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miércoles, 5 de marzo de 2014
¿ Que pensamos de los judíos? (las delicias del Islam)
lunes, 3 de marzo de 2014
Expropiando a la Iglesia: los expropiadores de la catedral de Córdoba
Los
expropiadores de la catedral de Córdoba.
La plataforma laicista que promueve la expropiación de la Catedral de Córdoba, una asociación fantasma liderada por individuos vinculados a la vieja Alianza de Civilizaciones de Zapatero y auspiciada por la Junta de Andalucía, ha conseguido reunir 88.000 firmas pidiendo que se consume el expolio. Nosotros llevamos tan solo 35.000.
Y para aumentar la presión y conseguir consumar este saqueo, la asociación cristianofóbica Europa Laica, que apoya la expropiación de la Catedral cordobesa y está promoviendo otra campaña contra todos los templos, iglesias, catedrales y bienes de la Iglesia católica en España, ha empezado a entregar sus firmas a la Unión Europea, al Consejo de Europa y a la UNESCO, además de enviarlas al Congreso, el Senado, el Ministerio de Educación y Cultura, la Junta de Andalucía y el parlamento andaluz. Y han anunciado que van a enviarlas también al Papa Francisco.
La situación es muy grave y muy urgente. Tenemos que reaccionar ya. Si no has firmado pidiendo al Gobierno andaluz que retire su proyecto de expropiación de la Catedral de Córdoba, hazlo ahora. Y si ya lo has hecho, por favor, consigue que diez personas más firmen y envíen su mensaje a la presidencia de la Junta de Andalucía:
http://listas.hazteoir.org/12all/lt.php?c=2893&m=3333&nl=26&s=fb449f56574029b09f206d8da920d716&lid=31657&l=-http--www.hazteoir.org/alerta/56781-no-expropiacion-catedral-cordoba
Los ultras de la cristianofobia lo tienen muy claro y están avanzando muy rápido para conseguir robarle a los creyentes la catedral de Córdoba. Te escribo de nuevo con el asunto de la expropiación de la Catedral de Córdoba porque es muy urgente e importante que aumentemos la presión sobre la Junta de Andalucía, que se ha propuesto consumar este expolio.
¿Has visto la campaña que han puesto en marcha? Mira este titular:
**
Alerta creada por M. Vidal Santos | 22 feb 2014
**
¡Quieren hacer creer que la Iglesia ha robado la catedral de Córdoba y que ahora la está destruyendo!
"Están borrando las huellas islámicas", escriben. ¿Pero cómo se puede ser tan manipulador? Quieren hacer creer que el obispado de Córdoba está derribando los arcos musulmanes del interior de la Catedral, esa es la realidad que están intentando fabricar ante la opinión pública española e internacional. Porque saben que solo con la mentira lograrán hacerle creer a la gente que una catedral no pertenece a la Iglesia sino al Estado.
Por favor, consigue que más personas de tu familia, amigos y contactos firmen para frenar tanta manipulación evitando así que roben a los creyentes sus lugares de culto:
http://www.hazteoir.org/alerta/56781-no-expropiacion-catedral-cordoba
Mira qué campaña mediática han organizado:
http://www.hazteoir.org/alerta/56781-no-expropiacion-catedral-cordoba?sid=MjY4Mjc4MjY5MTYzNjA2
Nadie va a actuar por ti, ni por mi. Así que movámonos, por favor, y no esperemos a que sea demasiado tarde.
¡Muchas gracias!
Miguel Vidal y todo el equipo de MasLibres.org
(MAÑANA LA CATEDRAL DE ÁVILA FIJO)
La plataforma laicista que promueve la expropiación de la Catedral de Córdoba, una asociación fantasma liderada por individuos vinculados a la vieja Alianza de Civilizaciones de Zapatero y auspiciada por la Junta de Andalucía, ha conseguido reunir 88.000 firmas pidiendo que se consume el expolio. Nosotros llevamos tan solo 35.000.
Y para aumentar la presión y conseguir consumar este saqueo, la asociación cristianofóbica Europa Laica, que apoya la expropiación de la Catedral cordobesa y está promoviendo otra campaña contra todos los templos, iglesias, catedrales y bienes de la Iglesia católica en España, ha empezado a entregar sus firmas a la Unión Europea, al Consejo de Europa y a la UNESCO, además de enviarlas al Congreso, el Senado, el Ministerio de Educación y Cultura, la Junta de Andalucía y el parlamento andaluz. Y han anunciado que van a enviarlas también al Papa Francisco.
