Una juez de violencia de género,
denunciada por falsa denuncia
de acoso
A una mujer que denuncia hay que creerla sí o sí. Esta es la tesis enunciada no hace
muchas fechas por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen
Calvo. Pero ¿qué ocurre cuando la denunciante que no logra probar la acusación es
una jueza del violencia de género?
Se trata de una de las consignas más habituales presentes en los discursos de lo políticamente correcto:
a la mujer que acusa a un varón de malos tratos, acoso, intimidación o cualquier otro comportamiento
que caiga bajo el paraguas de la Ley de Violencia de Género hay que creerla “sí o sí”.
Lo dijo la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo no hace muchas fechas: “Las mujeres tiene que
ser creídas sí o sí, siempre”. El derecho básico a la presunción de inocencia, por la ventana. Los
observatorios oficiales refuerzan esta idea, al asegurar que no hay más que un 0,001% de denuncias falsas.
En realidad se refieren a las condenas por falsa denuncia.
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desestimadas. Aunque tiene sus consecuencias, en especial si se producen las denuncias en medio de una
ruptura familiar: estigmatización del varón, imposibilidad de custodia compartida, pérdida del
domicilio, alejamiento de los hijos… Todo ello sin haber resolución en firme sobre la denuncia.
Manuel Romeral ha sufrido ese proceso. Pasó en apenas unos meses de denunciar que su hijo estaba siendo
maltratado por la madre a ser denunciado. Se quedó sin poder ver a su hijo y sin patria potestad.
Nunca ha sido condenado por violencia de género. Poco a poco va recuperando la relación con su hijo.
Para sostener mejor sus denuncias y recabar pruebas, Manuel Romeral comenzó a repartir a la salida de los juzgados de Pozuelo de Alarcón unas octavillas con las que intentaba recabar testimonios de otras personas
Pero en aquél momento consideró que se había producido una serie de arbitrariedades judiciales y
denunció a las cuatro magistradas que habían intervenido en su proceso por retardo malicioso en la
administración de justicia, prevaricación, impedimento en el ejercicio de los derechos cívicos, amenazas
y coacciones.
Para sostener mejor sus denuncias y recabar pruebas, Manuel Romeral comenzó a repartir a la salida
de los juzgados de Pozuelo de Alarcón unas octavillas con las que intentaba recabar testimonios de
otras personas que hubieran sentidos vulnerados sus derechos.
Poco después, una de las juezas denunciadas se trasladó e incorporó a los juzgados de Majadahonda
(Madrid), motivo por el cual Romeral continuó con el reparto de afiches en esta segunda localidad
madrileña.
Fue entonces cuando la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Violencia sobre la
Mujer de Majadahonda, Elena Garde García, denunció a Romeral por acoso, coacciones, falta
Aún más, prevaliéndose de su posición, llamaba a diario a la Comandancia de la Guardia Civil
exigiendo la identificación de Manuel Romeral y que se intervinieran los folletos y se impidiera su
reparto. Tal era la situación que Romeral decidió pasar cada día antes por el cuartel para avisar de que
iba a repartir los folletos.
Durante ese tiempo, la Guardia Civil montó un dispositivo de seguimiento a Romeral, que será clave
en la resolución de la denuncia.
El Ministerio Fiscal pedía entonces para Manuel Romeral por repartir octavillas 15 meses de prisión; orden de alejamiento de 500 metros de su domicilio y lugar de trabajo
En julio de 2016 el titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Majadahonda llamó a declarar
prohibición de repartir octavillas. Romeral recurrió y la Audiencia Provincial le dió la razón.
Decidió entonces por recomendación de su abogado dejar de repartir las octavillas a las puertas de
los juzgados de Majadahonda, hasta que tuviera lugar el juicio.
No ha de perderse de vista que el Ministerio Fiscal pedía entonces para Manuel Romeral 15 meses de
prisión; orden de alejamiento de 500 metros de su domicilio y lugar de trabajo; prohibición de
comunicarse con su exmujer por cualquier medio durante tres años; y a pagar las costas del juicio.
