El filósofo Ludwig Wittgenstein afirmaba que el lenguaje tiene la propiedad de representar la realidad del mundo. La importancia del lenguaje como medio de comunicación y transmisión de ideas ha sido una constante en la historia de la humanidad. Pero además, los mensajes implícitos en las palabras sin duda afectan a nuestra manera de percibir el mundo y modelan nuestro pensamiento. Alain de Benoist sostenía que “toda lengua es un código, y este código determina categorías de pensamiento. George Orwell lo demostró en 1984: quien controla el poder de definir las palabras, controla también las mentes”.
Viene esta reflexión a cuento de la operación humanitario/mediática del buque Aquarius y el uso indiscriminado del término refugiado para calificar a los ocupantes de la embarcación. Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 y el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, tienen la consideración de refugiado aquellas personas que se encuentren fuera del país de su nacionalidad y corren el riesgo fundado de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y no puedan, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de su país de origen. Por tanto, el inmigrante por causas económicas de ninguna manera puede ser calificado como refugiado. Nadie en su sano juicio se atrevería a denominar a los miles de jóvenes que han tenido que expatriarse fuera de España en busca de trabajo como refugiados. De igual manera, los cientos de miles de inmigrantes procedentes del tercer mundo que llegan a Europa para mejorar sus condiciones de vida económicas, tampoco pueden denominarse refugiados, hagan dicho viaje con o sin riesgo para su integridad física.
Sin embargo, aprovechando la situación de los verdaderos refugiados amenazados por la guerra civil en Siria, se ha permitido una manipulación del lenguaje que sirve a la pretensión de definir como refugiado a cualquier inmigrante que llega a las costas europeas. De esta forma, quienes piden el control de la inmigración y la expulsión de los inmigrantes ilegales son unos desalmados, gentes insensibles a las indiscutibles razones humanitarias que asisten a cualquier refugiado para ser acogido en nuestras sociedades, que tienen el deber moral de ser solidarias con ellos. Se intenta silenciar a quienes, más allá del sentimentalismo superficial, cuestionan las políticas favorables a la inmigración sin fronteras. Al usar percepciones emocionales en vez de significaciones racionales, se priva a la opinión pública de elementos de juicio para clarificar objetivamente las cuestiones relativas a la inmigración.
Estamos ante una trampa del lenguaje, las categorías de refugiado e inmigrante son jurídica y moralmente diferentes. Por legítimo que sea buscar superar las duras condiciones económicas del país de origen y por inexcusable que resulte auxiliar a quien se encuentra en peligro en el mar, no es posible equiparar la figura del refugiado, persona perseguida, con la del inmigrante. Al utilizar el vocablo refugiado para referirnos indistintamente a todos ellos se superpone su significado al de inmigrante, de tal forma que se elimina cualquier examen crítico sobre las motivaciones de las personas que pretenden llegar clandestinamente por mar a Europa. Se trata de operar sobre la sensibilidad y la emotividad de los ciudadanos para crear un estado de opinión favorable a tratar de manera idéntica la acogida en supuestos tan diferentes, ya que en el caso del perseguido se le deberá dar asilo, y en el caso del inmigrante ilegal, una vez socorrido y puesto a salvo, se le debería devolver a su país de origen.
Estas artimañas para manipular el lenguaje en relación con la inmigración no son nuevas, viene sucediendo con los términos inmigrante ilegal e irregular. Se tilda de racista y xenófobo usar el término ilegal. Las personas no son ilegales. Lo políticamente correcto sería decir inmigrante irregular. Lo que no deja de causar perplejidad, porque entonces, ¿las personas sí pueden ser irregulares? Nuevamente nos encontramos con un subterfugio lingüístico que esconde un mensaje que pretende manipular la realidad.
Quien entra o permanece en un país violando su legislación comete una ilegalidad, igual que quien incurre en cualquier otro comportamiento ilícito, sea defraudar al fisco o comercializar un producto alimentario sin cumplir con los debidos trámites administrativos, etc. Cuando se cambia “ilegal” por “irregular”, en realidad de lo que se trata es de sustituir en la mente del destinatario un término que va asociado a una reprobación social por otro que es considerado disculpable. La carga significativa de uno u otro vocablo es transcendente, quien comete una ilegalidad debe sufrir sus consecuencias, mientras que un comportamiento irregular siempre será subsanable. La fuerza del lenguaje, en un caso apoya las posturas favorables a la “expulsión” de los inmigrantes que no han respetado la legislación y en el otro, justifica a aquellos que patrocinan su “regularización” aunque hayan vulnerado la ley.
