Hablamos Español trata de impulsar una Ley de Libertad de Elección Lingüística en España.
Que nadie es profeta en su tierra es algo bien conocido desde antiguo. Y algo así sucede desde hace 
muchos años en España, donde hablar la lengua de Cervantes es casi un pecado social en determinados 
ambientes, en especial de algunas regiones. Y aprenderla en las escuelas una odisea imposible para 
miles de alumnos.
Y eso, a pesar de que la Constitución española establece que “el castellano es la lengua española
 oficial del Estado” y que “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
Actuall depende del apoyo de lectores como tú para seguir defendiendo la cultura de la vida, la familia y las libertades.
Haz un donativo ahora
Más allá del precepto jurídico, parece poco razonable que se cercene la posibilidad de hablar una
 lengua que comparten más de 500 millones de personas en Europa, América, África y Asia a 
los propios españoles.
Para combatir esta situación, en septiembre de 2017 se fundó la asociación Hablamos Español, 
presidida por Gloria Lago, que tiene como objetivo llevar al congreso a través de una iniciativa 
legislativa popular una Ley de Libertad de Elección Lingüística basada en tres pilares:
  1. La elección de lengua en la enseñanza en las comunidades bilingües.

  3. El bilingüismo en la Administración, cuando haya dos lenguas cooficiales.

  5. La Libertad de uso en el ámbito privado.
El ninguneo de los medios de comunicación y el desinterés, cuando no la hostilidad, por parte de 
la generalidad de los principales actores sociales y políticos, ha sido una constante a lo largo de 
estos meses.
¿De verdad es necesaria una ley en España para defender el idioma común de sus compatriotas, compartido con millones de hispanoparlantes de todo el mundo?
El plazo para la entrega de las firmas en el registro del Congreso de los Diputados se agota y,
 aún es necesario un esfuerzo suplementario de última hora para alcanzar los objetivos, para lo 
que se necesita toda la ayuda posible.

Situación en las comunidades bilingües

Pero, ¿por qué ha sido necesario poner en marcha una campaña como ésta? ¿Cuál es la situación 
en cada una de las comunidades bilingües respecto a la libertad educativa? ¿De verdad es necesaria
 una ley en España para defender el idioma común de sus compatriotas, compartido con millones de 
hispanoparlantes de todo el mundo?
Pues sí. En líneas generales, con sus matices, en Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas
 Baleares, Galicia y el País Vasco el uso del español está arrinconado, cuando no extinguido 
en los centros educativos y en la relación de las administraciones con los ciudadanos.
El uso totalitario de las lenguas cooficiales lleva a que el español sea estudiado menos que el 
inglés (Cataluña) o se deje para las asignaturas con menos texto como Física y Química o
 Matemáticas (Galicia).
Las instituciones, o no usan el idioma común de todos los españoles o, si lo usan, es después de 
que el ciudadano se vea obligado a reclamar su derecho a usar la lengua oficial de España.
Y, por supuesto, las subvenciones a cualquier entidad cultural o de otra índole se vinculan al uso
 de la lengua regional e incluso, la de otra parte de España, como sucede en las Islas Baleares con 
el catalán respecto del mallorquín o el menorquín.
Siendo estos los focos más importantes, no se puede despreciar el hecho de que ya empieza a
 haber dejes con tintes de imposición lingüística en zonas como Asturias, León o Cantabria.
Tabla de imposiciones lingüísticas en España / Hablamos Español.
Tabla de imposiciones lingüísticas en España / Hablamos Español.

¿Quién se beneficia de la imposición lingüística?

