La Seguridad Social privatiza servicios adjudicándolos con contratos millonarios
Menos mal que ya se
van dando cuenta
La Seguridad Social privatiza servicios adjudicándolos con
contratos millonarios
La última externalización afecta al Servicio de atención
telefónica, que se ha adjudicado a una filial de Adecco, Extel. Pero la lista
es larga y afecta cada vez a más áreas de la Seguridad Social, mientras se
adelgaza el funcionariado.
Articulo publicado en https://directa.cat/seguretat-social-privatitza-serveis-adjudicant-los-amb-contractes-milionaris
Gemma Garcia
18/01/2016
Cuando alguien contacta con información de la Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS) desde cualquier punto del Estado español,
se le deriva a una centralita de Madrid, desde donde Excel Contact Center,
filial de la empresa de trabajo temporal Adecco, atiende las llamadas. En el
mes pasado, el Estado acabó de privatizar los Servicios de Gestión Telefónica
de la Seguridad Social (Geste), incluida la gestión de las redes sociales, por
10,38 millones de euros. Hasta entonces, era el funcionariado el encargado de
garantizar el servicio, excepto en Madrid, que fue el laboratorio de la
privatización en 1999, cuando el entonces Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales adjudicó el servicio a la empresa Estratel por más de un millón de
euros. Ahora, y a pesar de las quejas de diversos sindicatos, el modelo ya se
ha extendido a todo el territorio.
Desde que Extel se ocupa del servicio, la línea ya no es
gratuita y, según denuncian tanto CGT como CCOO, se está transmitiendo
información errónea porque,-aseguran- quien atiende las llamadas no tiene
información suficiente en la materia. En cambio, el funcionariado que se
ocupaba antes cuenta con conocimiento especializado en materia de afiliación,
inscripción de empresas, convenios y cotizaciones, y está al día de los cambios
legislativos. A eso se le añade el agravante, según Santi Herranz de la CGT, que
muchas consultas acaban, finalmente, retornando a los funcionarios porque Extel
no las puede resolver: “No tiene ninguna razón de ser. No se ahorra trabajo y
se da un mal servicio”.
CCOO, por ejemplo, ha detectado diversos casos de afectadas
por la mala atención telefónica. A una persona de Tarragona, por ejemplo, le
advirtieron que no tenía derecho a cobrar la pensión, cuando no era así.
A pesar que las cláusulas del contrato, según el Bufete de
abogados Almeida, se ajustan a lo establecido en la ley de protección de datos,
desde los sindicatos también se ha alertado que se está transfiriendo
información privada y sensible a estas empresas con los riesgos que esto
comporta. La Directa ha intentado contactar en diversas ocasiones con el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que no ha atendido a este medio.
La empresa beneficiaria de esta última privatización es una
de las filiales de la multinacional con sede en Zuric Adecco, líder en
servicios de empleo temporal, y su relación con la administración pública no es
nueva. La más reciente se produjo en junio de 2015, cuando se le otorgó el
servicio de atención telefónica de la Dirección General del Catastro por un
importe de 930.000 euros. Poco antes, en 2014, había acordado una colaboración
con los Servicios Públicos de Empleo en la inserción laboral. Ahora, su
principal cliente es Movistar, a través de la gestión de los números 1004 i
1002. Y la compra de Canal+ por parte de la multinacional de las
telecomunicaciones ha generado muchas quejas sobre la atención telefónica, por
falta de información adecuada después que la plantilla de Extel haya recibido
únicamente un curso de dos horas.
Un trabajador del Geste, que prefiere mantener en el
anonimato, ha asegurado a La Directa que constantemente les derivan llamadas y,
al mismo tiempo, adelgazan la plantilla. En la oficina donde trabaja eran 12 en
2011 y ahora solo quedan cuatro. Para la economista del Seminario de Economía
Crítica Taifa Elena Idoate, la tendencia es ir derivando tareas porque el
funcionariado “tiene mejores condiciones laborales, tiene garantías contra el
despido”, mientras que el sector privado consigue contratar por unos salarios
mucho más bajos. Para la función pública “es una amenaza”, asegura, porque
“querrán hacer extensible esta precariedad a los trabajadores y trabajadoras
públicas”.
Contratos millonarios
La atención telefónica de la TGSS es la última de una larga
lista de privatizaciones de servicios de los diferentes entes que integran la
Seguridad Social. Indra, el Corte Inglés o Accenture son algunas de las
empresas que se han llevado contratos millonarios gracias a las privatizaciones
de servicios.
Una de las áreas más afectadas es la Gerencia Informática de
la Seguridad Social (GISS), donde el personal externo ya supera el propio.
