Movimiento de
Ciudadanos hacia la República Constitucional –MC RC
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ESPAÑOL De la República Constitucional
Es evidente que el ordenamiento jurídico español actual no existía en 1978. Resulta del devenir vital de la sociedad en el marco de un sistema político inédito, plasmado en la primera piedra del nuevo ordenamiento jurídico inaugurado hace 37 años, la Constitución de 1978 (CE78). Esta piedra, formalmente diseñada para ser la “clave de bóveda” del nuevo sistema, ha resultado ser un peñasco, un farallón rocoso, agrietado y ajado por el tiempo, que amenaza desprendimientos inminentes. Normalmente, al pie del farallón se origina lo que los geólogos llaman “canchal”, también denominado “caos de bolas” o “berrocal”, es decir, una formación geológica, más o menos caótica, de piedras que han rodado desde ese farallón ladera abajo, debido a procesos coluviales y erosivos.
A día de hoy ningún español mínimamente informado puede mirar la Constitución vigente desde la perspectiva que usa la clase política y los propagandistas del régimen. No es el objeto de estas líneas analizar e interpretar la cronología del despropósito que destiló semejante texto; la forma de imponerla de arriba abajo, de debatirla en el seno de unas Cortes constituyentes no elegidas para tal menester, etc. Cualquier ciudadano ve que alumbrar una Constitución así, únicamente inaugura un periodo de oscuridad para la libertad y el sano desenvolvimiento de la sociedad que lo ha permitido. Han transcurrido 38 años desde que las oligarquías del franquismo blanquearon cuatro décadas de despotismo en un pacto con los jefes de los partidos. Estos, obnubilados con el poder del Estado y espoleados por las posibilidades del futuro, sacrificaron cualquier principio y abrazaron el consenso que homologó al franquismo con las oligarquías europeas. La CE78 inauguró el Estado de Partidos en España.
Un Estado de partidos es el sistema político que obtiene su legitimidad ante la ciudadanía interponiendo partidos políticos entre el Estado y el ciudadano. Carece de representación democrática y de separación de poderes. De hecho, la CE78 no separa poderes, sino que crea una pluralidad de órganos constitucionales totalmente colonizados por los partidos políticos en proporción resultante del escrutinio de las listas de partidos obtenidas por cada partido en elecciones periódicas. Normalmente en un sistema democrático existe una relación representante-representado, basada en la lealtad y el mandato, entre el diputado de distrito en Cortes y el ciudadano del distrito. Sin embargo, el Estado de partidos carece de ese tipo de relación y emplea una interfaz para interactuar con el ciudadano que simula la existencia de democracia. La expresión “como si” describiría esta circunstancia. El diputado de listas de partido se comporta “como si” representase a la provincia en la que figuró de candidato de lista; se sienta en un escaño del Congreso de los Diputados “como si” de un padre de la patria se tratara; en las Cortes se respira una épica “como sí” la soberanía del pueblo español residiera allí, etc. Sin embargo, una interfaz es solo eso: una simulación que hace posible una interacción entre el sistema Estado y el sistema sociedad. Aunque virtualice un modo de comportarse democrático, es un trampantojo de su propia naturaleza oligárquica y antidemocrática y como tal actúa. El trampantojo necesita credibilidad, mantener la ficción del “como si”, actualizar la interfaz a la última versión del software disponible. Una forma de lograrlo es mediante el “uso simbólico de la política”, que los agentes del Estado de partidos practican con fruición. No obstante, en paralelo, conviene destacar que lo contrario del “uso simbólico” es justamente atender con diligencia las cuestiones que son verdaderamente mollares para la oligarquía (todo aquello que ocupa y preocupa realmente). El grueso de las energías del Estado de partidos se dedica a defender los intereses oligopólicos de la propia clase política y de sus ramificaciones en sectores regulados de la economía, sobre todo, pero no exclusivamente. El gobierno se aplica en sintetizar una política que, más o menos