La situación es muy grave y muy urgente. Tenemos que reaccionar ya. Si no has firmado pidiendo al Gobierno andaluz que retire su proyecto de expropiación de la Catedral de Córdoba, hazlo ahora. Y si ya lo has hecho, por favor, consigue que diez personas más firmen y envíen su mensaje a la presidencia de la Junta de Andalucía:
http://listas.hazteoir.org/12all/lt.php?c=2893&m=3333&nl=26&s=fb449f56574029b09f206d8da920d716&lid=31657&l=-http--www.hazteoir.org/alerta/56781-no-expropiacion-catedral-cordoba
Los ultras de la cristianofobia lo tienen muy claro y están avanzando muy rápido para conseguir robarle a los creyentes la catedral de Córdoba. Te escribo de nuevo con el asunto de la expropiación de la Catedral de Córdoba porque es muy urgente e importante que aumentemos la presión sobre la Junta de Andalucía, que se ha propuesto consumar este expolio.
¿Has visto la campaña que han puesto en marcha? Mira este titular:
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Alerta creada por M. Vidal Santos | 22 feb 2014
Dice la Junta de Andalucía que la Catedral de Córdoba no pertenece a la Iglesia y quiere quitarle el templo a los fieles y quedárselo.
Vivimos una formidable operación de acoso a los cristianos es algo que ni los menos informados pueden ya ignorar. Y esta descarada operación para acobardarnos y para que desaparezcamos de la vida pública acaba de dar un paso decisivo: quieren quedarse con las iglesias.
Líderes religiosos y los últimos Papas lo han advertido reiteradamente: van a por nosotros. Nos quieren expulsar totalmente de la sociedad.
Hace cuatro días, un infecto informe de la ONU (una de las organizaciones más corruptas del mundo) acusaba a la Iglesia católica de ser una fábrica de pederastas.
Se están sucediendo los ataques a templos.
En estos momentos, España sufre una media de un ataque a la libertad religiosa cada dos días y medio.
El reciente ataque contra Monseñor Rouco ha sido uno más de las agresiones que están padeciendo obispos, sacerdotes y seglares.
Y ahora un gobierno de aparentes demócratas dice que una Catedral no es de la Iglesia católica y quiere apropiársela.
Van a robar. A expropiar edificios enteros. A quedarse con los templos. A apropiarse de las catedrales. Se proponen empezar por la catedral de Córdoba. Dicen que no es de la Iglesia:
Firma esta campaña y difúndela.
¿Quieres reforzar el efecto de esta campaña?
Por favor ayúdanos a conseguir también muchas firmas en papel. Puedes hacerlo de esta manera:
Vivimos una formidable operación de acoso a los cristianos es algo que ni los menos informados pueden ya ignorar. Y esta descarada operación para acobardarnos y para que desaparezcamos de la vida pública acaba de dar un paso decisivo: quieren quedarse con las iglesias.
Líderes religiosos y los últimos Papas lo han advertido reiteradamente: van a por nosotros. Nos quieren expulsar totalmente de la sociedad.
Hace cuatro días, un infecto informe de la ONU (una de las organizaciones más corruptas del mundo) acusaba a la Iglesia católica de ser una fábrica de pederastas.
Se están sucediendo los ataques a templos.
En estos momentos, España sufre una media de un ataque a la libertad religiosa cada dos días y medio.
El reciente ataque contra Monseñor Rouco ha sido uno más de las agresiones que están padeciendo obispos, sacerdotes y seglares.
Y ahora un gobierno de aparentes demócratas dice que una Catedral no es de la Iglesia católica y quiere apropiársela.
Van a robar. A expropiar edificios enteros. A quedarse con los templos. A apropiarse de las catedrales. Se proponen empezar por la catedral de Córdoba. Dicen que no es de la Iglesia:
Año 550 (aprox.): en el lugar en que se encuentra la actual catedral, los cordobeses construyen una basílica visigótica que consagran a San Vicente.
Año 714: el militar musulmán Musa ibn Nusair, que formaba parte del contingente armado que invadió la Península, ordenó que la mitad de la basílica de San Vicente, conquistada por la fuerza de las armas, se dedicara a los ritos islámicos.