Según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior, menos del 30 % de los extranjeros que son detenidos por infringir la legislación sobre extranjería y permanecer ilegalmente en España son expulsados, en cuanto a las expulsiones judiciales, conforme a las memorias de la Fiscalía General del Estado, poco más del 5 % de extranjeros condenados por la comisión de un delito son expulsados. Y no existe ningún tipo de presión social que demande una solución. Quizá algo tenga que ver la teoría sobre la comunicación “del medio es el mensaje” enunciada por Marshall McLuhan, porque en las modernas sociedades de masas no se dice algo porque sea verdad, se toma como verdad porque se dice.
Carlos Álvarez (VidaDigna): “Cualquier paso hacia la eutanasia es un paso contra la muerte digna”
El Congreso abre la puerta a la despenalización de la eutanasia. El portavoz de Vida Digna, Carlos Álvarez analiza el estado de la cuestión en España. Este debate está "sacando a la luz cómo se muere en España y abrir este debate es bueno", explica Álvarez.
Carlos Álvarez, jurista, lleva años estudiando en profundidad el contenido de las leyes proeutanásicas que se han presentado en los diferentes parlamentos. Como miembro de la plataforma Vida Digna, habla con Actuall para advertir y desenmascarar la eutanasia en las leyes autonómicas y en los proyectos de leyes nacionales que están actualmente en proceso parlamentario en España, así como de los peligros y repercusiones en la jurisprudencia internacional en casos como el de la eutanasia aplicada a niños.
Nueve autonomías ya tienen una ley en vigor sobre los “derechos del paciente al final de la vida”, y otras dos cuentan con un proyecto de ley. Además, actualmente en el Parlamento de España están en trámite la proposición de ley de Ciudadanos y la del PSOE.
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Este mismo martes, en el Congreso de los Diputados, los grupos parlamentarios han adelantado sus posiciones sobre la propuesta del Parlamento de Cataluña por la que se pretende despenalizar el suicidio asistido y la eutanasia.
Pese a los votos en contra del UPN y PP, la abstención de Ciudadanos abre la puerta a que se avance en la idea de eliminar el reproche penal a quien ayude a otro a quitarse la vida o practique la eutanasia.
Empezando a hablar por las leyes autonómicas, ¿cuál es el mayor peligro para el derecho a la vida que encierran?
El problema de estas leyes autonómicas es que en su articulado no admiten menciones a favor de la eutanasia, lo que hacen es permitir prácticas que mal utilizadas pueden llevar a una eutanasia. La más clara de ellas es el derecho a la sedación.
¿De qué clase de sedación estamos hablando?
La sedación es un tratamiento paliativo. La sedación es cuando hay que aplicarla cuando un paciente tiene síntomas que son refractarios. Es decir, imaginemos un paciente que tiene, por ejemplo, ¿un dolor? tan terrible que no desaparece ni tan siquiera con la administración de los fármacos los opioides, o los derivados de la morfina. ¿Qué se hace con este paciente? Bueno, a través de una unidad de paliativos, le van sedando, es decir, le van durmiendo. Esto es un proceso largo hasta que el paciente dice: ‘Ya no tengo más dolor’. La idea es conservarle la consciencia el máximo posible y el máximo tiempo posible. Es importantísimo el que un paciente pueda estar consciente al final de su vida porque puede tomar decisiones, reconciliarse con sus seres queridos. Todo esto, las unidades de paliativistas lo manejan muy bien.
Bien, ¿qué ocurre? lo que plantean muchas leyes de estas es un derecho a la sedación. El paciente le diría al médico, o los allegados del paciente le dirían al médico: ‘Sédelo, pero sédelo hasta morir’. Y eso es un sedación terminal, no una sedación paliativa. Esto sería una eutanasia encubierta. Este peligro está en todas las leyes, incluida en la ley de Madrid.
¿La ley de Madrid sería quizá algo mejor que las del resto de autonomías, en cuanto a la defensa de la vida en su fase final?
La ley de Madrid desarrolla aspectos de derechos del paciente ya recogidos en una ley nacional, y en ese sentido ha desarrollado un trabajo de profundización a través de las comisiones de cuidados paliativos, que han sido escuchadas.
La ley de Madrid es una de las últimas leyes que se han aprobado y es importante decir que en ésta, y en otras sucesivas, ha habido algunas mejoras respecto de las más antiguas. Por ejemplo, se hace una referencia al tema de los cuidados paliativos mucho más real. Es verdad que está aumentando significativamente el interés de los partidos por esta materia, por la mal llamada ‘muerte digna’: eutanasia. Pero esto, también, está sacando a la luz cómo se muere en España, y abrir este debate es bueno. La ley de Madrid sí contempla un derecho a los cuidados paliativos.
