UPyD solicitará al Pleno
crear la figura del Defensor del Mayor de la ciudad de Ávila
Cerrajero hace hincapié en la
necesidad de que esta figura pueda ejercer sus funciones con total
independencia y plena autonomía, sin estar sujeto orgánicamente al
Ayuntamiento.
Propone que el desempeño de sus
funciones sea realizado de forma gratuita y honorífica.
Ávila, 20 de abril de 2016.El Grupo
Municipal de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Ayuntamiento de Ávila ha
registrado una proposición para el Pleno del mes de abril, en la que solicita crear
esta figura como órgano comisionado del Ayuntamiento pero sin dependencia
orgánica, con carácter unipersonal; con amplias facultades para la defensa de
los derechos del mayor, a la que poder encomendar el ejercicio de las funciones
de enlace y colaboración entre el Ayuntamiento y los ciudadanos mayores, en pro
de su reconocimiento y la protección de sus derechos.
UPYD se ha reunido con las distintas asociaciones
que forman parte del Consejo Municipal de Mayores, para comunicarles su
propuesta. Además, consideran apropiado conocer y contar con su opinión y
colaboración para la elaboración del futuro Estatuto del/de la Defensor/a del
Mayor de la ciudad de Ávila.
Entre otras, estas son algunas de las funciones a encomendar
al Defensor del Mayor: recibir y canalizar las sugerencias de las personas
mayores, especialmente en situaciones de denuncias por malos tratos físicos y/o
psicológicos; velar por los derechos de los abuelos mayores y su relación con sus
hijos y nietos; o analizar
la actuación de las administraciones públicas y de la iniciativa privada que
preste servicios a las personas mayores, poniendo en conocimiento de las
autoridades competentes las irregularidades detectadas.
En cualquier caso, sus funciones, derechos y
obligaciones deberán establecerse en la elaboración del correspondiente estatuto,
ha aclarado el portavoz municipal de UPYD, Javier Cerrajero.
La libertad de expresión está en el alero de las sociedades abiertas. Las presiones de la izquierda y la derecha para redefinirla, siempre en un sentido restrictivo, escalan acompasadas por el desarrollo de nuevas inseguridades y de nuevos intentos de utilizar el Estado para imponer una mentalidad única a la sociedad. El caso de Jan Böhmermann es un ejemplo de lo primero; la creación de “espacios seguros” para personas LGTB y otras minorías, en los campus universitarios y las ciudades, de lo segundo.
La canciller Angela Merkel ha dado el placet para poder procesar al cómico Jan Böhmermann por injurias al presidente turco Taryp Erdogan. En su programa de televisión, el señor Böhmermann leyó un poema satírico en el que se describía al presidente Erodgan practicando sexo con ovejas, consumiendo porno infantil, y matando kurdos y cristianos. Alemania tiene un viejo artículo en su Código Penal, el 103, que tipifica como delito las ofensas a jefes de Estado extranjeros. Para poder investigar a una persona por este delito, se necesita el visto bueno del canciller. Las presiones del Gobierno turco consiguieron que la señora Merkel activase el procedimiento penal el pasado viernes, una concesión que se explica por la creciente influencia de Turquía en la Unión Europea, debido a su posición de fuerza en el acuerdo sobre la crisis de los refugiados.
Como escribe Gideon Rachmann este martes en Financial Times: “El caso de Jan Böhmermann representa un intento de exportar prácticas autoritarias hacia la Europa democrática”.
En el otro lado del arco político, la izquierda actúa igualmente para restringir la libertad de expresión en los países democráticos. El último ejemplo es la campaña de las organizaciones del movimiento feminista y LGTB para que la ONU adopte en su próxima cumbre sobre las ciudades, del 25 al 29 de abril, un conjunto de directrices “contra la violencia de género en los espacios públicos”.
Entre las recomendaciones, se promueve la penalización de la publicidad “sexista”, o de los piropos en la calle como una forma de acoso sexual a mujeres y personas LGTB, según el borrador de la propuesta, que se filtró este lunes por error. También se pide a la ONU que reconozca como formas de violencia el siguiente listado: “patriarcado, misoginia, sexismo, sentido de la propiedad sobre los cuerpos de las mujeres, control de la sexualidad y de la capacidad reproductiva, homofobia, transfobia, lógica cisgénero, entre otras”.