Año 786: los invasores musulmanes deciden apropiarse de toda la basílica, suprimen el culto cristiano, destruyen el templo y construyen sobre sus ruinas una mezquita.
Año 1236: el rey Fernando III el Santo reconquista Córdoba y ordena que en la mezquita sea restablecido el culto cristiano. A continuación cede la titularidad de este templo a la Iglesia.
Año 1523: se construye la basílica cristiana en el centro de la mezquita.
Año 2014: la Junta de Andalucía dice que la Iglesia se ha quedado con un bien que no le pertenece.
Desde mediados del siglo VI la Catedral de Córdoba ha pertenecido a la Iglesia y a los creyentes que la conforman. Y tan solo la fuerza de las armas ha cercenado sus derechos sobre el templo. Ahora quieren volver a usurparlos con argucias y mentiras. Firma esta campaña y difúndela.
¿Quieres reforzar el efecto de esta campaña?
Por favor ayúdanos a conseguir también muchas firmas en papel. Puedes hacerlo de esta manera:
- Pincha en este enlace para descargar e imprimir la hoja de firmas: http://www.hazteoir.org/sites/default/files/adjuntos/hoja_firmas_no_a_la_expropiacion_de_la_catedral_de_cordoba.pdf
- Pide a tus familiares y amigos que firmen en estas hojas. Pueden hacerlo aunque ya hayan firmado la alerta en la web.
- Llévala a tu iglesia para conseguir más firmas, repartela, entrégasela a tus conocidos.
- Y cuando las hojas con las firmas estén completas, envíalas por correo certificado a HazteOir.org - Paseo de La Habana 200, bajo izquierda - 28036 Madrid
¡Quieren hacer creer que la Iglesia ha robado la catedral de Córdoba y que ahora la está destruyendo!
"Están borrando las huellas islámicas", escriben. ¿Pero cómo se puede ser tan manipulador? Quieren hacer creer que el obispado de Córdoba está derribando los arcos musulmanes del interior de la Catedral, esa es la realidad que están intentando fabricar ante la opinión pública española e internacional. Porque saben que solo con la mentira lograrán hacerle creer a la gente que una catedral no pertenece a la Iglesia sino al Estado.
Por favor, consigue que más personas de tu familia, amigos y contactos firmen para frenar tanta manipulación evitando así que roben a los creyentes sus lugares de culto:
http://www.hazteoir.org/alerta/56781-no-expropiacion-catedral-cordoba
Mira qué campaña mediática han organizado:
http://www.hazteoir.org/alerta/56781-no-expropiacion-catedral-cordoba?sid=MjY4Mjc4MjY5MTYzNjA2
Si no somos contundentes y firmes, la Catedral de Córdoba
acabará en manos de los partidos políticos. Y ese será el primer paso para un
proceso general de saqueo de los templos de nuestro país. Porque si ganan esta
batalla, no se van a detener aquí y, sentado el precedente, irán a por todas.
De ti y de mi depende que este nuevo saqueo a los cristianos se consume o fracase. De ti y de mi depende que los templos, las iglesias, las catedrales, sigan siendo de los creyentes que llevan siglos orando en ellas, o pasen a manos del Estado.
Consigue que diez personas más firmen y envíen este mensaje a la presidencia de la Junta de Andalucía:
De ti y de mi depende que este nuevo saqueo a los cristianos se consume o fracase. De ti y de mi depende que los templos, las iglesias, las catedrales, sigan siendo de los creyentes que llevan siglos orando en ellas, o pasen a manos del Estado.
Consigue que diez personas más firmen y envíen este mensaje a la presidencia de la Junta de Andalucía:
Nadie va a actuar por ti, ni por mi. Así que movámonos, por favor, y no esperemos a que sea demasiado tarde.
¡Muchas gracias!
Miguel Vidal y todo el equipo de MasLibres.org
(MAÑANA LA CATEDRAL DE ÁVILA FIJO)
sábado, 22 de febrero de 2014
Tronos y cadalsos democráticos (Juan Manuel de Prada)
La opinión de Juan Manuel de Prada
Tronos y cadalsos democráticos
ABC.es
Día 16/02/2014 - 05.46h
PARA entender en su entraña más profunda la falsedad hipocritona de quienes ahora se escandalizan de lo que sucede en Navarra hay que empezar por explicar lo que la democracia es. No la democracia en el sentido etimológico de la palabra, ni la democracia de Pericles, ni la democracia de los manuales de ciencia política ni parecidas entelequias de pitiminí, sino la democracia vigente y rampante; y, entendiendo lo que la democracia es, tal vez la gente se diese cuenta de que el escandalete que ahora algunos llevan al cadalso es consecuencia natural e inevitable de los principios que previamente entronizaron.