“Tenemos dos víctimas totalmente contrastadas que podemos afirmar que han muerto por eutanasia, por la acción directa del sistema sanitario para provocar esa muerte, no para curarlas”
¿Y cual es la situación de la eutanasia a nivel nacional?
A nivel nacional sabemos que en el Gobierno de Zapatero se presentó una ley que pretendía despenalizar la eutanasia que no llegó a votarse parlamentariamente porque se terminó su mandato. Podemos ha presentado una ley orgánica, que requiere de una mayoría absoluta en el Parlamento porque trabaja sobre derechos fundamentales en la Constitución. Lo que pretendía esta ley de Podemos es despenalizar la eutanasia. Sacar la eutanasia del Código Penal.
¿Por qué?
Ahora mismo el que ayuda a morir a otro a petición de otro está cometiendo un delito. Cualquier ley en España que conlleve delitos o penas tiene que ser tramitada a través del procedimiento de la ley orgánica, que es más garantista. Pues Podemos quería cambiar el Código Penal, despenalizar la eutanasia absolutamente. La propuesta de ley de Podemos fue rechazada por las Cortes, pero existen otros dos proyectos. El proyecto que llamaremos ley de Ciudadanos, al que se han presentado diversas enmiendas y en este momento está pendiente de un dictamen de la Comisión de Sanidad del Congreso. Una vez que haya este dictamen que se da en cualquier ley que pueda tener influencia sobre aspectos fundamentales, como puede ser el derecho a la Sanidad, entonces, es necesario que se haga un estudio previo por parte de una Comisión Parlamentaria del impacto que puede tener. Y en este caso, está en ese momento. Y también está el del Partido Socialista, que ha presentado su propia propuesta de ley, pendiente de tramitación. Se presentó el 14 de febrero del año 2017 y pretende elevar las leyes autonómicas a rango nacional. Es muy parecida a las que hay en las autonomías, una ley de derechos y garantías del final del paciente que hace mucha incidencia en la autonomía de la voluntad del paciente y que tampoco plantea la eutanasia como un derecho.
Pero, entonces, ¿dónde está el peligro?
La confusión que generan las leyes autonómicas y que nosotros sospechamos que el PSOE pretende llevarlo a categoría nacional es cuando mezclamos medidas ordinarias y medidas extraordinarias. Voy a poner un ejemplo sencillo: Imaginemos que hay una persona mayor que está ya muy enferma y probablemente esté al final de su vida y sufre una infección. Esa infección hay que tratarla con antibióticos; es un tratamiento. Eso es una medida ordinaria. En principio, no se podría pedir la retirada del tratamiento. Pero si el paciente no quiere tener tratamiento y prefiere morirse en paz, podría hacerlo. Ahora, las medidas fundamentales, las medidas ordinarias, son la alimentación, la nutrición y el aire. Evidentemente, si pedimos que a una persona se le retire el aire se muere. ¿Qué hacen las leyes autonómicas y qué no hace bien el proyecto de ley socialista? Distinguir bien entre medidas ordinarias y medias extraordinarias de soporte vital.
“Luis Montes fue un mal director del servicio de Urgencias porque en el momento en el que él sale de allí, y se saca también a su equipo, las muertes descienden radicalmente”
¿Qué consecuencias están teniendo las leyes autonómicas hasta el momento?
Un efecto que han tenido las leyes autonómicas hasta el momento es oficialmente la producción de dos muertes. La aplicación de la Ley de Derechos y Garantías de Andalucía provocó la muerte a Ramona Estévez. El modo que tuvo de morir: sus parientes solicitaron que se le quitara la sonda nasogástrica a través de la cual se alimentaba. Bueno, después de un procedimiento, porque en principio el hospital se negó. Luego fue obligado por la consejera de Sanidad y le quitaron la sonda y después de veinte días murió. Murió de hambre y de sed. Y también en Galicia, que también hay una ley de Derechos y Garantías, teníamos el caso de la niña Andrea, a quien también se solicitó la aplicación, y que también murió. Es decir, ya tenemos dos víctimas totalmente contrastadas que podemos afirmar que han muerto por eutanasia, por la acción directa del sistema sanitario para provocar esa muerte, no para curarlas de acuerdo con las leyes autonómicas. Estas dos son oficiales aunque puede haber más.
El presidente de Derecho a Morir Dignamente, Luis Montes /Twitter
¿Y se están aplicando sedaciones terminales de manera irregular?
Bueno, es un tema complicado porque cuando nosotros, por ejemplo, en la asociación de Vida Digna hemos tenido noticias de esto y hemos acudido a denunciar porque son prácticas que se sospecha, se dice, se rumorea,… normalmente nuestras denuncias no son admitidas porque no somos parientes de la persona.