Si los lobbies feministas y LGTB querían combatir el acoso sexual en las calles de las ciudades, dejaron pasar la oportunidad de hacerlo tras los incidentes de la pasada Nochevieja en Alemania, Dinamarca y Suecia, cuando cientos de mujeres sufrieron abusos por parte de grupos de inmigrantes de cultura musulmana. La voz de los colectivos feministas y LGTB brilló por su ausencia entre las peticiones de justicia para esas víctimas de un acoso real, no paranoico.
La libertad de expresión es la primera víctima de la crisis de valores en las sociedades occidentales. Los miedos de la derecha y la pulsión totalitaria de la izquierda están haciendo de la sociedad abierta un lugar peligroso para pensar y hablar en libertad. – V. Gago
[Con información de Deutsche Welle, Financial Times, de pago; El Español, Naciones Unidas, en inglés y en español]
Las previsibles nuevas elecciones, serán sin duda una nueva confirmación fatal de la la ineptocracia imperante; como se sugiere en este escrito votar a Alí Babá supondría no tener en el gobierno más de cuarenta ladrones.¡ Que alivio!
Por favor, conserve la última palabra de nuestra hermosa lengua francesa, con la definición de uno de sus defensores más acérrimos: Jean d'Ormesson
Las diez razones que evidencian la perversidad del proyecto de suicidio asistido de Canadá
Médicos y colectivos provida canadienses cuentan a Actuall sus motivos para rechazar el proyecto de ley que se acaba de abrir camino en el Parlamento de Canadá y que amenaza de nuevo a los más vulnerables de la sociedad.
Así es el proyecto canadiense de eutanasia / Imagen TV
El primer ministro canadiense, el liberal Justin Trudeau, presentó este jueves el proyecto de ley C-21 de asistencia médica a la muerte (suicidio asistido o eutanasia) aprobado por su Gobierno y remitido el mismo día a la Cámara de Diputados, donde pretende sacarla adelante sin problemas gracias a la mayoría que ostenta.
El Ejecutivo justifica este proyecto como “la opción para los adultos que padecen sufrimientos intolerables, para quienes la muerte es razonablemente previsible”. Para evitar eliminar las perspectivas de “turismo suicida” el texto dice que sólo se aplicará a los canadienses y residentes, con lo que un extranjero no podría viajar al país para este fin.
Hasta aquí el disfraz que oculta la verdadera imposición de “una ley perversa que atenta contra el primer derecho humano, la vida y el sentido mismo de la profesión médica”, como exponen los colectivos provida canadienses consultados por Actuall, como la Coalición para la Prevención de la Eutanasia (EPC), Life Canada-Vie Canada o la Organización Católica para la Vida y la Familia.
A continuación se muestra en diez puntos los motivos de los grupos provida por los que consideran perverso este proyecto: 1. Ausencia de debate serio: La propia ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, trata de justificarlo señalando que el Ejecutivo “trabajó con presión a contrarreloj” para cumplir con el plazo dado por el Tribunal Supremo de Canadá para la aprobación de la ley. 2. Exceso del poder judicial: La Corte Suprema, arrogándose el papel legislativo frente al suyo judicial, sentenció el 7 de febrero de 2015 contra las leyes que prohíben el suicidio asistido, instando al Parlamento a aprobar una nueva ley permisiva a esta práctica con fecha tope el próximo 6 de junio, dejando hasta entonces su fallo en suspenso. 3. Abierto al fraude de ley. El proyecto indica que la eutanasia o el suicidio asistido debe ser realizado por dos médicos o profesionales de enfermería, sin que sea necesario antes la supervisión de al menos un tercero independiente. Igualmente, permite que los dos sanitarios que lo aprueben sean también quienes apliquen la eutanasia. “Una vez que el paciente haya muerto, será demasiado tarde para descubrir que la persona era incompetente o estaba coaccionado”, expone Alex Schadenberg, director ejecutivo de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia. 4. Impunidad y ausencia de una supervisión efectiva del cumplimiento legal. Al mismo tiempo, el proyecto de ley es sumamente impreciso al tratar de definir quiénes carecerán de responsabilidad penal por este acto, acogiendo también a las “otras personas” que participen directamente, con lo que acaba brindando inmunidad legal a familiares, amigos o cualquier otro involucrado, “proporcionando la cobertura perfecta para actos de asesinato”, añade Schadenberg. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá junto a Barack Obama / Wikipedia5. Atenta contra la objeción de conciencia sanitaria: médicos y enfermeros se encontrarán bajo presión para responder positivamente estas solicitudes. El proyecto de ley no considera el suicidio asistido como contrario al ser de la praxis médica por lo que tampoco se considera necesario proteger el derecho a la objeción de la conciencia.
