Los privilegios que consagrara nuestra Constitución
Opinión
¿Qué ocurriría si dijéramos que es la Constitución quien consagra la singularidad vasca y catalana? ¿Si resultara que la única base jurídica que legitima una situación diferenciada territorial en la España del siglo XXI es nuestra Carta Magna?
Los fueros, tan famosos en vascongadas y Navarra no legitiman nada, es la Constitución Española quien crea tristemente el problema, quizás la reforma de la que tanto se habla debe ir a la inversa de lo que pide izquierda y separatistas.
Todo el programa nacionalista es falso e incongruente. Los fueros medievales vascos y navarros, concedidos por sus reyes y señores – nunca vascos – eran un conjunto de privilegios sociales, territoriales y económicos en todo similares a otros estatutos jurídicos contemporáneos. Fueros y privilegios tuvieron también muchas ciudades, comarcas, estamentos y grupos castellanos, aragoneses, catalanes, gallegos, valencianos, etc.. En España habría así, a ojo de buen cubero, unas dos mil entidades con “derecho histórico a la autodeterminación”. En la misma “Euskalherria”, dos docenas de villas y ciudades navarras, con fueros medievales propios, podrían declararse a su vez independientes.
En realidad, los fueros vascos y navarros no son diferentes a otras situaciones de la España medieval y moderna, y no otorgan a los secesionistas derecho alguno a la autodeterminación, o a la independencia como ahora prefieren matizar. Los derechos históricos que la Constitución de 1978 recoge y ampara tienen vigencia sólo derivada de la propia carta magna, y son parte del ordenamiento jurídico español, con todas las consecuencias del caso. Sin la Constitución y las normas que la desarrollan, los restos de normas preconstitucionales estarían tan derogados como los Principios Fundamentales franquistas o como las pruebas de limpieza de sangre.
En realidad, los fueros vascos y navarros no son diferentes a otras situaciones de la España medieval y moderna, y no otorgan a los secesionistas derecho alguno a la autodeterminación, o a la independencia como ahora prefieren matizar. Los derechos históricos que la Constitución de 1978 recoge y ampara tienen vigencia sólo derivada de la propia carta magna, y son parte del ordenamiento jurídico español, con todas las consecuencias del caso. Sin la Constitución y las normas que la desarrollan, los restos de normas preconstitucionales estarían tan derogados como los Principios Fundamentales franquistas o como las pruebas de limpieza de sangre.
Además, los llamados “derechos históricos” sólo existen en la medida en que no se vulneren los principios esenciales del mismo ordenamiento constitucional. Si bien en virtud de esos recuerdos de la legislación predemocrática algunas Comunidades Autónomas tienen más competencias que otras (función pública, normas civiles, tributos), ninguna de ellas tiene un estatuto diferente en cuanto a su pertenencia innegociable a la Nación.
Los secesionistas están jugando con fuego, el PNV se va dando cuenta aunque juega al despiste. Si pretenden manipular la historia y el Derecho para convertir los viejos fueros en permanente derecho a la independencia, el resultado puede ser, muy al contrario, que se pongan en cuestión los privilegios y singularidades que los nacionalistas obtuvieron en la Transición al amparo de Eta y de una lectura muy discutible del pasado.
Es evidente que si los derechos se ejercen en fraude de Ley y con la intención de romper la unidad constitucional, bien puede resultar que un Gobierno nacional enérgico prefiera dar todo su peso a la igualdad jurídica entre los españoles y hacer una verdadera reforma donde se acabe con los chiringuitos autonómicos y los privilegios de unos españoles frente a otros.
La situación en Cataluña de desobediencia flagrante a la Constitución, hace plantearse reformas de calado en sentido contrario a lo que pide PODEMOS y PSOE. En el espectro político de la derecha solo VOX ha pedido una reforma constitucional contundente que revise por completo el Sistema Autonómico, eliminando todos los parlamentos autonómicos, y recuperando competencias para el Estado, manteniendo una centralización política que no disperse la representación de la Soberanía Nacional, y planteando una descentralización administrativa radical orientada hacia los municipios y provincias. En el PP y Cs ya se oyen voces en el mismo sentido de recuperar competencias, ilegalizar a partidos separatistas y aplicar un nuevo 155 en Cataluña, mucho más contundente, que recupere el orden Constitucional en ese territorio. También existe un número creciente de socialdemócratas, izquierda jacobina e izquierda moderada, que consideran que la situación de privilegio no puede seguir tolerándose más.
Veremos si la tan cacareada reforma Constitucional es pedida finalmente por una mayoría de españoles hartos, pero en el sentido contrario al que pide una parte de nuestra partidocracia federalista y pro autonomías.
Si hay reforma ha de ser para fortalecer la Nación Española, para el capricho de minorías egoístas y extractoras ya no estamos dispuestos.
