Convivir en una comunidad repleta de extranjeros puede resultar
complicado a la hora de comunicarse con el vecino.
La odisea de vivir en una torre de Babel
<<COMO en España no se vive en ningún sitio>>. Una frase muy utilizada habitualmente, sobre todo en los sitios de la costa, donde uno puede visitar un museo por la mañana, pasear por la playa o tomar el sol por la tarde, y degustar una caña en una terraza por la noche.
Sin embargo, no todo es tan idílico cuando la comunidad de vecinos en la que uno reside está repleta de extranjeros, y enterarse de los que se decide en ella, o comunicar un problema al presidente resulta toda una odisea para la que hay que llegar incluso a necesitar un intérprete. Parece propio de una comedia, pero como la realidad siempre supera a la ficción, basta con acercarse a una comunidad de vecinos de la Costa del Sol o de cualquier localidad de la zona mediterránea, para comprobar que éste es el día a día para muchos vecinos españoles que viven en una particular Torre de Babel.
Colonialismo lingüístico
El profesor de español José Antonio Sierra regresó a España después de 30 años enseñando castellano en Irlanda, Reino Unido y Francia y se encontró con un caso de <<colonialismo lingüístico y cultural>>, tal y como él mismo lo ha definido.
<<Este problema se da en todo el arco Mediterráneo, desde Gibraltar hasta Almería, y en la zonas turísticas del Levante>>, apostilla.
Sierra explica que conoce de cerca una comunidad de propietarios ubicada en Benalmádena (Málaga) en la que los españoles necesitan un intérprete de inglés para poder comunicarse con el presidente de dicha comunidad y, además tienen que contribuir a los gastos de traducción al inglés de todos los acuerdos que se toman. <<No deseo hablar de su legalidad o ilegalidad, porque para eso habría que hablar de la Ley de Propiedad Horizontal>>, opina.
En este sentido, Sierra, que ha comenzado una campaña de defensa del castellano, a título particular -aunque también es portavoz de la <<Asociación Diversidad y Convivencia. Difusión de las lenguas de España en Andalucía>>-, pretende <<que los partidos políticos cambien la Ley de Propiedad Horizontal para que se adapte al turismo residencial y a la nueva sociedad multicultural y multillingüística>>.
El profesor asegura que, durante el tiempo que ha vivido en otros países, jamás ha visto una situación similar, en la que un inglés, francés o alemán tenga que pagar a un traductor o intérprete para enterarse en su propio país de los acuerdos que se toman en su comunidad de vecinos.
Según Sierra, el problema que existe en España se debe a que muchas comunidades cuentan con una mayoría de propietarios extranjeros y eligen como presidente a alguien de su misma nacionalidad y además, por mayoría, votan que se paguen los gastos de traducción de las actas y documentos al inglés o a otros idiomas.
Situación ante la que, a veces, el propietario español está en minoría y su único recurso es <<impugnar los acuerdos de la comunidad ante los tribunales de justicia, con las consiguientes molestias y los gastos que conlleve>>, agrega.
Así, califica esta situación de <<lamentable>> y subraya que, personalmente, me resulta difícil aceptar que para hablar con el Presidente de mi comunidad de propietarios se necesite un intérprete de inglés>>
Hace falta un intérprete
En la Costa del Sol hay algunas zonas en las que residen británicos, alemanes y nórdicos. Ello hace que, a veces, necesiten la ayuda de un intérprete para comunicarse con los vecinos.
José Antonio Sierra, alude al Artº.3 de la Constitución Española para recordar que en España "el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla".
De este modo, apunta, que si en Andalucía el presidente y vocales de una comunidad de propietarios fuesen catalanes, gallegos, o vascoparlantes, y << aunque tuviesen una mayoría de votos en la comunidad, los propietarios españoles se podrían negar a necesitar un intérprete de catalán, gallego o euskera para comunicarse con la junta directiva, acogiéndose al artículo tercero de la Constitución Española. Igualmente podrían oponerse a colaborar en los gastos de traducción e intérprete del castellano al catalán, gallego y/o euskera.
Sin embargo, <<no ocurre los mismo cuando el presidente y los vocales son británicos, alemanes, franceses o de otra nacionalidad que no sea la española, si nos sirve como referente el caso de la Comunidad de Propietarios de Benalmádena>>,añade.
Con todo, Sierra insiste en que sería necesario reformar la Ley de Propiedad Horizontal y propone incluir en ella cuestiones como que el presidente de una comunidad conozca el castellano y la lengua cooficial que corresponda a la comunidad autónoma en que se encuentre el complejo inmobiliario o residencial. Además, sugiere que los gastos de traducción e intérprete a otros idiomas que sean los reconocidos por el Artº3 de la Constitución Española sean responsabilidad de los propietarios que soliciten los citados servicios.
Mientras tanto, los pequeños gobiernos democráticos que son en algunos casos las comunidades de vecinos, siguen su curso y tratan de entenderse <<aunque sea en indio>>, tal y como señala José Pérez, propietario de un piso ubicado en Fuengirola.
En concreto, este vecino cuenta que, hace unos meses, entre los gastos de la Comunidad
aparecía una factura por importe de 60 euros por la compra de un traductor para el ordenador.
Desde entonces, los informes <<están perfectamente escritos en inglés, pero como el presidente no sabe español y traduce el texto con este programa, los españoles tenemos que leer los textos en indio>>, refiriéndose a la mala traducción que generalmente realizan estos programas informáticos.
Fuente:
Virginia Carmona
Málaga
ABC - ANDALUCÍA
Domingo, 5 de septiembre de 2010