El proyecto obliga a los médicos que se opongan a practicar la eutanasia a remitir los pacientes a otro que sí quiera hacerlo
Preocupa igualmente que los médicos que moralmente se opongan deberán remitir los pacientes a un tercero dispuesto a realizarlo: “Tal complicidad forzada es una violación de los derechos de la conciencia y de la libertad de religión, ambos garantizados por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades”, expone el Dr. Ewan Goligher, especialista en Cuidados Intensivos de Toronto. 6. No favorece la seguridad del paciente. “Este proyecto de ley no es un modelo de reducción de daños, ni proporciona espacios seguros para las personas que se oponen particularmente a morir por inyección letal”, denuncian desde la Organización Católica para la Vida y la Familia. 7. Subjetividad frente a criterio médico. Desde Médicos Canadienses por la Vida se subraya la notable deficiencia del texto al referirse solamente a “que la muerte sea previsible”, un término que queda sin concretar en el proyecto de ley y con ello abierto a la subjetividad.
Los médicos que se oponen a esta ley afirman que hablar de “muerte asistida médicamente es un falso eufemismo. Ayudar a morir es ayudar a morir mejor, no antes”. Además, añaden que “estos pacientes lo que realmente quieren no es morir, sino dejar de sufrir; es en los cuidados paliativos donde se debe poner el acento”. 8. El concepto de “elección” no tiene sentido, en la medida en que los cuidados paliativos de calidad no están fácilmente disponibles para los canadienses. “Con cuidados paliativos no habría demanda. Lo mismo que no se puede someter a un enfermo terminal a un ensañamiento terapéutico, no podemos ver como solución el provocar o adelantar su muerte, sino procurarle los mejores cuidados paliativos y asistencia humana, disponer de mejores unidades del dolor que le alivien en su situación y le permitan afrontar en las mejores condiciones posibles el final natural de la vida”, exponen los médicos provida.
Las encuestas dicen que los cuidados paliativos reciben un apoyo mucho mayor entre los canadienses que la “muerte médicamente asistida”
9. No responde a una demanda social: Por el contrario como demuestra la encuesta realizada por Public Square para Life Canada-VieCanada, los cuidados paliativos arrojan un abrumador apoyo ciudadano frente a la “muerte médicamente asistida”.
De hecho, una mayoría aboga por su restricción. Como muestra la citada encuesta, la mitad de los canadienses apuestan por una ley que limite la muerte asistida “a irremediables circunstancias, y sometiéndolo a un control estricto”. Solo un 31 por ciento aboga por una ley que permita a un médico o enfermera administrar al paciente una sustancia letal “a un paciente grave, en circunstancias irremediables y con límites estrictos”, reduciéndose a un 9% quienes abogan por permitirles poner fin a la vida del paciente que lo requiera. Tampoco existe consenso sobre el tipo de paciente que podría acogerse a ello, y en todo caso ninguna respuesta supera el 50%. En cambio, la mitad de la población otorga mayor importancia a la protección de los más vulnerables, que al acceso a la muerte asistida. 10. Desde España, la plataforma Vida digna,iniciativa de Profesionales por la Ética, recuerda además que la Sociedad Canadiense de Cuidados Paliativos Psíquicos declaró que la mayor parte de sus miembros se oponía a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, apostando por la calidad de vida de los pacientes y su cuidado integral.
Como afirma a Actuall su responsable de Comunicación, Teresa García-Noblejas: “Estamos ante una ley que, en teoría, atenderá el deseo de adultos libres y responsables. Pero en la práctica, obliga al sistema sanitario público a favorecer la muerte de los pacientes más vulnerables en lugar de ayudarles a mantener unas condiciones de vida digna, paliándoles el dolor y apoyando a familias y cuidadores”.
“Otro efecto perverso es que, al estar legalizado, el suicidio se convierte en una opción más para los que sufren. E incluso es una obligación si la presión social, familiar o económica aumenta. Por último, es evidente que, como ya ha ocurrido en Bélgica y en Países Bajos, la pendiente resbaladiza es una realidad: la ley empieza siendo moderada (solo afectará a casos extremos) para acabar aplicándose a multitud de casos, con un denominador común: los más vulnerables de la sociedad”, concluye García Noblejas.