Observaba Castellani que «democracia» es palabra de la que se hace un consumo extraordinario, repetida por politiquillos y tertulianos con imperturbable (bable, bable, bable) obstinación de maniáticos, a la que se adjudica «un valor más que mágico, como el de una fulgurada de magnesio, en cuyo fulgor uno ve la cara de Dios y al mismo tiempo no ve nada». Dios y la nada, fulgurando a la vez, es imagen que nos da una idea de lo que la democracia es; y Gómez Dávila, con la mordacidad impertérrita de un entomólogo, nos dice lo que no es: «La democracia no es procedimiento electoral, como lo imaginan los católicos cándidos; ni régimen político, como lo pensó la burguesía hegemónica del siglo XIX; ni estructura social, como lo enseña la doctrina norteamericana; ni organización económica, como lo exige la tesis comunista». Porque, como añade el gran ermitaño colombiano, «la democracia es una religión antropoteísta».
Y esta religión antropoteísta exige que sean inmolados ante su altar todos los bienes que al hombre le han sido procurados (sobre todo si se los ha procurado Dios), empezando por la propia patria, cuya integridad pasará a ser de inmediato subalterna de la «buena salud» democrática. Así, por ejemplo, se considera dogma de fe que «cualquier opción política es legítima, siempre que se defienda con procedimientos democráticos», aunque sea una «opción política» que establece la destrucción de la patria. Tamaño sinsentido provoca, en verdad, el repudio de la razón, pues es como encamarse tan risueñamente con un sifilítico, sabiendo que nos va a instilar –a nosotros y, de paso, a toda nuestra descendencia– las espiroquetas. Pero la religión democrática tiene las tragaderas muy anchas; y, además, no admite que nadie se atreva ni siquiera a cuestionar su imperio, ni que se resista a preservar ninguna forma o institución de bien común, cuando colisiona con su culto fanático. Y así fue como nos encamamos con un sifilítico; quiero decir, como aceptamos que unos señores que consideran premisa inexcusable de su ideario la destrucción de la patria española pudieran disfrutar de los sacramentos que nuestra muy opípara democracia reparte a manos llenas: municipios, parlamentos, diputaciones y el sursum corda, con las prebendas (mamandurrias) anejas. Y debemos recordar que este dogma democrático que admite todas las «opciones políticas», también las que anhelan la destrucción de la patria, es afirmado sin rebozo por todas las cofradías democráticas, a izquierda y derecha: las primeras con énfasis orgulloso; las segundas con timidez vergonzante, en lo que acaso lleven mayor culpa.
¿A qué viene, pues, escandalizarse de que los batasunos puedan votar y hacer alianzas, coaliciones y demás contubernios democráticos (misas negras concelebradas) en combinación con otras cofradías políticas? A esto se le llama poner tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Y quienes ahora se escandalizan y se rasgan las vestiduras son unos muy democráticos hipocritones (tones, tones, tones).
martes, 18 de febrero de 2014
Democracia representativa y democracia participativa (Alain de Benoist)
| Tenemos la costumbre de considerar que democracia y representación son, en cierta forma, sinónimos. No obstante, la historia de las ideas demuestra que no es así. |  | | ||||||||||||
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ALAIN DE BENOIST
La democracia representativa, de esencia liberal y burguesa, y en la cual los representantes electos están autorizados a transformar la voluntad popular en actos de gobierno, constituye en la hora actual el régimen político más comúnmente extendido en los países occidentales. Una de las consecuencias de esto es que tenemos la costumbre de considerar que democracia y representación son, en cierta forma, sinónimos. No obstante, la historia de las ideas demuestra que no es así.
Los grandes teóricos de la representación son Hobbes y Locke. Tanto en uno como en otro, en efecto, el pueblo delega contractualmente su soberanía a los gobernantes. En Hobbes dicha delegación es total; sin embargo, no se convierte en una democracia: su resultado sirve, al contrario, para investir al monarca de un poder absoluto (el «Leviatán»). En Locke, la delegación está condicionada: el pueblo no acepta deshacerse de su soberanía más que a cambio de garantías que tienen que ver con los derechos fundamentales y con las libertades individuales. La soberanía popular permanece suspendida en tanto que los gobernantes respetan los términos del contrato.
