgos godos, poco ligada a su nación, hasta el extremo de militar muchas veces con otros reyes en empresas que en nada interesaban a Castilla, aparte de esta figura con tantos caracteres de legendaria, los héroes que ha producido Castilla por si sola, se han limitado a recobrar el suelo patrio castellano, de­biendo de reconocer que no han existido personajes que, cubiertos de laureles por su pueblo, hayan dado a la poste­ridad nombres gloriosos; Lo que pasa en el orden guerrero, ocurre del mismo modo en la literatura; así es que sabemos que el Poema del Mío Cid fue lanzado al aire desde los riscos sorianos de Medinaceli, pero no sabemos quién fuera el cantor anónimo. Otro tanto ocurre con nuestras instituciones celebradas por sus méritos, sin que los honores lleguen a sus autores, porque esto es también en Castilla o de autor desconocido o producto del esfuerzo de todos. Hay que  confesar que Castilla tiene el defecto de no premiar con un recuerdo honroso a los hombres que la engrandecieron­



Luis Carretero Nieva
El regionalismo castellano.
Segovia 1917
Pp. 77-83

 
 
 

viernes, 25 de julio de 2014

Las Regiones (Elías Romea, Administración local 1886)


XIII

Las Regiones.

Avanza siempre, pero en espiral.
Goethe

Ya expusimos el desarrollo de este ciclo orgánico administrativo y ahora vamos á insistir sobre punto tan interesante. La demarcación provincial y la de los partidos judiciales nacieron por las ne­cesidades administrativas del Estado, así que son creación de este. Los Reinos, los Principados, Los Condados, Marquesados y las tierras de las villas y ciudades, nacieron por el contrario, al calor de nuestras evoluciones históricas, al compás de nuestras lanzas reconquistadoras y, en consonancia y adaptación de la topografía y producciones del país con el carácter, dialecto y costumbres de nuevos pobladores;
estos Reinos, estas Regiones son entidades reales y positivas que el Estado no ha podido sustituir, ni mucho menos borrar del comercio social con esas demarcaciones crea­das á su antojo, como son las provincias y partidos judiciales. Los catalanes se llaman catalanes, sean del Ampurdán ó del Prio­rato; los andaluces, andaluces, así sean del condado de Nieblas como de la serranía de Ronda; los valencianos, valencianos, lo mismo los serranos de Castellón y Segorbe que los huertanos de Alicante, como todavía subsiste la división de castellanos viejos y nuevos. Los primeros constitucionales españoles no hicieron en esto mas que imitar servil y desdichadamente a los revoluciona­rios franceses, al instituir las provincias actuales, "desgarrando los cuerpos vivos de los antiguos estados, despedazando de su patria con nueva división administrativa", según frase del célebre irlandés Burque. De ahí que á las Regiones se les debe reconocer legal­mente y darles é infundirles la vida que tuvieron, en la historia, restableciendo ese vínculo y ese nexo que fue el alma de nues­tra reconquista y por ende de nuestra nacionalidad. Siendo Mi­nistro de la Gobernación D. P. de la Escosura en la revolución del 54 se intentó por decreto, instaurar las regiones antiguas de nuestra nación, pero tan buen pensamiento se abandonó después, derogándose a seguida de la caída del partido progresista, tan lau­dable disposición. Después en los proyectos de reforma de los se­ñores R. Robledo, Moret y sobre todo en el nonnato del señor Silvela, ha renacido esa idea que todavía se halla en el periodo de gestación, pero es tal su virtualidad, que es de esperar con­fiadamente, salga algún día vivificada legalmente de nuestro parla­mento, porque como ha dicho con sobrado fundamento el insigne tratadista de derecho constitucional B. Constant: «es preciso intro­ducir en la administración mucho federalismo” que no es opuesto a la unidad de la patria, como una experiencia secular lo viene comprobando en Inglaterra, Holanda, Alemania, Dinamarca y has­ta en la autocrática Rusia, circunstancia que no tienen presente ciertos espíritus apocados y, asustadizos. El particularismo regio­nal, el localismo histórico debido á la variedad de clima y á la constitución de nuestra nacionalidad, es tal en España, según ob­serva el gran Spencer, que no puede igualarle otra nación.

Al constituir las Regiones queremos instaurar la regionalidad histórica y tradicional
que no es el federalismo pactista, que no puede ser el separatismo y el descoyuntamiento de la unidad nacio­nal, lograda á costa de tanta sangre, de sacrificios tantos y de tantos siglos de épica lucha; el regionalismo que deseamos cons­tituir, es el genuino y auténtico regionalismo, que no es otra cosa que la descentralización en todas las manifestaciones de la vida so­cial, desenvueltas en un organismo relativamente autónomo, con subordinación prudencial y harmónica al poder central; de esa ma­nera combatiremos ese macrocefalisrno que nos corroe y nos desangra, consumiéndonos por plétora en Madrid y en las capitales y muriéndonos de anemia en los lugares y aldeas; con la constitu­ción de las Regiones se difundirá y repartirá la vida nacional, que renacerá como el Ave Fénix, concluyendo esa concentración del poder y de servicios que caracteriza á nuestro Estado, todo cabeza y en su apoteosis constituido en Estado-Divinidad: por eso desea­mos que las categorías graduales y progresivas, individuo, familia, municipio, provincia, región sean autónomas en el desarrollo de los elementos de vida, es decir, en su vida interna, con órbita bien delimitada y subordinadas en la externa al círculo superior jerár­quico inmediato. Así también el Estado dejará de ser el arbitro de España y el Gobierno el tirano de los españoles

Así como el comunalismo es el complemento del familismo y de este el provincialismo, del propio modo el regionalismo lo es del provincionalismo, a la manera que el patriotismo, el amor de la patria, es el círculo máximo que abraza é integra á todos esos par­ciales amores y á todos esos vínculos graduales inferiores.

A la acción enérgica, tiránica y absorbente de la centralización, tenía que suceder por ley social necesaria inevitable, la reacción vivificadora del regionalismo descentralizador, amoroso y paternal como las auras de la patria,
pero no el regionalismo estrecho, mez­quino y bastardo de las banderías políticas
, sino aquel regionalismo puro, genuino, auténtico, arrobador, que parte del santo suelo donde el sol pristinamente nos alumbró, donde recibimos las cari­cias maternales, donde pequeñuelos jugueteábamos, donde el casto amor enardecía nuestro corazón y donde se guardan las sacrosan­tas cenizas de nuestros padres y hermanos; en fin, del regionalis­mo, todo sentimiento idolátrico, todo recuerdos y tradiciones del sabor de la tierruca, que es la harmónica forma cristalográfica del nacional sentimiento de la integridad de la patria. El cesarismo re­volucionario, ha dicho C. Perin, que no admite en la sociedad ,más que dos derechos, el del individuo y el del Estado, es el enemigo irreconciliable de las libertades locales.

