lunes, 20 de febrero de 2017

Inconvenientes del sistema proporcional (MCRC Vicente Dessy)

Inconvenientes del sistema proporcional



Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional –MC RC
DIARIO ESPAÑOL De la República Constitucional


Quisiera señalar los inconvenientes del sistema proporcional. Quede dicho que no hace falta más que describir la realidad española de los últimos 30 años para ver las consecuencias devastadoras de la representación proporcional.
La representación proporcional (Rp) confiere status constitucional a partidos políticos que de otra forma no lo lograrían. Yo no puedo elegir a una persona en la que confío o conozco de mi distrito para que me represente: solo puedo elegir un partido. Y las personas que pueden representar al partido son elegidas exclusivamente por el partido. Y aunque las personas y sus opiniones siempre merecen el máximo respeto , las opiniones adoptadas por los partidos (típicos instrumentos de ascenso personal y de poder, con todas las oportunidades de intriga que ello implica) no deben identificarse con las opiniones humanas normales: en el caso de los partidos, se trata de ideologías.
En una constitución que no contemple la Rp, los partidos no necesitan que se les mencione; no precisan que se les otorgue status oficial. El electorado de cada circunscripción envía a su representante a la Cámara. Si permanece independiente o si se coaliga con otros para formar un partido es cosa suya. Se trata de un asunto que deberá explicar y defender ante su electorado. Su deber consiste en representar lo mejor que pueda los intereses de las personas a las que representa. Estos intereses serán idénticos en la mayoría de los casos a los de los ciudadanos de la región o de la nación. Estos son los intereses que debe defender con toda su capacidad pues es responsable personalmente ante otras personas.
Este no es el único deber y la única responsabilidad del representante que debería reconocerse en una Constitución, en la opinión de Popper. Si el representante considera que tiene también un deber con un partido político, se deberá exclusivamente al hecho de que creerá que a través de su conexión con ese partido puede realizar su deber principal mejor que sin el partido. Por la misma razón deberá abandonar el partido siempre que compruebe que puede realizar mejor ese deber principal sin ese partido, o quizás con un partido diferente.
Pues bien, todo esto desaparece si la Constitución del Estado incorpora la Rp. Bajo la Rp, en efecto, el candidato busca la elección solamente como representante de un partido, sea cual sea el espíritu de la constitución. Si resulta elegido, lo es principalmente, si no únicamente, porque pertenece y representa a un determinado partido. Por tanto, su principal lealtad se debe al partido y la ideología del partido, no a los electores.
Nunca se enfrentará con el compromiso de votar en contra de su partido. Por el contrario, está moralmente ligado al partido, pues en representación de dicho partido fue votado en el parlamento. Y en el caso de que no pueda hacerlo compatible con su conciencia, su deber moral será dimitir no sólo de su partido sino del parlamento. Costumbre de dimitir absolutamente ajena a la partitocracia española. Ni del partido ni del parlamento (transfuguismo).
El sistema representativo bajo el que fue elegido lo despoja de responsabilidad personal; lo convierte en una máquina de votar. Argumento suficiente contra la Rp. Lo que necesita la política son individuos que puedan juzgar por sí mismos y estén preparados para asumir responsabilidades personales. Aunque pudiera parecer que el efecto de la Rp, esto es, el aumento del número de partidos, es deseable, significa, sin embargo la inevitabilidad de los gobiernos de coalición. Supone dificultades en la formación de cualquier nuevo gobierno y su mantenimiento estable en el poder.