descaradamente, beneficie a la clase política, sus acólitos y los directivos de la economía regulada. Seguidamente, el régimen se dedica a satisfacer, desde su propia interpretación filtrada por los partidos, las necesidades, reales o no, de los españoles. La CE78 ha tenido la virtualidad de crear un ecosistema político-institucional cuya situación de equilibrio es la proliferación exponencial del número de leyes y regulaciones. Los gobiernos centrales y autonómicos, haciendo uso de su potestad reglamentaria, se afanan de modo desconcentrado y descentralizado, en engordar el ordenamiento jurídico con un aluvión (o berrocal) de normas, regulando cualquier situación que, aunque sutilmente desviada, a alguien le parece que hay que reconducir. Esta escalada regulativa, a la que hay que unir el aguacero torrencial de leyes autonómicas de 17 microestados, no suele resolver los problemas reales de la sociedad, pero sí justifica un supuesto trabajo realizado por cientos de miles de cargos electos y “enchufados” (casi medio millón de funcionarios eventuales o de confianza). En una primera derivada, la excesiva regulación desanima al ciudadano, que es aplastado por las cargas administrativas que le suponen; además sobrecarga a las Administraciones Públicas (AAPP) y hace cundir el desánimo entre los miembros de los Cuerpos de funcionarios de la Administración General del Estado, totalmente desaprovechados, debido a la futilidad de la política que deben ayudar a implementar. En una segunda derivada, endeuda masivamente al Estado y genera corrupción rampante.
Dado que las causas son estructurales y no se atisba un cambio de reglas en el horizonte, el sistema del “uso simbólico de la política” funciona en un bucle retroalimentado negativamente, como describe la teoría de sistemas. Así hasta el infinito. El Estado de partidos tiene todos los incentivos para continuar usando simbólicamente la política. Por un lado, obtiene credibilidad porque atiende virtualmente cualquier situación y esto le es reconocido por una ciudadanía desinformada y empobrecida. Por otra parte, engorda nuestro particular spoil system ibérico, creando nuevas estructuras administrativas donde mantener estabulada a los amigos del régimen, amén de repartir fortunas con la corrupción.
Para cambiar un sistema la medida más poderosa es intervenir en sus reglas. Nada de sustituir a personas por otras teóricamente más honestas; nada de incrementar los stocks de recursos materiales, ni alterar los flujos de información. La bala de plata que acaba con este monstruo, con este problema, es la democracia representativa con voto uninominal mayoritario en distrito pequeño y la separación de poderes en origen.
Francia ha hecho donantes forzosos de sus órganos a todos los franceses que mueran sin expresa oposición a tan anti-familiar medida, inscribiéndose en un Registro oficial, en el que se supone ya figuran cubiertos de entrada los propios políticos que la aprobaron.
La misma salvaje disposición se corrigió en España después de crearse un Archivo Auxiliar de la Comprobación de Voluntades, obtenido por mí ante notario, que obligaba a los dignatarios que votaron los trasplantes automáticos de los difuntos a dar ejemplo, cediendo el descuartizamiento de sus cuerpos cuando fallecieran (Adj 1: Boletín IL 14).
El Presidente del Gobierno D. Felipe González (Adj. 2: Boletín IL 19) fue consecuente con sus propias decisiones, al igual que otros Diputados responsables, pero, en su inmensa mayoría, se produjo un rechazo escandaloso a su desguace post morten y se dio paso a contar con la opinión de los parientes de los finados.
Se pueden adaptar al caso los siguientes conocidos versos de don Pedro Calderón de la Barca:
- Cuentan de un sabio que un día - tan pobre y mísero estaba,
- que sólo se sustentaba - de unas hierbas que cogía.
- ¿Habrá otro, entre sí decía, - más bobo y triste que yo?
- y cuando el rostro volvió - halló la respuesta, viendo
- que en Francia estaban comiendo - las sobras que él despreció.
Cordialmente a 2017.01.22.
Juan Prada Bécares, Abogado, Promoción 9 de Abril de 1952 para Defensa del Derecho a la Vida y la Integridad Física y Moral de las Personas. Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.