En este concepto y teniendo presente la antigua demarcación de Reinos que han constituido la nacionalidad española, hemos for­mado el proyecto de división de Regiones, señalándoles las capita­les y acompañándoles algunos datos estadísticos que lo ilustran y como se verá, de él resultan diez Regiones y en nuestro humilde parecer son las que más se amoldan á nuestros antecedentes histó­ricos y á la topografía de nuestra península. Casi todas ellas tienen cinco provincias, excepto la Andalucía occidental, que por com­prender las dos provincias de Extremadura tiene seis: en cambio la vasco- navarra y la aragonesa tienen cuatro, incluyendo en esta última la de Logroño, por sus afinidades de carácter, de produccio­nes y topografía. Las capitales son las mismas que la tradición secular viene señalándolas como tales, excepto en la galaico-asturiana, que seria muy inconveniente levarla á la Coruña, por su excentricidad y por eso hemos señalado Lugo como capital, por ser punto más equidistante entre Asturias y Galicia. Lo propio acontece con Tolosa, antigua capital de Guipúzcoa, en la región vasco-navarra. Los nombres que damos á las Regiones son los mismos que llevan en nuestra Geografía histórica y política, !amentando que á la Andalucía occidental no le hayamos podido llamar Bético-Extremeña, ya que llamamos á su congénere y hermana, Andalucía occi­dental, porque el nombre de Andalucía es más usual que la palabra latina Bética. La población, extensión y riqueza de cada una, son suficientes, en nuestro concepto, para atender los fines que les hemos cometido, excepto la vasco-navarra que resulta un poco exigua, pero es una unidad histórica, etnográfica y topográfica tan interesante y tan importantísima, que nos atrevemos a decir sería un atentado alevoso, el segregar desgarrándolas esas cuatro her­mosas hermanas que forman una las más valiosas preseas que abrillantas y, avalorar la corona de España, por su laboriosidad, por su honradez, por su carácter y por sus venerandas institucio­nes, ensalzadas y envidiadas en el antiguo y nuevo continente y que merecen conservarse en mármoles con letras de oro. Afirma el gran Le Play, hablando de ellas, que no ha hallado ni en Europa, ni en Asia, ni en América, raza ninguna en la cual la paz social reine en tan alto grado como entre nuestros vascongados, lo cual consiste en que en parte alguna existe una sumisión más completa a las instituciones fundamentales de la humanidad.

GALICIA

Capital: Lugo

Provincias

Asturias
Coruña
Lugo
Orense
Pontevedra



CASTILLA LA VIEJA

Capital :Burgos

Provincias

Ávila
Burgos
Santander
Segovia
Soria



CASTILLA LA NUEVA

Capital :Madrid

Provincias

Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Madrid
Toledo


ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Capital:Sevilla

Provincias:

Badajoz
Cáceres
Cádiz
Canarias
Huelva
Sevilla


ANDALUCÍA ORIENTAL

Capital:Granada

Provincias

Almería
Córdoba
Granada
Jaén
Málaga


VALENCIA

Capital:Valencia

Provincias

Albacete
Alicante
Castellón
Murcia
Valencia



CATALUÑA

Capital:Barcelona

Baleares
Barcelona
Gerona
Lérida
Tarragona


ARAGÓN

Capital:Zaragoza

Logroño
Huesca
Teruel
Zaragoza



VASCO-NAVARRA

Capital:Tolosa

Provincias

Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Navarra


Las Diputaciones Regionales, lo propio que las Provinciales y como los Ayuntamientos, son corporaciones exclusivamente ad­ministrativas, de cuya gestión estarán encargados cuatro diputados por cada provincia de su demarcación, elegidos por las Asambleas municipales y con el procedimiento que hemos propuesto para las elecciones provinciales, siendo preciso para ser electo Dipu­tado regional, haber sido todo el tiempo legal Diputado pro­vincial ó Vocal de una asamblea municipal, con juicio de resi­dencia favorable, sin haber sufrido condena por comisión de de­lito. La Comisión regional se compone de tres Diputados elegidos á suerte; los turnos en forma idéntica á las Comisiones provin­ciales, á fin de que en ningún turno haya dos diputados de una mis­ma provincia, y como en las regiones que tengan más de cinco pro­vincias sobrarán diputados, se procurará repartir equitativamente los turnos, quedando de suplentes, á suerte también, los diputados á quienes no les haya tocado turno. En cambio las Regiones como la Aragonesa y Vasco-Navarra, por tener solamente cuatro pro­vincias, elegirán cinco diputados en vez de cuatro, como las otras, para tener personal para los seis turnos. Las Diputaciones y Co­misiones regionales, se constituirán y funcionarán de la misma for­ma que las provinciales y serán para estas lo que ellas para los Ayuntamientos, es decir, que las Diputaciones regionales son los superiores jerárquicos de las provinciales. El Presidente disfrutará cinco mil pesetas y cada Vocal de la Comisión regional tendrá cuatro mil pesetas de indemnización, siempre que no sean veci­nos de la Capital, y los Diputados quince pesetas por sesión.

Los gastos obligatorios para las Diputaciones regionales serán:

1º Personal y material de sus oficinas.

2º Sostener una facultad de Medicina y Cirugía y otra de Derecho o de Farmacia o escuela de Veterinaria; una escuela de maes­tros y maestras superiores y una granja escuela de agricultura y ganadería, propia de los cultivos de la región y subvencionar las escuelas mixtas de las provincias de su demarcación, ejerciendo así un verdadero patronato. La enseñanza regional hará que se fomenten las aptitudes é inclinaciones eminentes de sus habitan­tes, y esos centros de enseñanza extenderán legítima influencia en toda la Región, dándole su genuina individualidad y facilitando á las familias, sin gastos onerosos, la vigilancia inmediata de sus hijos.
3.° Un hospital de crónicos incurables y un manicomio.