Rousseau, por su parte, establece la exigencia democrática como antagónica a cualquier régimen representativo. Para él, el pueblo no hace un contrato con el soberano; sus relaciones dependen exclusivamente de la ley. El príncipe sólo es el ejecutante de la voluntad del pueblo, que se mantiene como el único titular del poder legislativo. Tampoco está investido del poder que pertenece a la voluntad general; es más bien el pueblo quien gobierna a través de él. El razonamiento de Rousseau es muy simple: si el pueblo está representado, son sus representantes quienes detentan el poder, en cuyo caso ya no es soberano. El pueblo soberano es un «ser colectivo» que no podría estar representado más que por él mismo. Renunciar a su soberanía sería tanto como renunciar a su libertad, es decir, a destruirse a sí mismo. Tan pronto como el pueblo elige a sus representantes, «se vuelve esclavo, no es nada» (Del contrato social, III, 15). La libertad, como derecho inalienable, implica la plenitud de un ejercicio sin el cual no podría tener una verdadera ciudadanía política. La soberanía popular no puede ser, bajo estas condiciones, más que indivisible e inalienable. Cualquier representación equivale, pues, a una abdicación.
Si admitimos que la democracia es el régimen fundado en la soberanía del pueblo, no se puede más que dar la razón a Rousseau.
La democracia es la forma de gobierno que responde al principio de identidad entre los gobernantes y los gobernados, es decir, de la voluntad popular y la ley. Dicha identidad remite a la igualdad sustancial de los ciudadanos, o sea, al hecho de que todos son miembros por igual de una misma unidad política. Decir que el pueblo es soberano, no por esencia sino por vocación, significa que es del pueblo de donde proceden el poder público y las leyes. Los gobernantes no pueden ser más que agentes ejecutores, que deben ceñirse a los fines determinados por la voluntad general. El papel de los representantes debe estar reducido al máximo; el mandato representativo pierde cualquier legitimidad desde el momento en que sus fines y proyectos no corresponden a la voluntad general.
Sin embargo, lo que sucede hoy es exactamente lo contrario. En las democracias liberales, la supremacía está concedida a la representación, y más específicamente a la representación-encarnación. El representante, lejos de estar solamente «comprometido» a expresar la voluntad de sus electores, encarna él mismo dicha voluntad de hacer aquello para lo que fue elegido. Esto quiere decir que encuentra en su elección la justificación que le permite actuar, no tanto según la voluntad de quienes lo eligieron sino según la suya propia. En otras palabras, se considera autorizado por el voto a hacer lo que considere bueno.
Este sistema está en el origen de las críticas que no han dejado, en el pasado, de estar dirigidas contra el parlamentarismo, críticas que hoy reaparecen a través de los debates sobre el «déficit democrático» y la «crisis de la representación».
En el sistema representativo —al haber delegado el elector mediante el sufragio su voluntad política a quien lo representa— el centro de gravedad del poder reside inevitablemente en los representantes y en los partidos que los agrupan, y ya no en el pueblo. La clase política forma más bien una oligarquía de profesionales que defienden sus propios intereses, dentro de un clima general de confusión e irresponsabilidad. Añadamos que hoy día, en una época en que quienes poseen poder de decisión tienen en mayor grado los poderes de nominación y de cooptación que el propio electorado, terminan conformando una oligarquía de «expertos», de altos funcionarios y de técnicos.
El Estado de derecho, cuyas virtudes celebran regularmente los teóricos liberales —a pesar de todas las ambigüedades que implica esta expresión— no parece que, por su propia naturaleza pueda corregir dicha situación. Al descansar sobre un conjunto de procedimientos y reglas jurídicas formales, en realidad es indiferente ante los fines específicos de la política. Los valores están excluidos de sus preocupaciones, dejando así el campo libre para el enfrentamiento de intereses. Las leyes solo tienen la autoridad de hacer lo que sea legal, es decir aquello que sea conforme a la Constitución y a los procedimientos previstos para su adopción. La legitimidad se reduce entonces a la legalidad. Esta concepción positivista-legalista de la legitimidad invita a respetar a las instituciones por ellas mismas, como si constituyeran un fin en sí, sin que la voluntad popular pueda modificarlas y controlar su funcionamiento.