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ESPAÑOL De la República Constitucional
La representación política es una de las tres columnas de la República Constitucional. República, porque nadie se encuentra por encima de la ley; constitucional, porque separa los poderes ejecutivo y legislativo, y garantiza la independencia de la función judicial, que según palabras de Montesquieu, se trata de un poder casi nulo. El poder legislativo lo componen el conjunto de representantes (diputados) de todos los distritos de España que, reunidos en asamblea, ostentan la facultad de legislar. Con la República Constitucional, la elección de los diputados se realizaría en distritos pequeños y de forma uninominal, por lo que resultaría elegido un único diputado por distrito. Don Antonio García-Trevjiano propone que se cifre el tamaño de cada uno de esos distritos en unos 100.000 habitantes. Como la población de España se aproxima a los 47.200.000 habitantes, 472 serían los diputados que formarían la Asamblea Nacional, 6 de los cuales pertenecerían a la provincia de Castellón, que cuenta con alrededor de 600.000 habitantes. Utilizaré esta provincia como ejemplo.
Los habitantes de la provincia de Castellón, como los del resto de España, no disfrutan hoy de representación ninguna. ¿Conoce alguien el nombre de los diputados de lista de partidos electos? ¿Sabemos a qué se dedican los diputados aparte de acudir al Congreso de los Diputados para representar al partido y obedecer las órdenes del jefe que los seleccionó para que fueran incluidos en sus listas electorales? Si en España no se da ningún tipo de representación política, más allá de la del propio partido y sus intereses, si los diputados no cumplen otra función que la de blanquear un falso parlamentarismo, con la República Constitucional la situación sería totalmente distinta, porque el diputado representaría y obedecería al distrito.
Hablemos de los seis diputados de distrito que corresponderían a la provincia de Castellón. ¿Cómo elegiría Castellón a esos seis diputados? Sencillo. En cada uno de los seis distritos se celebrarían elecciones a diputado de distrito para la Asamblea Nacional. ¿Quién podría optar a la diputación? Cualquier mayor de edad, milite o no en un partido político, que cumpliera con los requisitos establecidos por la junta de distrito. La campaña duraría quince días y sería gratuita. Sí, han leído bien, gratuita. Gracias al reducido tamaño del distrito, los candidatos podrían desplazarse por él con sus propios medios y tendrían, además, a su disposición todos los locales públicos, previa solicitud, según el reglamento de la junta de distrito. Los mítines dejarían de ser carísimas obras de teatro y pasarían a convertirse en auténticos foros de exposición de ideas y debate, porque a ellos acudiría la población para escuchar el mensaje directo de su candidato y para intercambiar con él preguntas y respuestas. Además, dicha gratuidad, conllevaría la prohibición de que los candidatos recibieran dinero de su partido o de cualquiera otra organización, sociedad o particular. Los candidatos disfrutarían también de espacios gratuitos en los medios de comunicación del distrito. La prensa local y provincial tendría mucho más relevancia e interés que la que tiene ahora.
¿Imagináis la campaña? Apasionante, ¿no? Las candidaturas de distrito, compuestas por un titular y su suplente, cuya función sería la de permanecer al frente de la oficina del distrito y sustituir al diputado electo en caso de que fuera cesado por la junta de distrito o por iniciativa popular, se enfrentarían las unas con las otras en igualdad de condiciones, y expondrían sus propuestas ante los ciudadanos del distrito, ávidos de escuchar y de juzgar las diferencias, muy interesados, porque en verdad estarían eligiendo a su representante. En el caso de que ninguno de los candidatos alcanzase el 51% de los votos, se celebraría una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas. De esta manera, si tu candidato quedara fuera, tendrías la oportunidad de votar en la segunda vuelta en influir así en la elección final. Concluidos los comicios, el diputado de distrito tomaría posesión de su cargo, que desempeñaría entre la oficina de su distrito, abierta a los ciudadanos, y cuyos gastos serían sufragados por el distrito (no por el Estado), y la Asamblea Nacional. El sueldo del diputado también lo paga el distrito, porque el que paga, manda, y el que manda es el distrito. ¿Imagináis a vuestro diputado de distrito luchando junto con los otros cinco diputados de distrito de Castellón para que la asesina Nacional 340 fuera desdoblada? Por poner un ejemplo. ¿Imagináis la nueva situación?, ¿concebís el poder que tendría vuestro distrito y la fuerza real de la que gozaría vuestro voto? ¿No lo veis? No os frotéis los ojos, no es un sueño; se llama democracia representativa, y es posible y probable. Conquistemos juntos la libertad colectiva. La corrupción política tiene solución con la libertad y la representación, con la República Constitucional. Castellón puede estar también a la vanguardia de la libertad.