Gobierno de coalición, fruto amargo de la Rp, significa que los partidos pequeños puedan ejercer una influencia desproporcionadamente grande en la formación y en la dimisión del gobierno y, por tanto, en sus decisiones. Pero lo más importante es que eso supone la descomposición de la responsabilidad (porque en un gobierno de coalición la responsabilidad de todos sus miembros se reduce de modo inevitable). Con el tiempo, el público se acostumbra a la idea de que no puede hacer responsables de sus decisiones a ninguno de los partidos políticos ni a sus dirigentes ya que pueden haberles venido impuestas por la necesidad de formar una coalición. En consecuencia, un gobierno de mayoría favorece la responsabilidad del partido en el poder y de sus dirigentes . Con la Rp, sin embargo, en el caso de que un partido fuese derribado por una mayoría de ciudadanos, el gobierno podría no abandonar el poder. Buscaría un partido menor suficientemente fuerte para gobernar con su ayuda. ¿Les suena?
Así, el dirigente censurado del partido mayor continuaría presidiendo el gobierno, en oposición directa al voto mayoritario, gracias a la ayuda de uno de los partidos menores, cuya política suele distar mucho de representar la voluntad de la mayoría. ¿Les sigue sonando?
La democracia no exige la Rp. Antes al contrario, necesita algo que se aproxime al sistema bipartidista, es decir, a un gobierno de mayoría. Solo las oligarquías temen las mayorías absolutas porque ignoran que si hay democracia formal, las reglas del juego político evitan el abuso de poder, la minoría vigila y controla a la mayoría y exige su responsabilidad mediante el desahucio político, la costumbre de dimitir anglosajona o la mutua disolución de la República Constitucional.
Pero un argumento rotundo, en mi opinión, a favor del sistema mayoritario y en contra de la Rp, es que un sistema bipartito fomenta un proceso continuo de autocrítica en los dos partidos.
El sistema bipartito ha provocado considerables cambios en los dos partidos principales de Gran Bretaña y de los EEUU. La cuestión es que en un sistema bipartidista el partido derrotado corre el riesgo de tomarse en serio la derrota electoral . En tal caso, puede emprender una reforma interna de sus objetivos lo que equivale a una reforma ideológica. Si el partido es derrotado dos o tres veces sucesivas, la búsqueda de ideas nuevas puede resultar todo un acontecimiento saludable. Esto no sucederá en un sistema multipartidista y con coaliciones. Si la pérdida de votos es pequeña, tanto los dirigentes del partido como el electorado, serán proclives a adoptar los cambios con toda calma. Lo consideran parte del juego, puesto que ninguno de los partidos tuvo responsabilidades claras.
Pero una democracia necesita partidos con un mayor grado de sensibilidad y de alerta. La inclinación a la autocrítica tras una derrota electoral resulta mucho más acusada en países con sistemas bipartidistas que en aquellos donde hay multiplicidad de partidos. En la práctica, un sistema bipartito resulta seguramente más flexible que un sistema multipartito, contrariamente a lo que la primera impresión pueda hacer creer.
Las sociedades más dinámicas y abiertas, más plurales y flexibles, no son las regidas por sistemas de Rp, sino por sistemas mayoritarios. No en vano en Gran Bretaña suele decirse: England abhorrs coalitions. No hay que temer a mayorías si hay democracia. Solo las oligarquías aman las coaliciones. Para continuar así en el poder sin exigencia de responsabilidad.