El doctor Montes de lo que fue acusado, precisamente, es de hacer de sedaciones irregulares, es decir, convertir una sedación paliativa en una sedación terminal. No era experto en cuidados paliativos, era un médico de Urgencias. Entonces su trabajo de médico era estabilizar al paciente y, una vez estabilizado, que se ocuparan de él los que tuvieran que ocuparse: los cardiólogos o quien fuera preciso. A él se le acusó, aunque luego quedó archivada la acusación, de 15 casos de una sedación negligente que no fueron demostradas. Nosotros podemos afirmar que él fue un mal director del servicio de Urgencias porque en el momento en el que él sale de allí, y se saca también a su equipo, las muertes descienden radicalmente. Se sospecha que él pudo tener que ver con esto, pero nunca ha sido probado.
Recientemente, ha tenido mucha repercusión mediática el caso de Alfie Evans. ¿Qué se puede decir desde el derecho?
La situación de Alfie Evans es un tema muy complicado y muy duro. La realidad es compleja, pero, tenemos a un niño que tiene una enfermedad, una enfermedad que no ha sido diagnosticada o al menos nosotros no conocemos cuál es el diagnóstico porque no se ha publicado. El niño no estaba en el proceso de la muerte. Entonces, un juez, a instancias del hospital, pide que a ese niño se le quite el respirador artificial, osea una medida de soporte vital esencial para que muera. La familia se niega y recurre la sentencia, y los tribunales ingleses no le dan la razón a la familia, que acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya función esencial es velar precisamente por los derechos -en su artículo 2 se reconoce su derecho a la vida, como no puede ser de otra manera-. El tribunal Europeo de Derechos Humanos no entra al fondo de la cuestión, lo que viene a decir es: respetamos los mecanismos legales que existen en Inglaterra y se inhiben, Con lo cual, les dejan indefensos. Es un tema complicado el caso de Alfie Evans porque también en un momento dado se dice: bueno, pues si mi hijo tiene que morir, me lo voy a llevar a morir a casa. A ver, evidentemente, no se puede privar de movilidad a un padre ni a una madre ni a un hijo cuando no hay un motivo justificado, por ejemplo, una condena penal. Esto es un caso notable; había Policía para que no pudiesen llevarse al niño.
“¿Quién puede decir que una vida es digna y no merece ser vivida? ¿Vamos a otorgar ese poder a los médicos?”
En Reino Unido ya teníamos también el precedente de Charlie Gard.
Sí, y el de Alfie provoca otro precedente peligrosísimo. La próxima vez que un servicio médico inglés considere que hay un niño que está sufriendo mucho y que lo que le conviene es la muerte y lo lleve a los tribunales, los jueces ingleses se apoyan mucho más en precedentes que en la ley. Su derecho no viene del Derecho Romano como el nuestro. Entonces, es muy difícil que haya un juez ahora que diga si se plantea el caso: “No. Vamos a dejarlo a la voluntad de los padres”. Y la realidad es que el niño no estaba siquiera en el proceso de la muerte, en lo que diríamos la agonía.
Y el juez les quitó la patria potestad…
Sí, les ha quitado la patria potestad de modo directo, puesto que decide por ellos cuestiones que atañen a su hijo. Esto es un atentado contra la libertad gravísimo. En este caso lo que están imponiendo es el criterio de un comité de médicos, más un comité ético del hospital, de que la vida del niño no es digna y no merece ser vivida. Y eso es un juicio de intenciones muy peligroso que trasciende lo médico. Porque, ¿quién puede decir que una vida es digna y no merece ser vivida? ¿Vamos a otorgar ese poder a los médicos?
Todo esto puede provocar a corto plazo una desconfianza en los hospitales…
Sí, claro, y también una de las principales consecuencias que provocan las leyes de eutanasia o de suicidio asistido es la desconfianza en el sistema sanitario. Cualquier paso que se da en dirección a la eutanasia es un paso que se está dando en contra de la muerte digna. La auténtica muerte digna es que uno muere sin dolor, rodeado por los seres queridos, asistido médicamente, socialmente y espiritualmente del modo en que uno desee, sea del credo que sea.
Según el Alto Comisionado para Refugiados de la ONU, a España llegaron en el 2017 28.349 extranjeros desplazados, prácticamente el doble que el año anterior. Una cifra similar a los que arribaron a Grecia pero una cuarta parte de los que pusieron rumbo a Italia.