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ESPAÑOL De la República Constitucional
Ante el desafío secesionista, el tema del federalismo ha vuelto a salir a la palestra de la mano del PSOE y otros partidos considerados de izquierdas, con la intención de mitigar los inciviles ánimos separatistas. Proyecto que pretende transformar la España de las Comunidades Autónomas en un Estado federal, confiando en que tal transformación satisfaría a las “naciones históricas” y, a la vez, garantizaría la unidad política de España. Este rebrote de las tesis federalistas en el PSOE, partido cuyo ideario ha defendido tradicionalmente el proyecto de la España federal, ahora se erige como un paladín entre posturas enconadas para “desatascar” el problema territorial mediante una suerte de tercera vía con ribetes hegelianos. Sin embargo, cabe preguntarse si tal empresa tiene sentido, pues, no somos pocos los que sostenemos con fuste que el federalismo no es la solución para España o, como dicen los separatistas o acomplejados, con el fin de evitar a toda costa hablar de unidad para “el Estado español”.
Es cierto, como suelen repetir los defensores de la solución federal, que ha sido el Partido Popular quien más ha hecho por “romper” España, y razón no les falta cuando señalan, como punto de inflexión con respecto al auge del independentismo, a la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional contra aquel Estatut. Todo aquello fue un hecho vergonzoso no solo por la forma en que se impugnó, sino, ante todo, porque fue un caso flagrante de cómo el poder político mete las narices en las instancias judiciales, a causa – a ver si nos enteramos todos de una vez, incluido, Alfonso Guerra, ya que para “matar a Montesquieu” primero ha de “nacer”– de ese texto llamado Constitución Española, que no separa los poderes del Estado y que permite que un partido corrompido hasta el tuétano como el PP, con una estructura interna de partido basada en la corrupción sistémica y sistemática, haya gozado de posiciones de privilegio en las instituciones; precisamente, gracias a la inseparación de poderes que conduce, indefectiblemente, hacia la corrupción.
Pero tampoco conviene olvidar que toda aquella izquierda que proviene de los Pactos de la Moncloa, tiene, también, su porcentaje de responsabilidad; por eso, pese a que el PP haya sido una “fábrica de independentistas,” tal y como repiten muchos, a veces de manera maquinal, no es verdad esa cantinela que pretende hacernos creer que solo existe un factor o una “mono-causalidad” a la hora de comprender la realidad del País Vasco y Cataluña. A menos que uno se contente con el argumento simplista y tranquilizador de que todo lo que está sucediendo en Cataluña se debe al “españolismo centralista” del PP, no se puede entender la confusión reinante en toda la opinión pública, sin caer en la cuenta del papel que juegan los medios de comunicación, sobre todo, después de años de uniformación del criterio público contra la libertad de opinión y de conciencia. En el caso específico de Cataluña, medios de comunicación separatistas que, por cierto, a lo largo de estos años de Estado de las “autonosuyas” – en recuerdo de la divertida y premonitoria película de 1983–, han sido pertrechados, mediante generosas subvenciones públicas, con los impuestos de todos –incluidos, también, el de los catalanes no separatistas–. Siguiendo así la misma lógica del pujolismo cuando se refería a “hacer país”; aunque todo el mundo ya sabe que “hacer país” significaba realmente robar. Caso aparte merecen los intelectuales y filósofos, algunos de ellos eximios en su disciplina, que a lo largo de toda esta mentira han sido capaces de medrar impúdicamente a través del papanatismo académico; incluso dentro de la mismísima Universidad, convertida ahora en un semillero de arribistas malandrines y de paniaguados.