domingo, 19 de febrero de 2017

DEMANDA DE SEXO DE MUJERES Y NIÑAS POR PARTE DE GRUPOS DE PODER: SECUESTROS, SADISMO Y MUERTE

sábado, 18 de febrero de 2017

La trampa de las listas abiertas (III) (MCRC Pedro M. González)

La trampa de las listas abiertas (III)



Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional –MC RC
DIARIO ESPAÑOL De la República Constitucional


Lejos de listas abiertas (al fin y al cabo, listas), la única solución para acabar con el déficit democrático es eliminar el criterio de representación proporcional (Art. 68.3 CE78) de las elecciones generales y locales, paso decisivo para llegar a la Democracia en España. Y es que, la aplicación del criterio de proporcionalidad a las listas que se presentan en cada una de las circunscripciones hace que los “representantes” elegidos por los ciudadanos no sean más que delegados de los partidos que han elaborado esas listas, basadas en la sumisión a la cúpula del partido y no en la defensa de los intereses de los electores.
El actual sistema electoral convierte al elector en espectador pasivo e impotente ante el pacto y mercadeo de escaños y concejales, elementos fundamentales para la formación de mayorías. La representación deja de existir porque el sujeto del poder político es el partido y no el elector. El “representante” no es responsable ante el elector sino ante la máquina partidista a la que obedece servilmente para repetir en la próxima lista electoral.
La implantación de un sistema mayoritario de distrito uninominal haría que los elegidos fueran verdaderos representantes de los ciudadanos. Éstos, elegirían a un solo candidato, incluido o no en un partido, por cada uno de los distritos electorales en los que fuera divido el territorio por razón de su densidad de población. Así, la Asamblea Legislativa quedaría formada por la reunión de los representantes elegidos por cada distrito electoral. Sólo con un sistema mayoritario uninominal los ciudadanos podemos obtener representantes libres de todo mandato imperativo partidista. La responsabilidad de los representantes sería directamente ante los electores y solamente a éstos correspondería premiar o castigar su actuación política no solo cada cuatro años, sino durante toda la vigencia del mandato al poder revocar cada distrito a su representante en el curso de la legislatura a través del sistema de remoción electoral, si defrauda a las expectativas que le elevaron a la Asamblea Legislativa.
La posibilidad de exigir responsabilidades no se circunscribiría a la mayoría ya que la minoría tendría un papel fundamental como es el de controlar a aquella, siendo su fuerza suficiente para poner en marcha todo tipo de mecanismos de control.  Se daría así una auténtica responsabilidad entre el elector y SU representante.
Por otro lado, supone una ventaja adicional aunque no por ello menos importante, resultante de la supresión de las actuales discordancias entre el número de votos obtenidos y el efectivo equilibrio de poderes, que actualmente  favorece un papel preponderante a los partidos de tendencia nacionalista que ven como con obtener una cantidad de votos en el territorio de su influencia obtienen un escaño mientras que los partidos de ámbito nacional precisan para ello una cantidad superior.
Todo ello se ve superado en el sistema uninominal y mayoritario en el que la votación por distrito electoral otorga una situación de igualdad a todos los ciudadanos independientemente del la localidad o provincia donde se hallen.

viernes, 17 de febrero de 2017

Piña en Riesgo (Juan Prada Bécares)

En el númro 201 de la revista DSalud Dicovery, que tendrá a mano siendo suscriptor o puede obtener en los quioscos de prensa durante este mes de febrero, se publica, entre otros interesantes artículos, el que se titula “Eficacia terapéutica de la bromelina (Pags. 38 a 43)”.

La comercialización de la piña, ampliamente extendida por todo el mundo, no está exenta de dificultades.

Adjunto: PIÑA EN RIESGO
                                      
Cordialmente a 2017.02.03

Juan Prada Bécares, Abogado, Promoción 9 de Abril de 1952 para Defensa del Derecho a la Vida y la Integridad Física y Moral de las Personas. Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

jueves, 16 de febrero de 2017

La trampa de las listas abiertas (II) (MCRC Pedro M. González)

La trampa de las listas abiertas (II)

Pedro M. González


Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional –MC RC
DIARIO ESPAÑOL De la República Constitucional


El carácter cuasi-administrativo de los partidos en el régimen partidocrático se traduce en la subvención estatal, pesebre perpetuo y premio a su papel en el sistema que instituye (de Institución) a los partidos en el mayor enemigo de las aspiraciones democráticas de los ciudadanos. Al no existir principio representativo sino de integración de masas, éstos solo pueden sentarse a contemplar como aquellas siglas que han votado son diferentes en el poder que fuera de él, produciéndose la quiebra entre la sociedad civil y la sociedad política. No existe principio de intermediación entre ambas
Por tanto, la solución de las listas abiertas no es más que un ejercicio de defensa propia de los partitócratas, que así reconocen prima facie la inexistencia de Democracia en España como problema cierto y tangible.
Y una sociedad que se proclame avanzada plantea los problemas sólo cuando los pueden afrontar y resolver. Hoy la sociedad se plantea a diario como problema la situación política española, situación que es fácilmente reconvertible desde el mismo momento en que asumamos que no es sino la culminación del proceso de Transición que supuso el pacto entre el franquismo, legitimado por unas elecciones sin libertad, y la admisión de los partidos políticos entonces ilegales.
Este pacto queda reflejado en la Constitución de 1978, donde se elimina la separación de poderes, los partidos políticos se constituyen en los únicos agentes políticos y se separa radicalmente la sociedad civil de la sociedad política, concediéndosenos todas las libertades (reunión, expresión…) pero negándosenos la más importante: la libertad política de elegir, controlar y deponer democráticamente a nuestros legisladores y gobernantes.
Es por ello que las libertades existentes pueden ser utilizadas para todo menos para constituir y renovar el poder político del Estado o para controlarlo. Todo este sistema político nacido del pacto entre franquistas y partidos de la oposición, exponente máximo del oportunismo social de una generación, necesita como otro instrumento para mantenerse, además de los referidos (servilismo y pactismo) a la corrupción.

miércoles, 15 de febrero de 2017

INVESTIGAMONEY, INVESTIGAMONEY E INVESTIGAMONEY, (Juan Prada Bécares)

INVESTIGAMONEY, INVESTIGAMONEY E INVESTIGAMONEY,

 Abundantes Mafias, Asociaciones y Fundaciones Mafiosas y Mafiosos Cooperantes, se lucran a cuenta de sostener y fomentar ignorancias científicas con las que asustan hábilmente a las masas humanas confiadas y estupefactas de todo el Mundo.