Durante los años de la megacrisis, más de 300 mil jóvenes españoles hicieron las maletas y pusieron rumbo a algún sitio que les ofreciera una perspectiva digna de vida. No he oído a ninguno de nuestros políticos que les llamara refugiados a pesar de verse forzados a abandonar sus lugares de nacimiento. Se les ha considerado, al igual que a los españoles que se fueron a Alemania a comienzos de los 60, “emigrantes”. Porque emigrante es todo aquel que se marcha de su hábitat natural en busca de una vida mejor.
Refugiado no lo es cualquiera. De hecho es una categoría jurídica desarrollada en la Convención de la ONU de 1951, según la cual, refugiado es todo aquel que, por razones bien fundadas, teme por su vida debido a su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado grupo social. El refugiado es, el resultado de la violencia, interna o externa, que le priva de la protección necesaria para poder vivir con tranquilidad. Ser reconocido como refugiado, a través de la petición de asilo, exige que el punto de partida sea el desplazamiento forzoso a causa de la violencia y el desorden generalizado y demostrar que el retorno al país de procedencia es imposible sin poner en riesgo su vida. Ni en la convención del 51 ni es posteriores puestas a punto se equipara al refugiado con el emigrante por razones económicas, tal como se hace continuamente en España.
Según el Alto Comisionado para Refugiados de la ONU, a España llegaron en el 2017 28.349 extranjeros desplazados, prácticamente el doble que el año anterior. Una cifra similar a los que arribaron a Grecia pero una cuarta parte de los que pusieron rumbo a Italia.
Pues bien, cuando se analiza la nacionalidad de origen, sólo se puede concluir que no hay relación alguna entre la violencia en el mundo y la emigración hacia España: el 20% fueron de origen marroquí; otro tanto de argelinos; el 12% de Guinea; el 11% de Costa de Marfil; el 10% de Gambia… y de Camerún, Mali y otros países del África Subsahariana. De hecho, procedentes de Siria sólo llegaron a suelo español 2.300 personas. Esto es, más del 90% de los “refugiados” acogidos por los españoles, no provienen de desplazamientos a causa de las guerras, represión y desorden generalizado.
También es normal esperar que los grandes desplazamientos de población, como pasó en Europa en los años de las grandes guerras y tras la Segunda Guerra Mundial, cuando más de 7 millones de ciudadanos tuvieron que realojarse según las nuevas fronteras, fueran demográficamente equilibrados, esto es, que estuvieran basados en unidades familiares, con padres y madres e hijos. Pero ya vemos en los telediarios y fotos que publica la prensa, que en la gran ola emigratoria que arranca con la política de puertas abiertas impuesta por la canciller alemana Angela Merkel en 2015, no es así. Siguiendo con los mismos datos de la ONU de los desplazados que vinieron a España el año pasado sólo el 9% eran mujeres (las primeras que deberían huir de las zonas en conflicto), el 14% fueron menores de edad, la mayoría no acompañados; y el abrumador 77%, varones en edad militar. No ancianos.
Visto estos datos, la supuesta obligación moral que tenemos para con los desgraciados que huyen para salvar sus vidas acosados por las guerras, convendría aquilatarla a sus justos límites. No hay tanto refugiado como se nos quiere hacer ver. Por lo que la pregunta no debe ser ¿qué hay que pagar por salvar una vida?, sino ¿qué debemos pagar para integrar a un emigrante ilegal que viene, en muchos casos, a vivir de los servicios que le regala el estado con nuestro dinero?
Italia tenía en sus presupuestos para el 2018 una partida para hacer frente a las necesidades de 400 mil emigrantes ilegales, 5 mil millones de euros; Suecia, para la mitad pensaba gastar unos 8 mil millones. Lo que nos da una idea de lo que conlleva la política de puertas abiertas de la UE. Y e lo equivocado que están los políticos españoles del PP y de Ciudadanos cuando la única crítica que hacen a Pedro Sánchez se basa en que la acogida de refugiados debe ser una cuestión de la UE, como si nosotros no fuéramos parte y hayamos aceptado sumisamente el reparto de cuotas. Ni una palabra sobre la dudosa naturaleza de quienes llegan a nuestras costas y mucho menos una línea de protección de nuestras fronteras.
Hace un par de años, la Universidad de Londres realizó un estudio cuyo objetivo era demostrar que la emigración hacia el Reino Unido había sido positiva en términos económicos y que, a tenor de la experiencia de los últimos 15 años, mayores cuotas migratorias eran deseables. Sin embargo, y para pesar de sus autores, sólo pudieron demostrar que únicamente los emigrantes europeos habían arrojado un balance neto a la riqueza británica (que cifraron en unos 4 mil millones de libras en 15 años), mientras que loe emigrantes del resto del mundo habían consumido más recursos de los que habían aportados. El think-tank privado Migration Watch, desarrolló un estudio similar pero con unas conclusiones más pesimistas: los europeos arrojaban un saldo neutro mientras que los del resto del mundo eran netamente deficitarios, consumían más riqueza de la que generaban.
