A
punto del expolio y liquidación del mundo rural y de su patrimonio público
eldiario.es
La
voladura de la autonomía municipal y de las juntas vecinales o concejos, o el
expolio de sus bienes públicos se han puesto en marcha de manera casi
desapercibida a partir de una concepción neoliberal del territorio.
Queda
un mes de plazo para que las juntas vecinales presenten sus cuentas. De lo
contrario podrán ser disueltas y su bienes y competencias traspasadas a los
ayuntamiento inmediatos y diputaciones.
En
el Manifiesto de Cuéllar en defensa de los pueblos pequeños se pone de relieve
el total rechazo y la honda preocupación “ante la reforma local impuesta y ante
el expolio de los recursos rurales en beneficio de especuladores y
saqueadores”.
Valentín
Cabero. Catedrático jubilado Universidad de Salamanca
Municipio de la comarca del norte de Palencia.
La
Reforma Local aprobada a finales del año 2013 sigue haciendo su labor de
zapa. Los que ahora se encuentran en entredicho por sus tropelías y
corrupciones, pronto se beneficiarán –los hados y el pueblo no lo quieran-
“de la racionalización y nueva eficiencia de la administración local”,
presidida por los municipios superiores a los 20.000 habitantes o por las
diputaciones provinciales, que asumirán en medio de su descrédito general buena
parte de los servicios públicos correspondientes a los municipios rurales. La
voladura de la autonomía municipal y de las juntas vecinales o concejos, o el
expolio de sus bienes públicos se han puesto en marcha de manera casi
desapercibida a partir de una concepción neoliberal del territorio basada en
las economías de escala y en la centralización urbana.
Los
pequeños municipios y juntas vecinales que han levantado sus voces frente a la
iniquidad de la ley apenas han logrado traspasar el silencio y la soledad de su
entorno. Los ciudadanos y campesinos siguen anestesiados por su propia
situación, por la propaganda oficial, o pendientes los más “espabilados y
afortunados” de los repartos de la PAC. “Los agricultores de sofá” ya controlan
buena parte del pastel. Lo público y lo común no están lamentablemente entre
sus preocupaciones inmediatas. Lo que debería ser una verdadera rebelión ante
la pérdida de derechos y servicios públicos esenciales y fundamentales se está
quedando en una reivindicación fragmentaria y ahogada por la maquinaria
burocrática o por la complicidad, no sé si interesada o cobarde, de
muchos alcaldes y concejales obedientes. Aunque es cierto que se ha presentado
recurso de inconstitucionalidad de la ley por parte de unos 3000 municipios,
hasta el mundo rural no ha llegado con el empuje necesario la voz de la
rebeldía, de la indignación o del hartazgo por la nefasta gestión de sus
bienes, por la desaparición de servicios estratégicos o por la apropiación de
sus derechos democráticos.
Ciertamente,
la retirada y abolición de competencias propias, cuestionadas e
impropias, previstas en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local, dejará a un gran número de municipios rurales sin
servicios básicos y sociales, abocándolos a la exclusión y marginación
territorial. Todo un canto a la retórica de la cohesión, pues serán las juntas
vecinales y los ayuntamientos los que, ¡vaya ironía!, transfieran sus riquezas
e ingresos a las insostenibles diputaciones provinciales, en las que se
centralizará la gestión privatizada, los consorcios y la política
administrativa y territorial. ¿Dónde quedan las unidades comarcales y la
apuesta inteligente por el desarrollo rural y el equilibrio territorial en la
Comunidad de Castilla y León? De nuevo en el discurso cínico y en el
desprecio al que nos tienen acostumbrados desde el mausoleo de las Cortes de
Castilla y León el Gobierno regional de Juan Vicente Herrera; aparentemente
Valladolid y Madrid como símbolos del poder político y administrativo siguen
alejadas del mundo rural; no es así, sus oligarquías económicas y financieras
ya han tomado posiciones en el reparto del patrimonio común.
Queda
un mes de plazo para que las juntas vecinales presenten sus cuentas. De lo
contrario podrán ser disueltas y su bienes y competencias traspasadas a los
ayuntamiento inmediatos y diputaciones. El 31 de diciembre acaba el
plazo según la Ley. En el Congreso de los Diputados se han elevado peticiones
para prolongar los plazos. Y en el Senado, con demasiado retraso, acaban de
constituir una Comisión que se enfrenta a los problemas de gestión y
despoblación de nuestras montañas. Aunque se ha realizado un gran
esfuerzo en la presentación de los requisitos contables en los Consejos y
Tribunales de Cuentas y ante el Ministerio de Hacienda, son muchas las
pedanías, cerca del 20 % en alguna de nuestras provincias, que siguen
pendientes de presentar en tiempo y forma sus cuentas. Muchas de ellas con
amplios y extensos recursos naturales y culturales. En el reciente
Manifiesto de Cuéllar en defensa de los pueblos pequeños se pone de relieve el
total rechazo y la honda preocupación “ante la reforma local impuesta y ante el
expolio de los recursos rurales en beneficio de especuladores y saqueadores”.
Algunos
alcaldes, presidentes de diputación, consorcios en ciernes, defensores de la
desamortización, malandrines tecnocráticos, oligarcas y hacendados, y toda una
laya política y urbana se aprestan en medio de esta desolación a repartirse las
ingentes plusvalías acumuladas durante siglos en nuestros pueblos y aldeas.
¿Cómo parar y detener tantos desmanes? Al menos, en las próximas elecciones
municipales y generales necesitamos alcaldes y representantes públicos
verdaderamente comprometidos con el medio rural, con la autonomía municipal o
comarcal, con sus gentes y con sus bienes públicos. La utopía de un mundo
rural vivo es parte de nuestro futuro.