Es claro que en España, debido a las tensiones nacionalistas, se ha hecho de las lenguas un uso torticero,
 como arma arrojadiza, cuando deberían ser consideradas como una enorme riqueza cultural. Y a ese
 trabajo han contribuido, por supuesto, los partidos nacionalistas de todas las tendencias y lugares, 
pero también los partidos de ámbito nacional que ha tenido responsabilidades de gobierno en las 
diferentes regiones bilingües de España.
Así, un buen número de organizaciones se han beneficiado económicamente a través del abuso de 
las lenguas cooficiales, en connivencia con las administraciones.
Desde Hablamos Español, se señalan algunas de ellas. En Baleares, la llamada Obra Cultural Balear,
 ha recibido más de 2.000.000 de euros de subvenciones para desarrollar sus programas pancatalanistas
 y rupturistas, mucho más que entidades de verdadera ayuda social como el Banco de Alimentos.
En la Comunidad Valenciana, también sufren la acción subvencionadas de entidades 
pancatalanistas como Acción Cultural del País Valenciá, a quienes califican de ser 
“la madre del cordero”. También se aprovechan de numerosas cantidades de dinero organizaciones
 como Escola Valenciana y sus organizaciones afines; también un grupo de editoriales con
el mismo trasfondo, que al amparo de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, han hecho 
su particular agosto. Por supuesto, los sindicatos CCOO y UGT, así como grupos de estudiantes,
 han colaborado en la imposición lingüística regada de euros.
La llegada del gobierno del PSOE valenciano en coalición con Compromís yel apoyo de Podemos, 
se ha desarrollado una política “entendida como negocio y vehículo de alienación”, tal y como 
denuncia Hablamos Español.
Desde Cataluña se ha implementado  una red de personas e instituciones “que han hecho el 
negocio de su vida sumándose a un catalanismo secesionista, y haciendo de la lengua catalana 
vehículo para la venta y extensión de una estrategia excluyente y atentatoria a los derechos
constitucionales de los ciudadanos no nacionalistas”, denuncian.
A las subvenciones a organizaciones como Omnium Cultural, se suman más de 180 millones 
de euros destinados a los medios de comunicación que se han sumado al proceso de ruptura con 
el resto de España. Esto, sin contar con las partidas destinadas al pancatalanismo en Baleares y la
 Comunidad Valenciana.
En el País Vasco, subrayan desde Hablamos Español, “existe una pléyade de ‘trabajadores’ 
del euskera cuyo fin último y objeto es chupar de la ubre de las políticas de euskaldunización”.
Además, se da una suerte de apartheid de los castellanohablantes, ciudadanos de ámbitos en 
los que la lengua madre es el español, como es mayoritario en Álava, que sufren la discriminación
 a la hora de, por ejemplo, ser contratados por la Administración o presentarse a un concurso público.
En Galicia, la Asociación Galega de Editores, se embolsan cuantiosas subvenciones por
 publicar libros en gallego o traducir otros, con independencia de su interés para la población. 
Esta asociación ejerció una fuerte oposición cuando se planteó en 2010 una libertad total a la 
hora de elegir la lengua de escolarización. Una promesa de Alberto Núñez Feijóo (PP) que
 finalmente no cumplió por estas presiones.
También destaca en este ámbito la llamada ‘Mesa pola normalización lingüística’, vinculada al 
Bloque Nacionalista Galego y al sindicato nacionalista CIG. Esta ‘mesa’ utilizaba métodos
 cuando menos cuestionables para “convencer” del uso del gallego, mediante presiones a
directores de colegios o empresarios. Cuando se comenzó a airear en la prensa este tipo de 
actos, surgió la plataforma ‘Queremos galego’, cuyo portavoz era el mismo que el de los primeros.
A este panorama se suman la ‘Asociación de Escritores en Lingua Galega’; los traductores y
 profesores de gallego, agrupados en la ‘Coordinadora galega de equipos de normalización y 
dinamización lingüística’; la Real Academia Galega, el Consello da Cultura Galega, el Instituto 
da Lingua Galega, el Centro Ramón Piñeiro, el Observatorio da Lingua Galega, el Foro Peinador, 
Galeguizar Galiza, Irmandade Xurídica Galega, Irmandade da Sanidade Galega, Traballadores 
pola Normalización Lingüística y los Funcionarios pola Normalización Lingüística.

Un sprint final

Gloria Lago explica a Actuall que tanto los delegados de las diferentes áreas, como todas las
 personas que se han volcado en la recogida de firmas “están desbordados”. No son infrecuentes
 las llamadas a las 3 de la mañana, “porque el resto del día los teléfonos están ocupados constantemente”.
“Hay personas que van con los niños en el coche de un lado a otro a entregar y recoger pliegos
 de firmas”, explica Lago. Y queda aún mucho que hacer. En este momento Lago no puede dar 
una cifra aproximada d elos apoyos recibidos, aunque se muestra convencida de que “aún falta 
bastante” y el plazo de entrega de firmas se acaba el 30 de noviembre.
Retrato de Miguel de Cervantes, cumbre de las letras españolas.
Retrato de Miguel de Cervantes, cumbre de las letras españolas.
Le preguntamos por los apoyos recibidos o no de los diferentes actores políticos, en especial de
 aquellos que, en teoría, tiene una postura contraria al adoctrinamiento lingüístico al menos
 desde sus direcciones nacionales.
La respuesta es reveladora: “Prefiero no hablar de eso”, explica Lago. Ya llegará el momento,
 una vez presentadas las firmas en el Congreso, de entablar diálogo co las diferentes fuerzas políticas. 
Ahora la prioridad es recoger el mayor número de firmas, para lo que se hace necesario mantener 
un prudente silencio.
Es, como en otros escenarios, la sociedad civil la que debe hacerse cargo de lo que, por distintos 
motivos, los partidos no quieren. Cervantes, Quevedo, Garcilaso, Valle Inclán, García Lorca, 
los Machado, García Márquez, Neruda, Vargas Llosa, Rulfo y tantos otros genios de la literatura
 en español, seguro que firmarían.