4.* La construcción d: ferrocarriles económicos que unan las capitales de las. provincias de su demarcación y los transversales más importantes para unir líneas de ancha vía, los cuales redun­den en beneficio del comercio y de la producción regional y sobre tomo han de subvenir á la canalización de nuestros gran­des ríos, cuyas aguas se pierden en los mares, sin utilizarlas ni para riegos, ni como vías fluviales, ni como fuerza motriz, y los canales hay que convencerse son instrumentos de mayor pros­peridad que los ferrocarriles y sin duda por eso los españoles los tenemos tan preteridos, habiendo construido bastantes cientos de kilómetros de líneas férreas, sin preocuparnos de proporcionarles productos que transportar, es decir, que tenemos jaula y no tene­mos pájaro.

5º Servicio industrial minero.

6º Consignación para subvenir á las calamidades de la Región.

El contingente regional
no podrá exceder del 10 por 100 del total de presupuestos de las provincias de su demarcación, así como también el gasto de personal y de material no excederá del 6 por 100 del presupuesto total
. Para la derrama del con­tingente regional se tendrán presentes las advertencias y circuns­tancias expuestas al hablar del provincial.

Las Diputaciones regionales se reunirán, alternativamente en las capitales de sus provincias en sus sesiones ordinarias; en las extraordinarias siempre en la capital de la Región, y se sostendrán da repartimiento que giren sobre los presupuestos pro­vinciales en Septiembre, á fin ele que en Octubre lo conozcan las Diputaciones para el reparto del contingente. Los acuerdos de las Diputaciones regionales son apelables ante el ministro de de la Gobernación, quien dictará sus fallos con precisa audiencia de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, interviniendo también en la misma forma para la aprobación de los presupuestos y cuantas de las Diputaciones regionales,
para que estas jamás puedan empecer y embarazar la acción y unidad nacionales.


Todo cuanto hemos manifestado sobre acuerdos, responsabilidad en ellos, marcha económica, libros de actas, etc., etc., en las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, tendrá aplicación a las Regiones. Lo mismo que sobre recurso contra sus acuerdos y responsabilidad de sus Vocales.

Las Diputaciones regionales tendrán también iniciativa legistaiva.

Como se ve en la organización local que proponemos , hay el verdadero engranaje y trabazón para su ordenado funcionamiento, a la vez que la necesaria subordinación, sostenida por una inspección escrupulosa, entendida y constante, que empieza desde el Estado a las Regiones, de estas a las Provincias, y de las Diputaciones provinciales a los Ayuntamientos, base y cimiento de nuestra administarción local , y en esta división harmónica y complementaria de servicios, hijos de la fecunda y prodigiosa asociación, habremos de hallar la regeneración local y la prosperidad nacional, como en la asociación y división del trabajo han hallado los tiempos modernos el alma del progreso industrial, asombro del mundo.

No desconocemos cuan expuesto y hasta peligroso es trans­formar los organismos actuales, para encaminar la vida nacional por otros derroteros de más amplitud para la iniciativa indivi­dual y. por ende de más solidez; pero por desgracia nuestra, la ato­nía del cuerpo social es grande, le vemos sin cariño y sin entu­siasmo por ninguna institución,
por este incesante cambio de leyes que no echan raíces, ni adquieren estabilidad para que puedan apreciarse los fines que con ellas se persigue: esto nos hace creer que con mesura y prudencia en el desenvolvimiento de la reforma que proponemos, se habrán de desarrollar las iniciativas en las corporaciones, se habrá de robustecer la vida local, se circunscribirá á sus límites propios la del Estado y sobre todo se habrán de producir grandes economías que habrán de ir á avivar empresas y no se consumirán en la estéril empleomanía, que es la autocra­cia burocrática lo peor de todas las tiranías.

De esta manera lograremos
encerrar la acción del Estado dentro de su esfera peculiar y atendiendo exclusivamente a los servicios, propios de su función, como son la organización económica, administración de justicia y establecimientos penitenciarios todos, la seguridad interior y exterior, la sanidad, la deuda nacional, la acuñación de moneda, las relaciones exteriores, los servicios esta­dísticos, las comunicaciones postales, los altos Cuerpos consul­tivos y la inspección de las regiones
, que todo esto basta y sobra para que los paternales gobiernos no den paz a la mano en sus buenos deseos en favor del país, y sobre todo la acción oficial se contendrá dentro de prudentes límites, dejando á la iniciativa indi­vidual y corporativa local ancho campo y no moriremos por la asfixia que nos produce la absorción del Estado, logrando así que los gastos se reduzcan, que el impuesto disminuya, y sobre todo se debe establecer este sobre una base racional, científica y equita­tiva, que le haga revestir el carácter de verdadera contribución y no de despojo, como ahora sucede al hacer contribuir una misma riqueza bajo varios conceptos, que esto es además de irritante, in­justo y hasta inmoral, y no menos inequitativo es, que la propiedad y las personas tengan el mismo tipo contributivo en las poblacio­nes que en la más arrinconada y apartada aldea, en donde de nada se disfruta, ni aun de seguridad personal y todo se paga; pero que á ello nos lleva ese cúmulo enorme de gastos, esa centra­lización perniciosa de servicios. consecuencias funestas de nuestra pasada grandeza, no puliendo ni sabiendo contenernos dentro de nuestros recursos, en nuestra decadencias, viviendo como modestos, pero honrados plebeyos, nosotros que hemos sido los señores del mundo. Con cuanta acierto exclamaba nuestro comprofesor Floren­tino, el inmortal Dante:

¡Nessum maggior dotore che ricordarase
Della fetlcitá nella disgraccia.

 

jueves, 24 de julio de 2014

La engañifa federal (Juan Manuel de Prada)

LA ENGAÑIFA FEDERAL

JUAN MANUEL DE PRADA
 
ABC.es
 
Pedro Sánchez, además de sonreír mucho, como si fuese un selfie con patas, ha recuperado la matraca del Estado federal.
 
TAL vez por haber sido siempre diputado de recuelo o repesca, de los que las oligarquías políticas echan mano cuando alguno de sus dinosaurios es enviado a un retiro dorado o a un consejo de administración, en el socialista Pedro Sánchez descubrimos ese ímpetu un poco histriónico propio del futbolista suplente. Pero, como suele ocurrir con los futbolistas suplentes (que por algo lo son), Pedro Sánchez no sabe hacer otra cosa sino repetir lo que los futbolistas titulares llevan haciendo desde el principio, sólo que con mayores bríos, como un torete recién salido del chiquero; de tal modo que, tras el arreón del primer instante, delatan enseguida su juego limitado y archisabido. Pedro Sánchez, además de sonreír mucho, como si fuese un selfie con patas, ha recuperado la matraca del Estado federal, que es el mismo sonsonete que se gastaba Rubalcaba (aunque dicho por Sánchez parezca una insinuación lúbrica y dicho por Rubalcaba pareciese una cenicienta expresión de pésame), como panacea de las veleidades separatistas. Pero hasta los socialistas saben que se trata de una engañifa.
 