Entre tanto, y pasado un tiempo, aparecieron unas nuevas octavillas, parecidas a las distribuidas por
Romeral, en los parabrisas de los coches de alrededor de los juzgados de Majadahonda. La juez Elena
Garde García volvió a denunciar a Romeral.
Hay detalles de la denuncia que merecen ser destacados.
En primer lugar, se dice que los hechos denunciados se produjeron entre las 15 y las 17 horas del pasado
16 de mayo de 2018. Es difícil que la juez tuviera constancia de los mismos siendo que su horario laboral
concluye a las 14 horas.
En segunda instancia, aún más sorprendente, la jueza dice que el reparto de octavillas se detectó a las
10:00 horas del 16 de mayo. La defensa de Romeral se pregunta cómo es posible que la presentación de la
denuncia se realizara tan solo un minuto más tarde.
En tercer lugar, la denuncia oculta que la Audiencia Provincial había respaldado el derecho a
repartir octavillas de Romeral.
Pero en cuarto lugar, la denuncia no puede demostrar la implicación de Romeral en el caso, pero aún así lo acusa a él.
Sobre esta segunda denuncia, se dicta auto de sobreseimiento provisional que no es recurrido por Elena Garde.
Los testigos demintieron la acusación de la jueza. Entre ellos 14 guardias civiles que llegaron a hacer seguimientos de incógnito a Manuel Romeral
Un rosario de desmentidos
El pasado mes de noviembre, llegó el día del juicio por la denuncia contra Romeral por acoso, coacciones,
falta de respeto, injurias y calumnias. La titular del Juzgado de lo Penal nº 19 de Madrid, excompañera de
la denunciante en los juzgados de Majadahonda, instó en la vistilla previa al abogado de Romeral a aceptar
una sentencia por conformidad, según explica a Actuall el propio afectado.
Según refiere Romeral, las palabras de la juez María Dolores Moure a su abogado en la vistilla previa
fueron las siguientes: “Aquí hay delito y está sentenciado”. Aún sin haber oído a los testigos.
La oferta es inaceptable para quien ha salido absuelto de todas y cada una de las denuncias de
delitos peores recibidas durante su proceso de divorcio. “Si a estas alturas no he tenido antecedentes,
no los pienso tener por unas octavillas”, explica Romeral a Actuall.
Al juicio acuden como testigos 14 miembros de la Guardia Civil, el titular del juzgado nº 4 de Pozuelo de
Alarcón, el vigilante jurado de los juzgados de Majadahonda y la persona que se encarga de su limpieza.
Algunos de los agentes habían realizado incluso seguimientos de incógnito durante las 24 horas del día a
Romeral a causa de la denuncia de la juez Elena Garde.
Todos los testigos desmintieron la versión de Garde contra Romeral. De manera categórica los agentes
reiteraron que “el acusado no tenía actitud violenta”, “estaba tranquilo”, “era educado”, “nunca se acercó
a la juez” e, incluso, que “cuando la jueza llegaba caminando por la gasolinera, el acusado se apartaba
caminando hacia el cuartel que se encuentra calle abajo de los juzgados”.
En la sentencia, se afirma que “no se puede concluir que la conducta del acusado consistente en
repartir las octavillas referidas en las inmediaciones del juzgado donde prestaba sus funciones la
magistrada, constituya el tipo delictivo objeto de acusación”.
Aún más, se asegura que la denunciante no consiguió acreditar que Romeral “con su conducta,
alterase gravemente la vida cotidiana” de la denunciante.
Así que, pese a las ‘predicciones’ de la magistrada que ha juzgado el caso, Romeral ha resultado absuelto
“del delito de acoso por el que venía siendo acusado, con todos los pronunciamientos favorables”.
Romeral ya ha anunciado una querella contra Elena Garde en la que la acusará por denuncia falsa,
simulación de delito y falso testimonio.