Sin embargo, en democracia la legitimidad del poder no depende solamente de la conformidad con la ley, ni tampoco de la conformidad con la Constitución, sino sobre todo de la congruencia de la práctica gubernamental con los fines asignados por la voluntad general. La justicia y la validez de las leyes no pueden residir por entero en la actividad del Estado o en la producción legislativa del partido en el poder. La legitimidad del derecho no puede, tampoco, ser garantizada por la mera existencia de un control jurisdiccional: hace falta, para que el derecho sea legítimo, que responda a lo que los ciudadanos esperan, a que integre las finalidades orientadas hacia el servicio del bien común. Finalmente, no podemos hablar de legitimidad de la Constitución más que cuando la autoridad del poder constituido es reconocida siempre como capaz de modificar su forma y su contenido. Lo que viene a decirnos que el poder constituido no puede ser delegado totalmente o alienado, y que continua existiendo y se mantiene superior a la Constitución y a las reglas constitucionales, incluso cuando éstas mismas proceden de él.
Es evidente que no se podrá escapar totalmente jamás a la representación, pues la idea de la mayoría gobernante enfrenta, en las sociedades modernas, dificultades infranqueables. La representación, que no es lo peor, no agota sin embargo el principio democrático. En gran medida puede ser corregida por la puesta en marcha de la democracia participativa, llamada también democracia orgánica o democracia encarnada. Una reorientación tal parece hoy día de una acuciante necesidad debido a la evolución general de la sociedad.
La crisis de las estructuras institucionales y la desaparición de los «grandes relatos» fundacionales, el creciente desapego del electorado por los partidos políticos de corte clásico, la renovación de la vida asociativa, la emergencia de nuevos movimientos sociales o políticos (ecologistas, regionalistas, identitarios) cuya característica común es no defender los intereses negociables sino los valores existenciales, dejan entrever la posibilidad de recrear una ciudadanía activa desde la base.
La crisis del Estado-nación, debida en particular a la mundialización de la vida económica y a la aparición de fenómenos de envergadura planetaria, suscita por su parte dos modos de superación: hacia lo alto, con diversas tentativas que buscan recrear a nivel supranacional una coherencia y una eficacia en la decisión que permitan, en parte al menos, conducir el proceso mismo de mundialización; hacia lo bajo, recuperando la importancia de las pequeñas unidades políticas y las autonomías locales. Ambas tendencias, que no solamente no se oponen sino que se complementan, aportan soluciones al déficit democrático que se constata actualmente.
Pero el paisaje político sufre todavía otras transformaciones. Hacia la derecha, observamos una ruptura con el antiguo «bloque hegemónico», como resultado de que el capitalismo ya no tiene una alianza con las clases medias. Al mismo tiempo, mientras que los estratos medios se encuentran desorientados y frecuentemente amenazados, los estratos populares están cada vez más decepcionados debido a las prácticas gubernamentales de una izquierda que, después de haber renegado prácticamente de todos sus principios, tiende a identificarse más y más con los intereses del estrato superior de la burguesía media. En otras palabras, las clases medias ya no se sienten representadas por los partidos de derecha, mientras que las clases populares se sienten abandonadas y traicionadas por los partidos de izquierda.
A esto se añade, finalmente, la desaparición de las antiguas coordenadas, el derrumbe de los modelos, la disgregación de las grandes ideologías de la modernidad, la omnipotencia de un sistema de mercado que -eventualmente- aporta los medios para subsistir pero no las razones para vivir; todo ello hace resurgir la cuestión crucial del sentido de la presencia humana en el mundo, del sentido de la existencia individual y colectiva, en un momento en que la economía produce cada vez más bienes y servicios con cada vez menos trabajo de los hombres, lo que tiene como efecto multiplicar las exclusiones en un contexto ya fuertemente marcado por el paro, la precariedad del empleo, el miedo al futuro, la inseguridad, las reacciones agresivas y las crispaciones de todo tipo.
Todos estos factores llaman a rehacer profundamente las prácticas democráticas que únicamente pueden operarse en dirección de una verdadera democracia participativa. En una sociedad que tiende a volverse cada vez más «ilegible», esto tiene como principal ventaja eliminar o corregir las distorsiones debidas a la representación, asegurar una mayor conformidad con la ley y con la voluntad general, y ser fundadora de una legitimidad sin la cual la legalidad institucional no es más que un simulacro.