Sin duda, el centralismo consagrado por el liberalismo ha sido una de las más mayores calamidades de nuestra historia, por ser contrario a nuestra tradición política y vivero de los nacionalismos separatistas (que ahora, de forma irrisoria, los liberales pretenden presentar como ideologías cavernarias y premodernas, cuando son hijos predilectos y primogénitos de la misma ideología que ellos proclaman). El llamado Estado de las autonomías (luego reveladas autonosuyas) no era, en realidad, sino un intento de disimular el divorcio nacional mediante una organización territorial por completo artificiosa, al servicio de un poder político que, para hacerse fuerte (y emplear a sus innúmeros cachorros), necesitaba enviscar a unos españoles contra otros, en una demogresca que las oligarquías políticas alimentaron formando falsas «identidades», mediante el empleo goebbelsiano de la propaganda y el adoctrinamiento en las escuelas, que ha convertido a las nuevas generaciones en jenízaros del separatismo. Ahora que el modelo se prueba agotado (el expolio de las cajas de ahorros podría considerarse el hito terminal del Estado de las autonosuyas), las oligarquías empiezan a fantasear con la posibilidad de prolongar el chollo con el Estado federal, aprovechando las inercias de la demogresca; y emplean a Pedro Sánchez de liebre, a ver si el pueblo degenerado en ciudadanía dividida en negociados de izquierda y derecha pica el anzuelo.
 
A simple vista, este Estado federal que nos propone nuestro selfie con patas, como si fuese una apetitosa insinuación lúbrica, pudiera confundirse con aquella federación natural, formada por el sufragio universal de los siglos, que reconociendo las instituciones jurídicas de cada reino logró la unidad política de España. Pero aquella federación natural (en la que la nación no era un simple agregado de individuos en un momento pasajero y mudable de la Historia, sino un todo sucesivo, producido por un poderoso sentido de pertenencia) se fundaba en tres cimientos: la unidad católica, la monarquía cristiana y el reconocimiento de los fueros de cada región. El Estado federal que ahora se nos propone se funda exactamente en la disolución de tales cimientos; de ahí que no pueda hacer otra cosa sino ahondar la demogresca que ya nos trajo el Estado autonómico. A los españoles, con Estado autonómico o con Estado federal, no nos resta —Menéndez Pelayo dixit— sino volver al cantonalismo de los reinos de taifas, mientras las oligarquías políticas nos expolian. Y es que el saqueo de sus bienes materiales es el destino inexorable de los pueblos que antes se dejaron arrebatar sus bienes eternos.

jueves, 21 de marzo de 2013

Federalismo (Rafael Gambra)


FEDERALISMO
según Rafael Gambra Ciudad


"Frente a ellos existe un federalismo lógico y viable, complemento natural de patriotismo, que definimos ya como un sentimiento radicalmente distinto del nacionalismo. Es el federalismo que se concibe, no. como un postizo sistema de agrupar nacionalidades ya hechas, sino como un modo natural de evolucionar y crecer la vida política de los pueblos. Este federalismo no se refiere sólo a las relaciones Internacionales, sino también al gobierno de los pueblos desde sus más pequeñas células comunitarias. El proceso que a lo largo de la Edad Media creó las actuales nacionalidades europeas fue un proceso profundamente federativo. Pero puede decirse también que la vida y constitución interna de los pueblos fue durante aquellos siglos, y desde sus orígenes, una coexistencia federal Cada pueblo de España, por ejemplo, se concebía como una comunidad de familias o vecinos, y tenía sus ordenanzas propias y una propiedad comunal que se consideraba como patrimonio de todas esas familias, inalienable porque no pertenecía sólo a la generación presente, sino también a las venideras. Cada municipio tenía su organización jurídica y sus leyes propias, adaptadas a sus costumbres y modos de vida. A lo largo de las luchas de la Reconquista todos los pueblos se consideraban, como por un derecho natural, independientes en lo que concernía al gobierno interior o municipal, pues los reyes y señores feudales se limitaban a exigir los pechos o tributos y la aportación personal para la guerra. El Estado, en el concepto moderno de una estructura nacional uniforme de la que todo organismo inferior recibe una vida delegada, no existió en la antigüedad ni en la Edad Media. De aquí que los primeros tratados sobre el Estado denomina-
sen Del Príncipe, porque la persona del rey era el único elemento coordinador de aquella coexistencia de poderes autónomos, la fuente de una autoridad (la de los alcaldes), que debía hacer justicia de acuerdo con las ordenanzas de cada célula comunitaria. Puede deducirse de aquí que el federalismo ha sido principio informador de la sociedad en que hoy se asientan los Estados nacionales, sociedad que podía considerarse como una coexistencia federal de comunidades autónomas, auténticamente sociales. Hasta bien entrado el siglo XIX los valles navarros pirenaicos mantenían sus propias ordenanzas con un contenido jurídico autónomo, de las que sólo subsisten ya leves vestigios, y cada Junta de Valle hacía una declaración de guerra propia cuando el rey la declaraba. Esta constitución interna de los pueblos se prolongaba en el exterior con unas ilimitadas posibilidades de federación, que llegaron parcialmente a realidad hasta que el proceso resultó truncado con el advertimiento del constitucionalismo nacionalista. Federal fue la génesis de lo que hoy' llamamos España -la unión voluntaria, histórica, de los pueblos españoles-, como federal es su escudo, constituido por la agrupación de cuatro diferentes bajo una misma corona. Esta federación se realizaba a veces a favor de la política matrimonial de las casas reinantes; otras, a causa del proceso de homogeneización y contacto que entre los pueblos se operaba y de sus consiguientes conveniencias históricas. La no realización de alguno de estos dos factores dificultaba a veces la federación; pero ésta, por uno y otro camino, se verificaba o podía, al menos, verificarse. La condición general para que la sociedad tuviera esta estructura y este dinamismo federalista fue la comunión de los espíritus en la unidad superior y última de la Cristiandad. El que esta unidad o aglutinante social tuviera trascendencia universal (para el mundo civilizado u occidental, al menos), y que fuese de naturaleza espiritual y religiosa, hacía de la unidad política un factor en cierto modo inesencial, algo moldeable por la Historia y ajustable a los hechos.