Por tanto, siguiendo esa lógica omni-explicativa basada en que el “españolismo” es el gran problema de todo, no se puede explicar por qué en Cataluña la hegemonía cultural está, en este preciso momento, en manos de medios de comunicación y persuasión separatistas. Fue Bobbio quien, después de analizar las tesis de Gramsci sobre el concepto de hegemonía, se refirió a la hegemonía cultural como el espacio de disputa que se da en la sociedad civil. Asimismo, tampoco es correcto hablar de “hegemonía cultural catalanista”, en la medida en que ni allí ni en el resto de España existe una sociedad civil no gubernamentalizada y espontánea que no haya sido secuestrada o pervertida por los partidos estatales y su propaganda. Y no existe sociedad civil porque los partidos políticos en tanto que son órganos del Estado, son los únicos intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. Es lícito preguntarse entonces hasta qué punto la Societat Civil Catalana tiene legitimidad para monopolizar la voz de aquellos catalanes que, supuestamente, participan de manera libre y espontánea en “el procés”, sin el concierto de los partidos estatales de la Generalitat.
Por ello, de la única hegemonía que se puede hablar en esta España de la monarquía de partidos estatales es de la “hegemonía electoral”. Porque la lucha hegemónica dentro del Estado de Partidos, en vez de darse en el seno de la sociedad civil, como creía Gramsci, se da en el Estado. Y consiste, fundamentalmente, en la lucha por el poder del Estado desde el Estado. Y en el caso, catalán, específicamente, se trata de una hegemonía, auspiciada y subvencionada desde el propio “Estado español” (Centeno 2016); hecho paradójico, por no decir irrisorio, ya que se está financiando la sedición con el dinero del contribuyente. Si esta irresponsabilidad del gobierno de Rajoy no rayara lo penal, uno se sentiría tentado a emitir una sonora carcajada.
Huelga recordar el reproche de C. Schmitt al parlamentarismo: “el poder político puede formar la voluntad del pueblo, de la cual debería partir” (Mora 2010, p.27). Por eso, mientras en Cataluña existan fuentes privilegiadas de ideas, no hay ni puede haber razones, solo y exclusivamente puede haber voluntades de poder y propaganda.
Frente a este panorama, los que no estamos de acuerdo ni suscribimos la solución federalista para España, corremos el riesgo de ser acusados de “fachillas” por aquellos que impugnan el “unionismo” en nombre del federalismo o del “consenso”. Por esta razón, todo posicionamiento decididamente anti-nacionalista, corre el riesgo de ser capitalizado por las derechas o el PP; sin embargo, esta penosa situación solo evidencia, a mi juicio, el estado deplorable de las izquierdas acomplejadas, que, durante estos años de autonomismo centrifugador, han asumido y tolerado, con la connivencia de las instituciones y el erario público, la nescencia y la jerigonza separatista, sobre todo, aquellas que para poder gobernar, han tenido que cambalachear y comprometerse con gobiernos nacionalistas.
El federalismo supone, tal y como sugiere su propio nombre: “federar”, palabra que proviene del latín foedarae, cuyo significado es “unir”. Entonces, en el caso concreto de España, me pregunto lo siguiente: ¿qué sentido tiene separar lo que ya está unido para volverlo a unir después? Máxime, si nuestro actual Estado de las autonomías es ya de facto un Estado federal, dado el alto grado de descentralización y el número de competencias, mayor, inclusive, que en otros Estados propiamente federales.
A priori, la alternativa federal surge con el propósito de contener al separatismo; si bien es cierto que muchos de los que ahora pretenden con buena voluntad desempolvar el federalismo, lo hacen, estratégicamente, para encauzar el irracionalismo más abyecto del independentismo; tampoco lo es menos esta intentona que parece, más bien, un recurso retórico o un comodín que se saca de la manga un tahúr para llevar a cabo sus trapazas. ¿A nadie se le cae la cara de vergüenza al sacar súbitamente el tema del federalismo después de años de alianzas irresponsables con ideologías filofascistas y anti-españolas?, ¿qué credibilidad tienen aquellos que ahora pretenden enmendar su error con futiles proclamas?, ¿no es todo este embrollo del lenguaje un intento de quedar bien con todo el mundo producto, quizá, del sempiterno talante ambiguo de la izquierda indefinida?