Tumores y enfermedades raras, con desconocimiento forzado de sus causas, se extienden, con manejos preventivos y tratos que  se cargan sobre los cuerpos y las mentes de víctimas, etiquetadas al efecto para ser llevadas dócilmente a su sacrificio por el camino de su terminalidad rentable proclamada.

Por sus hechos los conoceréis – prevenía Jesús de Nazaret de engaños a sus discípulos – pero, conviene más y es políticamente mas correcto que se marginen sus enseñanzas y no se constate que las dolencias terroríficas y los negocios que reciben abundante dinero público y privado para investigaciones de nunca acabar van   ¡viento en popa!, prometiendo soluciones exitosas más o menos  peregrinas a cinco, diez o veinte años vista, desde hace dos siglos.

          Ajunto: Reposición de TAMBOS HUMANOS.

Cordialmente a 2017.02.06

Juan Prada Bécares, Abogado, Promoción 9 de Abril de 1952 para Defensa del Derecho a la Vida y la Integridad Física y Moral de las Personas. Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

martes, 14 de febrero de 2017

La trampa de las listas abiertas (I) (MCRC Pedro M. Gonzalez)

La trampa de las listas abiertas (I)

Pedro M. González



Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional –MC RC
DIARIO ESPAÑOL De la República Constitucional



Que con buenas intenciones se han causado los mayores daños es una evidencia histórica difícilmente cuestionable. En el actual discurso político oficial, ante la hecatombe manifiesta de la ruindad institucional y “constitucional” típicamente defensiva de quienes apalancan este régimen de partidos, unos pocos se aferran a una reformista tabla de salvación que acabe con el déficit partidocrático que ya no se puede esconder: El cambio del sistema de listas cerradas y bloqueadas de partidos por otro de listas abiertas, también de partidos.
Se trata de una burda simplificación intelectual ajena al control ciudadano sobre el representante, ya que la adopción del sistema de listas abiertas de partido, no resuelve el problema de la representación y responsabilidad del elegido frente al elector, resultando que, en cualquier caso, para ser elegido, habría forzosamente que pertenecer a la lista de un partido concreto que lo incluya. Efectivamente, para poder ser elegido, el partido, verdadero y único sujeto de la acción política,  seguiría diseñando el “menú” de elegidos a incluir en dichas listas a través de sus cúpulas, por lo que la separación entre la sociedad civil y política se mantendría de igual forma que en el actual sistema de listas cerradas, ya que el poder último, la mal llamada “soberanía”, residiría en última instancia en el partido y no en el ciudadano. Exactamente igual que ahora.
Dar carta de validez al cambio de unas listas cerradas a otras abiertas como simple solución al problema representativo supone expreso reconocimiento de que el sujeto político sea el propio partido y no el ciudadano, que únicamente puede ejercer la acción política a través de aquel, quedando de nuevo a merced de una clase política generada por la oligarquía de partidos, donde la promoción dentro y fuera del grupo partitocrático se consigue con instrumentos tan característicos como el servilismo y el pactismo. Ello no viene a significar la maldad intrínseca de los partidos políticos, cuya utilidad vehicular de las ideas y aspiraciones ciudadanas es evidente y asumida por cualquier demócrata, sino que lo sancionable es su posición como titulares del monopolio de la política insertándose en el estado como verdaderos órganos administrativos gestores de la “cosa política”.
La oligarquía de partidos, ya sea con listas abiertas o cerradas, se caracteriza por la configuración del partido como tentáculo del estado que establece su relación con el ciudadano de arriba hacia abajo, saliendo del Estado hacia el ciudadano y no al revés como verdadera asociación ciudadana de orden político destinada a proponer una determinada acción de gobierno que es precisamente su función.