Con los datos que contamos en España sabemos que la proporción de parados entre los emigrantes es muy superior a la de los españoles y que el conjunto de su aportación a las arcas del Estado es marginal. La vez que también conocemos el daño que hacen algunas actividades, como la distribución de productos falsificados, y la venta callejera, por citar dos casos de sobra conocidos.
No, los emigrantes no vienen a salvar nuestro caduco sistema de pensiones ni a aumentar la riqueza nacional. Punto. Puede que para algún empresario les sirva de mano de obra barata, pero supongo que ese no es el modelo laboral que propugna el actual gobierno socialista ni sus sindicatos.
Por otro lado, está el hecho de que los nuevos emigrantes tienen muy complicado integrarse en el país que los acoge. Por dos razones básicas: porque el buenismo y multicultarismo imperante no se lo exige; y porque muchos de ellos no lo quieren. Quieren vivir como en sus países, con sus tradiciones, normas e instituciones, al margen de la ley nacional, pero, eso sí, disfrutando del bienestar que les proporcionan las múltiples ayudas públicas. Cuando un presidente de gobierno se salta la Ley de Extranjería sin causas de fuerza mayor, como ha sucedido con el lamentable caso del buque Aquarius, estamos vendidos al efectismo, la propaganda y el buenismo. Es curioso que nadie de nuestras elites dirigentes se haya preguntado porqué no se puede desembarcar a esos 620 supuestos refugiados en puertos de Túnez o Marruecos, dos países por cuyas aguas va a transitar, mucho más cercanos culturalmente al pasaje y donde no correrían ningún riesgo.
Tampoco nadie se ha planteado hacer lo que ya hizo la propia UE con Turquía: pagar para que se quedara con los desplazados en su suelo y dejara de enviarlos a Grecia y resto de la UE. No digo que se replique lo que hace Hungría y otros países de CentroEuropa, que defiende activamente sus fronteras, si eso resulta tan repugnante como se suele decir. Pero se podrían construir campos de refugiados a lo largo de la costa del Norte de África, incluida la propia Libia, donde tendrían unas condiciones tan dignas como las que van a tener aquí, y se podría atender a muchos más al mismo coste que lo que vale mantener unos cuantos entre nosotros. Si se trata de resolverle el problema a todos, es la mejor opción. Lástima que no sirva para las bonitas fotos de ministras y alcaldesas ni para enjuagar las lágrimas de quienes quieren hacer el bien a costa de los demás y no de ellos mismos ni con el dinero de sus bolsillos. Todavía me queda oír decir a Irene Montero y su marido que ofrecen parte de su notable jardín para instalar una carpa para los refugiados a los que tan bien quieren que los demás españoles recibamos.
Porque eso es lo último. Es curioso que sean los mayores enemigos de la idea de España y de la identidad española, quienes corran a abrazar este buque con nombre de bebida isotónica y pidan a más buques que pongan rumbo a nuestra patria. Su sueño es que entre musulmanes y subsaharianos olvidemos lo que de verdad es ser español. Otra razón más para estar en contra de la emigración descontrolada que nos han impuesto todos los gobiernos de los últimos años.
en Georgia, Radu Nechita, de la organización CISED en Rumania, y
John Suárez, de la Fundación Free Cuba, señala Breitbart.
“Sociedades enteras en la parte oriental de Europa fueron privadas de alimentos, explotadas y se les negaron los derechos humanos básicos”, apuntan en la misiva
“Como defensores de la libertad individual, consideramos que este evento
[la celebración del aniversario] fue cruel e irrespetuoso hacia millones de ciudadanos
de la Unión Europea que sufrieron dictaduras comunistas durante más de medio siglo”, escriben.
“Les recordamos que incluso hoy en día todavía hay muchos países en el mundo donde
la población sufre la abominación ideológica creada por Karl Marx. Más de cien
millones de personas murieron como consecuencia directa del comunismo en el
siglo pasado en todo el mundo. Un presidente de la Comisión Europea no puede
olvidar esto cuando actúa en nombre de la Unión Europea y representa a todos
sus ciudadanos”, insisten.
“Sociedades enteras en la parte oriental de Europa fueron privadas de alimentos,
explotadas y se les negaron los derechos humanos básicos”, recuerdan. “Hoy es
más necesario que nunca desacreditar las teorías equivocadas de Karl Marx”,
afirman y piden que “haga una disculpa formal a las víctimas del comunismo por este error”.