Las unidades políticas que hoy llamamos naciones podían ampliarse a medida que las distancias se acortaban o que las diferencias locales disminuían en un proceso de unión federativa que no privaba a los pueblos de seguir gobernados por sí y por sus leyes en aquello que sólo a ellos concernía.

Cuando la paz de Westfalia reconoció la escisión religiosa, la unidad social de Europa dejó de ser religiosa para convertirse en meramente jurídica y política ; la Cristiandad dejó de existir como patria de todos los hombres para transformarse en una coexistencia de poderes políticos propiamente nacionales. Entonces el carácter último e inapelable -sagrado- que había tenido la Cristiandad, se traslada a lo que hoy llamamos sinónimamente Nación o Estado. Estas realidades salen así del terreno de lo histórico y cambiante, para pasar al de lo esencial e intangible; pasan del campo de lo conversable al de lo dogmático.

Las sociedades políticas dejan de ser la convivencia federal, bajo una autoridad de poderes locales e históricos anteriores en su origen a esa autoridad y autónomos en su gobierno, y se convierten en estructuras uniformes y centralizadas hacia el interior y cerradas hacia el exterior. Hablar de federación será desde este momento un imposible teórico y práctico, porque no existe ya un lenguaje superior al de las propias nacionalidades sobre el que entenderse.
Cualquier proyecto de federación internacional sonará a blasfemia, como a un creyente sonaría el hablar de una fusión de cristianismo y mahometismo mediante una reducción a sus puntos coincidentes.

Sin embargo, el federalismo o régimen político abierto sigue siendo, como radicado en la naturaleza de las cosas, algo necesario para la sociedad, y que ésta reclama de mil modos diversos. Aun al margen del pensamiento católico y tradicional, el federalismo ha resurgido continuamente, desde el antiguo doctrinarismo federal de Pi y Margall hasta la actual proliferación de movimientos federalistas. Pero todos estos modernos federalismos -verdades a medias, fragmentos de un más amplio sistema- han pretendido restaurar aquel viejo proceso federativo prescindiendo de la ya perdida unidad religiosa, es decir, sobre bases meramente practicistas. Nunca han llegado, sin embargo, a realizaciones, ni pueden llegar, porque hablan entre si lenguajes diferentes.
Una sociedad puede mantenerse en su organización política sin unidad religiosa, es decir, sobre bases sólo practicistas, cuando las instituciones sociales y autónomas .--,federales- no se han destruido, sino que han mantenido -por inercia- su propia vida y dinamismo. Tal es el caso de los pueblos británicos.

Pero cuando la estructura social ha desaparecido bajo la acción uniformista de los Estados unitarios no podrá reconstruirse una sociedad federal sin una
previa unidad religiosa y sin el respeto estricto a la realidad histórica que conserve cada pueblo, a la propia espontaneidad de su vida social. Porque pretender crear desde el Estado organismos infrasoberanos y autónomos es, práctica y teóricamente, empresa contradictoria."
De "Eso que llaman Estado" Ed. Montejurra. Madrid, 1958

(Foro Carlista 2 Dic 2003)

 

miércoles, 4 de abril de 2012

Fijando princios - en torno al federalismo castellano- (Luis Carretero Nieva, Segovia republicana 1931)



A continuación se ofrecen cuatro artículos de Luis Carretero y Nieva(1879-1950) -padre de Anselmo Carretero Jiménez- llenos de densidad, orientados a esclarecer el problema castellano en lucha dialéctica -diferenciativa con respecto a León, pues de León viene la confusión histórica y la confusión política.

Léalos y disfrútelos porque merece la pena.

FIJANDO PRINCIPIOS (I)


Dáse el caso curioso de que a la ciudad de León actual, educada bajo la dirección o el ejemplo de Fernando de Castro, Azcárate, Sierra Pambley y otros respire un ambiente modernísimo, pletórico de tolerancia y de comprensión de toda clase de ideales y aspiraciones, limpio de todo prurito imperialista y resulte que las comarcas de la región que más puramente sienten los afanes políticos de la vieja nacionalidad leonesa -tan opuestos a los típicos de la tradición nacional castellana- sean las orientales del viejo leonés, precisamente las que incurren en la paradoja de llamarse castellanas, de creer ser centro de Castilla y depositarias de los ideales castellanos. No puede negarse a nadie el derecho a definirse a si propio y a marcarse sus orientaciones, pero no se puede tolerar que se embrollen en las cuestiones v los conceptos, dificultando al ajeno que su autodeterminación sea claramente entendida y propagada, por un uso impropio de las palabras, principalmente de los nombres, por muy popular que se haya hecho la adulteración.

Ahora bien, hay que preguntar si Castilla ha aceptado como propios estos ideales leoneses, y renunciando a los que ella, por sí misma se formó. Según algunos tratadistas, por cierto muy eminentes, después de la unión con León, fue Castilla la que ejerció la hegemonía y propagó por España la idea unitaria. Esto, que evidentemente es paradójico, no se confirma por los hechos, ya que los reyes privativos de Castilla, amparan y engrandecen sus instituciones, mientras que los reyes que también lo eran de León, las persiguen, imponiendo las normas seculares leonesas.
Hay un hecho cierto que nadie discute ni niega: Castilla se separa de León por un acto del pueblo, no por ambición de un personaje que quiere ceñirse la corona y afirma su independencia por aversión al carácter nobiliario gótico leonés y los ideales políticos leoneses. Una vez separa. da, se orienta hacia Vasconia y ratifica su hostilidad a la civilización goda. El imperio es repudiado, pero Castilla, que siente el anhelo de todos los estados españoles de vivir agregados, pero sin unitarismo ni imperio, no rechazasen juntarse con León en Alfonso VI, pero sosteniendo la oposición al imperio leonés, que hace ostensible en un documento ostensible de tanto valor histórico como el Poema de Mío Cid, contrario a la nobleza leonesa y a los usos leoneses, cual otros documentos de la época castellana, sobre la que observa Menéndez Pidal que, en coplas y refundiciones posteriores, se ha omitido o atenuado todo lo que significase divergencia de León. Los reyes particulares de Castilla, y con ellos el aragonés Alfonso, el Batallador, gobernante efectivo y sobresaliente de Castilla, gran propulsor de las instituciones comuneras, gobiernan de acuerdo con las instituciones y voluntad del pueblo castellano, expresadas secularmente en oposición al centralismo unitarista de la monarquía leonesa. Así, Alfonso VIII, rey de Castilla, pero no de León, hace revivir en Castilla su primitivo sentido político vasco, acoge a Guipúzcoa dentro del reino castellano, cuyas fronteras lleva a las riberas del Guadalquivir, pero, ni en Guipúzcoa, ni en Andalucía, impone unificación de ninguna clase, sino que. sigue respetando la variedad natural; Guipúzcoa continúa con sus fueros y tratada como nación separada y Alfonso no pretende llevar la institución comunera más allá del Tajo, ni la establece en la tierra de Campos (entonces en sus dominios) donde conserva la vida política al uso leonés; no pretende la imposición del unitarismo.