Entre 2006 y 2009 se adjudicaron 661 contratos por un importe de 531,5 millones
de euros. Un año más tarde, el 2010, el Gobierno español volvió a privatizar
diferentes tareas por un valor de 106,3 millones para un plazo de ejecución de
dos años. Y el 2013, el procedimiento se repitió, por un importe inferior, de
40,6 millones de euros. Entre las empresas beneficiarias, destaca Indra
Sistemas, fabricante de armamento para Israel, e Informática EL Corte Inglés,
grupo que cuenta con un ex primer ministro de Qatar como inversor. Entre los
contratos conseguidos por el líder mundial de grandes almacenes, despuntan los
3,35 millones de euros que se llevó, con Eulen, para digitalizar los
expedientes de las direcciones provinciales de la TGSS.
Una de las privatizaciones que ha traído más cola es la
tramitación de las vidas laborales. El año 2006 se sacó a concurso esta tarea,
que realizaban presencialmente los funcionarios. Desde entonces, solo se puede
conseguir llamando a un teléfono 901 –no gratuito- o en línea. José Ramón
Córdoba, Secretario General de la FSC de CCOO en Tarragona, se exclama que,
además, si cuando haces la solicitud, la dirección que facilitas no coincide
con la registrada en la seguridad social, tienes que ir a las oficinas a
cambiarla presencialmente y volver a hacer la solicitud telefónica. Además,
desde principios del 2000, el Gobierno gasta recursos económicos en un envío
masivo anual de vidas laborales. En total, se envían cada año más de 20
millones de informes en todo el Estado español y las beneficiarias del servicio
en los últimos años han estado empresas como Meydis o Servinform. El Tribunal
de Cuentas, en el informe de 2011-2012, denuncia que no queda acreditada la
necesidad de llevar a cabo la información masivamente, si anteriormente era el
funcionariado el que-a petición del interesado-, realizaba el servicio sin
ningún coste económico adicional para la Seguridad Social.
Aunque existe el ente intervención General de la Seguridad
Social con función interventora y encargado del control financiero, el Gobierno
español ha permitido la contratación de empresas privadas para realizar
auditorías. El 2012, el BOE publicó una orden que declaraba insuficientes los
medios propios y abría la puerta a la “colaboración con empresas privadas de
auditoría”. Sorprendentemente, el gerente de López R. Auditores, una de las
empresas que se llevó parte del pastel, cerca de 304.000 euros, ha estado
investigado por presunta malversación de fondos y estafa en la gestión de ayuda
a domicilio en Ourense, a través de otra filial. Fue la misma TGSS quien
certificó al juez que la empresa acumulaba casi 900.0000 euros de deuda con la
seguridad social.
Al mismo tiempo, la consultora Accenture también se ha visto
beneficiada por la administración pública, porque le ha encargado el plan de
lucha contra el empleo irregular y el fraude por más de 1,3 millones de euros.
Se produce la paradoja que, el grupo multinacional está condenado, en 2007, por
acoso laboral y por fraude de ley el 2013, ya que había realizado
operaciones entre empresas con el objetivo de rebajar su factura tributaria
entre 2003 y 2005.
Bajo la lupa del Tribunal de Cuentas
El órgano responsable del control del sector público ha
denunciado malas praxis en muchas de estas privatizaciones. El informe de los
ejercicios 2011 y 2012, publicado a final de 2014, concluye que, en general,
las privatizaciones no quedan debidamente justificadas, sino que “el contenido
es excesivamente genérico” y que, al mismo tiempo, no constan estimaciones o
estudios de carácter económico que justifiquen el presupuesto fijado.
El informe hace una referencia específica a los contratos
relacionados con el mantenimiento y programas informáticos, denunciando que la
práctica totalidad fueron adjudicados mediante procedimientos negociados sin
publicidad. El argumento, amparado por la ley, es que la empresa beneficiaria
es la única autorizada por el fabricante para el mantenimiento de determinados
productos, pero que, por tanto, se evidencia una “excesiva dependencia
tecnológica en la contratación de contenido informático” que el organismo ya
había manifestado anteriormente.
Para Herranz, de la CGT, esta privatización es un paso más
hacia un modelo americano de administración pública, “donde hay unos gestores
públicos en las altas esferas cobrando grandes sueldos y el resto son empresas
de servicios”. Gradualmente, la privatización afecta cada vez a más áreas de la
seguridad social. A la limpieza, mantenimiento y vigilancia, le suceden un
conjunto de servicios, que tradicionalmente, asegura Idoate, “se entendía que
tenía que hacerse desde un ámbito estrictamente público”.