Veíamos en un artículo anterior que los catalanes fueron, entre todos los pueblos hispánicos, quienes más denodadamente lucharon por el mantenimiento de la tradición, desde la Guerra de Sucesión hasta las Guerras Carlistas, frente a los nacionalismos liberales nutridos de soflamas románticas. Sólo mentes arrasadas por el napalm sistémico pueden afirmar sin rubor que el separatismo es hijo del carlismo.
El nacionalismo prendió en Cataluña en ámbitos urbanos, antes que en los rurales. Nada más natural, puesto que el liberalismo es ideología que beneficia a los ricos, que mientras fomentan entre los pobres la anarquía moral pueden dedicarse a la única libertad que de verdad les interesa, que es la libertad para concentrar y amontonar dinero. Fue la burguesía catalana la que, 'al abrirse' a la 'modernidad' europea, introdujo en Cataluña los postulados nacionalistas liberales que habían leído en gentes como el mencionado Renan. Vicens i Vives lo expresa sin ambages en Industriales y políticos del siglo XIX: "El catalanismo incorporaba Cataluña a Europa de una manera total e irrenunciable... El reencuentro con Europa después de cuatro siglos de ausencia, he aquí el significado profundo del movimiento catalanista".. ¿Se puede decir de forma más rotunda y sintética? Mientras Cataluña se mantuvo apegada a la tradición, permaneció impermeable a las tesis nacionalistas que triunfaban en Europa.. Y para lograr que la Cataluña popular comprase la mercancía averiada, la burguesía liberal hubo de hacer una operación de ocultamiento de la tradición catalana.
Antonio Rovira i Virgili así lo reconoce en su Historia dels moviments nacionalistes. En este libro, Rovira i Virgili se esfuerza por desvincular la causa nacionalista de los acontecimientos de 1714 (de los que abomina, porque sabe que fueron protagonizados por catalanes dispuestos a "derramar gloriosamente su sangre y vida por su Rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España"), que inscribe en la línea histórica que verdaderamente les corresponde: "Esta es una línea --afirma-- que pasa por el movimiento catalán de la guerra contra Francia, después por la guerra de la Independencia y va a parar a las guerras carlistas. En realidad, los herederos de 1640 y de 1714 son los carlistas de la montaña catalana". Precisamente por ello (porque veía una continuidad histórica entre los patriotas dispuestos a derramar su sangre por España de 1714 y los carlistas de la montaña catalana), Rovira i Virgili sostenía --nos lo cuenta Josep Pla en Prosperitat i rauxa de Catalunya-- que "las guerras carlistas tenían que ser borradas de la memoria de la gente catalana, cual si nunca hubieran existido". Y es que los ideales carlistas y los ideales nacionalistas son por completo incompatibles. Por eso el nacionalismo, ansioso de subirse al carro de la modernidad europea, enterró la tradición catalana, de la que renegaba y se avergonzaba. Y se nutrió de una munición de conceptos --voluntad, soberanía, autodeterminación, etcétera-- típicamente liberales, que a cualquier carlista repugnan.
Para enterrar la tradición catalana, el nacionalismo liberal adoptó al principio un lenguaje regionalista que a simple vista se podía confundir con el lenguaje tradicional de los carlistas; y así se consiguió que muchas familias carlistas se fuesen contaminando de ideas liberales, envueltas en el celofán del conservadurismo clericaloide. Y cuando esa contaminación fue completa, el catalán se volvió furibundamente independentista, como no podía ser de otro modo; porque los pueblos tradicionales, cuando son infectados por ideologías modernas sustitutorias de su fe, se revuelven furiosos. Dostoievski nos enseña --refiriéndose al pueblo ruso, pero vale lo mismo para el pueblo catalán-- que cuando los pueblos tradicionales son contaminados de ideas ajenas a su tradición no reaccionan como vacas pastueñas, al estilo de los pueblos sumisos e inanes que se uncieron al yugo luterano, sino que se metamorfosean en algo muy distinto que, sin embargo, conserva pervertido su ardor originario: la religiosa Rusia, infectada de liberalismo, reaccionó volviéndose bolchevique; la Cataluña hija de los almogávares y los carlistas de la montaña reaccionó volviéndose independentista. Y el catalizador de esta metamorfosis fue, en ambos casos, el mismo. El independentismo no es hijo (ni siquiera bastardo) del carlismo, sino hijo legítimo y predilectísimo del liberalismo.
A ver si dejamos de una puñetera vez de repetir como loritos las mamarrachadas que interesan a los causantes de nuestros males. Que, para mayor escarnio, ahora españolean y sacan pecho, erigiéndose en remedio de los males que causaron.