Los reyes castellanos, después de recibir en su cabeza la corona de León, gobiernan a Castilla al modo leonés, adulterando las instituciones castellanas, minando su democracia, pretendiendo arraigar en Castilla el feudalismo gótico leonés, que el rey de León, Alfonso VI, al adquirir el reino castellano, propaga por nuestro país, dando a un personaje de tanta significación leonesa como Pedro Ansúrez, un señorío sobre la Comunidad de Villa y Tíerra de Cuéllar y otro que comprendía todo el término de la Comunidad de la Villa y Tierra de Madrid y parte del de Segovia, conducta que se continúa, pues Isabel la Católica, faltando a su juramento, como por lo visto es costumbre entre reyes, arranca a la Comunidad de Segovia tierras para el señorío de Andrés Cabrera. No es esto sólo, hay combate a la norma democrática secular castellana: Alfonso XI atropella la facultad de elección popular de la comunidad de Segovia, estableciendo, el nombramiento de regidores perpetuos y -nombrándolos.

Después de la unión con León ' esto hacen los reyes en toda Castilla, no solamente, en Madrid y Segovia. No hay por ninguna parte hegemonía del pueblo castellano, hay un cambio en la conducta de sus monarcas hacia el viejo ideal de hegemonía leonesa destruyendo toda democracia y todo el respeto a las variedades que son tradicionales en Castilla imponiendo el poder omnímodo de la realeza y con él, el absolutismo unitarista. ,
Luis CARRETERO

(“Segovia Republicana”, agosto 1931)

(Regionalismo castellano nº 4, pag 29-31)

FIJANDO PRINCIPIOS (II)


Ha quedado claramente sentado que la doctrina de constituir España bajo un régimen de unitarismo rígido y un poder monárquico absoluto es teoría creada por la monarquía astur-leonesa y aspiración constante de los organismos directores del Estado astur-leonés. Está claro que Castilla se separó de León por su incompatibilidad con esos criterios y por el deseo popular de seguir automáticamente una norma contraria. Es otro hecho cierto que el Gobierno de Castilla cayó en manos de unos reyes que también lo eran de León, que descendían directamente de la dinastía goda leonesa y que en su gobierno castellano reanimaron y volvieron a poner en práctica la vieja tradición de sus ascendientes leoneses, continuando el desarrollo del programa primitivo de sus antepasados de León y combatiendo en Castilla contra toda la Constitución que esta nacionalidad se había dado a sí misma, conducta real que contrasta con la seguida por los monarcas que gobernaban solamente en Castilla.

Otro hecho cierto es que después de la -unión de León y de Castilla, la hegemonía cae totalmente en la realeza, sin que -el pueblo castellano tenga en el Gobierno una intervención mayor que la que disfrutaba el pueblo leonés sino que se vio perseguido por la ambición de los monarcas castellano leoneses que, en todo momento y por todos los medios, procuraron anular las prerrogativas que le restaban al pueblo castellano, llevadas de su afán desmedido de concentrar todo el poder en la corona y restaurar el viejo ideal del unitarismo leonés.

Dando virtualidad a estos hechos pretéritos, hay otro actual; en provincias del viejo reino leonés, ya por tanto fuera de Castilla, numerosos elementos sostienen la teoría unitaria y en nombre de ella repudian todo movimiento autonómico por débil y moderado que sea, demostrando que comparten y sienten como propio el criterio político secular característico de la nacionalidad leonesa, pero tomando al hacerlo una representación de Castílla, que los castellanos deben de denunciar. Son ellos, no somos nosotros, quienes revuelven la Historia y quienes nos llevan a este terreno de discusión en el que entramos con toda tranquilidad.

A pesar de todos estos antecedentes, conocidos de sobra por todos los que hayan echado una ligera mirada de curiosidad al pasado, se propaga bulliciosamente, se repite con abrumadora insistencia y se toma como verdad indiscutible, el hecho falso de que el pueblo castellano haya impuesto su hegemonía en España obligando a aceptar el unitarismo, modelando la estructura nacional, fijando un tipo patrón de vida española y creando los ideales de absolutismo imperialista, comparables hasta con la mínima y arcaica libertad foral, que fueron característicos de la monarquía recientemente expulsada, ideales sustentados por muchos de sus servidores, que no obstante se llamaban liberales, ideario que sería extraño viésemos defendido para su realización por la República, desde las filas de ese agrarismo (*) donde se agrupan todos los intereses en conservar cuantos agentes de destrucción de la libertad del pueblo español crecieron amparados en interpretaciones abusivas del concepto de unidad nacional, del principio de autoridad, del sentimiento religioso, o del derecho de propiedad.

Esta mixtificación de la gestión histórica de España, atribuyendo al pueblo castellano la hegemonía directora en este proceso y la supremacía de su espíritu en el conjunto nacional, ha sido sostenida por una extraña de intereses o pasiones:

En primer lugar ha actuado la monarquía. El afán de ésta ha sido el de no tolerar el más significante movimiento que restase alguna parte de su poder absoluto, por mínima que fuese. Supo muy bien la monarquía utilizar en el pueblo castellano, ese amor a la tradición tan arraigado hasta ahora en las masas populares, amor fácil de ser manejado porque la tradición tiene que ser enseñada, se conserva en los pueblos al dictado y la monarquía se encontró con el terreno abonado para hacer creer al pueblo castellano que él era el señor de España, que el Estado había sido construido por él, que él tenía la obligación de conservarle sin modificación y que los que pretendiesen cambiarle eran enemigos de Castilla. Estos pobres aldeanos castellanos, que habían visto todo su sistema económico destruido por el centralismo monárquico, prescindían de la ruina de su país por la monarquía y se exaltaban cada vez que una región española era una creación exclusiva de Castilla, y que Castilla era consustancial con ella.