No es al nivel de las grandes instituciones colectivas (partidos, sindicatos, iglesias, ejército, escuelas, etcétera) —que hoy se encuentran todas en mayor o menor medida en crisis y que no pueden desempeñar entonces su papel tradicional de integración y de intermediación social— como será posible recrear dicha ciudadanía activa. El control del poder no puede ser tampoco patrimonio exclusivo de los partidos políticos, cuya actividad frecuentemente se resuelve en el clientelismo. La democracia participativa no puede ser hoy día más que una democracia de base.
Dicha democracia de base no tiene por finalidad generalizar la discusión a todos los niveles, sino determinar más bien, con el concurso del mayor número, los nuevos procedimientos de decisión conformes con sus propias exigencias, las que derivan de las aspiraciones de los ciudadanos. Tampoco se podría volver en una simple oposición entre la «sociedad civil» y la esfera pública, lo que extendería aún más el dominio de lo privado y abandonaría la iniciativa política en formas obsoletas de poder. Se trata, al contrario, de permitir a los individuos que se pongan a prueba en tanto que ciudadanos y no como meros miembros de la esfera privada, favoreciendo la posible eclosión y multiplicación de nuevos espacios de iniciativa y responsabilidad públicas.
El procedimiento refrendario (que resulta de la decisión de los gobiernos o de la iniciativa popular, bien sea el referéndum facultativo u obligatorio) sólo es una forma de democracia -entre otras posibles- cuyo alcance quizás se ha sobreestimado. Señalemos de una vez que el principio político de la democracia no es que la mayoría decida, sino que el pueblo es soberano. El voto no es por sí mismo más que un medio técnico para consultar y revelar la opinión. Esto significa que la democracia es un principio político que no podría confundirse con los medios que utiliza, y que tampoco puede ser producto de una idea puramente aritmética o cuantitativa. La cualidad de ciudadano no se agota en el voto. Consiste más bien en poner en práctica todos los métodos que le permitan manifestar o rechazar el consentimiento, expresar su rechazo o su aprobación. Conviene, pues, explorar sistemáticamente todas las formas posibles de participación activa de la vida pública, que sean también formas de responsabilidad y de autonomía en sí, ya que la vida pública condiciona la existencia cotidiana de todos.
Pero la democracia participativa no tiene solamente un alcance político; tiene también uno social. Al favorecer las relaciones de reciprocidad, al permitir la recreación de un lazo social, puede reconstituir las solidaridades orgánicas debilitadas hoy día, rehacer un tejido social disgregado por el advenimiento del individualismo y la salida de un sistema basado meramente en la competencia y el interés. En tanto que es productora de la “sociabilidad” elemental, la democracia participativa va a la par del renacimiento de las comunidades vivas, de la recreación de las solidaridades de vecindad, de barrio, de los lugares de trabajo, etcétera.
Esta concepción participativa de la democracia se opone palmariamente a la legitimación liberal de la apatía política, que indirectamente alienta la abstención y acaba por ser un reino de gestores de expertos y de técnicos. La democracia, a final de cuentas, descansa menos sobre la forma de gobierno propiamente dicha que sobre la auténtica participación del pueblo en la vida pública, de tal suerte que el máximo de democracia se confunda con el máximo de participación. Participar es tomar parte, es probarse a sí mismo como parte de un conjunto o de un todo, y asumir el papel activo que resulta de dicha pertenencia. «La participación —decía René Capitant— es el acto individual del ciudadano que lo efectúa como miembro de la colectividad popular». Vemos a través de esto cómo las nociones de pertenencia, ciudadanía y democracia se encuentran ligadas. La participación sanciona la ciudadanía que resulta de la pertenencia. La pertenencia justifica la ciudadanía que permite la participación.
Conocemos la divisa republicana francesa: «Libertad, igualdad, fraternidad». Si las democracias liberales han explotado la palabra «libertad», si los antiguos demócratas populares se han emparentado con la «igualdad», la democracia orgánica o participativa, fundada en la ciudadanía activa y en la soberanía del pueblo, bien podría ser el mejor medio para responder al imperativo de fraternidad.
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Alain de Benoist
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