No hay en España plumífero o historiador a la violeta, gacetillero con ínfulas y, en fin, analfabeto con balcones a la calle que, al referirse a la crisis catalana, no repita como un lorito que el independentismo es hijo del carlismo. Se trata de una mamarrachada colosal que, misteriosamente, ha calado entre las masas cretinizadas.
Pero el independentismo no es hijo del carlismo, sino precisamente de la doctrina adversa. En su famoso opúsculo Qué es una nación, el liberal Ernest Renan establece que es la voluntad de los individuos la que afirma la existencia de una nación. En lo que no hace sino reelaborar los conceptos que Rousseau proclamaba en su Contrato social, en donde se consagra la existencia de una "voluntad general" que es una forma de soberanía total, incondicionada e inalienable. Esta exaltación de la voluntad se completaría después con un retórica romántica que invoca el "espíritu del pueblo" (Volkgeist), un principio subjetivo que se impone colectivamente a los hombres para unificarlos, a la vez que segrega a quienes se perciben como extraños. Todos los nacionalismos se nutren de estos conceptos liberales; y tanto el centralismo españolista como el independentismo catalán son sus hijos legítimos. Pues, en efecto, por más que anden a la greña (como tantas veces ocurre con los hijos de mala madre), el movimiento independentista y el españolismo centralista son hermanos de sangre: igualmente liberales, laicistas y enemigos de la tradición catalana e hispánica.
El carlismo, por el contrario, se reconoce en esa tradición. Frente a la orgullosa exaltación de la soberanía propia de todas las formas de nacionalismo (lo mismo centralistas que independentistas), la tradición no reconoce otra soberanía que la divina; frente a la exaltación de la política prometeica propia de todas las formas de nacionalismo (la política entendida como pura poiesis o arte de construir abstracciones), la tradición se funda en una política aristotélica, en la praxis que parte de la realidad histórica para introducirle correcciones y mejoras al servicio de la comunidad. Y la realidad histórica española es el reconocimiento de una diversidad cordial, integrada solidariamente a través de una fe común. Tal unidad en la diversidad se logró a través de lo que Montesquieu denominó "gobierno gótico" (que calificó como la "forma mejor temperada de gobierno" que haya habido jamás sobre la faz de la tierra), fundado en el pactismo: el monarca reconocía las libertades concretas de los pueblos y las instituciones que las protegían; y a cambio los pueblos juraban lealtad al monarca. Y, mientras rigió este "gobierno gótico" sobre el que se funda la tradición catalana e hispánica, Cataluña demostró, como nos enseña Tirso de Molina, que "si en conservar sus privilegios era tenacísima, en servir a sus reyes era sin ejemplo extremada". Así se explica que, en 1714, nadie defendiera tan ardorosamente la tradición como los patriotas catalanes, con Rafael de Casanova a la cabeza, quien en su célebre pregón del 11 de septiembre escribiera: "Todos los verdaderos hijos de la patria, amantes de la libertad, acudirán a los lugares señalados, a fin de derramar gloriosamente su sangre y vida por su Rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España". Así se explica también que no haya habido pueblo tan perseverante y heroico como el catalán en su lucha contra las infiltraciones liberales, que combatió en siete guerras contrarrevolucionarias, desde 1794 a 1875: la Guerra Gran o Guerra del Rosellón; la Guerra de la Independencia; la Guerra Realista durante el trienio liberal de 1820-1823; la Guerra dels Malcontents contra la deriva afrancesada de la Década Ominosa; la Primera Guerra Carlista, entre 1833 y 1840; la Guerra dels Matiners o Segunda Guerra Carlista; y, en fin, la Tercera Guerra Carlista, entre 1872 y 1875.
Y en todas estas guerras, Cataluña no combatía por la independencia, sino por el restablecimiento de sus libertades e instituciones. Cataluña se mantuvo fiel a los reyes de España y los sirvió extremadamente, mientras esos reyes cumplieron lo pactado; y, cuando los reyes dejaron de cumplir lo pactado y trataron de suplantar la tradición política hispánica con importaciones liberales (tales como el centralismo), Cataluña se revolvió contra ellos. Pero la Cataluña carlista, siendo muy amante de sus tradiciones e instituciones, amaba también (hasta el derramamiento de la sangre) a España, en la que veía una unión de pueblos querida por la Providencia. ¿Cómo se convirtió ese amor en odio separatista? Precisamente porque Cataluña dejó de ser carlista; porque renegó de su tradición, haciéndose liberal. Lo explicaremos en una próxima entrega.