Se da la paradoja de que también los directores de los movimientos de emancipación regional han contribuido a esta mixtificación. Sabino Arana, Prat de la Riba (pese a su gran cultura y soberana inteligencia) y el contemporáneo Rovira y Virgili incurren en el error, un poco pasional, de atribuir al humilde y hoy debilísimo pueblo castellano, la imposición, sobre Cataluña o sobre Vasconia, de una hegemonía que no ha ejercido en España nadie más que la dinastía, de origen asturleonés, en la que se sumió la de Castilla, del mismo modo que las restantes dinastías de la España medieval. Cae Sabino Arana en la equivocación de prescindir de la parte importantísima que el pueblo tomó en la gestación de la personalidad histórica de la Castilla genuina, en los fastos de la liberación de Castilla del imperialismo astur-leonés y en la actuación que recíprocamente desempeñó Castilla en el desarrollo del pueblo e instituciones vascongadas. Prescinden Prat de la Riba y Rovira y Virgili del hecho de que esa monarquía española, destructora de todas nuestras libertades, no adquirió su preponderancia y poder por el solo hecho del pueblo castellano, sino por el concurso de toda España. Más acertada y más gallardamente hubieran obrado si, en vez de concentrar sus ataques sobre un pueblo aniquilado por la misma monarquía que sufrían vascos y catalanes, hubiese dirigido sus tiros al absolutismo centralista de los reyes.

Colaboran también en estas mixtificaciones los elementos retrógrados, aunque se llamen liberales, que, desde sus posiciones en varias provincias leonesas, han venido sosteniendo la consustancialidad de León con Castilla, y de ambas con la desaparecida monarquía, los que pretendían asociar estas dos regiones para formar una falange defensora del centralismo, los que estimulaban la hostilidad de nuestro pueblo hacia las regiones que ansiaban la autonomía, los que veían en el unitarismo monárquico un instrumento para dominar a Castilla con sus mesnadas caciquiles aprovechándose del ambiente de pasión, creado por la ceguera de los autonomistas al no ver cuál era su verdadero enemigo y su efectivo tirano, al no darse cuenta de que Castilla, lejos de ser un país dominador, era tan dominado y más destruido por el centralismo, que Cataluña y Vasconia. No vamos a cometer la injusticia de imputar al pueblo de la región leonesa estos pecados de sus caciques, pero tampoco va a ser nuestra alta estimación a ese pueblo vecino, motivo de indulgencia para los mixtificadores.

De acuerdo con la actuación de las caciques de la región leonesa, hay otra de los mangoneadores de la política castellana en los últimos tiempos de la monarquía de Alfonso de Borbón, coincidente con los designios de los primeros en cuanto a evitar que el pueblo de-Castilla se diese cuenta de su real situación y de la devastación de su patrimonio secular y de sus instituciones autonómicas por el centralismo monárquico.

La monarquía procedió con el pueblo de la vieja Castilla como don Juan de Robres; hizo un hospital, pero primero había hecho los pobres. Cuando por su insaciable apetito había sembrado por Castilla la miseria, afirmó su poder distribuyendo mercedes insignificantes, pero convenciendo a nuestra gente mendicante de que no la quedaba más amparo ni más porvenir que la prosperidad de su limosnero a quien, por agradecimiento y por conveniencia, debía de defender de todos aquellos que intentasen su preponderancia.

(*) Los agrarios, la C. E. D. A. y las J. 0. N. S. defienden, en 1936, el regionalismo nacionalista de Castilla y León.


Luis CARRETERO ("Segovia Republicana", 5 agosto 1931.)

(Regionalismo castellano nº 4, pag 31-34)

FIJANDO PRINCIPIOS (III)

La tradición de Castilla es de Comunidades libres no de regiones


La palabra región ha tomado en España un significado político definido por la supervivencia de territorios que, en una u otra época, tuvieron su expresión en los antiguos reinos o principados, coincidentes con una modalidad de pueblo, homogénea dentro de sí, pero diferenciada del resto peninsular, que se ha conservado por tradición.

Esta gran fuerza de unificación interna y diferenciación externa, existe también en el viejo reino de León -hoy olvidado en cinco provincias- constituyendo una idea firmemente sentido por sus habitantes, sin que la diferenciación deje de existir como una realidad efectiva, por la pretendida identidad con Castilla, ya que esta identidad no es sino una falacia alentada por designios de quienes pretenden buscar en ella un fundamento para adquirir un dominio que les permita utilizar las fuerzas castellanas en beneficio de interés o pasiones de algunas oligarquías establecidas en-la región leonesa.

Entre todos estos territorios españoles quedan dos que carecen de unificación interior: Castilla y el país vasco-navarro. La primera no tiene, ni unificación interior, ni diferenciación exterior, y el segundo, es país con diferenciación externa, basada en un tipo carácter etnológico y en un lenguaje, insuficiente como hecho diferencial, por cuanto que el vascuence dista mucho de ser el lenguaje general del país vasco, por lo que la diferenciación se procura acentuar, por no ser de uso general, ya que, ni los caracteres de etnología, ni el idioma, por no ser de uso general, tienen la eficacia que pudiera derivarse de particularidades de orden económico, de tal modo que la acentuación de la personalidad vasca, como entidad política se busca principalmente en la índole de las relaciones que hasta ahora ha llevado con el Estado, pues en el aspecto económico, una parte del país vasco-navarro tiene grandes coincidencias con Aragón y otras partes la tienen con Castilla. Por otra parte la personalidad de Guipúzcoa o de Navarra, de Álava o de Vizcaya, tiene mucha más fuerza de caracterización particular que la general de Vasconia. El carácter económico particular de cada una de estas provincias, tan radicalmente distintas de las restantes, impide en absoluto la concepción de un tipo general de economía vasco-navarra. (*)

La tradición de Castilla, tomada como una de estas entidades de gran unificación interna y de gran diferenciación externa no puede conservarse por la sencillísima razón de que jamás ha existido esta realidad, puesto que, como hemos dicho, como hemos repetido y como repetiremos, el reino de Castilla no era una unidad, era una federación de unidades, sin igualdad de organización, sino con una riquísima floración de variedad de instituciones. El señor Arévalo, inspirándose acaso en Colmenares, nos ha hablado de la importancia de la Extremadura Castellana, país que llegó a ser considerado como reino distinto del de Castilla, es decir, como diferente del que las tierras de Burgos formaban con las de Santander y la Rioja, pero, aún dentro de esta Extremadura, tampoco había unidad, sino una multiplicidad de pequeñas repúblicas, las Comunidades, contenidas además en grupos intermedios de federación, como la hermandad de las Comunidades Segovianas, que sólo abarcaban una parte de la Extremadura Castellana.