Mientras que para algunos el federalismo es la solución más razonable; para otros, es un proyecto que supondrá un paso más hacia la secesión, precisamente, por una cuestión bastante obvia, a saber: que es más sencillo pasar de la condición de Estado federado o asociado a la condición de Estado independiente no asociado; que pasar de la condición de Comunidad Autónoma a la de “Estado libre autodeterminado” (Crf. Bueno 1999, p.443-5). Porque el federalismo, pese a que se diga que es la solución más sensata y “dialogante”, es un flatus vocis que constituiría el último caballo de Troya para dinamitar lo poco que queda de una conciencia española (Trevijano 1994).
Me pregunto cómo se puede garantizar la soberanía de la nación política española, en un supuesto y no deseable Estado federal, si la estructura estatal atomista que se propone, implica que todo lo que no sea relativo a su “unidad atómica”, o sea, al “estado” o “región” federada es siempre de segundo orden. Por ello, el sentimiento de pertenencia que pueda tener un ciudadano vasco en un hipotético Estado federal, será siempre superior y anterior a su identidad española. ¿Cómo se puede defender la conciencia nacional destruyendo su unidad política constituyente? (Trevijano 2012).
Cuando los defensores del federalismo hablan de federar, son tan ambiguos que no precisan si se están refiriendo a federación o confederación, pues, como todo el mundo sabe, no son términos intercambiables y expresan realidades muy distintas. No obstante, nosotros, el MCRC, defendemos que ni una cosa ni la otra son aplicables a la nación política española, sobre todo, si lo que se pretende es, precisamente, defender lo poco que queda de una soberanía nacional supeditada a ese monstruo supra-nacional y profundamente anti-democrático que se llama Unión Europea. En primer lugar, la federación solo es posible en el momento preciso en el que se constituye un Estado. Caso paradigmático de estado federal es Estados Unidos y su Segunda Constitución del 1787, acto donde las trece colonias aprueban abandonar su condición de estados independientes al ceder su soberanía a la federación. Pero España tampoco puede ser jamás un estado federal en el sentido de asociación confederada, porque ello implicaría reconocer la preexistencia de estados independientes que han decidido federarse.
El proyecto federalista que pretende transformar el modelo actual de las autonomías en un estado federal no solo supone introducir una moneda falsa en el curso de la opinión pública durante un momento de crisis de Estado, sino que, además, supone un retroceso. El reformismo político, como no quiere oír ni hablar de ningún proceso de libertad constituyente, tal y como ha llegado a expresar el catedrático de Derecho Constitucional, Gregorio Cámara, es incapaz de ir más allá del modelo territorial y constitucional alemán. Si bien es cierto que desde las propias posiciones reformistas se reconocen y se diagnostican las deficiencias de la vigente constitución, no es tampoco menos cierto que el catequismo oficial de la jurisprudencia constitucionalista del régimen partidocrático del 78, sea incapaz pensar en algo nuevo y español que no provenga de Alemania. Hecho paradójicamente idéntico a cuando Rajoy va a Bruselas a que le digan lo que tiene que hacer en política económica y en recorte presupuestario –traduciéndoselo, por supuesto– porque le es inconcebible ya no solo actuar, dado su carácter timorato, sino, ante todo, porque es incapaz de pensar soluciones diferentes.
Cuando desde posiciones rupturistas expresamos nuestra disconformidad con el régimen partidocrático del 78, no empleamos el término “partidocracia” de manera imprecisa o baladí, como hacen los ignaros de Podemos, sino que lo utilizamos de manera precisa y rigurosa, conforme a la mejor jurisprudencia alemana; pues, el que fue presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, Gerhard Leibholz, calificó de Partenstaat –“Estado de Partidos”, según expresión de García Pelayo– a nuestros actuales régimenes políticos, configurados tras la II Guerra Mundial en la Europa Occidental.