Así, como dice Albornoz, no ha quedado ni la tradición ni el sentimiento de una región constituida por el territorio que fue Castilla, pero en cambio se ha formado otro. Por evolución a lo largo de los tiempos, y con una indudable tradición viejísima por base, se ha formado el concepto regional de La Montaña, el concepto regional de la Rioja, el concepto regional de Segovia, etc. La traducción inicial de estas regiones en entidades políticas constituidas se inició acaso en esas Hermandades, como la Hermandad de las Comunidades en Segovia, o como la Hermandad de la Marina, en Santander. El hecho es que no existe hoy la región de Castilla, pues ni Castilla se ha fundido en una región con el reino de León, ni sigue con su personalidad de siempre, ni se ha constituido una región sobre el terreno de lo que fue Castilla. Hablar de una región castellana actual, es hablar de una cosa que no existe, pues lo que se ha dado en llamar Castilla en el lenguaje corriente en España, es pura y simplemente el reino de León, sin relación alguna con Castilla.
El país vasco-navarro(*) es el conjunto de cuatro provincias firmemente definidas. Es el mismo caso de Castilla, donde no hay una región sino seis regiones pequeñas: La Montaña, La Rioja, cte., y entre estas regiones, con personalidad firmísima, con carácter propio, con economía propia, grande o chica, con instituciones propias, tan definida como la que más, nuestra Tierra de Segovia y por consiguiente, esa entidad llamada la provincia, tan discutida en muchas regiones de España, es en Castilla y en el país vasco-navarro con alguna rectificación de límites, una evidente realidad que corresponde a una región, a una colectividad de pueblos con lazos de unión interior y diferenciación exterior.

(*) En el libro de "Las nacionalidades españolas", de Anselmo Carretero y Jiménez, se estudia y se presenta a Navarra como un pueblo con personalidad propia, independiente del País Vasco.


Luis CARRETERO

(“Segovia Republicana", 6 agosto 1931.)

(Regionalismo castellano nº 4, pag 34-36)

FIJANDO PRINCIPIOS (IV)

La tradición de Castilla es de Comunidades libres


Si con eso se quiere decir que la organización de Castilla tenía como cualidad característica, la existencia y preponderancia de funciones de unas Corporaciones potentes, elegidas libremente por el pueblo, con un poder fuerte y grandes facultades ante el poder real como la de algunas ciudades alemanas e italianas' constitutivas de repúblicas con territorio propio, la afirmación es muy cierta.

Pero si con eso se quiere decir que la vida pública de Castilla tenía como esferas de acción, de una parte, la extensión total del reino en que actuaba una monarquía, y de otra solamente las Corporaciones locales, es decir, que se entiende que en Castilla, y dentro del territorio regido por sus reyes, no había más manifestación de vida política que la de la población, ciudad, villa, lugar o aldea y que los órganos de administración de estas entidades tenían una gran plenitud de facultades, el principio es falso y contrario a la realidad. Es un caso más de confusión de la estructuración leonesa con la castellana.

En Castilla el organismo puramente municipal, el que regula la vida de una aglomeración de familias, establecidas en una población o en varias contiguas, pero ligadas siempre por una convivencia de vecindad en comunicación constante y cotidiana apenas tenía existencia, sino que por el contrario, estaba subordinada a una Corporación de más amplio poder y de más amplia extensión territorial: la Comunidad, con toda la plenitud de funciones judiciales, administrativas y militares, etcétera, o la Merindad comunera, en la que las funciones judiciales estaban separadas y conferidas a un merino, como en la llamada Merindad de la Rioja, residente en Santo Domingo de la Calzada. En Castilla la población, aldea, lugar, etc., apenas tiene personalidad, ni aislada ni agrupada, apenas tiene facultad pues la entidad fundamental y preponderante, la Comunidad, es entidad que actúa sobre territorios de gran extensión en los que, como en el caso de la Tierra de Segovia, se pueden medir distancias de más de cien kilómetros, condición que hace imposible el cuidado de los intereses de la vida de convecinos, que es suficiente para probar que los fije y el objeto de estas Corporaciones son muy distintos de los que tienen que atender los organismos de la vida municipal.
Es decir, que en Castilla el organismo libre no es el municipio, sino otro de carácter de Gobierno regional, o sea que en Castilla, por estar el organismo local supeditado a la Comunidad, no existe la tradición de la supremacía del Municipio, aun cuando sí la de la plenitud de libertad del organismo regional. La Comunidad es, además, organismo de distinto origen que el denominado Municipio y que corresponde a organizaciones que, según varios autores, ya existían entre nuestros ascendientes antes de la llegada de los romanos. La expresión de la tradición comunera en los fueros escritos, su desarrollo, teniendo siempre presente la vieja raíz, es labor de Castilla en colaboración con Vasconia y sin intervención leonesa; se, inicia en el fuero vasco-castellano, de Nájera, se continúa en el de Miranda de Ebro, donde se exime la jurisdicción del merino, sigue en Belorado y Burgos y llega a su plena ex. presión en la redacción de Sepúlveda, de donde toman sus normas Cuenca, Calatayud, Daroca y Teruel, pues la comunidad como organismo adecuado a una realidad geográfica, se extiende por todo el país castellano-aragonés que constituye la región geográfica serrana central española. En Ávila comprende la Comunidad doscientos diez pueblos; en Daroca, ciento diez, y en Teruel, ochenta Y dos. Como se ve aquí hay una tradición de repúblicas libres, pero no de Municipio libre que, si alguna vez aparece como en las nueve villas de Daroca, sigue perteneciendo a la Comunidad, aun cuando tenga, como El Espinar, fuero propio, dado por la Comunidad como organismo superior del territorio.

En oposición a la aspiración de la organización de España en regiones autónomas, se presenta la creación de Municipios libres que actúen sobre una agrupación de familias constituidas y viviendo en vecindad. Este Municipio libre no es castellano; es el Municipio leonés de origen godo-romano, iniciado en la legislación con el fuero de León de 1020. Este Municipio es el que, tan general e impropiamente se llama castellano; este Municipio leonés es el que, hace pocas semanas se tomaba como fundamento para un proyecto de reorganización regional en una reunión celebrada en Valladolid en que los reunidos cayeron una vez más en la equivocación de tomar por castellana la tradición leonesa de dicha ciudad y en el error de suponer semejantes e iguales a las inconfundibles de León y Castilla respectivamente.

Luis CARRETERO ("Segovia Republicana", 7 agosto 1931.

(Regionalismo castellano nº 4, pag 36-38)