El Estado de Partidos se caracteriza por la supresión total de la clásica representación política liberal mediante la representación proporcional de listas de partido. La CE de 1978 estatuye en los artículos 6 y 68,3 un régimen partidocrático porque sustituye la antigua representación política liberal-parlamentaria, por la integración de las masas en el Estado a través de los partidos con arreglo a su cota electoral.
El que fuera el primer presidente del Tribunal Constitucional español, Manuel García Pelayo, menciona a Leibholz para referirse a que el Estado de Partidos trae aparejado un conflicto con el Derecho Constitucional porque las bases sobre las que se asienta el parlamentarismo clásico se desdibujan en el marco de este tipo de regímenes (Pelayo 1986). Por esta misma razón, todos los problemas relativos a la legitimidad democrática del régimen del 78 –previstos por esa “inútil” Casandra llamada Maverick Trevijano, que llevaba, hasta hace no mucho, clamando en el desierto denunciando la corrupción inherente a la Constitución de 1978–, son solucionados en la Teoría Pura de la República (2010), a través de un régimen verdaderamente democrático que se fundamenta sobre la base del equilibro entre dos instituciones separadas de origen: la presidencialista y la parlamentaria.
Los que defendemos la República Constitucional, no solo nos oponemos radicalmente a la reforma de la Constitución del 78, sino a todo el régimen falso de la Transición que no fue producto, como sostienen sus corifeos, de un proceso de libertad constituyente, en donde todas las alternativas, incluida también la de la ruptura total y absoluta con el franquismo y la monarquía, estuvieran pública y proporcionalmente promocionadas durante un proceso de libre deliberación. Y no como aquella pregunta sobre la posibilidad constitucional, capciosa y binaria, que se le planteó a un pueblo con tantas ansías de libertad y prosperidad tras más de 40 años de dictadura. Por eso y mucho más, juzgamos que los actuales partidos de esta monarquía de partidos estatales no pueden brindar al pueblo español la solución de nada, puesto que ellos mismos son parte del problema.
La representación política propia de la República Constitucional que propugnamos, está basada en la representación por mayoría uninominal. Porque un sistema electoral como el nuestro, con las listas de partido y la financiación de estos por el Estado, demuestra desconfianza de la clase política y de sus promotores hacia el pueblo. Entonces, basta con cambiar el sistema electoral y separar los poderes del Estado. Basta con dar a los ciudadanos el derecho de elegir a sus representantes de distrito y el de nombrar o deponer directamente a sus gobiernos. En definitiva, lo que necesitamos es una nueva constitución que separe verdaderamente los tres poderes, porque la corrupción es inherente a la no separación de los poderes estatales. Todo lo demás es parchear un sistema que chirría y hace aguas por los cuatro costados
Finalmente, las consecuencias que tendría la República Constitucional española para con las autonomías y los nacionalismos periféricos, el Presidencialismo, al separar el poder ejecutivo del gobierno del poder legislativo de la Nación, permitiría transferencia continua de competencias a las autonomías (González 2015). En la medida en que la ley electoral no fuese proporcional y se eligieran a los diputados por distrito, los municipios tendrían garantizada su representación en el Parlamento y, a su vez, también se descentralizaría el Estado. Si todas las regiones que componen España eligiesen directamente al Presidente de la República, entonces existiría un vínculo nacional más poderoso y unitario que la actual España de las “autonosuyas” centrifugadoras.
Deberíamos reflexionar ante el hecho de por qué muy a menudo solemos asombrarnos con el patriotismo estadounidense o francés, especialmente, cuando ha sucedido alguna catástrofe nacional que ha afligido a todo un país. A nosotros, los españoles, pueblo cainita y fraticida, a menudo nos preguntamos con perplejidad por qué todos esos franceses son capaces de cantar la Marsellesa sin avergonzarse. Quizá el Presidencialismo tenga algo que ver en ello.
REFERENCIAS
BUENO, GUSTAVO. 1999. España frente a Europa, Alba Editorial, Barcelona.
